BOC - 2021/158. Lunes 2 de Agosto de 2021 - 3675

III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial

3675 - Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica.- Resolución de 22 de julio de 2021, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, de 21 de julio de 2021, relativo a la delegación en la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica de diversas competencias que corresponden a dicha Comisión como Órgano Ambiental en materia de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.

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En aplicación de la legislación vigente, por la presente,

R E S U E L V O:

Dar publicidad, en el Boletín Oficial de Canarias, al Acuerdo de la Comisión Autonómica Evaluación Ambiental, de fecha 21 de julio de 2021, relativo a la delegación en la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica de diversas competencias que corresponden a dicha Comisión como Órgano Ambiental en materia de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 2021.- El Viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, Miguel Ángel Pérez Hernández.

ANEXO

La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el día 21 de julio de 2021, adoptó, por mayoría, entre otros, el siguiente Acuerdo:

El artículo 11 del Reglamento del Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, aprobado mediante Decreto 13/2019, de 25 de febrero (BOC nº 49, de 12.3.2019), indica que le corresponde a la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental actuar como órgano ambiental "en relación con los planes, programas y proyectos de competencia de la Administración Autonómica, así como los casos en que, previo convenio, desempeñe esa función respecto de planes, programas o proyectos de competencia insular o municipal"; y que "En tanto que órgano ambiental, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental desempeñará las tareas que la legislación básica y la autonómica asignan a esta clase de órgano".

Dentro de esta actuación como órgano ambiental pueden distinguirse múltiples tareas dirigidas al mero impulso y tramitación de los expedientes de evaluación de impacto ambiental, ordinaria o simplificada, y que culminarán, en su caso, con la emisión por parte del órgano ambiental de una declaración o de un informe de impacto ambiental. Pero igualmente, se vienen tramitando otros procedimientos previstos en la normativa básica estatal en materia de evaluación ambiental que sin ser propiamente los conducentes a la emisión de una declaración o de un informe de impacto ambiental, requerirían también de una tramitación más ágil que la que viene proporcionándose hasta ahora, so pena de retrasar la adecuada ejecución de muchos proyectos, públicos y privados, beneficiosos para el conjunto de la sociedad, por motivos simplemente organizativos o estructurales.

Para ello, y teniendo en cuenta la naturaleza de órgano colegiado de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, se hace preciso tener en cuenta las previsiones del artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula de forma detallada la figura de la delegación; así como el artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, que prevé la posibilidad de delegar competencias en el órgano que, por aplicación del principio de eficacia, sea más idóneo para ello.

A estos efectos, partiendo de la práctica administrativa que viene acumulándose desde la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por parte del Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, consideramos necesario proponer ahora la delegación de algunas competencias que en su momento no fueron delegadas por el anterior Acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de 20 de mayo de 2019 (BOC nº 115, de 18.6.2019).

En particular, nos referimos a la realización de algunas funciones vinculadas a los procedimientos de modificación y prórroga de las declaraciones o informes de impacto ambiental; a las evaluaciones ambientales de proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa; así como al mecanismo de exención, que no exclusión, previsto en el artículo 174 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos.

En los dos primeros casos, se trata de actuaciones de tramitación que la norma estatal atribuye al órgano ambiental y cuya realización debe acometerse en breves plazos; mientras que en el supuesto del procedimiento previsto en la norma autonómica, consiste en una suerte de comprobación previa que permite asegurarse de que un determinado proyecto no se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley de evaluación ambiental y que por tanto no procede ni se justifica que se inicie un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, circunstancia que viene afectando a muchas actuaciones de pequeño calado o escasa dimensión.

Por otro lado, la nueva denominación de la Viceconsejería de Medio Ambiente y su sustitución por la actual Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, de acuerdo con el nuevo reglamento orgánico departamental aprobado por Decreto 54/2021, de 27 de mayo, provoca que las referencias expresas que se hicieron en aquel primer acuerdo de delegación hayan quedado obsoletas, resultando preciso, por motivos de seguridad jurídica, actualizar también la redacción del mismo.

De otra parte, puede afirmarse que se siguen manteniendo las mismas circunstancias que justificaron tal delegación en su día, más aún si cabe dado el ingente número de expedientes de evaluaciones ambientales de proyectos que se tramitan actualmente en el antes citado Servicio de Impacto Ambiental.

A mayor abundamiento, el artículo 11.2 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa, impulsa la racionalización, simplificación y reducción de cargas en los procedimientos administrativos y para ello promueve, entre otras medidas, la utilización de técnicas administrativas específicas de delegación y desconcentración de funciones con la finalidad de reducir los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos.

Resulta evidente que el paso de un órgano colegiado como es la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental a otro unipersonal como lo es esta Viceconsejería, como encargado de realizar toda esta serie de trámites (entre ellos, requerimientos de subsanación, consultas, informaciones públicas o solicitudes de informes) supondrá un avance significativo en la reducción de los plazos de tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos autonómicos o derivados de convenios con entidades locales, en la línea marcada por el señalado Decreto 48/2009.

En atención a cuanto antecede, se estima que el modo de proceder más acertado desde el punto de vista de la técnica jurídica, por razones de seguridad jurídica, consiste primeramente en revocar y dejar sin efecto el nombrado Acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de 20 de mayo de 2019 (BOC nº 115, de 18.6.2019), relativo a la delegación del ejercicio de determinadas competencias de tramitación en materia de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos por parte de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental en la Viceconsejería de Medio Ambiente; y en segundo lugar, de acuerdo con los principios de eficacia y celeridad en la tramitación administrativa, efectuar una nueva delegación en favor de la persona titular de la actual Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, en los términos ya expresados.

En su virtud, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental acordó:

Primero.- Revocar y dejar sin efecto el Acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de 20 de mayo de 2019, relativo a la delegación del ejercicio de determinadas competencias en materia de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos por parte de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental en la Viceconsejería de Medio Ambiente (BOC nº 115, de 18.6.2019).

Segundo.- Delegar en la persona titular de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica el ejercicio de las siguientes competencias en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos, y que le corresponden a esa Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental como órgano ambiental:

1. Realizar el trámite facultativo de consultas previas para la determinación del alcance y contenido del estudio de impacto ambiental.

2. Realizar el inicio, ordenación e instrucción de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos, en sus modalidades ordinaria y simplificada.

3. Resolver la terminación anormal de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos cuando estos finalicen por desistimiento, renuncia al derecho en que se funde la solicitud, declaración de caducidad e imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, de conformidad con las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o texto legal que la modifique o sustituya.

4. Resolver la finalización anticipada de la evaluación ordinaria de impacto ambiental de proyectos como consecuencia de la no realización o deficiente cumplimentación por parte del órgano sustantivo o del promotor, según proceda, de las obligaciones derivadas de los trámites de información pública y/o de consultas, de conformidad con las previsiones de la legislación estatal básica en materia de evaluación ambiental.

5. Resolver la finalización anticipada de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos en su modalidad ordinaria y simplificada, como consecuencia de la carencia de informes preceptivos o de elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación ambiental, según prevé la legislación estatal básica en materia de evaluación ambiental.

6. Tramitar y resolver los expedientes de exención de la evaluación de impacto ambiental de proyectos, con arreglo a las previsiones del artículo 174 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos, o texto legal que la modifique o sustituya.

7. Tramitar y resolver los expedientes de modificación y de prórroga de las declaraciones o informes de impacto ambiental.

8. Tramitar y resolver los expedientes de evaluación de impacto ambiental, en sus modalidades ordinaria y simplificada, de proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa.

9. Tramitar y resolver la inadmisión de la solicitud de inicio de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos en sus modalidades ordinaria y simplificada, regulada en la legislación estatal básica en materia de evaluación ambiental.

10. Resolver la inadmisión de las solicitudes de modificación de la declaración de impacto ambiental, en los términos de la legislación estatal básica en materia de evaluación ambiental.

11. Acumular procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o texto legal que la modifique o sustituya.

12. Adoptar las medidas de control del cumplimiento y seguimiento del condicionado ambiental de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, mediante la petición de información y la realización de las comprobaciones necesarias, en la forma que determina la legislación estatal básica en materia de evaluación ambiental.

13. Formular el requerimiento al órgano sancionador competente en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos para que acuerde la suspensión de la ejecución del proyecto de que se trate y, en su caso, la adopción de otras medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, de conformidad con la legislación estatal básica en materia de evaluación ambiental.

14. La instrucción y tramitación de la solicitud de resolución de discrepancias hasta su elevación al órgano ambiental, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en relación con la evaluación de impacto ambiental de proyectos.

Tercero.- Las actuaciones que fueran realizadas por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se entenderán realizadas por el órgano delegante, debiéndose hacerse constar expresamente tal circunstancia, con mención a su fecha y publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Cuarto.- Salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse en otros órganos las competencias que se ejerzan por delegación.

Quinto.- Estas delegaciones se podrán avocar por parte de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental para sí, en cualquier momento, para el conocimiento de un asunto concreto, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica, medioambiental o territorial, lo hagan conveniente. Asimismo, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental podrá revocar con carácter general y en cualquier momento las funciones delegadas mediante el acuerdo que en su caso se adopte.

Sexto.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias y notificarlo a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica.- El Secretario de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, Ariel Martín Martín.



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