De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de octubre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20.1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse, en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su firma.
En cumplimiento de lo anterior,
R E S U E L V O:
Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias el Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias, cuyo texto figura como anexo.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de febrero de 2020.- El Secretario General Técnico, Marcos Barrera González.
A N E X O
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y EL GOBIERNO DE CANARIAS.
En Madrid, a 4 de junio de 2019.
REUNIDOS
De una parte, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, D. Carlos Lesmes Serrano, según Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto 979/2013, de 10 de diciembre (BOE de 11.12.13).
De otra parte, Dña. Nieves Lady Barreto Hernández, Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16.1 y 29.k) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y artículo 5.11 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, aprobado por Decreto nº 137/2016, de 24 de octubre.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir, y
EXPONEN
Primero.- La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 560.1.7ª, según redacción dada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, atribuye al Consejo General del Poder Judicial, entre otras competencias, la de "resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento (...) de jueces y magistrados" y, según lo prevenido en el artículo 433.bis.4, la colaboración con entidades y organismos a estos efectos.
Segundo.- El Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad está desarrollando amplias actividades de difusión y formación del marco normativo en materia de ordenación del territorio, urbanismo y medioambiente, atendiendo a la reciente entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, con objeto de propiciar un mejor y más completo conocimiento del ordenamiento jurídico propio en el marco estatal y europeo.
Tercero.- Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo beneficiosa la colaboración en las materias de su competencia, acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración, que se regirá de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto fijar las líneas de colaboración entre ambas entidades en relación con las actividades de docencia en asuntos que afecten a ambas y a la formación de los integrantes de la Carrera Judicial destinados en la Comunidad Autónoma de Canarias o, en su caso, en otras diferentes, en materia de ordenación del territorio, urbanismo y medioambiente.
Esta colaboración se articula en:
a) La organización y realización conjunta de acciones formativas de interés común.
b) La realización de publicaciones de forma conjunta tanto sobre las actividades anteriormente expuestas, como sobre cualesquiera otras que sean consideradas de interés para ambas partes.
c) Cualesquiera otra que se estimen de interés para ambas partes que sean acordadas por la Comisión de Seguimiento.
Segunda.- Financiación.
El presente Convenio no implica asunción directa de obligaciones económicas para las partes firmantes. Cualquier acción formativa que represente coste económico deberá estar debidamente presupuestada y aprobada, respectivamente, por los órganos competentes de cada una de las Instituciones.
Tercera.- Comisión Mixta de Seguimiento.
Se constituirá una comisión que estará integrada por dos representantes de cada una de las partes que designarán el Consejo General del Poder Judicial y la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias respectivamente.
Dicha comisión se reunirá con carácter ordinario, una vez al año, para planificar la actividad derivada de este convenio y de manera extraordinaria siempre que lo solicite una de las partes.
La comisión llevará a cabo el seguimiento, vigilancia y control del presente Convenio, así como la interpretación de sus cláusulas, para la resolución de las dudas y controversias que puedan surgir en su cumplimiento.
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio, deberán de solventarse por la Comisión Mixta regulada en el mismo.
Cuarta.- Naturaleza y régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, estando sometido a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y al Decreto territorial 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público.
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para enjuiciar las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su aplicación.
Quinta.- Vigencia.
El plazo de duración del presente Convenio será de dos años a contar desde el día de su firma, pudiéndose prorrogar expresamente por periodos de un año, salvo que medie causa de resolución de las previstas en el presente Convenio.
Sexta.- Extinción.
El presente Convenio se extinguirá por su cumplimiento o por resolución. Serán causas de resolución del presente Convenio las siguientes:
a) Imposibilidad material del objeto del Convenio por circunstancias excepcionales sobrevenidas, que impidan el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el mismo, acreditadas por las partes.
b) Incumplimiento de las cláusulas del Convenio por alguna de las partes. En este caso, la parte afectada por el incumplimiento podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que promueva el cumplimiento en el plazo de un mes con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos.
c) Por denuncia de cualquiera de las partes formalizada por escrito con tres meses de antelación.
d) Acuerdo mutuo de las partes.
La extinción del Convenio no afectará a las actuaciones en curso y las partes quedan obligadas al cumplimiento de sus respectivos compromisos hasta la fecha en que la resolución sea efectiva.
Séptima.- Protección de datos de carácter personal.
Los datos personales que se recogen en el presente Convenio, serán incorporados a los ficheros de datos responsabilidad de las partes firmantes, y serán tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio. Ambas partes se comprometen a tratar los mismos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como conforme al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.
Los/as titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección indicada, por ambas partes en el presente documento, a efectos de notificaciones.
Y en prueba de su conformidad, firman el presente Convenio, por duplicado, en la fecha y lugar señalados en el encabezamiento.- El Presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.- La Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto Hernández.
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