I. ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por Orden de 30 de julio de 2008, de la extinta Consejería de Obras Públicas y Transportes, se delega en el entonces Viceconsejero de Infraestructuras y Planificación, la aprobación de los planes de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de carreteras y de las modificaciones que se produzcan en el transcurso de las mismas, cuya cuantía exceda de 700.000,00 euros (BOC nº 195, de 29.9.2008).
Segundo.- Las disposiciones específicas de seguridad y salud durante las fases de proyecto y ejecución de las obra se encuentran reguladas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, estableciendo en su artículo 4 las obras en las que hay que redactar obligatoriamente el estudio de seguridad y salud o el estudio básico de seguridad y salud.
Tercero.- Conforme al artículo 7 del citado Real Decreto, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o en el estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.
Así mismo, el plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del apartado 2.
Cuarto.- El artículo 6, apartado 7 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda aprobado por Decreto 63/2020, de 2 de julio, establece entre las funciones y atribuciones que con carácter general corresponde al titular del Departamento, «Aprobar los estudios y proyectos de obras relativos a actuaciones en las materias propias de la Consejería».
Quinto.- Al emanar los Planes de Seguridad y Salud de los estudios de seguridad y salud o en el estudio básico que requieren los Proyectos de obra, se entiende que el órgano que aprueba estos, es el competente, así mismo, para la aprobación de los Planes de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras así como de las modificaciones que se produzcan en el transcurso de las mismas, al ser los órganos competentes para la adjudicación del contrato.
Sexto.- La Dirección General de Infraestructura Viaria, conforme al artículo 16, apartado 2 del Reglamento Orgánico del Departamento, es órgano de contratación respecto de las materias que se le encomiendan en el presente Reglamento, hasta un límite de 300.000,00 euros, por lo que como órgano competente para la adjudicación del contrato, le corresponde la aprobación de los Planes de Seguridad y Salud.
Séptimo.- Teniendo en cuenta el elevado número de expedientes de contratación que se tramitan en el Departamento, razones de índole técnica y territorial, aconsejan arbitrar un mecanismo para delegar las funciones de aprobación de los Planes de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras y de las modificaciones que se produzcan en el transcurso de la ejecución de las mismas de los contratos de obras cuya cuantía exceda del límite señalado con anterioridad.
Octavo.- Dado el número de obras que se vienen ejecutando en materia de carreteras cuyo importe excede ampliamente del límite señalado y al objeto de facilitar la gestión que conlleva la ejecución de las mismas y la resolución de las incidencias que puedan producirse durante su ejecución, en aras del principio de celeridad y eficacia administrativa, posibilitando con ello, una mayor agilidad en su tramitación, es preciso delegar el ejercicio de la competencia que actualmente ostenta el Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Departamento para aprobar los Planes de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras así como, las modificaciones que se produzcan en el transcurso de las mismas, cuya cuantía exceda de 300.000,00 euros, en el titular de la Dirección General de Infraestructura Viaria.
A los citados antecedentes, resultan de aplicación los siguientes
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula en su artículo 9 la delegación del ejercicio de las competencias, estableciendo en su apartado 1 y siguientes que "Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquellas". "Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante".
Al respecto, el apartado 3 del artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, prevé que el ejercicio de las competencias propias pueda ser delegado en el órgano que, por la aplicación del principio de eficacia, sea más idóneo para ello.
Segundo.- La delegación del ejercicio de una competencia podrá revocarse en cualquier momento por el órgano que la haya conferido, con arreglo al apartado 6 del artículo 9 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Tercero.- Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de este conforme establece el apartado 3 del citado artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
En análogo sentido se expresa el apartado 5 del artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio.
Cuarto.- Así mismo, el órgano delegante podrá, en cualquier momento, avocar para sí el conocimiento de un asunto concreto, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, conforme a lo previsto en el artículo 10 de la referida Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en el aparto 4 del artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio.
Quinto.- El titular del Departamento ostenta la competencia para firmar en nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias los contratos y convenios relativos a sus Departamentos, de acuerdo con el artículo 29.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, pudiendo ser dichas facultades objeto de delegación.
Sexto.- El artículo 6, apartado 7 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, aprobado por Decreto 63/2020, de 2 de julio, establece entre las funciones y atribuciones que con carácter general corresponde al titular del Departamento, «Aprobar los estudios y proyectos de obras relativos a actuaciones en las materias propias de la Consejería».
Séptimo.- La Dirección General de Infraestructura Viaria, conforme al artículo 16, apartado 2 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, aprobado por Decreto 63/2020, de 2 de julio, es órgano de contratación respecto de las materias que se le encomiendan en el presente Reglamento, hasta un límite de 300.000,00 euros.
Octavo.- Dado que las facultades de contratación se encuentran desconcentradas en los distintos órganos superiores que conforman el Departamento, y que la aprobación de los Planes de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras así como, de las modificaciones que se produzcan en el transcurso de las mismas, le corresponde a los órganos competentes para la adjudicación del contrato, pudiendo ser ampliado, por vía de delegación mediante Orden, el límite cuantitativo como órgano de contratación de la Dirección General de Infraestructura Viaria.
En su virtud, en ejercicio de las competencias que tengo atribuidas, y en cumplimiento de las demás normas de general y pertinente aplicación
R E S U E L V O:
Primero.- Revocar y dejar sin efecto la delegación de competencias efectuadas en virtud de la Orden de 30 de julio de 2008, de la extinta Consejería de Obras Públicas y Transportes, por la que se delega en el entonces Viceconsejero de Infraestructuras y Planificación, la aprobación de los planes de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de carreteras y de las modificaciones que se produzcan en el transcurso de las mismas, cuya cuantía exceda de 700.000,00 euros (BOC nº 195, de 29.9.2008).
Segundo.- Delegar en el órgano superior del Departamento, la Dirección General de Infraestructura Viaria, la competencia para la aprobación de los planes de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de carreteras y de las modificaciones que se produzcan en el transcurso de las mismas, cuya cuantía exceda de 300.000,00 euros.
Tercero.- En todas las resoluciones que se dicten en el ejercicio de la delegación de competencias conferidas por esta Orden, y que se entienden dictadas por el órgano delegante, deberá hacerse constar expresamente tal circunstancia, con mención a su fecha y publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Cuarto.- Las delegaciones contenidas en esta Orden se adoptan sin perjuicio de las facultades de avocación y revocación que ostenta el órgano delegante, de conformidad con la normativa vigente.
Quinto.- Ordenar la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.
Sexto.- La presente Orden surtirá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de julio de 2021.
EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y VIVIENDA,
Sebastián Franquis Vera.
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