El Consejo de Gobierno Insular adoptó por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el día 20 de junio de 2022, el siguiente acuerdo:
“7.- ÁREA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y PAISAJE.
7.1. Declaración de interés público del proyecto denominado “Proyecto de ejecución de la instalación solar fotovoltaica ampliación Llanos de la Aldea I” en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana.
Examinado el expediente de referencia PL-E 21_20916 IPS, a la vista de la solicitud para el inicio de procedimiento administrativo para la declaración sobre existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación denominada “Instalación Solar Fotovoltaica Ampliación Llanos de la Aldea I”, sita en las parcelas con número de referencia catastral 35020A010000090000EW, sita en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, promovido por la entidad Bencomia del Risco, S.L. (CIF B70471404).
ANTECEDENTES
Se ha emitido informe jurídico por el Servicio de Planeamiento, 20 de mayo de 2022, en el que consta lo siguiente:
- Con fecha 8 de abril de 2021, tiene entrada en el Registro General del Cabildo (nº 20916) solicitud del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social del “Proyecto de ejecución de la instalación solar fotovoltaica ampliación Llanos de la Aldea I”.
- La petición del referido Ayuntamiento ante este Cabildo Insular, tiene origen en la solicitud de D. Fernando Rodríguez Alfonso, en representación de la entidad Bencomia del Risco S.L., presentada ante el Ayuntamiento el 29 de enero de 2021.
- El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana acompaña a la solicitud, en soporte digital documentación en formato “pdf”.
- Se adjunta, además, Informe Técnico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana sobre el proyecto de referencia, de fecha 5 de abril de 2021.
- Con fecha 28 de abril de 2021 se emite informe jurídico del Servicio de Planeamiento de la Consejería de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, para requerir al Ayuntamiento de San Bartolomé la subsanación del expediente.
- Con fecha 26 de mayo de 2021, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana remite informe técnico de fecha 18 de mayo de 2021, concluyendo:
“Primero.- Informe técnico municipal de comprobación de los requisitos establecidos en el artículo 62 de la Ley 4/2017, debiendo contener los extremos exigidos por dicho precepto y que son:
a. Carácter excepcional de la actuación.
En primer lugar, respecto a las características constructivas de una instalación fotovoltaica, destaca la gran simplicidad y facilidad de instalación de los módulos fotovoltaicos, unido a la facilidad de mantenimiento del huerto solar.
Además, los efectos provocados sobre el medio durante la fase de construcción, debido a la rapidez de construcción del huerto, serán de carácter temporal y con baja persistencia.
En segundo lugar, respecto a la ubicación de la actuación, la vinculación de este tipo de proyectos con el suelo rústico viene siendo una constante en la práctica totalidad de los proyectos de instalación de energías instalados o en trámite, por su propia naturaleza y vinculación del recurso con el medio rural, circunstancia que se acentúa en el caso de los proyectos fotovoltaicos.
b. Si la solicitud se basa en la contribución a la ordenación y al desarrollo rural, el interés público social ha de estar vinculado o relacionado de algún modo, a través de la instalación o construcción, con este medio o ambiente rural en que son instalados.
La declaración de interés público de la planta solar fotovoltaica coadyuva en la consecución de los objetivos de incremento de la aportación porcentual de energías provenientes de instalaciones renovables sobre el total sistema de la energía vertida en el sistema eléctrico insular de la isla de Gran Canaria.
El interés público y social de la planta fotovoltaica proyectada se desprende del propio fomento de las energías renovables por el que apuesta el Documento de Estrategia Energética de Canarias 2015-2025 (EECAn25), en el que se indica que “Supone una prioridad para Canarias lograr una mayor integración de las energías renovables, fundamentalmente la eólica y la solar fotovoltaica, que permita dar un salto cualitativo y cuantitativo a la contribución de estas energías en el balance anual de producción eléctrica en las islas”. Es por ello por lo que entre sus principios básicos se recoge “Lograr la máxima penetración de las energías renovables, de manera compatible con la preservación del medio natural, especialmente la eólica y solar en sus diferentes modalidades”.
Del mismo modo, se destaca el interés que suponen las energías renovables al calificarlas como una oportunidad para el archipiélago canario “Las energías renovables son también una oportunidad. De un lado pueden ayudar notablemente a reducir la dependencia exterior de los productos petrolíferos, aumentando la seguridad del aprovisionamiento de energía y coadyuvando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Complementariamente, al tratarse de energías con un marcado carácter descentralizado, las energías renovables pueden contribuir, acercando la producción al punto de consumo, a la materialización del nuevo paradigma de modelo energético basado en la generación distribuida”.
c. Si la solicitud se basa en que la actuación necesariamente deba situarse en suelo rústico, la justificación se acompañará de elementos objetivos o parametrizables que lo acrediten.
La necesidad de ubicar esta planta en suelo rústico viene determinada por la propia zonificación del PIOGC’03, que localiza las zonas compatibles para el uso fotovoltaico en suelos rústicos.
d. Que los requisitos sean justificados por el solicitante de la autorización.
Justificación de Bencomia del Risco, S.L. en contestación al requerimiento solicitado por el Cabildo de Gran Canaria aportada el 17 de mayo de 2021, nº registro 10524.”
- Con fecha 5 de julio de 2021, se emite informe jurídico del Servicio de Planeamiento, continuando el trámite del expediente.
- Con fecha 29 de julio de 2021, se emite informe técnico del Servicio de Planeamiento de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria en el que se señala:
“Se concluye que el proyecto denominado “Proyecto de ejecución de la instalación solar fotovoltaica ampliación Llanos de la Aldea I”, sometido a la consideración de este Cabildo no se encuentra prohibido por el planeamiento insular.”
- Consta en el expediente certificación catastral, de fecha 9 de agosto de 2021, correspondiente a la referencia catastral 35020A010000090000EW.
- Con fechas 7, 10, 13, 14 y 15 de septiembre de 2021, se notifica el trámite de audiencia previsto en los artículo 79.2.a) de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y 29 del Decreto 182/2018 de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la legalidad Urbanística de Canarias, a los propietarios y colindantes del suelo incluido en los proyectos objeto de declaración de interés público y social y sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento.
- Con fecha 10 de septiembre de 2021, se publica en el BOP nº 109 anuncio de la notificación en procedimiento de trámite de información pública dispuesto en el artículo 79.2.a) de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y artículo 29 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias.
- Con fecha 28 de septiembre de 2021, se remite informe del Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, manifestando que:
“La situación de dicha planta no afecta a bienes inventariados a nombre del Cabildo de Gran Canaria, salvo que dicha instalación es colindante con la carretera de interés regional GC-1.”
Con fecha 1 de octubre de 2021, se solicita informe previo a la declaración de interés público o social, de conformidad con el artículo 79.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a los siguientes organismos públicos:
- Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.
- Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias.
- Consejería de Gobierno de Hacienda y Presidencia, Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria.
- Consejería de Gobierno de Presidencia, Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria.
- Con fecha 13 de octubre de 2021, el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, emite informe, en el que concluye:
“A la vista del citado documento se propone informar favorablemente el informe remitido, así como las propuestas que allí se recogen, siempre y cuando se tengan en cuenta, además, las siguientes condiciones:
a. El inicio de las obras deberá comunicarse previamente y por escrito a este Servicio de Patrimonio Histórico, con indicación de la persona o empresa responsable de los trabajos de control arqueológico.
b. Deberá informarse a los responsables de la obra de la existencia de los elementos afectados por estas medidas y las precauciones que en su caso deben adoptarse en el curso de los trabajos previstos.
c. Deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la vigente ley de patrimonio cultural de Canarias relativo a los hallazgos casuales.
d. Ninguna infraestructura, depósito, área de acopio de materiales, aparcamiento, apertura o acondicionamiento de pistas, obras complementarias, áreas de tránsito o estacionamiento de maquinarias o personas, y se encuentren o no en el proyecto original, podrá suponer afección alguna a bienes del patrimonio histórico.
e. El control arqueológico (vigilancia arqueológica) será permanente y a pie de obra, siempre conforme a lo que, para este tipo de intervenciones arqueológicas, dispone la Ley canaria de Patrimonio Cultural.”
- Con fecha 12 de noviembre de 2021, se solicita informe previo a la declaración de interés público o social, de conformidad con el artículo 79.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria.
- El 30 de noviembre de 2021, se recibe informe del Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, concluyendo que:
“La situación de dicha planta no afecta a bienes inventariados a nombre del Cabildo de Gran Canaria, salvo que dicha instalación es colindante con cauce de dominio público.”
- El 1 de diciembre de 2021, se recibe informe del Servicio de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, concluyendo que:
“… no corresponde a esta Consejería informar sobre las instalaciones recogidas en el proyecto “Instalación solar fotovoltaica ampliación Llanos de la Aldea I”, al encontrarse las mismas fuera de las Franjas de Protección de las carreteras competencia de esta Administración. En cualquier caso, las instalaciones proyectadas no podrán producir destellos derivados del reflejo del sol, que puedan afectar en la conducción a los usuarios de la carretera.”
- Con fecha 10 de diciembre de 2021, se solicita informe previo a la declaración de interés público o social, de conformidad con el artículo 79.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, al Consejo Insular de Aguas.
- En el expediente consta diligencia emitida el 11 de marzo de 2022, por la Jefatura de Servicio de Planeamiento para hacer constar que “el día 10 de octubre de 2021 ha finalizado el plazo de alegaciones/información pública/consultas publicado en el BOP, y se ha recibido un total de 0 alegaciones”.
- Con fecha 23 de marzo de 2022, se emite informe técnico con las siguientes conclusiones:
“Considerar justificada que la implantación del proyecto denominado “Ampliación Llanos de la Aldea I”, caracterizada en el apartado 2 del presente informe y promovido por la entidad mercantil Bencomía del Risco, S.L. (…), sometida a la consideración de este Cabildo en el procedimiento de declaración de interés público o social de actos y usos en suelo rústico no previstos por el planeamiento de acuerdo con el artículo 79 de la Ley 4/2017, de 13 de mayo, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias:
A) No se encuentra prohibida por el planeamiento insular, siendo dicha instalación un acto de ejecución admisible como complejo con nivel de alcance 5 e intensidad 3, sobre suelo con zonificación Bb1.1, del PIO/GC definida en el artículo 33 de la sección citada como de muy alto valor agrario por su alto valor productivo actual y potencial, cuya implantación no está remitida a ningún condicionante derivado de la zonificación terrestre del PIOGC.
Analizado dicho proyecto, de acuerdo con los datos obrantes en este servicio, con la implantación del parque solar fotovoltaico, no se superan los límites considerados para la protección de las Áreas Agrícolas Estructurantes y las Reservas Agrarias Estratégicas identificadas por el planeamiento insular, considerando la valoración realizada del efecto acumulativo de la afección producida por otros parques tramitados con anterioridad y el margen de tolerancia existente con dichas limitaciones, de acuerdo con el contenido del IT-1 que obra en este expediente.
Su implantación no resultaría afectada por ninguna de las áreas delimitadas por la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, Hábitats de Interés Comunitario, Zonas de Especial Conservación (ZEC).
B) Que dicha instalación se ajusta a los requisitos establecidos por el artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de mayo, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, para poder acometer su consideración como uso, actividad o construcción de Interés Público o Social en base a las justificaciones contenidas en el informe elaborado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana sobre la declaración del interés público y social del proyecto, en el informe administrativo de inicio del presente expediente de este Servicio de Planeamiento y en la documentación presentada por el promotor de la iniciativa:
- Apreciar su carácter excepcional.
- Justificar su necesaria implantación en suelo rústico.
- Contribuir a la ordenación y el desarrollo rural.
- Integrase en actuaciones de interés público o social.
Que en el caso de que se apreciara el Interés Público o Social de dicha instalación, se propone que la preceptiva Declaración que lo respalde incorpore el siguiente contenido técnico:
- Se propone la incorporación de la ratificación de la compatibilidad de la actuación con la carta arqueológica del municipio y con las exigencias de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias como documento complementario al proyecto técnico necesario para la tramitación de la licencia municipal de obras.
- Se incorporen los condicionantes contenidos en el informe del Servicio de Patrimonio Histórico de este Cabildo.
- Para garantizar la compatibilidad del uso agrícola y de producción de energía renovable y hasta tanto el nuevo planeamiento territorial insular establezca parámetros concretos de compatibilidad, en este momento se considera necesario acreditar que la instalación cumpla con los siguientes criterios para su implantación:
a) Debe garantizarse el mantenimiento de las infraestructuras existentes de carácter hidráulico, de acceso, o de cualquier otro tipo, al servicio de la explotación agrícola.
b) Para la implantación y acceso de la instalación debe utilizarse preferentemente la red de caminos agrícolas existentes.
c) El porcentaje de ocupación de todas las infraestructuras de nueva creación (incluyendo plataformas de montaje, zonas de operación y otros elementos) no debe exceder del 10% de la superficie total del área estratégica considerada, ni del 15% de superficie cultivada de la misma. En el caso de que el Área Agrícola Estructurante y la Reserva Agraria Estratégica.”
- Con fecha 21 de abril de 2022, se emite certificado por el Jefe del Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, haciendo constar que consultado el soporte informático del Registro General de la Corporación y sus desconcentrados entre las fechas 11 de septiembre de 2021 y 18 de abril de 2022, en relación a la publicación del anuncio del trámite de información pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 109, de 10 de septiembre de 2021, relativo al proyecto “Instalación solar fotovoltaica ampliación Llanos de la Aldea I”, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, salvo error u omisión, no consta la presentación de alegaciones y/o reclamaciones al mismo.
A la vista del expediente administrativo, y de todo lo anteriormente expuesto, se realizan las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Títulos habilitantes en suelo rústico para usos, actividades y construcciones no ordinarios ni complementarios no previstos en el planeamiento.
El uso pretendido en la solicitud sobre suelo rústico no se ajusta a los usos, actividades y construcciones ordinarios establecidos en los artículos 59 y 60 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LSENPC), ni a los usos del artículo 61 del mismo cuerpo normativo en cuanto a usos complementarios.
Por tanto, es de aplicación el artículo 62 de la LSENPC y su disposición transitoria cuarta, en la que se recoge expresamente una excepción a la prohibición de autorizar usos de interés público o social en el suelo rústico de protección agraria.
En relación con las energías renovables, es de aplicación el artículo 72 de la LSENPC en la redacción vigente en el momento de la presentación de la solicitud en el Cabildo Insular, estableciendo que se podrán autorizar siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables.
Por último, a la vista de lo recogido en el artículo 58 de la LSENPC, todo acto de aprovechamiento y uso del suelo rústico también debe respetar las reglas contenidas en los apartados 1 y 2 del citado precepto.
a) Procedimiento para su otorgamiento y documentación preceptiva.
El artículo 77 de la LSENPC establece la regulación procedimental relativa a la autorización de los usos, actividades y construcciones en suelo rústico no previstos en el planeamiento, requiriéndose para su autorización por licencia de la previa declaración por el Cabildo Insular del interés público o social de la actuación y de su compatibilidad con el planeamiento insular, disponiendo que la regulación del procedimiento se encuentra recogida en el artículo 79 del mismo cuerpo legal en el caso de actos, construcciones y usos no ordinarios que carezcan de cobertura en el planeamiento.
El apartado primero del artículo 79 remite al artículo 78 a los efectos de determinar la documentación preceptiva que, como mínimo, debe tener la solicitud y los trámites a realizar por el Ayuntamiento, con carácter previo a solicitar al Cabildo Insular la declaración de interés público o social y la compatibilidad con el planeamiento.
Reglamentariamente, resulta asimismo de aplicación el artículo 29 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias (en adelante RIPLUC), en lo referente al procedimiento para el otorgamiento de licencias para actos y usos no ordinarios en suelo rústico no previstos en el planeamiento.
A la vista de los artículos 78 y 79 de la LSENPC y 29 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el RIPLUC, los trámites a realizar por los Ayuntamientos, antes de remitir la solicitud de declaración de interés público o social del Cabildo y la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular, son los siguientes:
1. Examen por parte de los Ayuntamientos de la documentación básica exigida como mínimo por los artículos 78.1 de la Ley 4/2017 y 29 del Decreto 182/2018, que con carácter previo ha presentado el particular y que asimismo debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa específica.
2. Emitirá informe sobre la conformidad con el planeamiento.
3. Admisión de la solicitud comprobados los anteriores extremos.
4. Recabar del Cabildo Insular la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 79.4 de la LSENPC, la declaración podrá ser condicionada cuando sea viable la iniciativa, pero con cambios en el proyecto. Asimismo, el artículo 29.4 del RIPLUC señala que, si se declara la ausencia de prohibición por el planeamiento insular y la concurrencia de interés público o social de la actuación, aunque condicionada a cambios en el proyecto, el Ayuntamiento continuará con la tramitación de la licencia, hasta su resolución, que deberá estar vinculada por los condicionantes establecidos por el Cabildo. En esta tramitación deberán someterse a la previa consideración de la persona solicitante los condicionantes establecidos por el Cabildo.
Por último, con respecto a la declaración expresa de prohibición o no en el planeamiento insular, el artículo 5.4 del PIO-GC dispone que “A los efectos de la emisión del informe de compatibilidad con las determinaciones del presente Plan, en los términos previstos en los apartados anteriores, la Administración correspondiente deberán remitir a este Cabildo la documentación relativa al Plan o proyecto que se esté tramitando y a las actuaciones administrativas habidas en el procedimiento”.
Por tanto, la solicitud que remitan los Ayuntamientos al Cabildo y a los efectos de determinar la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular, el propio PIO-GC establece la obligación de estos de remitir toda la documentación relativa al proyecto y las actuaciones administrativas habidas en el procedimiento. Lo que también se debe unir a los requisitos documentales exigidos por el artículo 78 de la Ley 4/2017 y artículo 29 del Decreto 182/2018.
b) Contenido sustantivo de la solicitud.
En cuanto al examen por parte de los Ayuntamientos de la documentación básica, a los efectos de su admisión, debe estarse no solo a la comprobación de la documentación exigida, sino también a la comprobación de los requisitos establecidos en el artículo 62 de la Ley 4/2017, debiendo contener la documentación de la solicitud que se remita al Cabildo, los extremos exigidos por dicho precepto y que son:
1. Carácter excepcional de la autorización.
2. Justificación del interés público o social de la actuación.
3. Contribuyan a la ordenación y al desarrollo rural o que deba situarse necesariamente en suelo rústico.
4. Que los requisitos sean justificados por el solicitante de la autorización.
• En base a Jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 5 Fecha: 19.5.2008 nº de Recurso: 2861/2004 y Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sección: 5 Fecha: 23.12.1996 nº de Recurso: 9229/1991), estos requisitos deben ser interpretados de la siguiente manera:
I. Que la autorización, en cuanto excepción a una norma general prohibitiva, ha de ser interpretada en sentido siempre restrictivo y tras haber quedado perfectamente acreditados aquellos requisitos en la solicitud.
II. La excepcionalidad supone una interpretación restrictiva de la utilidad pública o el interés social que implica que no pueda identificarse, sin más, con cualquier actividad industrial, comercial o negocial, en general, de la que se derive la satisfacción de una necesidad de los ciudadanos, ya que la extensión de la excepción legal a todo este tipo de instalaciones o actividades, supondría la conversión de la excepción en la regla general.
III. El interés público o social ha de estar vinculado o relacionado de algún modo, a través de la instalación o construcción, con este medio o ambiente rural en que son instalados o justificarse que deba situarse necesariamente en suelo rústico. En ambos casos se debe justificar con elementos objetivos y parametrizables respecto a la actuación concreta.
Una vez comprobado por parte de los Ayuntamientos que las solicitudes cumplen con los requisitos formales y sustantivos anteriormente expuestos, estos recabarán del Cabildo Insular, a través de la correspondiente solicitud, la declaración sobre la prohibición o no en el planeamiento insular y sobre el interés público o social, sometiéndose las actuaciones y el proyecto a información pública y audiencia de los interesados, así como a informe de las Administraciones afectadas y, solo en el caso de que sea favorable la declaración pública y no exista prohibición en el planeamiento insular, se continuará por parte del Ayuntamiento el procedimiento para el otorgamiento de la licencia, siguiéndose a continuación los trámites de la evaluación ambiental del proyecto de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley 4/2017.
Segunda.- De la adecuación e implantación del proyecto al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO/GC).
De acuerdo con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria en vigor (PIO/GC); aprobado definitivamente por Acuerdo del Consejo de Gobierno (Decretos 277/2003, de 11 de noviembre, y 68/2004, de 25 de mayo) y publicada su normativa en el Boletín Oficial de Canarias, en los nº 112, 113, 116, 118 y 120, este último con fecha 23 de junio de 2004; de acuerdo con el Plan Insular en vigor, resultan de aplicación tanto la Zonificación como el Régimen Básico de Usos contenidos en la Sección 6 (Zonificación y Régimen Básico de Usos), del Capítulo II (Zonificación, Régimen de Usos y Categorización del Suelo Rústico), del Tomo 1 (Normas Generales) del Volumen IV “Normativa del Plan”. El proyecto se plantea en su totalidad, en zona B.b.1.1. Zona “de muy alto valor agrario por su alto valor productivo actual y potencial” del PIO/GC.
De acuerdo con los apartados 1 y 2 de dicho artículo, la Zona Bb1.1 está integrada por áreas que constituyen “espacios agrícolas de alto valor productivo actual o potencial”. Se caracteriza por su mayor accesibilidad, mayores posibilidades de mecanización, y la mayor capacidad para el desarrollo de la agricultura intensiva, respecto al resto de las Zonas Bb1 identificadas por el PIO-GC (Bb1.2 y Bb1.3). “La finalidad de la ordenación será la protección y la potenciación de las zonas agrarias más productivas de la isla, preservándolas de los procesos de urbanización, así como de otros usos que no sean compatibles con la actividad agrícola”.
Los usos principales contemplados por el PIOGC para la zona Bb11 son los usos primarios agrícola y ganadero. Dentro de los usos compatibles está comprendido el de infraestructuras de acuerdo con la siguiente pormenorización:
INFRAESTRUCTURAS.
Energía.
Transporte y distribución de energía de acuerdo con lo establecido en la Sección 27 -Infraestructuras de Producción y Transporte de Energía, de Telecomunicaciones e Hidrocarburos- del presente Volumen.
Los aerogeneradores de autoconsumo, placas solares, etc. para el abastecimiento de los usos compatibles.
Los Parques Eólicos, en las zonas señaladas en la Sección 27 -Infraestructuras de Producción y Transporte de Energía, de Telecomunicaciones e Hidrocarburos de este Volumen.
Resulta por lo tanto un uso compatible con el régimen general de usos establecido por el PIO/GC para la zona Bb11.
a) Compatibilidad con los planes y normas de los Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000:
No hay interferencias ni con sus ubicaciones ni con sus determinaciones.
b) Afección por Planes Territoriales Especiales:
No se encuentran determinaciones que limiten o condicionen, el uso pretendido.
Afección al Patrimonio Histórico.
Consta informe del Servicio de Patrimonio Histórico emitido el 13 de octubre de 2021 sobre la incidencia sobre el Patrimonio Histórico Insular.
En virtud de todo lo anteriormente y de la aplicación de lo que establece el artículo 79 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, relativo al procedimiento de autorización de actuaciones que no cuenten con cobertura en el planeamiento, en relación con sus artículos 62, 63, 72 y 77, así como con el artículo 29 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, y con el requerimiento del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana acerca de la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular en el caso de este tipo de actuaciones, se concluye que el proyecto denominado “Instalación solar fotovoltaica ampliación Llanos de La Aldea I”, sito en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, sometido a la consideración de este Cabildo no se encuentra prohibido por el planeamiento insular.
Tercera.- Del interés público o social del proyecto.
Ni la vigente Ley del Suelo, ni ningún otro texto legal, contempla una definición expresa de los términos “interés público” e “interés social”. En los distintos textos legales vigentes, las referencias a dichos términos aparecen vinculadas a aquellas actuaciones que afectan al interés general y en consecuencia redundan en beneficio de la colectividad.
Ambas expresiones, “interés público” e “interés social”, forman parte del conjunto de conceptos jurídicos indeterminados que existen en nuestro Derecho, por cuanto no admiten una cuantificación o determinación, pero en todo caso, debe ser precisado en el momento de la aplicación.
En el caso que nos ocupa y en orden a identificar algunos parámetros que permitan al órgano competente declarar dicho interés, cabe indicar lo siguiente:
- El propio PIOGC establece que se debe prestar suficiente apoyo a los proyectos relacionados con el desarrollo y utilización de energías renovables.
- Vinculada al uso agrario, la utilización de energías renovables supone complementar una renta que coadyuve al mantenimiento de dicha actividad.
Cuarta.- Órgano insular competente para la declaración sobre la prohibición o no en el planeamiento insular y sobre la declaración del interés público o social.
La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, no determina en ninguno de sus preceptos el órgano competente para declarar el interés público o social, existiendo un vacío legal al respecto.
Por otro lado, habida cuenta del dispongo segundo, punto 4, del acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, de 31 de julio de 2019, de delegación de competencias en la Sra. Consejera competente en materia de Política Territorial:
“Segundo.- Se delega de forma específica, en los siguientes Sres./Sras. Consejeros Titulares de las respectivas Consejerías de Gobierno y Consejerías de Área, las siguientes funciones: en la Sra. Consejera competente en materia de Política Territorial: las competencias de este Consejo de Gobierno Insular relativas a la resolución de las calificaciones territoriales y de los proyectos de actuación territorial de pequeña dimensión o escasa trascendencia territorial, excepto la determinación del interés público y/o social de los referidos proyectos de actuación territorial”; se considera, por analogía, que la declaración del interés público o social de los usos, actividades y construcciones en suelo rústico, corresponde al Consejo de Gobierno Insular.
El Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad,
ACUERDA:
Primero.- Declarar que conforme a las conclusiones del informe técnico de fecha 23 de marzo de 2022, emitido por el Área Técnica del Servicio de Planeamiento, el proyecto denominado “Instalación Solar Fotovoltaica Ampliación de los Llanos de la Aldea I”, promovida por la entidad “Bencomia del Risco, S.L.” en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, sometida a la consideración de este Cabildo en la zona Bb11 del PIO/GC identificada en el expediente, no se encuentra prohibido por el planeamiento insular.
Segundo.- Declarar el interés público del proyecto denominado “Proyecto de ejecución de la instalación solar fotovoltaica ampliación Llanos de la Aldea I”, promovida por la entidad “Bencomia del Risco, S.L.” sita en la parcela con número de referencia catastral 35020A010000090000EW, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, sometido a la consideración de este Cabildo en el procedimiento de declaración de interés público o social de actos y usos en suelo rústico no previstos por el planeamiento de acuerdo con el artículo 79 de la Ley 4/2017, de 13 de mayo, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, dado que el propio PIOGC establece que se debe prestar suficiente apoyo a los proyectos relacionados con el desarrollo y utilización de energías renovables y que, vinculada al uso agrario, la utilización de energías renovables supone complementar una renta que coadyuve al mantenimiento de dicha actividad.
Tercero.- Incorporar el siguiente contenido técnico a las anteriores declaraciones del interés público o social de la instalación “Solar fotovoltaica ampliación Llanos de la Aldea I” por el Consejo de Gobierno Insular, conforme lo dispuesto en el artículo 29.4 del RIPLUC, como resultado de los informes sectoriales obrantes en el expediente:
- Se propone la incorporación de la ratificación de la compatibilidad de la actuación con la carta arqueológica del municipio y con las exigencias de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias como documento complementario al proyecto técnico necesario para la tramitación de la licencia municipal de obras.
- Se incorporen los condicionantes contenidos en el informe del Servicio de Patrimonio Histórico de este Cabildo.
- Para garantizar la compatibilidad del uso agrícola y de producción de energía renovable y hasta tanto el nuevo planeamiento territorial insular establezca parámetros concretos de compatibilidad, en este momento se considera necesario acreditar que la instalación cumpla con los siguientes criterios para su implantación:
a) Debe garantizarse el mantenimiento de las infraestructuras existentes de carácter hidráulico, de acceso, o de cualquier otro tipo, al servicio de la explotación agrícola.
b) Para la implantación y acceso de la instalación debe utilizarse preferentemente la red de caminos agrícolas existentes.
c) El porcentaje de ocupación de todas las infraestructuras de nueva creación (incluyendo plataformas de montaje, zonas de operación y otros elementos) no debe exceder del 10% de la superficie total del área estratégica considerada, ni del 15% de superficie cultivada de la misma. En el caso de que el Área Agrícola Estructurante y la Reserva Agraria Estratégica.
Cuarto.- Notificar este Acuerdo a los interesados y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, no siendo este acuerdo susceptible de recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.7 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias.”
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de 2022.- La Consejera de Área de Política Territorial y Paisaje, Inés Miranda Navarro.
© Gobierno de Canarias