El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del Convenio.
Considerando lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, así como en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la presente,
R E S U E L V O:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio Marco de Cooperación entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, del Gobierno de Canarias y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para el desarrollo científico de la medicina legal en la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de un programa de I+D que impulse la participación conjunta en el ámbito de la docencia, formación, investigación y actividad asistencial o profesional, que figura como anexo a la presente Resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2020.- La Secretaria General Técnica, María Adela Altamirano Mederos.
A N E X O
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD, DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO DE LA MEDICINA LEGAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE I+D QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA, FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDAD ASISTENCIAL O PROFESIONAL.
REUNIDOS
D. Julio M. Pérez Hernández, Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, del Gobierno de Canarias, nombrado por Decreto 121/2019, de 17 de julio (BOC nº 137 de 18.7.19), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de La Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con lo dispuesto en el Decreto 119/2019, de 16 de julio (BOC nº 136, de 17.7.19) por el que se determinan el número, la denominación y competencias de las consejerías.
D. Rafael Robaina Romero, Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de las competencias establecidas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en uso de la facultad atribuida por los artículos 78 y 81 d) de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 107/2016, de 1 de agosto, del Gobierno de Canarias,
En la condición que intervienen, las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para la suscribir el presente Convenio marco de cooperación, y a tal efecto
EXPONEN
I.- La Ley orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 85, atribuye al Gobierno de Canarias, en relación con la Administración de Justicia y en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial, las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce o atribuye al Gobierno del Estado. Entre otras, asignar los medios personales, materiales y demás recursos a los juzgados y tribunales de Canarias. La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, facultó a la Comunidad Autónoma de Canarias para determinar las normas generales de organización y funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal y de actuación de los médicos forenses que presten asistencia técnica a los órganos jurisdiccionales, fiscales y oficinas del Registro Civil.
A dicha finalidad organizativa dio respuesta el Reglamento estatal de los Institutos de Medicina Legal, aprobado por Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo. Asimismo, el artículo 479.4 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 2 del Reglamento estatal de los Institutos de Medicina Legal, determinan la existencia de los Institutos de Medicina Legal en las capitales de provincia en las que tenga su sede el Tribunal Superior de Justicia. Por Decreto 83/2007, de 23 de abril, del Gobierno de Canarias, se creó el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que depende orgánicamente de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, del Gobierno de Canarias.
II.- De conformidad con las disposiciones citadas, los denominados hoy como "Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses" se constituyen como órganos técnicos que tienen como misión auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del Registro Civil, centralizando las funciones que han venido desarrollando los Institutos anatómico forenses y las Clínicas médico forenses, mediante el ejercicio de prácticas periciales médicas, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio.
En consecuencia, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas tiene atribuida como función la realización de cuantos informes periciales médico-forenses (tanto tanatológicos como clínicos y de laboratorios) le sean solicitados y también realizará actividades de docencia e investigación relacionadas con la medicina legal o forense. De hecho, el artículo 17 de su Decreto regulador establece que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas colaborará con otras instituciones y actuará como centro de formación permanente de los médicos forenses, mediante el establecimiento de Planes de Formación, a través de los convenios y otros instrumentos de cooperación que se acuerde por el órgano competente en materia de Administración de Justicia.
Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 del citado decreto regulador, en fecha 12 de julio de 2018 se constituyó la Comisión de Docencia e Investigación que tiene, esencialmente, la finalidad de impulsar y planificar las tareas docentes, formativas y de investigación. Está formada por representantes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y presidida por un catedrático de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta Universidad.
III.- Por otra parte, y en atención al principio de colaboración entre las administraciones públicas, se prevé que quienes ejerzan docencia en los departamentos de Medicina legal u otros Departamentos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, podrán prestar servicio para la formación permanente de los médicos forenses. Asimismo, y en virtud de la normativa citada, el Gobierno de Canarias podrá establecer conciertos con entidades sanitarias públicas o privadas para conseguir una adecuada cobertura técnica y en todo caso, para la mejora de los servicios de Medicina Legal y su mejor aprovechamiento.
IV.- Por otra parte, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, creada por Ley 5/1989, de reorganización Universitaria de Canarias, tiene encomendado el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio. Entre sus funciones y objetivos se encuentra la transferencia del conocimiento al servicio del desarrollo económico, así como la colaboración activa con las administraciones públicas mediante la prestación de servicios especializados. En este sentido, la Universidad considera que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica de Universidades (LOU 6/2001) y sus Estatutos (Decreto 107/2016), se deben aprovechar los recursos técnicos y humanos de las misma en la mejora de las actividades docentes, asistenciales y científicas de otras instituciones públicas, como es el caso del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas.
Así, el Reglamento estatal regulador de los Institutos de Medicina Legal (RD 386/1996, de 1-03) recoge en su artículo 13 la posibilidad de que los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses colaboren con las Universidades a través de convenios u otros instrumentos de cooperación con las comunidades autónomas.
V.- Por tales motivos, la colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Administración pública canaria se ha desarrollado en múltiples ámbitos, de hecho, respecto a la Medicina Legal ya existe una consolidada actuación conjunta en el desarrollo científico y asistencial en esta área que se remonta al año 1991, así como sucesivos convenios, siendo el último el convenio marco de colaboración de fecha 29 de abril de 2009 que expiró el 31 de diciembre de 2019.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas está ubicado junto a la Facultad de Ciencias de La Salud, y ello favorece además la colaboración asistencial, científica y docente, llevándose a cabo programas de actuación conjunta, particularmente, en el campo de la Toxicología y el Laboratorio de Genética del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas.
Así pues, la fructífera colaboración desarrollada a lo largo de los años es una experiencia muy positiva que debe aprovecharse también y, en especial, en el ámbito de la Comisión de Docencia e Investigación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, en la que están representadas ambas instituciones públicas, impulsando o promoviendo los instrumentos necesarios, como es el caso del presente Convenio Marco de cooperación, que resulta adecuado para continuar la colaboración en un programa de I+D amplio que promueva líneas de actuación concretas en las diversas áreas de trabajo: docencia, formación, investigación y actividad asistencial o profesional.
Así pues, sobre la base de los anteriores antecedentes, las partes firmantes manifiestan su voluntad de formalizar el presente Convenio Marco de Cooperación interadministrativa, y en atención a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto regular el marco de cooperación entre el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia de Las Palmas y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para la realización de actividades enmarcadas en un programa amplio de I+D, que impulse la participación conjunta en el ámbito de la docencia, formación, investigación y actividad asistencial o profesional entre ambas instituciones, bajo la supervisión científica de la Comisión de Docencia e Investigación de la que forman partes integrantes.
El compromiso de cooperación institucional se realiza con la finalidad de promover el desarrollo y mejora de la calidad de la Medicina legal o forense, tanto a nivel regional como nacional e internacional, en beneficio de todas las personas usuarias y profesionales de la Administración de Justicia en Canarias, fomentando al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses como referente de docencia, formación e investigación en colaboración con el departamento de la Facultad de Ciencias de la Salud de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y cuantos otros departamentos fueren precisos en aras de la consecución del objeto del Convenio.
Segunda.- Áreas de cooperación.
Las partes firmantes del Convenio realizarán un amplio programa de I+D, promoviendo la cooperación entre ambas instituciones en las siguientes áreas:
* Docencia y formación:
Bajo la supervisión científica de la Comisión de Docencia e Investigación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses de Las Palmas, las partes firmantes colaborarán en las siguientes actividades:
* Elaboración del Plan de Docencia anual con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante ULPGC), para el personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas (en adelante IMLCF-LP) que contribuya al mantenimiento de la cualificación de los/las profesionales al más alto nivel, en particular, fomentando la actualización y reciclaje de los/las profesionales, y favoreciendo su incorporación a la enseñanza universitaria.
* Establecer un programa de profesorado de las ciencias forenses que vincule a docentes del IMLCF-LP en los departamentos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la ULPGC y viceversa, que lo requieran, y que aseguren un programa formativo teórico-práctico de calidad.
* Coordinación de las rotaciones de MIR en el IMLCF-LP, acreditándose este como institutos de formación de residentes de la especialidad en Medicina Legal y Forense, y mediante una colaboración reglada con la ULPGC.
* Realización de convenios formativos específicos con otros centros docentes o instituciones de enseñanza o formación.
* Impulso de creación de títulos propios y cursos específicos de formación en Ciencias Forenses.
* Colaboración en los programas formativos y de intercambio que la ULPGC tiene suscritos a nivel nacional e internacional.
* Investigación científica:
Bajo la supervisión científica de la Comisión de Docencia e Investigación del IMLCF-LP, las partes firmantes colaborarán en las siguientes actividades:
* Favorecer y desarrollar programas de máster y doctorado en materias relacionadas con las Ciencias Forenses.
* Establecer colaboraciones con los distintos departamentos que compartan materias afines para desarrollar programas de investigación de la ULPGC y del IMLCF-LP, estimulando las vocaciones investigadoras y potenciando el desarrollo de los Departamentos e Institutos Universitarios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
* Potenciar la publicación de trabajos de investigación en el IMLCF-LP y departamentos de la ULPGC en materias propias de la ciencia forense.
* Desarrollar proyectos orientados al desarrollo de técnicas, metodologías y productos que ayuden al avance de las Ciencias Forenses.
* Facilitar la utilización de los recursos del IMLCF-LP, para la docencia de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Máster y Doctorado, de las titulaciones de la rama de las Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y jurídicas, que imparta la ULPGC.
* Actividad asistencial o profesional:
* Colaboración en la formación del personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, en las áreas de conocimiento en que sea precisa la especialización del mismo.
* Coordinación del funcionamiento pleno de los Laboratorios de Genética y Toxicología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, que asegure la calidad científica de las pericias, garantizando la asistencia de peritos especializados.
* Colaboración técnica (aparatos o instrumentos de análisis) y profesional mutua entre las partes firmantes en pruebas y análisis periciales, cuando la complejidad de las pruebas requiera especial formación en la materia de que se trate, o las circunstancias exijan la utilización de los respectivos aparatos o instrumentos de análisis complejos.
* Colaboración en el desarrollo organizativo y científico de los laboratorios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas.
Tercera.- Pacto de Estado contra la violencia de género.
En el ámbito de los compromisos económicos establecidos en el Pacto de Estado contra la violencia de género, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, del Gobierno de España, destinados a la Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo y ampliación de las medidas recogidas en el citado acuerdo, existen líneas específicas para el ámbito de la Administración de Justicia, y entre otras, la Línea 231 para la especialización en violencia de género de los equipos psicosociales integrados en los Institutos de Medicina Legal.
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, como Centro Directivo de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, del Gobierno de Canarias, y en el ámbito de su competencia, presentará, anualmente, diversos proyectos a ejecutar en el marco de las medidas destinadas a la lucha contra la violencia de género en la Administración de Justicia en esta comunidad autónoma.
Así pues, dicho centro directivo podrá solicitar financiación procedente del Pacto de Estado para actividades de formación, docencia, e investigación y actividad asistencial, en el ámbito del presente Convenio marco, mediante los acuerdos singularizados o convenios específicos de desarrollo que fueran necesarios, para la ejecución de los proyectos, previa aprobación de la Comisión de Seguimiento, vigilancia, control del presente Convenio, y en atención a las disponibilidades presupuestarias y las asignaciones de las partidas que establezca la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.
Cuarta.- Obligaciones de las partes.
Las partes firmantes de este Convenio se comprometen a realizar cuantas acciones resulten necesarias para la ejecución de las actividades en las diversas áreas de cooperación previstas en la cláusula segunda del presente Convenio.
A través de la Comisión de Seguimiento, vigilancia y control del Convenio, se establecerá el programa de actividades a realizar, que se ejecutarán bajo la supervisión científica de la Comisión de Docencia e Investigación del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.
Asimismo las partes promoverán la realización de los convenios específicos que sean necesarios para la ejecución de las acciones aprobadas por la Comisión de Seguimiento, vigilancia y control del presente Convenio.
Quinta.- Financiación.
Las acciones previstas en el presente Convenio marco de cooperación no generarán costes ni darán lugar a contraprestaciones financieras entre las partes firmantes, sin perjuicio de las obligaciones económicas que asuman las mismas en virtud de los convenios específicos que se realicen en ejecución del presente Convenio marco de cooperación, o se trate de proyectos financiados a través del Pacto de Estado que se lleven a cabo en las áreas de formación, docencia e investigación, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula tercera de este Convenio.
Sexta.- Vigencia del Convenio.
El presente Convenio surtirá efectos desde la fecha de su suscripción y tendrá una duración de cuatro (4) años, pudiendo ser prorrogado de forma expresa por acuerdo unánime de las partes, por un período máximo de cuatro (4) años.
La prórroga podrá ser acordada por ambas partes de mutuo acuerdo, en cualquier momento antes de la finalización del período de vigencia.
Séptima.- Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los convenios específicos que se suscriban en el ámbito del presente Convenio marco de cooperación que faciliten a alguna de las partes firmantes el acceso a datos de carácter personal, se incorporará una cláusula que garantice que las partes signatarias del Convenio específico se someten a la normativa europea y nacional, general y de desarrollo, en materia de protección de datos.
Octava.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio.
Para el seguimiento, vigilancia y control de las actuaciones previstas en el presente Convenio, se crea la Comisión de Seguimiento, vigilancia y control, que se constituirá como grupo de trabajo, y que tendrá la siguiente composición paritaria y atribución de competencias:
Composición:
Por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad (4):
* La persona titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, del Gobierno de Canarias, o persona que especialmente designe para su sustitución.
* La persona titular de la Dirección del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, o persona que especialmente designe para su sustitución.
* La persona titular de una Jefatura de Servicio que determine la dirección del citado Instituto.
* La persona titular de la Jefatura de Servicio de Provisión de Medios Materiales a los órganos de la Administración de Justicia o de Asuntos Generales, o personal técnico que especialmente designe para su sustitución.
Por parte de Universidad de Las Palmas:
- El Rector/a de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o persona en quien delegue.
- La persona designada por la Universidad como presidente/a de la Comisión de Docencia e Investigación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses de Las Palmas o persona en quien delegue.
- Dos catedráticos de la Facultad de Ciencias de la Salud que designe la Universidad, o personas en quienes deleguen.
En todo caso, se respetará en su composición la representación equilibrada de mujeres y hombres.
Ostentará la Presidencia de la Comisión, el/a Rector/a de la Universidad de Las Palmas y la Directora/o de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, alternándose cada año, y comenzando por la persona titular de la Dirección General, o personas designadas para su sustitución, y la secretaría será desempeñada por un/a miembro de la comisión, designada por esta.
A la Comisión podrán incorporarse con voz, pero sin voto, según los asuntos a tratar, por el personal técnico de ambas partes que se estime oportuno.
* Régimen y funcionamiento de la Comisión.
La Comisión se reunirá con carácter ordinario, como mínimo, cada tres meses y extraordinariamente cuantas veces estime necesario su presidencia. La presidencia podrá invitar a las reuniones de esta comisión a personas expertas que puedan asesorar sobre cualquier asunto concreto que estime de interés, con voz pero sin voto.
Para lo no previsto expresamente, el régimen y funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto en el Título Preliminar, Capítulo II, Sección 3ª, artículos 15 y siguientes, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para órganos colegiados de las administraciones públicas.
* Funciones:
* Velar por el cumplimiento de las cláusulas previstas en el convenio y garantizar su adecuada ejecución.
* Promover, aprobar y programar las actuaciones a realizar en ejecución de las distintas áreas de cooperación del presente Convenio, impulsando la suscripción de los convenios específicos de cooperación necesarios para su desarrollo.
* Planificar, fomentar, supervisar y evaluar los programas y acciones a emprender al amparo del presente Convenio.
* Proponer acciones, programas o proyectos concretos de actuación en el ámbito de contextos de violencia de género para su financiación por el Pacto de Estado.
* Elevar a los órganos de gobierno de las instituciones firmantes las propuestas, informes, acuerdos o decisiones que exijan la sanción o ratificación de los mismos.
* Establecer las normas internas de funcionamiento de la Comisión.
* Resolver las dudas de interpretación y ejecución del presente Convenio y garantizar la adopción de decisiones a través del consenso.
* Evaluar anualmente el grado de ejecución del presente Convenio, proponiendo las acciones que fueran necesarias para su adecuado grado de desarrollo.
* Acordar la continuación y finalización de actuaciones en curso, en caso de resolución del Convenio conforme a lo dispuesto en la cláusula décima.
* Cualesquiera otras funciones relacionadas con las anteriores que contribuyan, directa o indirectamente, a la aplicación del presente Convenio marco de cooperación.
Novena.- Naturaleza, régimen jurídico del Convenio y modificación.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se encuentra excluido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamente Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, en virtud de lo dispuesto, en su artículo 6, apartado 1. No obstante serán de aplicación los principios de la citada Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
El presente Convenio se regirá, en primer lugar, por las cláusulas recogidas en el mismo, supletoriamente por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y se ajustará a lo previsto en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector público de la Comunidad Autónoma y el registro electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y demás normativa que resulte aplicable.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento, vigilancia y control del mismo. Si no fuera posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo atribuido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1 g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Cualquiera de las partes firmantes del presente Convenio podrá promover la revisión de los contenidos del mismo, cuyas modificaciones deberán incorporarse mediante adenda, que requerirá el acuerdo de las firmantes que se tramitará conforme a la normativa aplicable.
Décima.- Resolución del Convenio y efectos jurídicos.
Además de por el transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado prórroga expresa de acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta del presente Convenio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son causas de resolución del Convenio, las siguientes:
* El acuerdo unánime entre las partes firmantes.
* El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de algunos de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes requerirá fehacientemente a la parte incumplidora para que, en el plazo de 30 días a contar de la notificación, cumpla los compromisos asumidos. Si transcurrido dicho plazo persistiera el incumplimiento sin causa justificada, la requirente notificará a las partes firmantes la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
* Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
* Por cualquier otra causa prevista en la normativa aplicable.
Si cuando concurra una causa de resolución existieran actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, vigilancia y control, podrán acordar la continuación y finalización de actuaciones en curso, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual se realizará la liquidación del Convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Décimo primera.- De la publicación y Registro del Convenio.
El presente Convenio será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias, a los veinte días de su firma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero.
Una vez cumplimentado el trámite anterior, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de su publicación, se procederá conforme señala el citado artículo a su inscripción en el Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Décimo segunda.- Desarrollo del Convenio marco.
Los programas y acciones a emprender para el desarrollo de las previsiones del presente Convenio, se concretarán mediante convenios específicos referidos a cada una de las áreas de actuación, incorporándose como anexos al mismo.
Para posibilitar la ejecución de los acuerdos específicos en las distintas áreas, las partes firmantes podrán recabar ayudas, subvenciones y colaboraciones de otras entidades, públicas y privadas.
En la difusión de las actividades realizadas en el ámbito del presente Convenio marco se hará mención expresa a las instituciones firmantes, y se harán previo conocimiento y aprobación de la Comisión de Seguimiento, vigilancia y control del Convenio.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes, firman el presente documento.- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2020.- Por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Manuel Pérez Hernández.- Por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Robaina Romero.
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