Anuncio relativo a la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el Interés Público y Social de la actuación denominada "Ecocamping en El Cotillo", en el término municipal de La Oliva, a instancia de Juan Carlos Umpiérrez Díaz, por medio de la resolución CAB/2020/4142, transcrita parcialmente en los términos establecidos por el artículo 79.6 de la Ley del Suelo de Canarias (esto es, la motivación de la declaración del interés público y social).
ANTECEDENTES DE HECHO
"(...)
FUNDAMENTOS DE DERECHO
(...)
Séptimo.- El artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LS), señala:
"Artículo 62 Usos, actividades y construcciones de interés público o social.
1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.
(...)
4. Los usos turísticos comprenden los establecimientos turísticos, alojativos y no alojativos, así como los equipamientos complementarios, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación sectorial específica, salvo aquellos que sean admisibles como complementarios de usos ordinarios.
5. Los usos dotacionales, de equipamiento y de servicios comprenden cuantas instalaciones sean necesarias para la prestación de servicios de interés general o de interés social como las instalaciones para la seguridad y la defensa, las docentes y las científicas, las asistenciales, las funerarias y otras similares. Igualmente, las áreas y las estaciones de servicio, así como las instalaciones deportivas que no tengan carácter de uso ordinario específico.
6. Con carácter general, los usos a que se refieren los apartados anteriores comprenderán las construcciones e instalaciones que los caractericen de acuerdo con la presente ley y la legislación sectorial correspondiente".
De la lectura del apartado primero, del citado artº. 62 se colige, que con carácter excepcional se podrán autorizar los usos turísticos y los dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento, de ahí que en el proyecto presentado y en el informe técnico insular obrante (apartado 2.3) se reconozca:
"2.3.- Visto el proyecto remitido, con respecto a lo expuesto en el apartado anterior se comprueba que:
- suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria. El suelo objeto de actuación se localiza en suelo rústico común, por lo tanto no es suelo ni de protección ambiental ni de protección agraria.
- usos turísticos, el uso pretendido es de camping para casetas o caravanas, estando a su vez dentro la matriz de usos y actividades del plan insular en el apartado de ocio y esparcimiento.
- que se integren en actuaciones de interés público o social: se ha de tener en cuenta el aumento de población que ha sufrido la isla, lo que hace que a la población local se sume la de visitantes que quieren acampar y no encuentran ninguna zona preparada y autorizada a tal efecto en la isla, que se acentúa en esa zona por el atractivo de esa costa noroeste, donde a su vez se ha venido realizando desde hace más de 20 años acampadas a pie de playa, independientemente de la oferta turística que haya en la zona urbana del Cotillo.
Además en el documento presentado se justifica:
"(...) La creciente demanda de actividades de tiempo libre en la naturaleza sitúa a las ZEPAS como destinos privilegiados del ocio y el turismo, y representa una fuente de rentas alternativa. El aprovechamiento de esta potencialidad implica el desarrollo de servicios de uso público, nuevas infraestructuras de servicios, fomento de un turismo de naturaleza basado en alojamientos rurales, servicios de visitas guiadas o actividades de turismo activo.
Para ello es fundamental la cooperación entre los gestores y propietarios de los espacios, pues son los que organizan el uso público, y los empresarios de turismo, que son los que acogen a los turistas.
Los visitantes de un espacio protegido tienen unas necesidades básicas como son acceder al espacios, actualmente lo hacen por sí misma ZEPA, pero lo ideal o lo que se pretende es que el turista o visitante en esta ZEPA se informe sobre cómo es y qué pueden hacer durante su visita, disponer de zona de esparcimiento y acogida, desplazarse con seguridad por su interior, conocer sus valores naturales y qué beneficios proporcionan, y comprender cómo se conserva o se usa de forma sostenible para que en el futuro se pueda disfrutar del lugar en las mismas condiciones que cuando fue declarado.
Para ello, se debe realizar un Proyecto en un entorno rural. Un proyecto de alojamiento y recreo rural, el cual contará de dos partes bien delimitadas, la privada que supondrá el alojamiento en el campamento y otras partes de uso público, que serán el conjunto de equipamientos, actividades y servicios que prestara el promotor a la administración del espacio, para acercar a los visitantes a sus valores naturales y rurales, de una forma ordenada y segura, que garantice la conservación y difusión de estos valores mediante un Proyecto en el medio rural de Fuerteventura, orientado hacia un tipo de turismo alternativo, turismo ornitológico (...)".
"(...) El objeto de la Declaración del Interés público o social para la implantación del equipamiento y actividades vinculadas al presente Eco-Camping deriva de la situación rural en la implantación de dicho equipamiento.
A pesar que este tipo de equipamiento está permitido y por tanto, tiene cobertura en el planeamiento en vigor, tanto en el planeamiento municipal, como en el insular, lo cierto es que la actividad a implantar supone actos y usos no ordinarios del presente Suelo Rústico y que además, en dicho planeamiento no cuenta con el grado de precisión suficiente para permitir su ejecución sin la declaración del interés público o social por la Administración pública competente (...)".
- Que deban situarse necesariamente en suelo rústico. En primer lugar hay que tener en cuenta que en Canarias, por su carácter insular, se cuenta con gran longitud de costa respecto de otros lugares, lo que hace que los camping o zonas de acampadas siempre estén vinculadas a la costa y en concreto zonas de playas, lo que explica su proximidad a la costa. Partiendo de ahí, dadas las características de esta instalación que necesita de una superficie de unos 13.000 m2 para poder dejar espacios para las casetas o las caravanas, así como para los servicios mínimos necesarios, no es viable en suelo urbano, ni en urbanizable, además de que se perdería el sentido del Ecocamping al no haber contacto con la naturaleza en el suelo urbano. En este caso además la superficie del terreno es prácticamente plana, y las instalaciones son modulares y prefabricadas, lo que les da el carácter de fácilmente desmontables.
Además en el documento técnico se expone lo siguiente al respecto: "El campamento ecológico enmarcado como proyecto económico, se desarrolla cercano a la costa para potenciar los valores naturales con las actividades que se desarrollan in situ."
"Este Ecocamping es un Proyecto de campamento especializado para el Turismo Ornitológico/Deportivo, que supondrá un nuevo complemento a la estrategia que la sociedad turística y poblacional de la isla de Fuerteventura viene desarrollando en la actualidad, en relación con el trabajo realizado en el sector del turismo de naturaleza o ecoturismo.
Este proyecto forma parte de la modalidad de ecoturismo ornitológico, pero entendemos que el concepto es mucho más amplio que su término de designación, pues las aves y sus hábitats, plantean, básicamente, su observación y disfrute, pero también el conocimiento e interpretación de sus interrelaciones con el medio, con el ser humano y con el aprovechamiento que este hace de los recursos naturales."
Por otro lado, se expone en documento técnico que cuenta ya en la misma parcela con enganche de agua potable y para el resto de los servicios emplea energías limpias (renovables), siendo el proyecto 100% autosuficiente, lo que evita la afección al suelo que supondría las conexiones a las redes.
- Uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento. A la vista del informe municipal así como del Plan Insular, este uso no está expresamente prohibido, es más, está recogido como actividad a potenciar en el suelo rústico en la normativa del Plan Insular.
Octava.- El artículo 70 de la LS recoge que:
"1. En el suelo rústico común, tanto ordinario como de reserva, será posible cualquier uso y actividad ordinaria, con sus correspondientes construcciones e instalaciones de carácter provisional.
2. En particular, en el suelo rústico común ordinario se podrán localizar, además, aquellos usos y actividades que no sean admisibles en otras categorías, pero que, por sus características y funcionalidad, deban implantarse en suelo rústico, con construcciones e instalaciones tanto provisionales como permanentes."
En este caso tanto los módulos a instalar como las casetas o caravanas que ocupen el camping serán de carácter fácilmente desmontables, conforme a las características de las mismas que se exponen en el proyecto.
Novena.- En el artículo 74 de la LS, el régimen de los títulos habilitantes para el otorgamiento de usos, actividades y construcciones en suelo rústico, reconoce:
"Artículo 74. Usos, actividades y construcciones en suelo rústico.
1. Cualquier uso, actividad o construcción ordinario en suelo rústico está sujeto a licencia municipal, o, cuando así esté previsto, a comunicación previa, salvo aquellos exceptuados de intervención administrativa por esta ley, sin perjuicio, en su caso, de la obligación de recabar los informes que sean preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial que resulte aplicable.
2. Los usos, actividades o construcciones en suelo rústico, distintos de los anteriores, requerirán la determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento, en su caso, de licencia municipal.
3. Los proyectos de interés insular o autonómico promovidos por las administraciones públicas se someterán a su régimen específico, sin que precisen de licencia municipal."
El citado precepto diferencia los usos, actividades y construcciones con cobertura en el planeamiento (apartado 1), de los actos y usos no ordinarios en suelo rústico que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento (apartado 2), estableciéndose en este último caso, que en estos supuestos se requiere la previa declaración por el cabildo insular del interés público o social de la actuación con carácter previo a la licencia municipal.
Continúa el artículo 77 determinando la regulación de los usos, actividades y construcciones en suelo rústico no previstos en el planeamiento:
"Artículo 77.- No previsto en el planeamiento.
1. Cuando los actos, construcciones y usos no ordinarios carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o el grado suficiente de detalle, su autorización por licencia requiere de la previa declaración, por el cabildo insular, del interés público o social de la actuación y de su compatibilidad en su caso, con el planeamiento insular sin perjuicio de los restantes informes sectoriales que sean legalmente exigibles.
2. El procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el previsto en el artículo 79 de esta ley."
En este sentido, las Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas definitivamente en virtud de Acuerdo de la COTMAC de fecha 23 de mayo de 2000, completando los anteriores acuerdos de aprobación definitiva parcial adoptados por la COTMAC en sesiones celebradas con fecha 29 de julio de 1999 y 9 de marzo de 2000 (BOC de 16.8.00, publicándose su normativa íntegra en el BOP Las Palmas nº 156, de 29.12.00), la actuación que se plantea se localiza en Suelo Rústico Común, y conforme al certificado del informe del técnico municipal de fecha 27 de mayo de 2019, se constata que la actividad de Camping, se encontraría entre las actividades permitidas en Suelo Rústico Común, de acuerdo a la implantación del Proyecto concreto de Ecocamping.
Por otro lado, conforme al informe técnico insular, la actuación se localiza por un lado en Zona C/suelo rústico Común, según el Plan insular vigente al que se fijan las siguientes determinaciones (artículo 102 a), determinación vinculante (DV), de la normativa del PIOF:
"ZC-SRC Zona C.
Condiciones Generales:
Se podrán autorizar equipamientos, construcciones e instalaciones de interés general, entre las que se consideran, como edificación singular nueva:
* Equipamientos y dotaciones de uso público.
* Construcciones necesarias para el funcionamiento de infraestructuras de uso público.
* Explotaciones agrarias y ganaderas de entidad.
Actividades a potenciar: regeneración del paisaje, recreo concentrado, camping, agricultura innovadora (cultivos bajo malla, industrias agrarias), crecimiento de asentamientos rurales.
Actividades sometidas a limitaciones específicas: caza, circulación con vehículos todo terreno, edificaciones de uso ganadero, edificaciones anexas a las explotaciones agrarias, actividades extractivas y vertederos, urbanización, usos industriales, autovías y carreteras, líneas subterráneas, instalaciones puntuales. Las actividades extractivas en suelo C, tendrán que realizar un Estudio de Impacto Ecológico para cualquier incremento de su actividad y recuperar las condiciones topográficas y reposición de la cubierta vegetal de dicha actividad al vencimiento de los plazos establecidos.
Actividades prohibidas: tendidos aéreos y vivienda o uso residencial (...)"
Por tanto, la actuación que se pretende por un lado no se encuentra expresamente prohibida por el planeamiento, sino que se recoge dentro de las actividades a potenciar en el suelo rústico común, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.a) de su normativa.
Y por otro, con respecto al Decreto 55/2003, de 30 de abril, por el que se aprueban definitivamente las determinaciones relativas a la ordenación de la actividad turística del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, conforme a la redacción dada por el Texto consolidado de la normativa vigente del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y Plan de Ordenación de los recursos Naturales (PIOF-PORN) relativo a la toma en consideración de las determinaciones urbanísticas derogadas del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en aplicación de la Disposición derogatoria única.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo (publicado en el BOC de 21.9.18), el área a ocupar por la actuación dentro de la parcela se encuentra dentro de una zona turística que se corresponde con la zona turística A-Cotillo.
Por lo que puede afirmarse que no existe prohibición expresa en el PIOF-PORN, así como que, el uso pretendido aparece reconocido dentro de los usos a potenciar sin que haya ordenación pormenorizada para ello, es decir se constata la falta de grado suficiente de detalle, por lo que como conclusión, para la autorización por licencia urbanística del proyecto solicitado, se precisa la previa declaración por el Cabildo Insular del interés público o social de la actuación, y de su no prohibición en el planeamiento insular, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el artículo 79 LS.
Décima.- De conformidad con lo anterior, es necesario analizar el "interés público o social del proyecto", y para ello la vigente Ley del Suelo, no contempla una definición expresa de los términos "interés público" e "interés social". En los distintos textos legales vigentes, las referencias a dichos términos aparecen vinculadas a aquellas actuaciones que afectan al interés general y en consecuencia redundan en beneficio de la colectividad. Ambas expresiones, "interés público" e "interés social", forman parte del conjunto de conceptos jurídicos indeterminados que existen en nuestro Derecho, por cuanto no admiten una cuantificación o determinación, pero en todo caso, debe ser precisado en el momento de la aplicación.
La aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados, en cada caso concreto impone una única solución correcta (existe o no existe utilidad pública), se trata o no se trata de un justo precio, o en el caso concreto que nos ocupa, existe o no existe el interés público o social.
No obstante nos encontramos además ante una potestad discrecional del órgano competente y por tanto estamos ante una valoración realizada por la Administración (el citado órgano) en el ejercicio de dicha potestad en el que necesariamente habrán mediado criterios extrajurídicos, que suponen una libertad de elección entre alternativas igualmente justas; que implica que se dispone de un cierto margen de apreciación valorativo, para elegir entre las distintas opciones de planificación, debiendo elegirse al Cabildo Insular de Fuerteventura que mejor considere que cumple los intereses generales, discrecionalidad que esencialmente debe ser racional, lógico y sobre todo respetar los límites legalmente establecidos, por ello el órgano competente deberá justificar debidamente dentro del marco de esa discrecionalidad la decisión que mejor obedece a los intereses generales afectados, confirmándose la idoneidad, eficacia, incluso la eficiencia de tal decisión.
En el caso que nos ocupa y en orden a identificar los parámetros o motivos que puedan permitir al órgano competente declarar dicho interés, es preciso analizar el marco normativo específico que resulta de aplicación y es por ello que cabe citar el preámbulo (apartado VIII, intitulado: en particular, la ordenación y utilización del suelo rústico) de la LS cuando se refiere a los usos de interés público o social en los siguientes términos:
"(...) En materia de regulación del suelo rústico, el otro cambio relevante se produce en relación con los instrumentos o técnicas de intervención administrativa sobre las construcciones, las instalaciones y los usos que en el mismo se realicen. La ley parte de la diferencia que formula la legislación básica entre usos ordinarios y usos de interés público y social. Los usos ordinarios son aquellos conformes con el destino o vocación natural del suelo rústico (incluyendo, claro está, su aprovechamiento agrícola y ganadero), también merecen esta calificación los usos deportivos al aire libre con instalaciones desmontables. Los usos de interés público y social se refieren a actuaciones ajenas a ese destino, aun cuando su localización en el ámbito rural sea adecuada por contribuir a su desarrollo (es el caso de las construcciones turísticas, industriales o de servicios). Se trata de usos que, en la legislación hasta ahora vigente, se califican de usos de interés general (...).
Por su parte, los usos de interés público y social en todo caso se someten a licencia municipal, ahora bien, dada su condición extraordinaria, su otorgamiento se condiciona a la previa declaración del interés público y social de la iniciativa o proyecto, salvo que el proyecto esté previsto con suficiente grado de detalle en el planeamiento -aunque, aun así, se exige información pública y evaluación ambiental-. De ser necesaria, esa declaración corresponde al cabildo insular, previa audiencia a las administraciones afectadas y trámite de información pública. En caso de que la declaración sea favorable, el proyecto continuará su tramitación para la obtención de la licencia, incluyendo, claro está, su evaluación ambiental. La declaración deberá ser objeto de publicación oficial. De este modo, se mantiene el objetivo de que el ejercicio de la actividad requiera un único título habilitante, si bien, por su carácter no ordinario, se imponen las garantías descritas en su tramitación. "
Undécima.- De conformidad con el artículo 79 LS relativo al "Procedimiento sin cobertura en el planeamiento", establece:
"1. En el caso de actuaciones que no cuenten con cobertura en el planeamiento aplicable el procedimiento se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, procediéndose por el ayuntamiento, como trámite subsiguiente a la admisión de la solicitud, a recabar del cabildo insular la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación.
2. Recibida la solicitud, el cabildo correspondiente realizará los siguientes trámites:
a) Someterá el proyecto a información pública y a la audiencia, en su caso, de las personas propietarias de suelo incluidas en el proyecto, y de los colindantes.
b) Recabará, de forma simultánea a la información pública, los informes de las administraciones afectadas en sus competencias.
3. A la vista del resultado de los anteriores trámites, el cabildo emitirá declaración en el plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud en el registro del cabildo correspondiente. En caso de no emitirse en plazo se entenderá contraria al interés público o social del proyecto.
4. La declaración podrá ser condicionada cuando sea viable la iniciativa pero con cambios en el proyecto.
5. En caso de que se declare la existencia de prohibición, o no se considere la iniciativa de interés público o social, el cabildo notificará al ayuntamiento y al promotor la decisión adoptada. En este caso, el ayuntamiento denegará la licencia, notificándolo al solicitante.
6. La declaración de interés público o social del proyecto será publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, incluyendo su motivación.
7. Formulada declaración de interés público o social, el ayuntamiento continuará el procedimiento para el otorgamiento de la correspondiente licencia previsto en el artículo anterior, siguiéndose los trámites de la evaluación ambiental del proyecto.
8. Las actuaciones legitimadas por este procedimiento, una vez ejecutadas, se incorporarán al planeamiento que resulte afectado cuando se proceda a su modificación sustancial".
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el apartado segundo, del citado artículo, el proyecto ha sido sometido a información pública y audiencia de los propietarios de suelo incluidos en el proyecto y de los colindantes, habiéndose recibido las siguientes alegaciones al mismo:
- El 19 de agosto de 2019, registro de entrada número 29.833 (...).
- El 23 de agosto de 2019, registro de entrada número 30.331 (...).
- El 23 de agosto de 2019, registro de entrada número 30.352 (...).
- El 30 de agosto de 2019, registro de entrada número 30.769 (...).
- El 30 de agosto de 2019, registro de entrada número 30.774 (...).
- El 30 de agosto de 2019, registro de entrada número 30.791 (...).
- El 2 de septiembre de 2019, registro de entrada número 30.811 (...).
- El 2 de septiembre de 2019, registro de entrada número 30.830 (...).
- El 4 de septiembre de 2019, registro de entrada número 31.122 (...).
- El 5 de septiembre de 2019, registro de entrada número 31.151 (...).
- El 26 de noviembre de 2019, registro de entrada número 41.409 (...).
Y dentro del cumplimiento del trámite de consulta (recogido expresamente en antecedentes y consideraciones jurídicas), cabe afirmar que del resultado de las consultas y alegaciones recibidas no se derivan cambios a la actuación pretendida.
No obstante, analizadas las mismas, se emite respuesta individualizada en los términos de las propuestas realizadas por el Servicio de Ordenación del Territorio obrante en el expediente.
Duodécima.- Con respecto a la competencia para la declaración del interés público o social, esto es a los efectos de establecer el órgano competente, ha de determinarse con carácter previo la naturaleza del acto administrativo de la declaración de interés público o social. En este sentido, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, dedica el Capítulo III, Sección 2ª, artículos 76 y siguientes, a los actos y usos de interés público o social, distinguiendo entre aquellos actos y usos no ordinarios en suelo rústico con cobertura en el planeamiento (artículos 76 y 78), los cuales se entenderá que cuentan con declaración de interés público o social, de aquellos otros no previstos por el planeamiento, que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle (artículos 77 y 79). En ambos casos, señala que la previsión en el planeamiento debe contar con informe favorable del cabildo insular.
Por tanto, en cuanto al procedimiento de las actuaciones que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle, que es el presente supuesto, el artículo 77 dispone que se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 79, el cual para su inicio, remite al artículo 78, que regula los procedimientos con cobertura en el planeamiento y, que de conformidad con el artículo 76.2, el procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el propio de las licencias municipales.
De todo lo anterior se puede afirmar que la naturaleza de la declaración de interés público o social, es la de una autorización preceptiva previa al otorgamiento de la licencia por el Ayuntamiento, en base a que la corporación municipal no podrá otorgar la licencia, si se declara la existencia de incompatibilidad con el planeamiento insular, o no se considere la iniciativa de interés público o social por parte del cabildo insular.
En este sentido con respecto al Órgano competente de este Cabildo Insular para la declaración del interés público o social, debemos acudir necesariamente al artículo 62 de la Ley de Cabildos, en coherencia con el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por el que se establece que corresponde al consejo de gobierno insular, la concesión de cualquier tipo de licencia salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano.
Como quiera que la Ley del Suelo no determina en ninguno de sus preceptos el órgano competente para declarar el interés público o social, existiendo un vacío legal al respecto, cabe entender que corresponde al mismo por no estar expresamente atribuida a otro órgano en la normativa sectorial, conforme a la atribución de competencias conforme al artículo 127 de la LRBRL de Gobierno Local y no esté expresamente prohibida su delegación (...). Por lo anterior, y atendiendo al decreto 1466 de 18 de abril de 2018, en concordancia con el certificado del acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de julio de 2019, han sido delegadas a la Consejería de Área de Infraestructuras, Territorio y Sector Primario.
Vista la Propuesta de Resolución del Servicio
R E S UE L V O:
Por lo anteriormente expuesto, analizado el expediente remitido por el Ayuntamiento de La Oliva, en el que se solicita la Declaración de Interés Público o Social, del proyecto denominado: "Ecocamping en El Cotillo", a instancia de Juan Carlos Umpiérrez Díaz, atendiendo a los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, así como a las consideraciones jurídicas precedentes, se emite la siguiente propuesta:
Primero.- Resolver las alegaciones presentadas, con ocasión del trámite de información pública a que fue sometido el expediente, a la vista de lo expresado en las propuestas emitidas por el servicio de ordenación del territorio de fecha 23 de junio de 2020.
Segundo.- Declarar el interés público y social del proyecto denominado: "Ecocamping en El Cotillo" en el término municipal de La Oliva, y su compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, de conformidad con las consideraciones establecidas en los informes obrantes en el expediente, debiendo cumplirse las medidas propuestas en la Memoria final presentada de la intervención arqueológica en el yacimiento arqueológico Punta del Mallorquín II/OLA/086, en el apartado 9, que deberán ser recogidas en su totalidad en el título habilitante que se emita al respecto (licencia municipal en su caso), de tal manera que se garantice la protección del yacimiento arqueológico OLA/086 y el etnográfico OLE/086; además de obtener también la preceptiva autorización del Consejo Insular de Aguas y de cumplir con las determinaciones recogidas en el apartado 2.8 del informe técnico insular, justificándose la declaración del interés público y social, en que la actuación proyectada es considerada como un uso turístico y/o de equipamiento o recreativo, cuya regulación demanda la localización y regulación expresa de la actividad en un lugar concreto, de modo que se evita la proliferación de la acampada libre a lo largo del territorio insular, ante la falta de lugares habilitados al efecto tanto por el planeamiento urbanístico como insular, máxime tras la publicación de la Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, respecto de las acampadas.
Tercero.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, incluyendo su motivación, de conformidad con lo previsto en el artículo 79.6 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Cuarto.- Dar traslado del presente Acuerdo al Ilustre Ayuntamiento de La Oliva, a los efectos oportunos.
Puerto del Rosario, a 16 de octubre de 2020.- El Consejero de Área Insular de Infraestructuras, Territorio y Sector Primario, Antonio Sergio Lloret López.
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