En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda de Santa Cruz de Tenerife, en el recurso que se tramita como procedimiento ordinario nº 266/2020, interpuesto D. Ragüel Gestoso González contra la Resolución de la Directora General de la Función Pública, de 20 de julio de 2020, nº 795, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 23 de diciembre de 2019, dictada por el Tribunal Calificador constituido en el proceso selectivo para el ingreso por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se hace pública la calificación final otorgada a los aspirantes en el reconocimiento médico y dado que el acto objeto de la impugnación podría afectar a una pluralidad de personas por determinar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Dirección General, conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
R E S U E L V E:
Primero.- Ordenar la remisión del expediente administrativo que corresponde al recurso contencioso-administrativo que se tramita como procedimiento ordinario nº 266/2020, seguido a instancia de D. Ragüel Gestoso González.
Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo que se tramita como procedimiento ordinario nº 266/2020 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan comparecer ante el mencionado Tribunal en el plazo de nueve días, a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre de 2020.- La Directora General de la Función Pública, Laura María Martín Pérez.
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