El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 12 y 13 de julio de 2022, debatió el Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias de referencia, habiéndose adoptado por la Cámara Resolución al respecto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 196.7 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
RESOLUCIÓN APROBADA
“I
1. El Parlamento de Canarias aprueba la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2020 (10L/IACG-0003).
2. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a seguir las recomendaciones del Informe de Fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias (10L/IACG-0003) de la Cuenta de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2020.
En particular, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:
2.1. Resolver la limitación al alcance, con relación al inmovilizado intangible, que según el informe de fiscalización “no se han podido registrar, a los efectos del asiento de apertura ni de cierre, los posibles ajustes derivados de un inventario físico, las correcciones valorativas ni el sistema de amortización, que son aspectos que se integran en el análisis de depuración que se prevé realizar. Los resultados de este análisis deben ser reflejados en el Inventario General de Bienes y Derechos de SEFLOGIC así como en la contabilidad financiera.”
2.2. Resolver la depuración del saldo de la deuda ejecutiva pendiente de cobro y corregir las diferencias que se dan entre el importe pendiente de cobro en el M@GIN y el aplicativo de contraído previo.
2.3. Garantizar la información fiel en la conciliación corrigiendo la conciliación entre los datos que arroja el M@GIN con los registrados en la Cuenta de Rentas Públicas, el estado de situación del REF y la relación de deudores extraída de los sistemas de gestión de ingresos.
2.4. Agilizar los expedientes de reintegro de las subvenciones pendientes de justificar. Dado el importante volumen de los pendientes, donde se refleja un saldo pendiente de 545,8 millones, de los que solo 30,0 millones tenían resolución de reintegro.
No obstante, también se ha de reconocer -y lo hacemos- que se sigue con la reducción del pendiente de cobro de ejercicios cerrados iniciada en 2018.
2.5. Corregir ya las subsanaciones pendientes, planteadas por la Intervención General en la comprobación material de obra. La IG ha comprobado 345 actuaciones, quedando pendientes de subsanar por el gestor 294 (85,2%), en las que se ha comprobado deficiencias que el gestor no ha procedido a corregir, lo que podría dar lugar a la prescripción de acciones por fondos indebidamente abonados. Estas deficiencias respecto de las que el gestor no ha procedido a su corrección o a plantear la discrepancia correspondiente. Dadas las fechas de dichas comprobaciones, la inactividad pudiera estar dando lugar a la prescripción de acciones en el caso de fondos indebidamente abonados o a la realización de pagos improcedentes, con lo cual se deberán impulsar las resoluciones de las incidencias detectadas a través del procedimiento legalmente establecido.
2.6. Instar en ejercicios venideros a corregir la baja ejecución presupuestaria en las siguientes secciones, reflejada para 2020 en la Cuenta General:
2.7. Instar, en ejercicios venideros, a corregir la baja ejecución presupuestaria en inversiones reales (Capítulo VI).
Ya en el informe fiscalización de la cuenta general de 2019, en el apartado 2.1.4. (página 19) del citado informe correspondiente al año 2019, la ejecución consolidada del Capítulo VI era baja, en concreto, un 40,3%, siendo el grado de ejecución de la Administración Pública de la CAC de un 36,6% sobre el crédito definitivo en 2019. En la cuenta de 2020, conforme se indica en el cuadro que se adjunta en este apartado, alcanza el 65,1%. Por ello, es por lo que en especial se insta al Gobierno de Canarias a que realice un informe interno de fiscalización operativa para la gestión de proyectos de inversión que identifique donde están los problemas de gestión de estas inversiones y proponga medidas para mejorar los sistemas de planificación, trabajos previos de disposición de terrenos, proyectos, contratación y ejecución de las inversiones. Sobre todo si ligamos la importancia de estas inversiones al convenio de carreteras y a los fondos de recuperación.
Cuadro del Informe 2020
2.8. Adoptar las acciones oportunas para corregir los datos sobre ejecución de los gastos de capital territorializado en Lanzarote, Fuerteventura y en el exterior, que siguen siendo bajos en comparación con el resto de los territorios analizados.
2.9. Continuar y mejorar, si cabe, la senda de control y reducción de deuda pública.
2.10. Reclamar celeridad a la Dirección General de Patrimonio y Contratación para que ejecute todas las acciones que se le detallan en el apartado 2.2.1 del Informe de Fiscalización para que tengan su adecuado reflejo en la contabilidad y poder tener un inventario que refleje la imagen fiel. Esta reclamación está en conexión con la limitación al alcance del apartado 1.6 del Informe.
2.11. Corregir la no contabilización en las cuentas anuales del SEC (servicio de empleo canario) como acreedores por operaciones no devengadas. Un total de 4,1 millones de euros por remanente no comprometido al cierre de transferencias destinadas a Políticas Activas de Empleo, sin su correspondiente gasto.
2.12. Poner en marcha procedimientos de mejora de gestión que reduzcan o eviten las nulidades de contratos. La mayoría de las nulidades se concentran en los contratos de suministros (80,7%), en el que destaca el SCS con 741,44 millones, que se recogen en 94.944 expedientes tramitados y con un incremento de 335,4 millones con respecto al ejercicio 2019.
2.13. Adoptar los procedimientos para que en futuros ejercicios, en el sector público estimativo, no se den incrementos de personal sin que conste autorización del Gobierno o la excepcionalidad que esté prevista en la Ley de Presupuestos en vigor. En 2020 IDEO, ACCIÓN SOCIAL y FIISC incrementaron los gastos de personal por encima de lo presupuestado en 2,5 millones, sin que conste autorización del Gobierno o la excepcionalidad recogida en el art.31,1.c) de la LPGCAC para 2020, siendo IDEO la más incumplidora con un 72%.
2.14. Depurar y conciliar las contradicciones sobre las altas de personal que manifiesta el informe de Fiscalización para IDEO y FUNCATRA. Mientras que en IDEO y FUNCATRA en la documentación remitida comunican 492 y 17 altas de personal, respectivamente, en sus correspondientes informes figuran 560 y 68 altas.
2.15. Corregir las incidencias, algunas con advertencia de nulas de pleno derecho, en la contratación personal en ACCIÓN SOCIAL, FUNCATRA e IDEO. El informe resalta incidencias en la contratación y modificaciones en retribuciones contrarias a la LPGCAC de 2020, puestas en evidencia por la Dirección General de Planificación y Presupuestos, todas ellas con informes negativos y en algunos casos con advertencia de ser considerados nulos de pleno derecho.
II
1. El Parlamento de Canarias aprueba el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2020.
2. El Parlamento de Canarias aprueba la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2020.
3. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones recogidas en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2020, emitido por la Audiencia de Cuentas de Canarias, así como a implementar las resoluciones aprobadas por el Pleno de este Parlamento.
4. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a establecer en las políticas de gasto y programas presupuestarios del Sector Público con Presupuesto Limitativo, Presupuesto Estimativo y los Fondos Carentes de Personalidad Jurídica, objetivos concretos y medibles e implantar un sistema de evaluación de la consecución y cumplimiento de estos objetivos, con el fin de determinar el grado de eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos públicos.
5. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, ante el bajo grado de ejecución y aplicación de las partidas destinadas a inversiones (especialmente el capítulo VI), a realizar un esfuerzo para evitar que en los siguientes años se siga produciendo esta situación. Para ello sería conveniente examinar e introducir mejoras en los procesos de planificación, selección, contratación, digitalización y ejecución de las inversiones proyectadas.
6. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a corregir la baja ejecución de las inversiones (capítulos VI y VII) en las islas de Fuerteventura y Lanzarote.
7. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que todos los organismos autónomos, entidades públicas, sociedades y/o entidades empresariales dependientes y participadas por la Comunidad Autónoma de Canarias formulen y presenten sus cuentas anuales en los plazos establecidos por la legislación que les afecte.
8. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a cumplir con lo dispuesto en la normativa reguladora de la contratación del sector público sobre la obligación de reservar un porcentaje mínimo de un 2% y un máximo de un 4% del volumen de contratación del sector público autonómico del último ejercicio cerrado a centros especiales de empleo, empresas de inserción y programas de empleo protegido.
9. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a seguir realizando los esfuerzos necesarios para cobrar e ingresar los importes de las deudas y los saldos de las partidas pendientes de cobro de ejercicios cerrados.
10. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a realizar un control exhaustivo de las fundaciones pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Canarias para que cumplan con sus obligaciones legales, financieras, económicas y administrativas regladas, así como a establecer unos objetivos claros, medibles y evaluables que deben cumplir las fundaciones públicas y definir su existencia.
11. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que las contrataciones de personal en las fundaciones, sociedades y entidades empresariales de titularidad pública se efectúen contando con la preceptiva autorización y cumpliendo con los requisitos de publicidad y concurrencia.
12. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a realizar, por parte de las consejerías de las que dependen, un especial control periódico y exhaustivo sobre el grado de ejecución y cumplimiento de los presupuestos asignados cada año al Servicio Canario de Empleo y al Instituto Canario de la Vivienda, en atención a los temas fundamentales de los que se ocupan.
III
1. El Parlamento de Canarias aprueba la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2020.
2. El Parlamento de Canarias aprueba el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2020.
3. El Parlamento de Canarias, aún siendo consciente de los condicionantes en la gestión presupuestaria derivados de la pandemia derivada de la propagación mundial de la COVID-19, insta al Gobierno de Canarias a:
a. Continuar incrementando la aplicación del número de las recomendaciones que de forma reiterada la ACC ha venido realizando, año tras año, en los sucesivos informes de la Cuenta General.
b. Si bien se observa una cierta mejora, realizar la efectiva aplicación de un sistema de evaluación de políticas públicas a través de los programas presupuestarios, en los cuales se establezcan objetivos definidos e indicadores que permitan pronunciarse sobre su grado de consecución de los mismos desde una perspectiva de eficacia, eficiencia y economía, lo que contribuiría, entre otros, a optimizar la racionalización temporal de la ejecución del gasto y realizar asignaciones presupuestarias a los centros gestores en función, entre otras, del nivel de cumplimiento de los objetivos.
c. Continuar mejorando la presupuestación para que los gastos procedentes de otros ejercicios y pendientes de aplicar al presupuesto, sigan reduciéndose.
d. Proceder a la revisión de los procedimientos de contratación de personal establecidos en las leyes de presupuestos para las sociedades y entidades empresariales, dada su escasa eficacia, y a que los centros directivos que tengan asignada la tutela de las mismas realicen un mayor control de las contrataciones de personal.
e. En relación con el importe de subvenciones pendientes de justificar en diferentes órganos gestores, se recomienda la implantación y la ejecución por estos de un plan de acción con el objetivo de clarificar la realidad de todos los expedientes que conforman el saldo en cada uno de los sistemas informáticos que los soportan para incorporar su verdadero impacto en la cuenta de rentas públicas, a la mayor brevedad posible, en especial que ICAVI, SCE, SCS y ACPMN continúen con la depuración de los saldos significativos de derechos pendientes de cobro con origen en registros realizados en 2014 y ejercicios anteriores.
f. Continuar por los órganos gestores con las labores de consolidación de los datos a incorporar al módulo de financiación afectada, dada la importancia que el mismo reviste, para el seguimiento y control de los fondos procedentes de otras administraciones públicas, por las consecuencias que ello puede tener sobre la financiación recibida y el cálculo exacto de variables como el remanente de tesorería y el saldo presupuestario, entre otras.
g. Impulsar la realización de las evaluaciones intermedias sobre los fondos del FDCAN para una mejor utilización de los recursos asignados que puedan servir de soporte en la toma de decisiones en la Comisión de Evaluación y permita la realización de correcciones en tiempo en caso de divergencias sobre los objetivos planteados.
h. Realizar acciones de formación y divulgación a todos los centros gestores de gasto para que conozcan qué entidades son las afectadas y que estén debidamente informadas de la necesaria reserva que han de hacer, de un mínimo del 2% del presupuesto con el que cuenten para nuevas contrataciones con destino a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción y programas de empleo protegido, para el cumplimiento del fin social previsto en la norma.”
En la sede del Parlamento, a 2 de agosto de 2022.
El Secretario General (p.d. del Presidente, Resolución de 27.6.2019; BOPC nº 7, de 28.6.2019), Salvador Iglesias Machado.
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