BOC - 2022/205. Lunes 17 de octubre de 2022 - 3125

V. Anuncios

Otros anuncios

Cabildo Insular de Fuerteventura

3125 - ANUNCIO de 1 de octubre de 2022, relativo a la declaración del interés público y social y la compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura del proyecto denominado “Planta Solar Fotovoltaica de 10,45 MW en Rosa de la Arena”, término municipal de Puerto del Rosario, a instancia de Disa Renovables, S.L..

Descargar en formato pdf

Por medio de la Resolución CAB/2022/6873, de 30 de septiembre de 2022, transcrita parcialmente en los términos establecidos por el artículo 79.6 de la Ley del Suelo de Canarias (esto es, la motivación de la declaración de interés público y social).

ANTECEDENTES

(…)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Visto el informe de la técnico del Servicio de Ordenación del Territorio, de fecha 22 de julio 2022, obrante en el expediente, que en síntesis reconoce:

(…)

2.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE:

2.1.- Contrastada la localización de la Planta fotovoltaica con la cartografía del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura Vigente, podemos decir que la parcela donde se desea instalar la planta solar fotovoltaica, así como la línea de evacuación se localiza en ZC-SRC-Zona C. Suelo Rústico Común, según el texto consolidado de la normativa vigente del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PIOF-PORN) relativo a la toma en consideración de las determinaciones urbanísticas derogadas del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en aplicación de la disposición derogatoria única.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del suelo, (publicado en el BOC de 21 de septiembre de 2018), correspondiendo con arreglo al artículo 102.a) de la normativa del Plan Insular con la zonificación tipo C del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

Con carácter particular para la categoría de suelo identificada como ZC-SRC Zona C. Suelo rústico común, se fijan las siguientes determinaciones [artículo 102 a), determinación vinculante (DV), de la normativa del PIOF]:

“ZC-SRC Zona C.

Condiciones Generales:

Se podrán autorizar equipamientos, construcciones e instalaciones de interés general, entre las que se consideran, como edificación singular nueva:

• Equipamientos y dotaciones de uso público.

• Construcciones necesarias para el funcionamiento de infraestructuras de uso público.

• Explotaciones agrarias y ganaderas de entidad.

Actividades a potenciar: regeneración del paisaje, recreo concentrado, camping, agricultura innovadora (cultivos bajo malla, industrias agrarias), crecimiento de asentamientos rurales.

Actividades sometidas a limitaciones específicas: caza, circulación con vehículos todo terreno, edificaciones de uso ganadero, edificaciones anexas a las explotaciones agrarias, actividades extractivas y vertederos, urbanización, usos industriales, autovías y carreteras, líneas subterráneas, instalaciones puntuales. Las actividades extractivas en suelo C, tendrán que realizar un Estudio de Impacto Ecológico para cualquier incremento de su actividad y recuperar las condiciones topográficas y reposición de la cubierta vegetal de dicha actividad al vencimiento de los plazos establecidos.

Actividades prohibidas: tendidos aéreos y vivienda o uso residencial. (…)”

Por tanto, la actuación que se pretende no se encuentra expresamente prohibida por el planeamiento.

2.2.- En el Plan Insular se hace mención a la energía fotovoltaica en el artículo 55 DV relativo a las infraestructuras de energía eléctrica, donde se establecen las siguientes medidas vinculantes, con carácter general: “Potenciar el uso de las energías renovables mediante la ejecución de nuevos parques eólicos, entroncados a la red general de transporte de energía eléctrica, y la incentivación de la instalación de pequeñas unidades (mixtas: eólicas-diesel, paneles solares, etc.) en actividades agrícolas y pequeñas comunidades poblacionales aisladas de la red eléctrica general. (…)”.

(…)

2.5.- Visto el proyecto remitido, se comprueba que:

- Suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria. El suelo objeto de actuación se localiza en suelo rústico común, por lo tanto no es suelo ni de protección ambiental ni de protección agraria.

- Usos energéticos. El uso pretendido es el energético puesto que se trata de un parque solar fotovoltaico que tendrá una potencia nominal de 10,45 MW.

- Que se integren en actuaciones de interés público o social. La actuación pretendida se considera integrada dentro de actuaciones de interés público o social, puesto que como tales se recogen en el artículo 72 de la Ley 4/2017, dado el suelo rústico en el que se localiza y puesto que no se encuentra expresamente previsto ni prohibido por el plan insular, ni por el planeamiento municipal.

- Que deban situarse necesariamente en suelo rústico. Dadas las características de esta instalación que se pretende que ocupa una superficie de 17,04 Ha, se hace muy difícil la instalación de esta superficie de paneles sobre cubierta en suelo urbano. En este caso además la superficie de terreno sobre la que se van a instalar los paneles tiene escasa pendiente lo que permite su mejor integración en el paisaje que si se situase en zona de mayor pendiente o en ladera de montaña.

Así mismo, la línea de evacuación será subterránea con una longitud de 1,5 km, lo cual permite su mimetización una vez cerrada la zanja para la canalización de la misma.

- Uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento. A la vista del informe municipal así como del Plan Insular, este uso no está expresamente prohibido.

(…)

2.9.- Con respecto a la documentación necesaria para tramitar la solicitud de interés público y social recogida en el artículo 78 de la Ley 4/2017 y con la documentación que se establece a partir de la aprobación del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias (BOC nº 5, de 9.1.2019), en relación con los documentos que debe contener la solicitud, se comprueba lo siguiente:

a) Proyecto técnico, cuando fuere exigible, o documentación técnica que permita analizar y materializar, en su caso, la actuación. El Ayuntamiento remite un proyecto técnico del parque, con varios anexos, tal y como se expone al principio del presente informe. Con posterioridad se aporta el proyecto actualizado tras adaptarse a lo solicitado por los distintos informes sectoriales recabados en este y otros trámites de fecha de visado el 10 de mayo 2021.

b) Presupuesto de las obras o actuación a ejecutar. En el apartado 10 del proyecto visado el 10/05/21 se incluye el presupuesto del proyecto que asciende a un total de 5.726.448 euros.

c) Memoria descriptiva y justificativa de la solución propuesta para el funcionamiento de las instalaciones proyectadas, con especificación de las obras precisas para la eficaz conexión de aquellas con las correspondientes redes generales de servicios y comunicaciones y garantía del mantenimiento de la operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes. Según se expone en el informe municipal no se precisa de conexiones y en el proyecto solo se menciona la necesidad de conectar a energía eléctrica. Con respecto al acceso hasta la planta, se aporta adenda visada el 13 de julio de 2021 donde consta el acceso definitivo y común a las dos plantas fotovoltaicas en la zona: La Rosa y Rosa de la Arena. Con respecto al punto de conexión se tiene constancia por haber recibido consulta al respecto desde la Dirección General de Energía, y así se expone en el proyecto actualizado, que la planta contará con una subestación elevadora y una línea de alta tensión subterránea que conexionará con la subestación colectora Fuerteventura Verde, antes de evacuar a la SET Puerto del Rosario a 66 kV, propiedad de Red Eléctrica de España (REE). Esta subestación colectora no es objeto del presente proyecto, ya que se tramita ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias con el expediente número ER-20/0780.

d) Declaración responsable de asunción de los compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el planeamiento, incluido el abono del canon por aprovechamiento en suelo rústico que se devengue por el otorgamiento de la licencia, en su caso. Junto con la documentación aportada se adjunta un escrito firmado por el representante de la empresa solicitante de fecha 19 de agosto de 2019 y dirigido al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, donde se expone que el interesado se compromete a asumir aquellos deberes y cesiones previstos por la legislación o el planeamiento y en general, el pago del correspondiente canon.

e) Compromiso de ofrecimiento de garantía, por importe del 10% del coste total de las obras proyectadas, según el presupuesto de las mismas, para cubrir los gastos que puedan derivarse de los incumplimientos o de las infracciones o de las labores de restauración de los terrenos. Junto con la documentación aportada se adjunta un escrito firmado por el representante de la empresa solicitante el 7 de mayo de 2019 y dirigido al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, donde se expone que el interesado se compromete a asumir esta garantía.

f) Acreditación de la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo afectados por la actuación, en los términos previstos en el presente reglamento. Se adjunta contrato de arrendamiento donde se recoge que de la parcela 85 del polígono 3, se arriendan 150.000 m2, dentro de una zona reservada para la instalación. Con posterioridad se incluye una adenda de ampliación del contrato de arrendamiento de fecha 14 de marzo de 2022 donde consta que se amplía el área arrendada hasta una superficie total de 175.000 m2. Aporta sendos contratos de arrendamiento de las parcelas 102 y 104 por las que pasa el acceso hasta llegar a la parcela objeto de actuación.

2.9.- Se recuerda el cumplimiento de los siguientes artículos de la Ley 4/2017 y del Plan Insular:

- Artículo 58.1.d) No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles indicativos o informativos con las características que fije, en cada caso, la administración competente.

- Artículo 58.1.f) de La Ley 4/2017: “Las construcciones deberán estar en armonía con las características arquitectónicas tradicionales y de implantación paisajística del medio rural en el que se insertan y con los elementos de valor arquitectónico de su entorno cercano y que sean debidamente incorporados al planeamiento general.”

- Artículo 58.1.g) de La Ley 4/2017: “Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje.”

- Artículo 37.3.a) Asegurar la preservación del carácter rural del suelo y la no formación de asentamientos no previstos, así como la adopción de las medidas precisas para proteger el medioambiente y mantener el nivel de calidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.

- Artículo 37.3.b) Garantizar la restauración, a la finalización de la actividad, de las condiciones ambientales de los terrenos y de su entorno inmediato.

- Artículo 37.3.c) Asegurar la ejecución de la totalidad de los servicios que demanden las construcciones e instalaciones autorizadas en la forma que se determine reglamentariamente.

- Deberá adaptarse a las normas de mimetismo para el exterior de la edificación, indicadas en el artículo 105.DV. del PIOF, recomendándose el uso de la piedra local en forma de mampostería quedando prohibido el chapado de piedra cualquiera que sea este. Si se utiliza el color habrá de elegirse entre los existentes en la “Tabla de color” del “Estudio de color de la isla”, con la limitación de que ha de ser el más parecido al del entorno paisajístico que rodea a la edificación en cuestión. Se admite indistintamente las texturas propias de un enfoscado, revoco o monocapa.

Resultado del informe: favorable a la declaración de interés público y social para la instalación de una planta de energía fotovoltaica de 10,45 MW, denominada Rosa de la Arena, que ocupa una superficie de 17,04 ha, en la parcela 85 del polígono 3 del término municipal de Puerto del Rosario, condicionado a lo dispuesto en los siguientes informes de:

- Patrimonio Cultural,

- Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes,

- Dirección General de Infraestructura Viaria,

- Carreteras,

- Consejo Insular de Aguas,

- Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático.

Y condicionado a lo que en su caso se establezca desde la Autorización Administrativa y en la Declaración de Impacto Ambiental. (...)”

Segunda.- El artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LS), señala:

“Artículo 62 Usos, actividades y construcciones de interés público o social.

1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.

(…)

3. Los usos energéticos incluyen todas las instalaciones destinadas a esa actividad que lo sean de acuerdo con la legislación sectorial, salvo aquellos que tienen carácter complementario de uso ordinario.

(…)

6. Con carácter general, los usos a que se refieren los apartados anteriores comprenderán las construcciones e instalaciones que los caractericen de acuerdo con la presente ley y la legislación sectorial correspondiente.”

De la lectura del apartado primero, del citado artículo 62, con carácter excepcional cabe entender que se podrán autorizar los usos energéticos, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, y que el uso no estuviera expresamente prohibido por el planeamiento. En el mismo sentido, el artículo 74 LS, al indicar en su apartado segundo:

“Los usos, actividades o construcciones en suelo rústico, distintos de los anteriores, requerirán la determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento, en su caso, de licencia municipal (...)”

Tercera.- El artículo 74 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece en el régimen de los títulos habilitantes para el otorgamiento de usos, actividades y construcciones en suelo rústico, lo siguiente:

“Artículo 74. Usos, actividades y construcciones en suelo rústico.

1. Cualquier uso, actividad o construcción ordinario en suelo rústico está sujeto a licencia municipal, o, cuando así esté previsto, a comunicación previa, salvo aquellos exceptuados de intervención administrativa por esta ley, sin perjuicio, en su caso, de la obligación de recabar los informes que sean preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial que resulte aplicable.

2. Los usos, actividades o construcciones en suelo rústico, distintos de los anteriores, requerirán la determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento, en su caso, de licencia municipal.

3. Los proyectos de interés insular o autonómico promovidos por las administraciones públicas se someterán a su régimen específico, sin que precisen de licencia municipal.”

El citado precepto diferencia los usos, actividades y construcciones con cobertura en el planeamiento (apartado 1), de los actos y usos no ordinarios en suelo rústico que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento (apartado 2), estableciéndose en este último caso, que en estos supuestos se requiere la previa declaración por el cabildo insular del interés público o social de la actuación con carácter previo a la licencia municipal.

De conformidad con lo anterior, continúa el artículo 77 determinando la regulación de los usos, actividades y construcciones en suelo rústico no previstos en el planeamiento:

“Artículo 77.- No previstos en el planeamiento.

1. Cuando los actos, construcciones y usos no ordinarios carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o el grado suficiente de detalle, su autorización por licencia requiere de la previa declaración, por el cabildo insular, del interés público o social de la actuación y de su compatibilidad en su caso, con el planeamiento insular sin perjuicio de los restantes informes sectoriales que sean legalmente exigibles.

2. El procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el previsto en el artículo 79 de esta ley.”

De conformidad con el artículo 79, que a su vez remite en cuanto al procedimiento concreto a lo regulado en el artículo 78, en cuyo apartado 2 a) del mismo, se recoge en síntesis que: “el ayuntamiento emitirá informe sobre la conformidad con el planeamiento y del grado de precisión para legitimar su ejecución, en su caso”. Pues, en el presente procedimiento consta certificado de informe técnico-jurídico municipal de 2 de julio de 2019, en cuyo apartado de CONCLUSIONES recoge lo siguiente:

“(…) Que la planta solar planteada se ubica en una parcela categorizada por la LS’17 como Suelo Rústico Común, remitiendo el PGO’17 en cuanto a este tipo de infraestructuras al planeamiento insular, que ha de ser el que fije sus condiciones de implantación, no contando el instrumento de ordenación urbanística municipal con el grado suficiente de precisión para legitimar la ejecución de este tipo de instalaciones, y sin que la actuación planteada se encuentre expresamente prohibida por el planeamiento municipal. (…)”

Y certificado de informe técnico-jurídico municipal de 12 de septiembre de 2019, en cuyo apartado de conclusiones y propuesta recoge lo siguiente:

“(…) De conformidad con lo expuesto, y como se señalaba en el informe anteriormente emitido, se puede concluir lo siguiente:

- Que la planta solar planteada que se ubica en una parcela categorizada por la LS’17 como Suelo Rústico Común, remitiendo el PGO’17 en cuanto a este tipo de infraestructuras al planeamiento insular, que ha de ser el que fije sus condiciones de implantación, no contando el instrumento de ordenación urbanística municipal con el grado suficiente de precisión para legitimar la ejecución de este tipo de instalaciones, y sin que la actuación planteada se encuentre expresamente prohibida por el planeamiento.

- Que según la LS’17, las plantas de generación de energía fotovoltaica se pueden autorizar, como uso de interés público y social, en este tipo de suelo, siendo el procedimiento aplicable a los efectos de habilitar la instalación el previsto en el artículo 79 LS’17, debiéndose proceder a recabar del Cabildo Insular la declaración sobre existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación.(…)”

En conclusión, se constata que el citado uso carece de cobertura expresa en el planeamiento, entendida como el reconocimiento expreso del uso de energía solar/implantación de planta solar en el citado suelo, así como la falta de grado suficiente de detalle, por lo que como conclusión, para la autorización por licencia urbanística del proyecto solicitado, se precisa la previa declaración por el Cabildo Insular del interés público o social de la actuación, y de su no prohibición en el planeamiento insular, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el citado artículo 79 LS.

Cuarta.- De conformidad con lo anterior, es necesario analizar el “interés público o social del proyecto”, y para ello la vigente Ley del Suelo, no contempla una definición expresa de los términos “interés público” e “interés social”. En los distintos textos legales vigentes, las referencias a dichos términos aparecen vinculadas a aquellas actuaciones que afectan al interés general y en consecuencia redundan en beneficio de la colectividad. Ambas expresiones, “interés público” e “interés social”, forman parte del conjunto de conceptos jurídicos indeterminados que existen en nuestro Derecho, por cuanto no admiten una cuantificación o determinación, pero en todo caso, debe ser precisado en el momento de la aplicación.

La aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados, en cada caso concreto impone una única solución correcta (existe o no existe utilidad pública, se trata o no se trata de un justo precio, o en el caso concreto que nos ocupa, existe o no existe el interés público o social).

No obstante nos encontramos además ante una potestad discrecional del órgano competente y por tanto estamos ante una valoración realizada por la Administración (el citado órgano) en el ejercicio de dicha potestad en el que necesariamente habrán mediado criterios extrajurídicos, que suponen una libertad de elección entre alternativas igualmente justas; que implica que se dispone de un cierto margen de apreciación valorativo, para elegir entre las distintas opciones de planificación, debiendo elegirse la que mejor considere que cumple los intereses generales, discrecionalidad que esencialmente debe ser racional, lógico y sobre todo respetar los límites legalmente establecidos, por ello el órgano competente deberá justificar debidamente dentro del marco de esa discrecionalidad la decisión que mejor obedece a los intereses generales afectados, confirmándose la idoneidad, eficacia, incluso la eficiencia de tal decisión.

En el caso que nos ocupa y en orden a identificar los parámetros o motivos que permiten al órgano competente declarar dicho interés, es preciso analizar el marco normativo específico que resulta de aplicación y es por ello que cabe citar el propio artículo 72 de la LS el que viene a establecer para las instalaciones de energías renovables:

“En suelo rústico de protección económica, excepto en la subcategoría de protección agraria, y en suelo rústico común se podrá autorizar, como uso de interés público y social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables no previstas en el planeamiento, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables. (…)”

De la lectura del citado artículo se desprende que es la propia ley, la que ya en su articulado reconoce expresamente u otorga directamente a las instalaciones de energías renovables “el interés público o social”, siempre que no exista prohibición expresa, y ello justificado además en el preámbulo (apartado VIII, intitulado: en particular, la ordenación y utilización del suelo rústico) de la LS, pues establece;

“(…) La ley parte de la diferencia que formula la legislación básica entre usos ordinarios y usos de interés público y social. Los usos ordinarios son aquellos conformes con el destino o vocación natural del suelo rústico (incluyendo, claro está, su aprovechamiento agrícola y ganadero), también merecen esta calificación los usos deportivos al aire libre con instalaciones desmontables. Los usos de interés público y social se refieren a actuaciones ajenas a ese destino, aun cuando su localización en el ámbito rural sea adecuada por contribuir a su desarrollo (es el caso de las construcciones turísticas, industriales o de servicios). Se trata de usos que, en la legislación hasta ahora vigente, se califican de usos de interés general.

(…)

Por su parte, los usos de interés público y social en todo caso se someten a licencia municipal, ahora bien, dada su condición extraordinaria, su otorgamiento se condiciona a la previa declaración del interés público y social de la iniciativa o proyecto, salvo que el proyecto esté previsto con suficiente grado de detalle en el planeamiento -aunque, aun así, se exige información pública y evaluación ambiental-. De ser necesaria, esa declaración corresponde al cabildo insular, previa audiencia a las administraciones afectadas y trámite de información pública. En caso de que la declaración sea favorable, el proyecto continuará su tramitación para la obtención de la licencia, incluyendo, claro está, su evaluación ambiental. La declaración deberá ser objeto de publicación oficial. De este modo, se mantiene el objetivo de que el ejercicio de la actividad requiera un único título habilitante, si bien, por su carácter no ordinario, se imponen las garantías descritas en su tramitación.”

Pero, además pudieran identificarse “otros criterios o justificaciones” que permiten al órgano competente declarar dicho interés, como pudiera ser la referencia al marco normativo específico que resulta de aplicación; En este sentido, a nivel nacional, la energía fotovoltaica cuenta con una posición estratégica dentro del Plan Especial de Energías Renovables 2011/2020. Asimismo, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, considera el suministro de energía eléctrica como un servicio de interés económico general y todo ello dentro del marco de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23  de  abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y  2003/30/CE, (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 5 de junio de 2009, número L 140/16), cuyo objeto viene definido en su artículo 1 y por el que se establece:

“La presente Directiva establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables. Fija objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía y con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el transporte. Establece normas relativas a las transferencias estadísticas entre Estados miembros, los proyectos conjuntos entre Estados miembros y con terceros países, las garantías de origen, los procedimientos administrativos, la información y la formación, y el acceso a la red eléctrica para la energía procedente de fuentes renovables. Define criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos.”

Por otro lado, en el propio PIOF-PORN (artículo 55 Determinación Vinculante) con respecto a las infraestructuras de energía eléctrica, se reconoce como medidas vinculantes y con carácter general:

“Potenciar el uso de las energías renovables mediante la ejecución de nuevos parques eólicos, entroncados a la red general de transporte de energía eléctrica, y la incentivación de la instalación de pequeñas unidades (mixtas: eólicas-diesel, paneles solares, etc.) en actividades agrícolas y pequeñas comunidades poblacionales aisladas de la red eléctrica general. (…)”

Pudiera entenderse por todo lo anterior, por el órgano competente que la “Planta Solar Fotovoltaica de 10,45 MW en Rosa de la Arena” puede considerarse vinculado a un uso de infraestructuras de energía, y en concreto una instalación de energía renovable (de las contempladas en el artículo 72 de la LS) siendo este uno de los objetivos nacionales de obligado cumplimiento por la normativa europea, que contribuye a incrementar el abastecimiento energético a partir de sus recursos propios, indicadores que permiten considerar la existencia de interés público e interés social, también.

Quinta.- De conformidad con el apartado segundo del artículo 79 de LS, el proyecto ha sido sometido a información pública y audiencia de los propietarios de suelo incluidos en el proyecto y de los colindantes (BOP de Las Palmas, nº 65, de 29.5.2020), en el que se han recibido las siguientes alegaciones:

- El 10 de enero de 2020, con registro de entrada número 576, por el propietario de la parcela 9004 del polígono 3, la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes. se recibe informe en el que se expone en síntesis que “Las instalaciones fotovoltaicas previstas invaden, por su margen oeste, terrenos de titularidad pública, que fueron expropiados por esta Consejería durante las obras de ejecución de la FV-3, tal como se indica en el plano”.

Comunicado el contenido del mismo al interesado, se aporta modificación del acceso hasta la planta y de la superficie de terreno a ocupar por las placas fotovoltaicas.

- El 24 de enero de 2020, con registro de entrada número 1.961, el propietario de la parcela 85 del polígono 3 objeto de esta actuación manifiesta su conformidad con la actuación.

- El 27 de enero de 2020, con registro de entrada número 2.069 y el 26 de junio de 2020, con registro de entrada número 18.407, el propietario de la parcela 115 del polígono 3, colindante a la parcela objeto de esta actuación, presenta alegaciones que en síntesis reconoce que parte del proyecto pretende ejecutarse en el interior de su parcela, por lo que pone de manifiesto que su pretensión y deseo es que la instalación se ejecute con fiel y escrupuloso cumplimiento de las normas básicas en materia de servidumbres y expropiación de terrenos, ya que no quedan claras las afecciones ni las pretensiones.

Dándose traslado al promotor el contenido de la misma, presenta escrito (el 21 de febrero de 2020, con registro de entrada número 5.006), en el que se reconoce que la parcela 115 se vería afectada exclusivamente por la línea de evacuación, adjuntando anexo de las publicaciones en las que se puede comprobar que actualmente este proyecto se encuentra en proceso de Declaración de Utilidad Pública.

De conformidad con lo anterior el alegante no presenta oposición sino que recuerda o apela a las normas básicas respecto de las servidumbres y expropiación de terrenos, respecto de lo cual claramente deberá tenerse en cuenta en el procedimiento oportuno para ello, no siendo este (el que ahora nos ocupa) el pertinente para ello, pues cabe tener en cuenta que:

- El 2 de marzo de 2020 y el 3 de marzo de 2020, con registros de entrada número 5.818 y 6.305 respectivamente, el propietario de la parcela 73, colindante a la parcela objeto de esta actuación, presenta alegaciones que en síntesis manifiesta que se opone a la pretensión de instalar una planta solar fotovoltaica en el ámbito de la finca registral número 3.204 sin previo aviso ni acuerdo con la titular del suelo, por lo que en el caso de que se inicie cualquier tipo de movimientos de tierra u obras en la finca sin mediar acuerdo, se ejercitarán contra los promotores o ejecutores de las obras, todas las acciones judiciales tendentes a paralizar las obras, y garantizar el pleno dominio sobre la totalidad de la superficie de la finca registral número 3.204, que se vea afectada por cualquier acción orientada a la instalación de la planta solar fotovoltaica.

Dándose traslado al promotor el contenido de la misma, presenta escrito (el 3 de junio de 2020, con registro de entrada número 14.304) en el que manifiesta que se adjunta informe justificativo en el que se evidencia que el alegante no es propietario de la parcela con referencia catastral 35018A003000850000UL donde se ubicará la planta, cuya titularidad tiene un acuerdo firme. Que la finca registral 3.204 es una propiedad independiente colindante a la citada parcela.

No obstante, cabe incidir que en nos encontramos ante un procedimiento referido exclusivamente a “la declaración de interés público o social del proyecto”, en concreto para la instalación de una planta solar, que conforme a la Doctrina aplicable, para las licencias urbanísticas y autorizaciones, es de aplicación el artículo 12 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (aprobado por Decreto de 17 de Junio de 1055), que establece que:

“1. Las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero” (además de en nuestra Ley del Suelo de Canarias, artículo 339.3 de la misma).

En este sentido, jurídicamente se viene interpretando el que esté vedado en los procedimientos administrativos sobre licencias urbanísticas que la resolución administrativa de otorgamiento o denegación se fundamente en cuestiones de propiedad civil, excluyendo el supuesto de que se encuentren afectados bienes de dominio público, y así la doctrina, que con especial claridad expone, como la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (de fecha 26.10.2005), en el sentido de: “(...) Que las licencias se concedan “dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero” Y esta jurisprudencia ha sido mantenida hasta la actualidad, sin variaciones, tanto por nuestro Tribunal Supremo como por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, de forma que son innumerables las Sentencias que se asientan en la doctrina anteriormente referenciada, que se ha elevado ya a la categoría de aforismo jurídico (Sentencia de la Sección Primera del TSJ de Castilla La Mancha, de 9 de mayo de 2011, Resolución nº 129/2011, recurso nº 143/2010; Sentencia de la Sección Tercera del TSJ de Cataluña, de 10.2.2012, Resolución nº 102/2012, recurso nº 28/2011; Sentencia de la Sección Primera del TSJ de la Comunidad Valenciana, de 7 de marzo de 2012, Resolución nº 271/2012, recurso nº 632/2009; Sentencias de la Sección Segunda del T.S.J. de Madrid, de 10.3.2011, Resolución nº 430/2011, recurso nº 801/2010, y de 17.5.2012, Resolución nº 784/2012, recurso nº 97/2011, etc.).

Por tanto, como conclusión, conforme a la jurisprudencia y doctrina aplicable a tal cuestión los procedimientos para dirimir la propiedad y afección a la misma, son cuestiones que deberán resolverse en el procedimiento o procedimientos específicos para ello.

Asimismo, se han recibido los informes de los siguientes Servicios y Administraciones:

- Del Servicio de Patrimonio Cultural de este Cabildo se ha recibido informe técnico el 27 de noviembre de 2019, que concluye en el siguiente sentido:

“(...)

A la vista de ello, y a modo de conclusión, si bien el Servicio de Patrimonio Cultural está de acuerdo con las medidas preventivas y correctoras que se establecen para la protección del patrimonio etnográfico que se localiza en el ámbito de actuación del proyecto denominado “Planta Solar Fotovoltaica de 10,45 MW en Rosa de la Arena”, en el término municipal de Puerto del Rosario, se deberá, además, incorporar el seguimiento arqueológico señalado en el Informa al Patrimonio Cultural. De la adopción de las citadas medidas y del seguimiento arqueológico se deberá remitir informe al Servicio de Patrimonio Cultural. (…)”

Así mismo visto el informe del Servicio de Patrimonio Cultural, de fecha 17 de abril de 2020, con ocasión de la remisión por parte de la Dirección General de Energía de las alegaciones presentadas por interesado en el trámite de información pública de su expediente ER 19/039, que a modo de conclusión dice:

“(...) DISA RENOVABLES, S.L. además de realizar el seguimiento arqueológico por personal cualificado durante la ejecución de las obras de la instalación fotovoltaica y aportar los informes del seguimiento de las misma, DEBERÁ aportar informe sobre la adopción de las medidas preventivas y correctoras, establecidas en el Documento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinario (Medida nº 15 control de protección del Patrimonio Etnográfico).(...)”

- De la Dirección General de Energía, remitido el 6 de marzo de 2020 con registro de entrada números 7.131, en el que se expone que:

“(…) El parque fotovoltaico objeto del presente informe, inició el trámite de autorización administrativa bajo el expediente ER 19/0039. Tiene una potencia nominal de 10,45 MW y está localizado en el término municipal de Puerto del Rosario.

Se trata de una instalación sujeta al régimen de autorización administrativa, regulada en el artículo 6 del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias. Asimismo se encuentra afectado por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

(…)

Por todo lo cual y entendiendo que el fomento de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables puede reducir los costes de la explotación de estos sistemas, favorecer la entrada de nuevos agentes, paliar el envejecimiento del parque de generación y por ende, contribuir positivamente al equilibrio entre los ingresos y costes del sistema eléctrico canario, se informa de forma favorable a la declaración de interés público o social del proyecto (…)”

- Del Servicio de Carreteras de este Cabildo se ha recibido informe técnico fecha 14 de abril de 2020, que concluye en el sentido siguiente:

“(…)

En virtud de lo expuesto y en aplicación de lo dispuesto en los Títulos I, II y III de la Ley Territorial de Carreteras de Canarias 9/1991 y su reglamento de aplicación (Decreto 131/1995), se informa lo siguiente:

1. Que al amparo del artículo 3 del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional (BOC 110, de 16.8.2002), y respecto a la afección que producirá dicha instalación y su línea de evacuación sobre la futura autovía, se deberá tener en cuenta todos y cada uno de los condicionantes expuestos por la Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias en su informe de fecha 23 de diciembre de 2019, pues son ellos los únicos competentes en la planificación, financiación y ejecución de carreteras regionales. (Se adjunta plano incluido en el informe de la Dirección General de Infraestructura Viaria). (…)”

“(…)

2. Que respecto a la afección que la instalación de energía renovable producirá a la circunvalación FV-3, y al amparo de las competencias atribuidas a este Cabildo Insular mediante el artículo 2 del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional, se informa que si bien la futura instalación fotovoltaica podría estar por detrás de la línea límite de edificación, la misma se encuentra ocupando, por su lado este, terrenos que fueron expropiados por la Consejería de Infraestructura y Transporte del Gobierno de Canarias durante la construcción de la FV-3, tal y como se recoge en el informe de la Dirección General de Infraestructuras de fecha 23 de diciembre de 2019, por lo que deberá retranquearse por detrás de dicha línea.

3. La línea de evacuación de la planta fotovoltaica no invade ninguna zona de protección de la carretera FV-3.

4. Respecto al acceso, y además de lo recogido en el informe de la Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, cito textualmente: “…/…El camino previsto por el promotor para acceder a las instalaciones intersecta la futura autovía referenciada. Esta cuestión puede resolverse de forma sencilla desplazando el referido camino de acceso, en su tramo final, un poco más hacia el oeste…/…”, cabe informar que actualmente el mismo se podría realizar a través de la glorieta ubicada en el PK 1+900 de la FV-1 (glorieta de la Hondura), mediante la vía FV-230 que accede a la localidad de Rosa de la Monja. Una vez en ella, para poder dar acceso a la instalación fotovoltaica, se deberá recabar autorización del titular de dicha carretera, en este caso el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. No obstante, y debido a las obras de construcción del tramo de autovía, la carretera FV-230 podría desaparecer quedando dicho acceso condicionado al desarrollo urbanístico de la zona. (Se adjunta plano nº3, “Plano de conjunto con alzado esquemático” del proyecto de trazado de la futura autovía donde se observa que el futuro acceso a la localidad de Rosa de la Monja se desplaza unos 700 m hacia el norte quedando la FV-230 infrautilizada). (…)”

- Del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, el 18 de septiembre de 2020, el interesado aporta al expediente el informe que dicho Consejo remitió a la Dirección General de Industria y Energía el 2 de julio de 2020, donde se concluye lo siguiente:

“(…)

Por lo expuesto, y desde el punto de vista de la conservación del DPH superficial y resto de red de drenaje natural, se entiende que este CIAF puede informar favorable las medidas de protección ambiental contenidas en la documentación obrante en el expediente objeto de informe, al no prever la existencia de impactos significativos que no vayan a ser evitados con las precitadas medidas, entendiéndose que la actuación propuesta podría ser autorizable pero sujeta en todo caso al correspondiente condicionado técnico que se estableciera al respecto.

En cualquier caso, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 58.1 de la mencionada Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, el promotor del proyecto de referencia deberá cursar en este CIAF la preceptiva autorización para ejecutar las obras e instalaciones afectas a los precitados cauces naturales, debiendo hacer partícipe al CIAF en todas las fases del procedimiento administrativo del expediente, al amparo de las competencias y funciones que la legislación territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, le confiere en la materia.(…)”

Al proyecto actualizado presentado (fecha de visado 10 de mayo de 2021) objeto de esta actuación, se ha incluido un estudio hidrológico realizado por Solitec, S.L.U. en febrero de 2000, donde se han estudiado y tenido en cuenta los condicionantes señalados, habiendo sido consultados con el Consejo Insular de Aguas Fuerteventura según se expone en el mismo. En base a estos estudios y consultas se ha reubicado la distribución de la planta fotovoltaica, siempre dentro del área inicial que se había previsto y respetando los retranqueos que se proponen en el estudio.

- De la Dirección General de Infraestructura Viaria, remitido el 4 de febrero de 2021 y el 10 de febrero de 2021 con registros de entrada número 3.250 y 37.015 respectivamente, y pudiéndose comprobar que se trata del mismo informe, en el que se expone que:

“(…)Por todo lo anteriormente expuesto, el carácter del presente informe, sobre la “Remisión de Información complementaria entregada por el interesado en relación con el trámite previo a la Declaración de Interés Público o Social del “Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica de 10,45 MW en Rosa de La Arena (T.M. Puerto del Rosario) en la isla de Fuerteventura”, resulta ser condicionado a que sea autorizada por la Dirección de la obra de la nueva carretera “Puerto del Rosario-La Caldereta”, la ejecución de las actuaciones incluidas en la documentación aportada que puedan afectar a dicha vía. (…)”

El 12 de mayo de 2021 el interesado aporta oficio del Director General de Infraestructura Viaria, del tenor literal siguiente:

“(…)En relación con el escrito que tuvo entrada en estas dependencias con fecha de 19 de marzo de 2021, con registro de entrada general nº 454391, por el cual se solicita autorización de la Dirección de Obra de la carretera en el asunto mencionado, para las actuaciones de la “Planta solar fotovoltaica de 10,45 MW en Rosa de la Arena”, que puedan afectar a la nueva vía actualmente en construcción, esta Dirección de Obra informa lo siguiente.

Actualmente se están ejecutando las obras del proyecto denominado “Carretera Puerto del Rosario-La Caldereta, Variante de las FV-1, FV-3 y FV-2”, siendo el contratista adjudicatario de las mismas la Unión Temporal de Empresas formada por OHL Construcción S.A., -Satocan, S.A.-Construcciones Rodríguez Ramírez, S.A. las cuales dieron comienzo el 22 de septiembre de 2020.

Tras varias reuniones desde hace meses, con los promotores del proyecto “Planta solar fotovoltaica de 10,45 MW en Rosa de la Arena”, DISA RENOVABLES S.L., habiéndose puesto en contacto con nosotros por vía correo electrónico y telefónicamente, se ha decidido cuál es la mejor opción para el paso de la línea de evacuación de dicho proyecto, por la nueva carretera en construcción, teniendo la mínima afección a la misma.

Es por ello, que esta Dirección de Obra, autoriza al paso de la línea de evacuación por el punto kilométrico de la carretera ya acordado y los condicionantes ya exigidos en reuniones anteriores, además de coordinar los trabajos con la UTE adjudicataria de las obras, para no afectar al ritmo de las mismas (…)”

- De la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, recibido el 18 de mayo de 2021 con registro de entrada número 13.534, donde se concluye lo siguiente:

“(…)Primera.- La instalación de parques fotovoltaicos careciendo de planificación sectorial o territorial impide evaluar las consecuencias de manera global y los impactos acumulados sobre la biodiversidad. Ante esta situación, se ha de optar por el principio de prudencia que establece nuestro marco legal. Hemos dejado constancia en el apartado 1 de este informe la existencia de numerosos parques fotovoltaicos relacionados y próximos, además de otras infraestructuras energéticas como parques eólicos.

Ello nos obliga a utilizar el principio precautorio y de incertidumbre que establece la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación al desarrollo sostenible.

Segunda.- Tal y como se ha detallado en el apartado 3 de este informe, al especificar el EIA un impacto Moderado del proyecto sobre la avifauna, y vista la ambigua información contenida, resulta necesario aclarar como se han llevado a cabo los muestreos obtenidos, y en todo caso el estudio o análisis in situ de la fauna presente en el entorno, especialmente aves, debe ser realizado con una metodología adecuada entre todas las que habitualmente se utilizan y están reconocidas por la bibliografía. Esta debe establecer aspectos como el número de transectos, longitud de cada uno de ellos, tiempo que se tarda en recorrerlos, condiciones metereológicas en el momento de su realización, planimetría de los transectos, fechas y periodos exactos, número de observadores etc., con la finalidad además de que pueda ser reproducible en el futuro para evaluar cambios o afecciones por las nuevas instalaciones.

Dicho estudio, vistas las especies listadas por el propio EIA y el Banco de Datos de biodiversidad, debe hacer especial hincapié en la observación de detección de especies esteparias (hubaras canarias, alcaravanes, etc.), en el guirre, el cuervo canario y sus ámbitos de campeo y dormideros.

Teniendo en cuenta la presencia de posibles zonas de nidificación o dormidero de algunas especies protegidas, el muestreo de la avifauna debería de abarcar todo el periodo reproductivo de estas especies. Para ello un estudio de este tipo debe extenderse al menos un año para incluir todas las fases prereproductoras y reproductoras de las mismas.

Adicionalmente, se considera necesario explicar de forma más detallada la metodología utilizada para realizar el inventario de flora así como las especies que cuenten con algún tipo de protección en el área objeto de estudio.

Tercera.- En el ámbito de afección de las instalaciones previstas se ha detectado la presencia de al menos 4 especies protegidas según la normativa vigente. La pérdida de territorio para especies relevantes como el alcaraván (Burhinus oedicnemus insularum), la hubara (Chlamydotis undulata fuertaventurae), el cuervo canario (Corvus corax canariensis) o el corredor sahariano (Cursorius cursor), entre otras, debería analizarse no únicamente por el efecto del proyecto en concreto sino en el marco de los diferentes usos presentes y futuros de un entorno ya de por sí antropizado. Sobre todo hay que destacar la necesidad de tener en cuenta, en relación a la fauna, el efecto sinérgico con otras instalaciones fotovoltaicas y eólicas del entorno. La zona circundante se ha convertido en un ámbito especialmente saturado de dicho tipo de instalaciones en ejecución o en proyecto. En concreto, todas las instalaciones fotovoltaicas señaladas en la Figura 1 constituyen, desde el punto de vista de la afección a Biodiversidad, una única instalación, y como tal debería abordarse el estudio de su efecto sobre la misma.

Como se ha nombrado anteriormente, teniendo en cuenta la importancia del guirre (Neophron percnopterus majorensis) dentro del contexto insular de Fuerteventura y el estado actual de sus poblaciones, se debe analizar la relación en sus tránsitos y zonas de vuelo la presencia de la especie, dada la ubicación, a menos de 3 km de la obra, de una zona de nidificación conocida como Guisguey II en el barranco de la Herradura, así como los diversos dormideros de la especie que se encuentran a menos de 1 km, conocidos como Las Monjas.

Adicionalmente, la proximidad al IBA 338 Vallebrón-Montaña Escanfraga-Llanos De Guisguey-Laderas Del Time y y al Área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna de Canarias, Área 65 Vallebrón-Montaña Escanfraga-Llanos de Guisguey-Laderas del Time, hace que el ámbito de estudio se convierta en un lugar frecuentado por aves prioritarias que se deben tener en cuenta para el análisis de los impactos generados por el proyecto. Por todo ello, tal y como se indicó en el apartado 4 de este informe, se insiste en que proyectos como el que nos atañe debe adjuntar un estudio de campo específico del entorno, que incluya la relación del proyecto con especies como los alcaravanes, el guirre, las hubaras y otras aves prioritarias en función de sus territorios de campeo y nidificación. Dicho estudio debería abarcar un periodo reproductor completo de las especies y seguir alguna de las reconocidas metodologías de muestreo para posibilitar su replicación futura y evaluar los posibles efectos de las instalaciones.

Hay que tener en cuenta que, según la normativa vigente, las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, así como en el Catálogo Canario de Especies Protegidas, llevan asociado un régimen de prohibiciones según el artículo 57 del texto consolidado de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Estas prohibiciones se aplicarán a todas las fases del ciclo biológico de estas especies, subespecies o poblaciones.

Asimismo, la destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción, vulnerables o en régimen de protección especial, en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación, está tipificado en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como infracción administrativa.

Cuarta.- El presente proyecto no cuenta con medidas que contribuyan a optimizar la eficiencia del uso del suelo y del agua y por tanto, a compatibilizar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de la industria energética en Canarias, principio que rige la normativa regional vigente.

Mientras haya disponibilidad de infraestructuras ya existentes en el territorio, como base para la instalación de parques solares, no es admisible agotar un recurso tan limitado y valioso en las islas como es el suelo, que a su vez se corresponde con el hábitat de muchas especies protegidas. (…)”

8. Medidas a tener en cuenta en el proyecto.

Vistas las anteriores conclusiones, para la instalación de esta planta fotovoltaica, se considera absolutamente imprescindible tomar en cuenta las siguientes medidas:

1. Conociéndose la existencia de los efectos directos e indirectos de este tipo de infraestructura energética sobre el microclima, el ciclo de carbono terrestre, la flora, la fauna y los hábitats, deberán estudiarse soluciones técnicas que minimicen este tipo de impactos, proponiendo soluciones técnicas y recomendaciones que ayuden a compatibilizar el desarrollo de esta actividad de forma sostenible. Para ello, resulta necesario conocer mejor la incidencia de estas instalaciones sobre la flora y la fauna, especialmente aves e insectos, para poder hacer recomendaciones útiles en cuanto a su tecnología, colocación, disposición, etc. Ello supone el encargo de los estudios previos necesarios para llegar a conclusiones que permitan tomar decisiones responsables.

2. La empresa promotora del parque fotovoltaico deberá aportar los datos del desarrollo del programa de vigilancia ambiental que permita analizar y conocer de forma eficaz los impactos provocados por las instalaciones solares sobre las especies y sus hábitats, siendo necesario para ello que cuente con personal con la cualificación adecuada.(…)”

El promotor del proyecto, a la vista de este informe presenta el 18 de mayo de 2021 contestación a una serie de cuestiones que se plantean, entre las que cabe destacar la siguiente:

“Dicho informe, hace referencia a lo contemplado en nuestro primer Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo, el mes pasado hemos aportado un Estudio de Impacto Ambiental conjunto con nuestras dos plantas fotovoltaicas Rosa de la Arena y La Rosa, contemplando los requerimientos solicitados por la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.”

- El interesado aporta el 5 de julio de 2022, con registro de entrada número 23.692, el Acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres Aeronáuticas, por el que se autoriza la instalación de la planta solar fotovoltaica y el uso de la grúa móvil, condicionado a no superar los valores de altura y elevación indicados en la tabla anterior para la planta solar y para la grúa móvil, incluidos todos sus elementos o cualquier añadido sobre las mismas y si es necesaria la utilización de otro medios auxiliares que superen la altura y elevación autorizadas, deberá solicitarse la correspondiente autorización de forma previa y preceptiva a su instalación, haciendo referencia a este expediente. (Expediente I21-0328, de fecha de 6.10.2021).

Sexta.- Con respecto a la competencia para la declaración del interés público o social, esto es a los efectos de establecer el órgano competente, ha de determinarse con carácter previo la naturaleza del acto administrativo de la declaración de interés público o social.

En este sentido, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, dedica el Capítulo III, Sección 2ª, artículos 76 y siguientes, a los actos y usos de interés público o social, distinguiendo entre aquellos actos y usos no ordinarios en suelo rústico con cobertura en el planeamiento (artículos 76 y 78), los cuales se entenderá que cuentan con declaración de interés público o social, de aquellos otros no previstos por el planeamiento, que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle (artículos 77 y 79). En ambos casos, señala que la previsión en el planeamiento debe contar con informe favorable del cabildo insular.

Por tanto, en cuanto al procedimiento de las actuaciones que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle, que es el presente supuesto, el artículo 77 dispone que se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 79, el cual para su inicio, remite al artículo 78, que regula los procedimientos con cobertura en el planeamiento y, que de conformidad con el artículo 76.2, el procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el propio de las licencias municipales.

De todo lo anterior se puede afirmar que la naturaleza de la declaración de interés público o social, es la de una autorización preceptiva previa al otorgamiento de la licencia por el Ayuntamiento, en base a que la corporación municipal no podrá otorgar la licencia, si se declara la existencia de incompatibilidad con el planeamiento insular, o no se considere la iniciativa de interés público o social por parte del cabildo insular.

En este sentido con respecto al Órgano competente de este Cabildo Insular para la declaración del interés público o social, debemos acudir necesariamente al artículo 62 de la Ley de Cabildos, en coherencia con el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el que se establece que corresponde al Consejo de Gobierno Insular, la concesión de cualquier tipo de licencia salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano.

Como quiera que la Ley del Suelo no determina en ninguno de sus preceptos el órgano competente para declarar el interés público o social, existiendo un vacío legal al respecto, cabe entender que corresponde al mismo por no estar expresamente atribuida a otro órgano en la normativa sectorial, conforme a la atribución de competencias conforme al artículo 127 LRBRL de Gobierno Local y no esté expresamente prohibida su delegación. (…). Por lo anterior, y atendiendo al Certificado del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de junio de 2021, por el que se delegan en la Presidencia las competencias del Consejo de Gobierno Insular conferidas en su día al Área Insular de Ordenación del Territorio y gestión de bienes por acuerdos del Consejo de Gobierno de fechas 15 de marzo de 2021 y 5 de abril 2021.

RESUELVO:

Primero.- Desestimar la alegación presentada el 2 de marzo de 2020 y el 3 de marzo de 2020, con registros de entrada número 5.818 y 6.305 respectivamente, con ocasión del trámite de información pública a que fue sometido el expediente, según motivación recogida en la fundamentación jurídica quinta por entender que el Cabildo Insular a la hora de otorgar en su caso, la declaración de interés público o social, no puede por carecer de competencia, realizar un examen más exhaustivo de los títulos de propiedad presentados, pues implicaría invadir competencias de los Juzgados y Tribunales en orden al examen de cuestiones civiles, vía civil que es la que deberá resolver dicha cuestión, siendo la única excepción la de que se trate de bienes de dominio público, que constituye la gran excepción a la regla general de no denegar licencias urbanísticas con fundamento en derechos de propiedad.

Segundo.- Declarar el interés público y social y su compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura del proyecto denominado “Planta Solar Fotovoltaica de 10,45 MW en Rosa de la Arena”, que ocupa una superficie de 17,04 Ha de los 354.103 m2, de la parcela 85, del polígono 3 del término municipal de Puerto del Rosario, a instancia de Disa Renovables, S.L., por lo que deberá contar en su caso, con la oportuna licencia de segregación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y todo ello condicionado a lo dispuesto, en el informe de Patrimonio Cultural, en el informe del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, en el acuerdo de AESA y en su caso, a la Autorización Administrativa y Declaración de Impacto Ambiental, según los siguientes condicionantes específicos siguientes:

• Se deberá incluir un seguimiento arqueológico, para prever y mitigar impactos durante los trabajos de implantación de las placas fotovoltaicas, a fin de detectar cualquier incidencia imprevista, debiendo remitir informe al Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura.

• Se deberá aportar informe sobre la adopción de las medidas preventivas y correctoras, establecidas en el Documento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinario (Medida nº 15 control de protección del Patrimonio Etnográfico).

• A la preceptiva autorización del consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.

• No superar los valores de altura y elevación indicados en el Acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres Aeronáuticas.

Segundo.- Se deberá proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, incluyendo su motivación, de conformidad con lo previsto en el artículo 79.6 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y conforme a la Ley de protección de datos personales.

Tercero.- Dar traslado del Acuerdo al Ayuntamiento de Puerto del Rosario y al interesado, a los efectos oportunos.

Contra la resolución que declare el interés público o social de la actuación no cabe recurso alguno conforme al artículo 29 del Reglamento de Intervención y Protección de la legalidad Urbanística de Canarias, sin perjuicio del que pudiera deducirse frente al acto municipal que ponga fin al procedimiento.

Puerto del Rosario, a 1 de octubre de 2022.- El Presidente, Antonio Sergio Lloret López.



© Gobierno de Canarias