Dña. Pilar Ramos León, Letrada de la Administración de Justicia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y su Partido:
HACE SABER: que en esta Sección se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente tenor literal:
"SENTENCIA
Ilmas. Sras.
Presidenta:
Dña. Macarena González Delgado.
Magistradas:
Dña. María del Carmen Padilla Márquez.
Dñ la a. María Luisa Santos Sánchez (Ponente).
En Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de mayo de 2020.
Visto, ante Audiencia Provincial Sección Tercera, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en los autos de Juicio ordinario nº 924/2017, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 25 de octubre de 2018, seguido el recurso a instancia de la entidad Caixabank, S.A., representada por el Procurador D. Antonio García Camí y asistida del Letrado D. Manuel Medina González; contra los ignorados herederos de Dña. Julia González Expósito, declarados en situación procesal de rebeldía, y D. Juan Antonio Tabares González, representado por el Procurador D. Francisco Jesús Paz Menéndez y asistido por la Letrada Dña. María Carmen Fabelo Rodríguez."
FALLAMOS
1º) Estimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Antonio García Camí, en la representación procesal que ostenta de la parte actora, la entidad mercantil Caixabank, S.A., contra la sentencia de fecha 25 de octubre de 2018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arona, en autos de Juicio Ordinario nº 924/2017.
2º) Se desestima la impugnación formulada por el Procurador D. Francisco Jesús Paz Menéndez, en la representación procesal que ostenta de D. Juan Antonio Tabares González.
3º) Revocamos parcialmente la expresada resolución, en el siguiente sentido:
a) Estimar la pretensión principal de la demanda presentada.
b) Fijar como cantidad a cuyo pago se condena de forma solidaria a los demandados la de cincuenta y siete mil doscientos sesenta y ocho euros con noventa y cinco céntimos de euro (57.268,95 euros), más el interés remuneratorio generado y vencido, al tipo pactado, desde la presentación de la demanda hasta el completo pago, sin que este interés devengue a su vez intereses moratorias.
Los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se computarán desde la fecha del dictado de la presente sentencia.
c) Confirmar el resto de pronunciamientos no afectados por esta revocación parcial, en concreto, los relativos a la declaración de la facultad de la actora apelante a la ejecución de la presente resolución con cargo, entre otros. al derecho real de hipoteca que garantiza el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias del contrato de autos y a la imposición de las costas de la primera instancia a la parte demandada.
4º) No haber lugar a hacer expresa imposición de las costas causadas en esta alzada con motivo del recurso de apelación.
5º) Imponemos al codemandado impugnante, D. Juan Antonio Tabares González, las costas exclusivamente originadas con ocasión de su impugnación.
6º) Decretamos la devolución del depósito para recurrir constituido por la entidad actora apelante.
Dedúzcanse testimonios de esta resolución, que se llevarán al Rollo y autos de su razón, devolviendo los autos originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución una vez sea firme, interesando acuse recibo.
Las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales serán impugnables a través de los recursos regulados en los Capítulos IV y V, del Título IV, del Libro II, de la Ley 1/2000, cuando concurran los presupuestos allí exigidos, y previa consignación del depósito a que se refiere la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que introduce la Disposición adicional decimoquinta en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos."
Y para que sirva de notificación a los ignorados herederos de Dña. Julia González Expósito, expido y libro el presente en Santa Cruz de Tenerife, a 29 de septiembre de 2020.- La Letrada de la Administración de Justicia.
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