Anuncio relativo a la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público y social de la actuación denominada “Instalación de Parque Solar Fotovoltaico La Rosa”, término municipal de Puerto del Rosario, a instancia de Disa Renovables, S.L, por medio de la Resolución CAB/2022/6577, de 20 de septiembre de 2022, transcrita parcialmente en los términos establecidos por el artículo 79.6 de la Ley del Suelo de Canarias (esto es, la motivación de la declaración de interés público y social).
ANTECEDENTES
“(…)”
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Visto el informe de la técnico del Servicio de Ordenación del Territorio, de fecha 12 de agosto de 2022, obrante en el expediente, que en síntesis reconoce:
“(…)
2.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE:
2.1.- Contrastada la localización de la Planta fotovoltaica con la cartografía del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura Vigente, podemos decir que la parcela donde se desea instalar la planta se localiza en zona ZC-SRC-Zona C. Suelo Rústico Común, mientras que la línea de evacuación discurre en parte por esta misma zona y en parte por la zona D-SUr/SU. Subzona D. Suelos Urbanos/Urbanizable, según el Texto consolidado de la normativa vigente del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y Plan de Ordenación de los recursos Naturales (PIOF-PORN) relativo a la toma en consideración de las determinaciones urbanísticas derogadas del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en aplicación de la disposición derogatoria única.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo (publicado en el BOC de 21.9.2018), correspondiendo con arreglo los artículo 102. a) y 103.a) de la normativa del Plan Insular con la zonificación tipo C y D del Plan de Ordenación de los recursos naturales (PORN).
Con carácter particular para la categoría de suelo identificada como ZC-SRC Zona C. Suelo rústico común, se fijan las siguientes determinaciones artículo 102.a), determinación vinculante (DV), de la normativa del PIOF:
“ZC-SRC Zona C.
Condiciones Generales:
Se podrán autorizar equipamientos, construcciones e instalaciones de interés general, entre las que se consideran, como edificación singular nueva:
• Equipamientos y dotaciones de uso público.
• Construcciones necesarias para el funcionamiento de infraestructuras de uso público.
• Explotaciones agrarias y ganaderas de entidad.
Actividades a potenciar: regeneración del paisaje, recreo concentrado, camping, agricultura innovadora (cultivos bajo malla, industrias agrarias), crecimiento de asentamientos rurales.
Actividades sometidas a limitaciones específicas: caza, circulación con vehículos todo terreno, edificaciones de uso ganadero, edificaciones anexas a las explotaciones agrarias, actividades extractivas y vertederos, urbanización, usos industriales, autovías y carreteras, líneas subterráneas, instalaciones puntuales. Las actividades extractivas en suelo C, tendrán que realizar un Estudio de Impacto Ecológico para cualquier incremento de su actividad y recuperar las condiciones topográficas y reposición de la cubierta vegetal de dicha actividad al vencimiento de los plazos establecidos.
Actividades prohibidas: tendidos aéreos y vivienda o uso residencial. (…)”
Por tanto, la actuación que se pretende no se encuentra expresamente prohibida por el planeamiento.
En concreto para la zona identificada como Zona D-SUr/SU. Subzona D. Suelos Urbanos/Urbanizables, se fijan las siguientes determinaciones artículo 103.a), determinación vinculante (DV), de la normativa del PIOF:
“(…) Esta subzona contempla los suelos urbanos, urbanizables y asimilables clasificados por el planeamiento urbanístico, al que este Plan Insular se remite en cuanto a la totalidad de las determinaciones y aprovechamientos que le afectan como tales.
Se exceptúan aquellos suelos urbanizables y asimilables, que excepcionalmente hayan sido reclasificados por el Plan Insular como Rústicos, o los que estuviesen afectados por la redacción de planes especiales con carácter vinculante. (…)”
2.2.- En el Plan Insular se hace mención a la energía fotovoltaica en el artículo 55 DV relativo a las infraestructuras de energía eléctrica, donde se establecen las siguientes medidas vinculantes, con carácter general: “Potenciar el uso de las energías renovables mediante la ejecución de nuevos parques eólicos, entroncados a la red general de transporte de energía eléctrica, y la incentivación de la instalación de pequeñas unidades (mixtas: eólicas-diesel, paneles solares, etc.) en actividades agrícolas y pequeñas comunidades poblacionales aisladas de la red eléctrica general. (…)”
(…)
2.5.- Visto el proyecto remitido, se comprueba que:
- Suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria. El suelo objeto de actuación se localiza en suelo rústico común y parte de la línea en suelo urbano/urbanizable, por lo tanto, no es suelo ni de protección ambiental ni de protección agraria.
- Usos energéticos. El uso pretendido es el energético puesto que se trata de un parque solar fotovoltaico que tendrá una potencia nominal de 6 MW.
- Que se integren en actuaciones de interés público o social. La actuación pretendida se considera integrada dentro de actuaciones de interés público o social, puesto que como tales se recogen en el artículo 72 de la Ley 4/2017, dado el suelo rústico en el que se localiza y puesto que no se encuentra expresamente previsto ni prohibido por el plan insular, ni por el planeamiento municipal.
- Que deban situarse necesariamente en suelo rústico. Dadas las características de esta instalación que se pretende que ocupa una superficie de 6,84 Ha, se hace muy difícil la instalación de esta superficie de paneles sobre cubierta en suelo urbano. En este caso además la superficie de terreno sobre la que se van a instalar los paneles tiene escasa pendiente lo que permite su mejor integración en el paisaje que si se situase en zona de mayor pendiente o en ladera de montaña.
Así mismo, la línea de evacuación será subterránea con una longitud de 2,6 km, lo cual permite su mimetización una vez cerrada la zanja para la canalización de la misma.
- Uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento. A la vista del informe municipal, así como del Plan Insular, este uso no está expresamente prohibido.
(…)
2.9.- Con respecto a la documentación necesaria para tramitar la solicitud de interés público y social recogida en el artículo 78 de la Ley 4/2017 y con la documentación que se establece a partir de la aprobación del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias (BOC nº 5, de 9.1.2019), en su artículo 29 en relación con los documentos que debe contener la solicitud, se comprueba lo siguiente:
a) Proyecto técnico, cuando fuere exigible, o documentación técnica que permita analizar y materializar, en su caso, la actuación. El Ayuntamiento remite un proyecto técnico del parque, con varios anexos, tal y como se expone al principio del presente informe. Con posterioridad se aporta el proyecto actualizado tras adaptarse a lo solicitado por los distintos informes sectoriales recabados en este y otros trámites de fecha de visado el 21 de mayo 2021 y denominado Proyecto técnico administrativo ISFV La Rosa 6 MW redactado en mayo de 2021 por ingeniería y proyectos innovadores, S.L. En el documento se incluye el Anejo 8. Proyecto “Línea subterránea MT y Centro de Protección y Medida privados para evacuación de Parque Fotovoltaico La Rosa 6MW”, redactado por Juan Francisco Márquez Umpiérrez (Sasetti Servicios técnicos) en marzo de 2021.
b) Presupuesto de las obras o actuación a ejecutar. En el apartado 14 del proyecto visado el 21 de mayo de 21 se incluye el presupuesto de ejecución material del proyecto que asciende a un total de 3.750.363,57 euros. Además, se incluye el presupuesto de ejecución material de la línea subterránea de Media Tensión 332.307,25 euros.
c) Memoria descriptiva y justificativa de la solución propuesta para el funcionamiento de las instalaciones proyectadas, con especificación de las obras precisas para la eficaz conexión de aquellas con las correspondientes redes generales de servicios y comunicaciones y garantía del mantenimiento de la operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes. El interesado aporta memoria de las conexiones denominada memoria aclaratoria del proyecto redactada en julio de 2022, que además es remitida también por el Ayuntamiento, donde se exponen las soluciones que se han dado al acceso hasta la planta, al suministro eléctrico y al suministro y evacuación de aguas y en la que se concluye: “(…) se hace constar que este documento sirve como aclaración del Proyecto Técnico Administrativo ISFV La Rosa de 6 MW de mayo de 2021 firmado por el Ingeniero D. José Luis Ovelleiro Medina y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja sin suponer ningún cambio en el diseño de la instalación, más allá del detalle de aspectos no suficientemente desarrollados.”
d) Declaración responsable de asunción de los compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el planeamiento, incluido el abono del canon por aprovechamiento en suelo rústico que se devengue por el otorgamiento de la licencia, en su caso. Junto con la documentación aportada inicialmente se adjunta un escrito firmado por el representante de la empresa solicitante de fecha 18 de julio de 2018 y dirigido al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, donde se expone que el interesado se compromete a asumir aquellos deberes y cesiones previstos por la legislación o el planeamiento y en general, el pago del correspondiente canon.
e) Compromiso de ofrecimiento de garantía, por importe del 10% del coste total de las obras proyectadas, según el presupuesto de las mismas, para cubrir los gastos que puedan derivarse de los incumplimientos o de las infracciones o de las labores de restauración de los terrenos.
El interesado presenta escrito con registro de entrada número 4517 el 19 de febrero de 2020, adjuntando escrito al Cabildo donde expone que ha adjuntado a través del Ayuntamiento el escrito firmado de asunción de compromisos de garantía por importe del 10% del coste total de las obras proyectadas, conforme al artículo 28 del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística en Canarias (en adelante RIPLUC).
f) Acreditación de la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo afectados por la actuación, en los términos previstos en el presente reglamento. El interesado aporta inicialmente el contrato de arrendamiento de los terrenos de fecha 5 de enero de 2018 de la parte de la parcela catastral 35018A003001040000UH. Con posterioridad aporta una adenda al contrato de arrendamiento de la parcela 104 donde se va a instalar la planta fotovoltaica de fecha 12 de junio de 2021. Además, aporta el contrato de arrendamiento de la parte de la parcela 102 de fecha 14 de junio de 2021, necesaria para la realización del acceso hasta la planta.
Con respecto a la línea de evacuación, el interesado aporta la relación de bienes y derechos afectados por la planta solar fotovoltaica La Rosa, así como la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC nº 216, del viernes 8.11.2019) de la información pública de la solicitud de utilidad pública de la instalación.
2.10.- Se recuerda el cumplimiento de los siguientes artículos de la Ley 4/2017 y del Plan Insular:
- Artículo 58.1 d) No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles indicativos o informativos con las características que fije, en cada caso, la administración competente.
- Artículo 58.1.f) de La Ley 4/2017: “Las construcciones deberán estar en armonía con las características arquitectónicas tradicionales y de implantación paisajística del medio rural en el que se insertan y con los elementos de valor arquitectónico de su entorno cercano y que sean debidamente incorporados al planeamiento general”.
- Artículo 58.1.g) de La Ley 4/2017: “Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje”.
- Artículo 37.3.a) Asegurar la preservación del carácter rural del suelo y la no formación de asentamientos no previstos, así como la adopción de las medidas precisas para proteger el medioambiente y mantener el nivel de calidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.
- Artículo 37.3.b) Garantizar la restauración, a la finalización de la actividad, de las condiciones ambientales de los terrenos y de su entorno inmediato.
- Artículo 37.3.c) Asegurar la ejecución de la totalidad de los servicios que demanden las construcciones e instalaciones autorizadas en la forma que se determine reglamentariamente.
- Deberá adaptarse a las normas de mimetismo para el exterior de la edificación, indicadas en el artículo 105.DV. del PIOF, recomendándose el uso de la piedra local en forma de mampostería quedando prohibido el chapado de piedra cualquiera que sea este. Si se utiliza el color habrá de elegirse entre los existentes en la “Tabla de color” del “Estudio de color de la isla”, con la limitación de que ha de ser el más parecido al del entorno paisajístico que rodea a la edificación en cuestión. Se admite indistintamente las texturas propias de un enfoscado, revoco o monocapa.
Resultado del informe: favorable a la declaración de interés público y social para la instalación de una planta de energía fotovoltaica de 6 MW, denominada La Rosa, que ocupa una superficie de 6,84 Ha, en la parcela 104 del polígono 3 del término municipal de Puerto del Rosario, condicionado a lo dispuesto en los siguientes informes de:
- Patrimonio Cultural.
- Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes.
- Dirección General de Infraestructura Viaria.
- Carreteras.
- Consejo Insular de Aguas.
- Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático.
Y condicionado a lo que se establezca desde la Autorización Administrativa y en la Declaración de Impacto Ambiental, en su caso. (...)”
Segunda.- El artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LS), señala:
“Artículo 62. Usos, actividades y construcciones de interés público o social.
1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.
(…)
3. Los usos energéticos incluyen todas las instalaciones destinadas a esa actividad que lo sean de acuerdo con la legislación sectorial, salvo aquellos que tienen carácter complementario de uso ordinario.
(…)
6. Con carácter general, los usos a que se refieren los apartados anteriores comprenderán las construcciones e instalaciones que los caractericen de acuerdo con la presente ley y la legislación sectorial correspondiente.”
De la lectura del apartado primero, del citado artículo 62, con carácter excepcional cabe entender que se podrán autorizar los usos energéticos, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, y que el uso no estuviera expresamente prohibido por el planeamiento. En el mismo sentido, el artículo 74 LS, al indicar en su apartado segundo:
“Los usos, actividades o construcciones en suelo rústico, distintos de los anteriores, requerirán la determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento, en su caso, de licencia municipal (...)”.
Tercera.- El artículo 74 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece en el régimen de los títulos habilitantes para el otorgamiento de usos, actividades y construcciones en suelo rústico, lo siguiente:
“Artículo 74. Usos, actividades y construcciones en suelo rústico.
1. Cualquier uso, actividad o construcción ordinario en suelo rústico está sujeto a licencia municipal, o, cuando así esté previsto, a comunicación previa, salvo aquellos exceptuados de intervención administrativa por esta ley, sin perjuicio, en su caso, de la obligación de recabar los informes que sean preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial que resulte aplicable.
2. Los usos, actividades o construcciones en suelo rústico, distintos de los anteriores, requerirán la determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento, en su caso, de licencia municipal.
3. Los proyectos de interés insular o autonómico promovidos por las administraciones públicas se someterán a su régimen específico, sin que precisen de licencia municipal.”
El citado precepto diferencia los usos, actividades y construcciones con cobertura en el planeamiento (apartado 1), de los actos y usos no ordinarios en suelo rústico que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento (apartado 2), estableciéndose en este último caso, que en estos supuestos se requiere la previa declaración por el cabildo insular del interés público o social de la actuación con carácter previo a la licencia municipal.
De conformidad con lo anterior, continúa el artículo 77 determinando la regulación de los usos, actividades y construcciones en suelo rústico no previstos en el planeamiento:
“Artículo 77. No previstos en el planeamiento.
1. Cuando los actos, construcciones y usos no ordinarios carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o el grado suficiente de detalle, su autorización por licencia requiere de la previa declaración, por el cabildo insular, del interés público o social de la actuación y de su compatibilidad en su caso, con el planeamiento insular sin perjuicio de los restantes informes sectoriales que sean legalmente exigibles.
2. El procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el previsto en el artículo 79 de esta ley.”
De conformidad con el artículo 79, que a su vez remite en cuanto al procedimiento concreto a lo regulado en el artículo 78, en cuyo apartado 2.a) del mismo se recoge en síntesis que: “el ayuntamiento emitirá informe sobre la conformidad con el planeamiento y del grado de precisión para legitimar su ejecución, en su caso”. Pues, en el presente procedimiento consta certificado de informe técnico-jurídico municipal de 30 de noviembre de 2018, en cuyo apartado de Conclusiones y Propuesta recoge lo siguiente:
“(…) Que la planta solar planteada se ubica en una parcela categorizada por la LS´17 como Suelo Rústico Común, remitiendo el PGO´17 en cuanto a este tipo de infraestructuras al planeamiento insular, que ha de ser el que fije sus condiciones de implantación, no contando el instrumento de ordenación urbanística municipal con el grado suficiente de precisión para legitimar la ejecución de este tipo de instalaciones, y sin que la actuación planteada se encuentre expresamente prohibida por el planeamiento.
(…)
Que, comoquiera que las obras correspondiente a la canalización de la línea que conecta la instalación planteada con el punto de conexión en el SET Las Salinas, no cuentan con la definición suficiente para poder determinar la categoría de suelo y el régimen jurídico aplicable, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78.1.b), se deberá presentar documentación técnica complementaria que permita analizar lo mencionado, en aras de determinar si la declaración por el Cabildo Insular del interés público o social de la actuación y de su compatibilidad con el planeamiento insular se ha de extender, además a algún tramo de canalización. (…)”
Y certificado del informe jurídico de 9 de enero de 2020, en cuyo apartado de Conclusiones recoge lo siguiente:
“(…) - La modificación del trazado planteada en la documentación técnica presentada el 21 de noviembre de 2019 (R.E. nº 24.565) es conforme con el planeamiento municipal, sin embargo, el PGO no ha desarrollado una regulación expresa ni cuenta con el grado de detalle suficiente para legitimar la ejecución las instalaciones de energía renovable remitiendo, en cualquier caso, a lo que disponga el planeamiento insular. Es por ello que la declaración por el cabildo insular del interés público o social de la actuación y de su compatibilidad con el planeamiento insular ha de extenderse a todos los tramos de la canalización que afectan a categorías de Suelo Rústico.
- Únicamente quedaría fuera de la declaración de interés público o social el tramo que discurre por Suelo Urbano Consolidado (SUC), al afectar a una zona de ordenación directa, y desarrollarse por vía pública, siendo autorizable conforme con el planeamiento municipal, debiéndose tramitar la autorización/concesión para ocupar el subsuelo público.(…)”
En conclusión, se constata que el citado uso carece de cobertura expresa en el planeamiento, entendida como el reconocimiento expreso del uso de energía solar/implantación de planta solar en el citado suelo, así como la falta de grado suficiente de detalle, por lo que como conclusión, para la autorización por licencia urbanística del proyecto solicitado, se precisa la previa declaración por el Cabildo Insular del interés público o social de la actuación, y de su no prohibición en el planeamiento insular, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el citado artículo 79 LS.
Cuarta.- De conformidad con lo anterior, es necesario analizar el “interés público o social del proyecto”, y para ello la vigente Ley del suelo, no contempla una definición expresa de los términos “interés público” e “interés social”. En los distintos textos legales vigentes, las referencias a dichos términos aparecen vinculadas a aquellas actuaciones que afectan al interés general y en consecuencia redundan en beneficio de la colectividad. Ambas expresiones, “interés público” e “interés social”, forman parte del conjunto de conceptos jurídicos indeterminados que existen en nuestro Derecho, por cuanto no admiten una cuantificación o determinación, pero en todo caso, debe ser precisado en el momento de la aplicación.
La aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados, en cada caso concreto impone una única solución correcta (existe o no existe utilidad pública, se trata o no se trata de un justo precio, o en el caso concreto que nos ocupa, existe o no existe el interés público o social).
No obstante nos encontramos además ante una potestad discrecional del órgano competente y por tanto estamos ante una valoración realizada por la Administración (el citado órgano) en el ejercicio de dicha potestad en el que necesariamente habrán mediado criterios extrajurídicos, que suponen una libertad de elección entre alternativas igualmente justas; que implica que se dispone de un cierto margen de apreciación valorativo, para elegir entre las distintas opciones de planificación, debiendo elegirse la que mejor considere que cumple los intereses generales, discrecionalidad que esencialmente debe ser racional, lógico y sobre todo respetar los límites legalmente establecidos, por ello el órgano competente deberá justificar debidamente dentro del marco de esa discrecionalidad la decisión que mejor obedece a los intereses generales afectados, confirmándose la idoneidad, eficacia, incluso la eficiencia de tal decisión.
En el caso que nos ocupa y en orden a identificar los parámetros o motivos que permiten al órgano competente declarar dicho interés, es preciso analizar el marco normativo específico que resulta de aplicación y es por ello que cabe citar el propio artículo 72 de la LS el que viene a establecer para las instalaciones de energías renovables:
“En suelo rústico de protección económica, excepto en la subcategoría de protección agraria, y en suelo rústico común se podrá autorizar, como uso de interés público y social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables no previstas en el planeamiento, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables. (…)”
De la lectura del citado artículo se desprende que es la propia ley, la que ya en su articulado reconoce expresamente u otorga directamente a las instalaciones de energías renovables “el interés público o social”, siempre que no exista prohibición expresa, y ello justificado además en el preámbulo (apartado VIII, intitulado: en particular, la ordenación y utilización del suelo rústico) de la LS, pues establece:
“(…) La ley parte de la diferencia que formula la legislación básica entre usos ordinarios y usos de interés público y social. Los usos ordinarios son aquellos conformes con el destino o vocación natural del suelo rústico (incluyendo, claro está, su aprovechamiento agrícola y ganadero), también merecen esta calificación los usos deportivos al aire libre con instalaciones desmontables. Los usos de interés público y social se refieren a actuaciones ajenas a ese destino, aun cuando su localización en el ámbito rural sea adecuada por contribuir a su desarrollo (es el caso de las construcciones turísticas, industriales o de servicios). Se trata de usos que, en la legislación hasta ahora vigente, se califican de usos de interés general.
(…)
Por su parte, los usos de interés público y social en todo caso se someten a licencia municipal, ahora bien, dada su condición extraordinaria, su otorgamiento se condiciona a la previa declaración del interés público y social de la iniciativa o proyecto, salvo que el proyecto esté previsto con suficiente grado de detalle en el planeamiento -aunque, aun así, se exige información pública y evaluación ambiental-. De ser necesaria, esa declaración corresponde al cabildo insular, previa audiencia a las administraciones afectadas y trámite de información pública. En caso de que la declaración sea favorable, el proyecto continuará su tramitación para la obtención de la licencia, incluyendo, claro está, su evaluación ambiental. La declaración deberá ser objeto de publicación oficial. De este modo, se mantiene el objetivo de que el ejercicio de la actividad requiera un único título habilitante, si bien, por su carácter no ordinario, se imponen las garantías descritas en su tramitación.”
Pero, además pudieran identificarse “otros criterios o justificaciones” que permiten al órgano competente declarar dicho interés, como pudiera ser la referencia al marco normativo específico que resulta de aplicación; En este sentido, a nivel nacional, la energía fotovoltaica cuenta con una posición estratégica dentro del Plan Especial de Energías Renovables 2011/2020. Asimismo, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, considera el suministro de energía eléctrica como un servicio de interés económico general y todo ello dentro del marco de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 5 de junio de 2009, número L 140/16), cuyo objeto viene definido en su artículo 1 y por el que se establece:
“La presente Directiva establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables. Fija objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía y con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el transporte. Establece normas relativas a las transferencias estadísticas entre Estados miembros, los proyectos conjuntos entre Estados miembros y con terceros países, las garantías de origen, los procedimientos administrativos, la información y la formación, y el acceso a la red eléctrica para la energía procedente de fuentes renovables. Define criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos.”
Por otro lado, en el propio PIOF-PORN (artículo 55 Determinación Vinculante) con respecto a las infraestructuras de energía eléctrica, se reconoce como medidas vinculantes y con carácter general:
“Potenciar el uso de las energías renovables mediante la ejecución de nuevos parques eólicos, entroncados a la red general de transporte de energía eléctrica, y la incentivación de la instalación de pequeñas unidades (mixtas: eólicas-diésel, paneles solares, etc.) en actividades agrícolas y pequeñas comunidades poblacionales aisladas de la red eléctrica general. (…)”.
Pudiera entenderse por todo lo anterior, por el órgano competente que la “Instalación de Parque Solar Fotovoltaico La Rosa” puede considerarse vinculado a un uso de infraestructuras de energía, y en concreto una instalación de energía renovable (de las contempladas en el artículo 72 de la LS) siendo este uno de los objetivos nacionales de obligado cumplimiento por la normativa europea, que contribuye a incrementar el abastecimiento energético a partir de sus recursos propios, indicadores que permiten considerar la existencia de interés público e interés social, también.
Quinta.- De conformidad con el apartado segundo del artículo 79 de LS, el proyecto ha sido sometido a información pública y audiencia de los propietarios de suelo incluidos en el proyecto y de los colindantes (BOP de Las Palmas nº 65, de 29.5.2020).
Se han recibido las siguientes alegaciones:
- El 10 de diciembre de 2020, con registro de entrada nº 40.560, por el propietario de la parcela con referencia catastral 001900100FS15C0001ZD que en síntesis dice que el punto de entrada de la línea a la Central Diésel es erróneo, que el proyecto no incluye detalle alguno de la entrada de línea de evacuación al interior de la Central Diésel Las Salinas, ni de su recorrido por el interior de esta hasta su conexión a la Subestación, ni se incluye referencia alguna a servicios afectados (interfiere con la tuberías de abastecimiento de combustible de la Central desde el muelle de Puerto del Rosario). Además, se indica que no se ha aportado la relación de bienes y derechos afectados. Se pone a disposición del promotor para consensuar las soluciones técnicas, solicitando que se requiera al promotor la documentación técnica de detalle.
Tras observar que, en el proyecto actualizado aportado en noviembre de 2021, se ha modificado la conexión con la Central Salinas, se consulta con el promotor si cuenta con el visto bueno de Unión Eléctrica y este nos remite copia de un correo electrónico de E- distribución a Disa donde se aclara cuál es la conexión correcta, que se expone a continuación:
“La LMT discurrirá entubada desde el exterior del muro perimetral de la Central Salinas (tal y como se indica en el plano), hasta el cambio de dirección para acceder al recinto donde se ubica la celda de 20kV. En este último tramo irá en canaleta, pasando por debajo de la canaleta actual. En todo el recorrido se mantendrá la distancia reglamentaria para evitar inductancias con las comunicaciones que discurren por la canal existente.
La nueva canalización se ejecutará donde actualmente está el borde del parterre (pretil naranja, en el plano) y nunca rebasará la alineación de las palmeras existentes, dejando la misma lo más pegado posible a la canaleta actual, con distancias que igualmente eviten inductancias y reponiendo la zona de bordillo y pasillo a su situación actual.
La nueva LMT no tendrá empalmes en todo este recorrido.”
No obstante, se comprueba que coincide con la expuesta en dicho proyecto actualizado en el plano nº 3.8, denominado planta general trazado de marzo de 2021, que además contiene esta misma imagen y el texto arriba expuesto.
- El 19 de febrero de 2021, con registro de entrada nº 4.490, el propietario de las parcelas 85, 108 y con referencia catastral 2653403FS1525S0001TX manifiesta que no tiene alegaciones que presentar en el trámite de audiencia comunicado.
- El 17 de junio de 2021, con registro de entrada nº 16.642, el propietario de la parcela 102 presenta alegaciones, que en síntesis dice que solicita plano en el cual quede claramente referenciada la situación de la vía prevista y que el mismo, recoja en detalle la situación con respecto a la vía proyectada y en proceso de ejecución Puerto del Rosario-La Caldereta variante de la FV-1, FV-2 y FV-3 y que se sitúe con respecto a esta, con las coordenadas y cotas correspondientes, para tener clara la afección de esta vía a sus terrenos.
Se dio traslado al promotor el 23 de junio de 2021, con registro de salida nº 11.662, el cual presenta escrito (2 de agosto de 2021 con registro de entrada número 21.559) en el que se reconoce que se han intensificado las negociaciones con el propietario de la parcela 102 con el objeto de alcanzar un acuerdo y minimizar las afecciones sobre el terreno. Asimismo, a pesar de la optimización del acceso a la planta, se procedería a indemnizar, conforme a la normativa vigente, por la superficie de terreno que quede comprendida entre el acceso a la instalación y la nueva autovía.
- El 24 de junio de 2021, con registro de entrada nº 17.230 y 17.232, el propietario de la parcela 113 presenta alegaciones, que en síntesis reconoce que parte del proyecto pretende ejecutarse en el interior de su parcela, por lo que pone de manifiesto que su pretensión y deseo es que la instalación se ejecute con fiel y escrupuloso cumplimiento de las normas básicas en materia de servidumbres y expropiación de terrenos, ya que no quedan claras las afecciones ni las pretensiones. Que el menor perjuicio a la parcela implicaría la conducción soterrada de cualquier línea a instalar y la ubicación en el lindero de la misma de conformidad al artículo 565 del Código Civil. Y que cualquiera que sea el recorrido de las conducciones soterradas se deberá proceder de acuerdo con lo fijado en el artículo 564 del Código Civil, debiendo proceder a la indemnización conforme a los términos que acuerden.
Se dio traslado al promotor el 29 de junio de 2021, con registro de salida nº 12.126, el cual presenta escrito (29 de junio de 2021 que registro de entrada nº 21.336), en el que se reconoce que la línea de evacuación se realizará como instalación subterránea, soterrando todas las líneas y cumpliendo con la profundidad mínima y distancias con otras instalaciones detalladas en la normativa vigente, y describiendo un recorrido que minimice las afecciones con la parcela. Y que Disa Renovables procederá a indemnizar conforme a la normativa vigente por el paso de las instalaciones anteriormente mencionadas por dicha parcela.
De conformidad con lo anterior el alegante no presenta oposición sino que recuerda o apela a las normas básicas respecto de las servidumbres y expropiación de terrenos, respecto de lo cual claramente deberá tenerse en cuenta en el procedimiento oportuno para ello, no siendo este (el que ahora nos ocupa) el pertinente para ello, pues cabe tener en cuenta que:
El procedimiento actual es el referido a “la declaración de interés público o social del proyecto”, en concreto para la instalación de una planta solar que conforme a la Doctrina aplicable, para las licencias urbanísticas y autorizaciones, es de aplicación el artículo 12 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (aprobado por Decreto de 17.6.1955), que establece que:
“1. Las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero” (además de en nuestra Ley del suelo de Canarias, artículo 339.3 de la misma).
En este sentido, jurídicamente se viene interpretando el que esté vedado en los procedimientos administrativos sobre licencias urbanísticas que la resolución administrativa de otorgamiento o denegación se fundamente en cuestiones de propiedad civil, excluyendo el supuesto de que se encuentren afectados bienes de dominio público, y así la doctrina, que con especial claridad expone, como la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (de fecha 26.10.2005), en el sentido de: “(...) Que las licencias se concedan dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero”. Y esta jurisprudencia ha sido mantenida hasta la actualidad, sin variaciones, tanto por nuestro Tribunal Supremo como por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, de forma que son innumerables las Sentencias que se asientan en la doctrina anteriormente referenciada, que se ha elevado ya a la categoría de aforismo jurídico (Sentencia de la Sección Primera del T.S.J. de Castilla La Mancha, de 9.5.2011, Resolución nº 129/2011, recurso nº 143/2010; Sentencia de la Sección Tercera del T.S.J. de Cataluña, de 10.2.2012, Resolución nº 102/2012, recurso nº 28/2011; Sentencia de la Sección Primera del T.S.J. de la Comunidad Valenciana, de 7.3.2012, Resolución nº 271/2012, recurso nº 632/2009; Sentencias de la Sección Segunda del T.S.J. de Madrid, de 10.3.2011, Resolución nº 430/2011, recurso nº 801/2010, y de 17.5.2012, Resolución nº 784/2012, recurso nº 97/2011, etc.).
Por tanto, como conclusión, conforme a la jurisprudencia y doctrina aplicable a tal cuestión los procedimientos para dirimir la propiedad y afección a la misma, son cuestiones que deberán resolverse en el procedimiento o procedimientos específicos para ello.
Asimismo, se han recibido los informes de los siguientes Servicios y Administraciones:
- Del Servicio de Carreteras de este Cabildo se ha recibido informe técnico que ya existía de fecha 14 de enero de 2019, que literalmente dice:
“(…) Visto el expediente 144/18 seguido en este Servicio de Carreteras a instancia de D. Santiago Rull Cullen, en representación de la empresa Disa Renovables, S.L., con objeto de recabar informe de viabilidad de este Servicio de Carreteras para las obras contempladas en el proyecto “ISFV La Rosa 6 MW”, suscrito por el Ingeniero Pedro Fernández Madriñan de fecha de marzo de 2018.
(…)
La viabilidad o no de la propuesta quedará sujeta a los siguientes condicionantes:
1. Respecto a la instalación propiamente dicha, y de acuerdo al artículo 3 del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional (BOC nº 110, de 16.8.2002), comentar que, el emplazamiento de la misma se puede ver afectado por el Proyecto de construcción del tramo de Autovía denominado “Carretera Puerto del Rosario-La Caldereta, variante de la FV-1, FV-3 y FV2. Isla de Fuerteventura. Clave AT-01-FV-306”, el cual fue aprobado técnicamente por Orden de la Consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias en fecha 23 de febrero de 2016 y sometido a información pública, por periodo de 45 días hábiles, mediante anuncio de la Dirección General de Infraestructura Viaria, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 90, de fecha 11 de mayo, y que, por lo tanto deberá recabar informe de viabilidad de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias.
2. Respecto al acceso comentar que actualmente el mismo se puede realizar a través de la glorieta ubicada en el PK 1+900 de la FV-1 (glorieta de la Hondura), mediante la vía que accede a la localidad de Rosa de la Monja. Una vez en esta vía, para poder dar acceso a la instalación fotovoltaica, se deberá recabar autorización por parte del titular de dicha carretera, en este caso el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. No obstante debido a las obras de construcción del tramo de Autovía denominado “Carretera Puerto del Rosario-La Caldereta, variante de la FV-1, FV-3 y FV-2. Isla de Fuerteventura. Clave AT-01-FV-306”, la vía FV-230, de titularidad municipal que une La Hondura con Rosa de la Monja podría desaparecer quedando dicho acceso condicionado al desarrollo urbanístico de la zona.
3. Respecto a la línea de evacuación comentar que, según el plano aportado por el solicitante, mediante requerimiento de este Servicio de Carreteras, se observa que la zona por donde pretenden llevar la canalización paralela a la FV-1 se encuentra actualmente saturada de servicios. Concretamente entre los punto 5 y 11 del plano aportado, se recomienda llevar la canalización lo más pegada posible a la vía de titularidad municipal calle Medregal hasta conectar con la calle Barquillo. Más concretamente en el punto 10 del plano aportado resulta inviable pasar la canalización por donde lo indican debido a la gran cantidad de servicios existentes en esa zona, por lo que se recomienda pasarla por detrás de la vivienda, es decir, lo más cerca posible a la vía de titularidad municipal calle Medregal y de ahí conectar con la calle Barquillo hasta llegar a la Subestación Las Salinas.
4. En cualquier caso, las canalizaciones paralelas a vías de titularidad de esta Administración (FV-1 y FV-3), se ejecutarán a una distancia de más de 18 metros, medidos horizontalmente a partir del borde exterior de la explanación.
5. El cruce de carreteras planteado en el Pk 1+600 de la FV-1 se ejecutará a través de la obra de drenaje existente mediante la técnica de mina, túnel o perforación mecánica subterránea.
6. Los cruces estarán formados por el doble de pasatubos de los necesarios, de los que al menos la mitad, deben quedar libre para futuras ampliaciones.
7. La profundidad mínima de la zanja en el cruce subterráneo deberá ser tal que como mínimo la parte superior de los pasatubos esté a 40 cm de la rasante de la solera de la obra de fábrica. La zanja se realizará centrada al eje de la misma y se rellenará con hormigón en masa HM-20 con una resistencia mínima de 20 N/mm2.
8. En los extremos de los cruces subterráneos se ejecutarán arquetas de registro, fuera de la zona de dominio público de las carreteras. Por tanto a una distancia superior a 8 metros medidos horizontalmente a partir del borde exterior de la explanación.
9. Las arquetas de la canalización no deberán sobresalir por encima de la rasante del terreno y deberán disponer de una tapa de fundición con la suficiente resistencia para soportar el paso accidental de un vehículo.
10. Se requerirá autorización previa de los trabajos antes del inicio de los mismos por parte de este Servicio de Carreteras por afectar a vías de titularidad de esta Administración.
11. El titular de la autorización deberá contar con los permisos de los propietarios de los terrenos no expropiados por donde pasa la canalización. Antes del inicio de las obras deberá haberse entregado copia autentificada en el Servicio de Carreteras.
12. El titular de la autorización deberá contar, antes del inicio de los trabajos, con la aprobación del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura por afectar la actuación a la zona de cauce público.
13. Para la canalización que discurre por zona urbana (desde el punto 11 hasta la Subestación Las Salinas), deberá recabar autorización del titular, en este caso, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. (…)”
- Del Servicio de Patrimonio Cultural de este Cabildo se ha recibido informe técnico el 14 de julio de 2020, que literalmente dice:
“(…) A Vista la documentación adjunta a la solicitud de informe y conforme a la documentación gráfica de ubicación de la planta fotovoltaica y por donde discurre la línea de evacuación, y conforme a los Inventarios de bienes culturales existentes en el Servicio de Patrimonio Cultural se le informa que en dichas parcelas no se localiza ningún bien cultural registrados en dichos Inventarios.
Advertir que el Inventario Arqueológica de Fuerteventura se realizó mediante una prospección superficial del territorio, sin sondeo arqueológico, por lo que se escapa de la metodología empleada el conocimiento de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo, por ello, en tareas de remoción o acondicionamiento de terrenos puede que aparezcan vestigios arqueológicos. En el supuesto caso de que apareciese algún vestigio se deberá paralizar las obras y comunicarlo inmediatamente al Servicio de Patrimonio Cultural tal y como establece el artículo 94 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, que dice los siguiente: quienes, como consecuencia de remociones de tierra, obras de cualquier índole o por azar, descubran restos arqueológicos deberán suspender de inmediato la obra o actividad y ponerlo en conocimiento de cualquiera de las administraciones públicas competentes en materia de patrimonio cultural, en un plazo máximo de veinticuatro horas. No se podrá hacer público el hallazgo hasta haber realizado la citada comunicación y adoptado las medidas cautelares de protección adecuadas, a fin de no poner en peligro los bienes localizados o hallados.
Este informe se emite para el ámbito señalado en la documentación adjunta a la solicitud de informe y a los efectos oportunos. (…)”
- De la Dirección General de Infraestructuras Viarias del Gobierno de Canarias, remitido el 2 de febrero de 2021 y el 5 de febrero de 2021 con registros de entrada números 2.972 y 3.308 respectivamente y pudiéndose comprobar que se trata del mismo informe, en el que se expone que:
“(…) Por todo lo anteriormente expuesto, el carácter del presente informe, sobre el “Trámite de audiencia relativo a la actuación Parque Solar Fotovoltaico La Rosa, término municipal de Puerto del Rosario” (EPX.: 3673H/19), resulta ser condicionado a que sea tramitado ante el órgano sustantivo el proyecto modificado del Parque Solar que deberá recoger las siguientes consideraciones:
1. Deberá incorporarse el trazado recogido en el proyecto de construcción de la nueva carretera de Interés Regional “La Caldereta-Puerto del Rosario” que actualmente se encuentra en ejecución.
2. Deberán ser delimitadas sus distintas franjas de protección.
3. Serán representadas, de manera clara en los planos, las distintas franjas de protección en todas las carreteras de interés regional afectadas por la actuación.
4. La línea de evacuación del parque deberá situarse en la zona de servidumbre de protección, ya que existe espacio material para, de esta manera, no coartar las futuras necesidades de ampliación de las carreteras.
5. Los cruces de calzadas propuestos en las carreteras de interés regional FV-1 y FV-3, salvo justificación en contra, deberán realizarse mediante mina, túnel o perforación mecánica subterránea [artículo 63.1.l) del RCC].
Para finalizar, tal y como se ha venido señalando a lo largo de este informe, para poder ejecutar las obras relacionadas con las carreteras de interés regional FV-1 y FV-3, deberá solicitarse la preceptiva autorización administrativa al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura; sin perjuicio de todas aquellas autorizaciones administrativas que procedan, según lo establecido en las distintas normas sectoriales que regulan la materia. (…)”
En base a este informe el interesado aportó modificación del acceso hasta la planta y el correspondiente contrato de arrendamiento del terreno afectado.
- Del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura el 2 de junio de 2022, con registro de entrada número 19.099, en el siguiente sentido:
“(…) Al respecto, interesa indicar que Disa Renovables solicitó en esta Administración hidráulica mediante escrito con RE nº 2018000622, de fecha 17 de julio de 2018, la preceptiva autorización de la mencionada instalación solar fotovoltaica, dando lugar a los expedientes administrativos nº 05/18-LE (expte. electrónico 2020/00010801F) y nº 2021/00019454P. Las actuaciones descritas en ambos expedientes fueron autorizadas, sujetas a los correspondientes condicionantes técnicos, mediante Decreto de la Vicepresidencia del CIAF nº CIA/2022/61 y nº CIA/2022/64, de fechas 8 y 11 de abril de 2022, respectivamente. Se adjuntan a este informe copias de los mencionados Decretos. (…)”
- El interesado aporta el 6 de julio de 2022, con registro de entrada número 23.874, el Acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres Aeronáuticas, por el que se autoriza la instalación de la planta solar fotovoltaica y el uso de la retroexcavadora, condicionado a no superar los valores de altura y elevación indicados en la tabla que figura en el citado Acuerdo para la planta solar fotovoltaica y para la retroexcavadora, incluidos todos sus elementos o cualquier añadido sobre las mismas y si es necesaria la utilización de otro medios auxiliares que superen la altura y elevación autorizadas, deberá solicitarse la correspondiente autorización de forma previa y preceptiva a su instalación, haciendo referencia a este expediente (Expediente I21-0239, de fecha 25 de junio de 2021).
- A día de hoy no se ha recibido informe de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente solicitado el 16 de noviembre de 2020 con registro de salida número 18315.
Sexta.- Con respecto a la competencia para la declaración del interés público o social, esto es a los efectos de establecer el órgano competente, ha de determinarse con carácter previo la naturaleza del acto administrativo de la declaración de interés público o social.
En este sentido, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, dedica el Capítulo III, Sección 2ª, artículos 76 y siguientes, a los actos y usos de interés público o social, distinguiendo entre aquellos actos y usos no ordinarios en suelo rústico con cobertura en el planeamiento (artículos 76 y 78), los cuales se entenderá que cuentan con declaración de interés público o social, de aquellos otros no previstos por el planeamiento, que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle (artículos 77 y 79). En ambos casos, señala que la previsión en el planeamiento debe contar con informe favorable del cabildo insular.
Por tanto, en cuanto al procedimiento de las actuaciones que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle, que es el presente supuesto, el artículo 77 dispone que se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 79, el cual para su inicio remite al artículo 78, que regula los procedimientos con cobertura en el planeamiento y, que de conformidad con el artículo 76.2, el procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el propio de las licencias municipales.
De todo lo anterior se puede afirmar que la naturaleza de la declaración de interés público o social, es la de una autorización preceptiva previa al otorgamiento de la licencia por el Ayuntamiento, en base a que la corporación municipal no podrá otorgar la licencia, si se declara la existencia de incompatibilidad con el planeamiento insular, o no se considere la iniciativa de interés público o social por parte del cabildo insular.
En este sentido con respecto al Órgano competente de este Cabildo Insular para la declaración del interés público o social, debemos acudir necesariamente al artículo 62 de la Ley de Cabildos, en coherencia con el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el que se establece que corresponde al Consejo de Gobierno Insular, la concesión de cualquier tipo de licencia salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano.
Como quiera que la Ley del Suelo no determina en ninguno de sus preceptos el órgano competente para declarar el interés público o social, existiendo un vacío legal al respecto, cabe entender que corresponde al mismo por no estar expresamente atribuida a otro órgano en la normativa sectorial, conforme a la atribución de competencias conforme al artículo 127 LRBRL de Gobierno Local y no esté expresamente prohibida su delegación. (…). Por lo anterior, y atendiendo al Certificado del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de junio de 2021, por el que se delegan en la Presidencia las competencias del Consejo de Gobierno Insular conferidas en su día al Área Insular de Ordenación del Territorio y gestión de bienes por acuerdos del Consejo de Gobierno de fechas 15 de marzo de 2021 y 5 de abril 2021.
Vista la Propuesta de Resolución del Servicio, en la que se manifiesta que se ha tenido en cuenta en el expediente que sirve de base a la presente resolución el procedimiento legalmente establecido,
RESUELVO:
Primero.- Declarar el interés público y social y su compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura del proyecto denominado “Instalación de Parque Solar Fotovoltaico La Rosa de 6 MW”, que ocupa una superficie de 6,84 Ha, en la parcela 104 del polígono 3 del término municipal de Puerto del Rosario, a instancia de Disa Renovables, S.L., condicionado a lo dispuesto en el informe de Carreteras, en el informe de Patrimonio Cultural, en el informe de la Dirección General de Infraestructura Viaria, en el acuerdo de AESA y, en su caso, a la supervisión por el Órgano Sustantivo si fuera necesario someter el proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental, según los siguientes condicionantes:
• Respecto a la instalación propiamente dicha, y de acuerdo al artículo 3 del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional (BOC nº 110, de 16.8.2002), comentar que, el emplazamiento de la misma se puede ver afectado por el Proyecto de construcción del tramo de Autovía denominado “Carretera Puerto del Rosario-La Caldereta, variante de la FV-1, FV-3 y FV2. Isla de Fuerteventura. Clave AT-01-FV-306”, el cual fue aprobado técnicamente por Orden de la Consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias en fecha 23 de febrero de 2016 y sometido a información pública, por periodo de 45 días hábiles, mediante anuncio de la Dirección General de Infraestructura Viaria, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 90, de fecha 11 de mayo, y que por lo tanto deberá recabar informe de viabilidad de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias.
• Respecto al acceso comentar que actualmente el mismo se puede realizar a través de la glorieta ubicada en el PK 1+900 de la FV-1 (glorieta de la Hondura), mediante la vía que accede a la localidad de Rosa de la Monja. Una vez en esta vía, para poder dar acceso a la instalación fotovoltaica, se deberá recabar autorización por parte del titular de dicha carretera, en este caso el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. No obstante debido a las obras de construcción del tramo de Autovía denominado “Carretera Puerto del Rosario-La Caldereta, variante de la FV-1, FV-3 y FV-2. Isla de Fuerteventura. Clave AT-01-FV-306”, la vía FV-230, de titularidad municipal que une La Hondura con Rosa de la Monja podría desaparecer quedando dicho acceso condicionado al desarrollo urbanístico de la zona.
• En cualquier caso, las canalizaciones paralelas a vías de titularidad de esta Administración (FV-1 y FV-3), se ejecutarán a una distancia de más de 18 metros, medidos horizontalmente a partir del borde exterior de la explanación.
• El cruce de carreteras planteado en el Pk 1+600 de la FV-1 se ejecutará a través de la obra de drenaje existente mediante la técnica de mina, túnel o perforación mecánica subterránea.
• Los cruces estarán formados por el doble de pasatubos de los necesarios, de los que al menos la mitad, deben quedar libre para futuras ampliaciones.
• La profundidad mínima de la zanja en el cruce subterráneo deberá ser tal que como mínimo la parte superior de los pasatubos esté a 40 cm de la rasante de la solera de la obra de fábrica. La zanja se realizará centrada al eje de la misma y se rellenará con hormigón en masa HM-20 con una resistencia mínima de 20 N/mm2.
• En los extremos de los cruces subterráneos se ejecutarán arquetas de registro, fuera de la zona de dominio público de las carreteras. Por tanto a una distancia superior a 8 metros medidos horizontalmente a partir del borde exterior de la explanación.
• Las arquetas de la canalización no deberán sobresalir por encima de la rasante del terreno y deberán disponer de una tapa de fundición con la suficiente resistencia para soportar el paso accidental de un vehículo.
• Se requerirá autorización previa de los trabajos antes del inicio de los mismos por parte de este Servicio de Carreteras por afectar a vías de titularidad de esta Administración.
• El titular de la autorización deberá contar con los permisos de los propietarios de los terrenos no expropiados por donde pasa la canalización. Antes del inicio de las obras deberá haberse entregado copia autentificada en el Servicio de Carreteras.
• El titular de la autorización deberá contar, antes del inicio de los trabajos, con la aprobación del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura por afectar la actuación a la zona de cauce público. 13. Para la canalización que discurre por zona urbana (desde el punto 11 hasta la Subestación Las Salinas), deberá recabar autorización del titular, en este caso, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
• En el supuesto caso de que en tareas de remoción o acondicionamiento de terrenos aparezcan vestigios arqueológicos se deberá paralizar las obras y comunicarlo inmediatamente al Servicio de Patrimonio Cultural tal y como establece el artículo 94 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, que dice los siguiente: quienes, como consecuencia de remociones de tierra, obras de cualquier índole o por azar, descubran restos arqueológicos deberán suspender de inmediato la obra o actividad y ponerlo en conocimiento de cualquiera de las administraciones públicas competentes en materia de patrimonio cultural, en un plazo máximo de veinticuatro horas. No se podrá hacer público el hallazgo hasta haber realizado la citada comunicación y adoptado las medidas cautelares de protección adecuadas, a fin de no poner en peligro los bienes localizados o hallados.
• Para poder ejecutar las obras relacionadas con las carreteras de interés regional FV-1 y FV-3, deberá solicitarse la preceptiva autorización administrativa al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura; sin perjuicio de todas aquellas autorizaciones administrativas que procedan, según lo establecido en las distintas normas sectoriales que regulan la materia.
• Cumplir con los correspondientes condicionantes técnicos establecidos en las autorizaciones otorgadas mediante Decreto de la Vicepresidencia del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura número CIA/2022/61 y número CIA/2022/64, de fechas 8 y 11 de abril de 2022 respectivamente.
• No superar los valores de altura y elevación indicados en la tabla que figura en el citado Acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres Aeronáuticas, por el que se autoriza la instalación de la planta solar fotovoltaica y el uso de la retroexcavadora, para la planta solar fotovoltaica y para la retroexcavadora, incluidos todos sus elementos o cualquier añadido sobre las mismas y si es necesaria la utilización de otro medios auxiliares que superen la altura y elevación autorizadas, deberá solicitarse la correspondiente autorización de forma previa y preceptiva a su instalación, haciendo referencia a al expediente I21-0239, de fecha 25 de junio de 2021.
Segundo.- Se deberá proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, incluyendo su motivación, de conformidad con lo previsto en el artículo 79.6 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y conforme a la Ley de protección de datos personales.
Tercero.- Dar traslado del Acuerdo al Ayuntamiento de Puerto del Rosario y al interesado, a los efectos oportunos.
Contra la resolución que declare el interés público o social de la actuación no cabe recurso alguno conforme al artículo 29 del Reglamento de Intervención y Protección de la legalidad Urbanística de Canarias, sin perjuicio del que pudiera deducirse frente al acto municipal que ponga fin al procedimiento.
Puerto del Rosario, a 20 de septiembre de 2022.- El Presidente, Antonio Sergio Lloret López.
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