De conformidad con la propuesta de Resolución del Tribunal Calificador de 22 de octubre de 2019, de las personas aspirantes que ha superado el proceso selectivo para el acceso, por promoción interna horizontal y vertical, en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros Industriales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Resolución de 21 de noviembre de 2017 (BOC nº 231, de 30.11.17).
Conforme a lo previsto en el artículo 14 de las bases generales aprobadas por Orden de la extinta Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (actualmente Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad), de 21 de diciembre de 2016 (BOC nº 252, de 29.12.16), y la base específica 14 de la convocatoria del proceso selectivo, esta Dirección General,
R E S U E L V E:
Primero.- Hacer pública la relación de los aspirantes seleccionados en el proceso selectivo, para el acceso, por promoción interna horizontal y vertical, en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad Ingenieros Industriales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Resolución de 21 de diciembre de 2017, que se contiene en el Anexo I de la presente Resolución.
Segundo.- La base segunda de las bases específicas que rigen la presente convocatoria, en su primer apartado prevé expresamente que:
"2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, las personas aspirantes deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 7 de las bases generales.
Respecto al requisito de titulación académica oficial establecido en el apartado 5 del artículo 7 de las citadas bases generales, se exigirá estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Ingeniero Industrial o Título Universitario de Grado correspondiente".
Por su parte, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado las Sentencias recaídas en los procedimientos ordinarios números 49 y 70 de 2018, con fecha de 18 de septiembre de 2019 pronunciándose en los siguientes términos en su parte dispositiva, relativos a las pruebas selectivas para ingresar por el sistema general de acceso libre al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad Ingenieros Industriales, convocadas por Resolución de 21 de noviembre de 2017, que procedemos a reproducir:
"1. Estimar parcialmente el recurso.
2. Anular la base impugnada en cuanto admite la titulación de grado para participar en el proceso selectivo convocado.
3. Sin imposición de costas."
Siendo que la base finalmente anulada es exactamente del mismo tenor literal de la que resulta de aplicación para este proceso selectivo de la misma especialidad de Ingenieros Industriales, por promoción interna.
En concreto, fue objeto de examen judicial la base específica 2.1 párrafo segundo del Anexo I, aprobado en virtud de la Resolución de 21 de noviembre de 2017, descrita en el antecedente primero, constituyendo el objeto de la litis si el título de grado es suficiente para acceder a la plaza del Grupo A, Subgrupo A1, en aplicación del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Sosteniendo la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia, las competencias propias de profesiones tituladas no se identifican necesariamente con la función pública técnica relacionada con la ingeniería y la arquitectura (...), la Ley de la Función Pública de Canarias ha efectuado esta equiparación al efecto de agrupar a los funcionarios en cuerpos, escalas, [y] especialidades cuyas funciones públicas requieren la misma titulación que la exigida para determinada profesión titulada.
"Así que la función pública propia del Cuerpo Superior y la titulación necesaria para participar en el proceso selectivo está relacionada con la profesión de Ingeniería Superior y en consecuencia se exigía una licenciatura; la función pública propia del Cuerpo Técnico de Grado Medio está relacionada con la profesión de ingeniería técnica y por ello se exigía una diplomatura universitaria." (vid. Fundamento Jurídico Tercero de la Sentencia del procedimiento 49/2018)".
"Las nuevas disposiciones reglamentarias ahora vigentes -continúa exponiendo el Tribunal, vid. Fundamento Jurídico Cuarto de la Sentencia del Procedimiento 49/2018- regulan las titulaciones parar el ejercicio de una profesión y no para el acceso a la función pública, pero la Ley que regula el acceso y determina el ingreso en el Cuerpo sigue refiriéndolo a la titulación propia del ejercicio profesional puesto que no ha sido modificada."
Por ello, "la Ley de 1987 ha de ser interpretada en el sentido de mantener la dualidad de titulaciones Máster/Grado (subgrupos A1 y A2) como equivalentes a Licenciatura/Diplomatura (Grupo A y B) a tal efecto de acceso a cuerpos diferentes cuyas funciones se determinan por referencia a dos profesiones que siguen siendo diferentes."
Finalmente, a la vista de la Sentencia del Tribunal Supremo 221/2019, de 21 de febrero, "lo más seguro es extender su aplicación a la Administración de la Comunidad Autónoma habida cuenta de que la Ley de la Función Pública de Canarias ha creado dos cuerpos atribuyéndoles diferentes funciones por relación a las competencias y conocimientos de diferentes profesiones (...) y, en consecuencia, esta diferencia ha de mantenerse para ingresar en uno u otro cuerpo porque de otra manera no tendría sentido la dualidad de cuerpos" (fundamento jurídico cuarto).
La Sentencia recaída en el procedimiento 70/2018 viene a reproducir los fundamentos jurídicos de las Sentencias dictadas en los procedimientos 49 y 74/2018.
Por lo tanto, resulta incoherente que por parte de la Administración se introduzcan diferencias de trato en virtud del sistema de selección, teniendo en cuenta que las bases de la convocatoria relativas al requisito de titulación, tanto en el turno libre, como en promoción interna son exactamente idénticas. Lo contrario implicaría una vulneración del derecho de igualdad y de acceso a la función pública reconocidos en los artículos 14 y 23 de la Constitución Española de 1978.
Tercero.- De acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, y en ejecución provisional de las sentencias dictadas por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia recaídas en los procedimientos ordinarios números 49, 70 y 74 de 2018, procede modificar la base específica 2.1, segundo párrafo del Anexo I de la resolución de convocatoria, en cuanto admite la titulación de grado para participar en el proceso selectivo convocado, procediendo a exigir a los aspirantes no solo el título del Grado correspondiente, sino además aportación del título de Máster que acredite la equivalencia con la titulación oficial universitaria de Ingeniero Industrial, debiendo procederse a la inadmisión de las solicitudes que no cumplan con estos requisitos y exclusión del procedimiento selectivo de los aspirantes que no reúnan los mismos.
Cuarto.- En el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de esta Resolución, la Dirección General de la Función Pública comprobará el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 7 y 8 de las mencionadas bases generales y en la base específica 2, siempre y cuando se hubiera otorgado el consentimiento por parte de las personas aspirantes seleccionadas en la correspondiente solicitud de participación a las pruebas selectivas.
Asimismo, las personas seleccionadas que no hayan prestado el citado consentimiento, deberán aportar la documentación señalada en el artículo 14.2 de las bases generales, a través de la Sede Electrónica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en el punto de acceso: https://sede.gobiernodecanarias.org/cpji/.
Quinto.- Las personas aspirantes seleccionadas, hayan prestado o no el consentimiento para la consulta de los requisitos, deberán presentar, en el citado plazo de 20 días hábiles, la declaración responsable a que hace referencia el artículo 14.3 de las bases generales, de acuerdo con el formulario disponible al efecto en la Sede Electrónica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia Seguridad, en el punto de acceso: https://sede.gobiernodecanarias.org/cpji/.
En el supuesto de que las personas seleccionadas hayan prestado su consentimiento, pero esta Administración no hubiese podido comprobar el cumplimiento de alguno de los requisitos se le concederá un plazo de 10 días hábiles para que presente la acreditación documental de los mismos, a contar desde el día siguiente a aquel en que se le notifique la imposibilidad de comprobación.
Sexto.- Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor, las personas seleccionadas no presentasen la documentación exigida, o habiendo prestado el consentimiento no se hubiese podido constatar el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos, o bien de su examen se dedujera que carece de alguno de ellos, no podrá efectuarse el nombramiento como personal funcionario de carrera y se declarará el decaimiento en su derecho, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud de participación o en cualquier otro documento posteriormente aportado.
No obstante, si se produjera alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, o si se produjera la renuncia de alguna de las personas aspirantes seleccionadas antes de su nombramiento o toma de posesión y con el fin de asegurar la cobertura de plazas, la Dirección General de la Función Pública podrá requerir del Tribunal Calificador relación complementaria de la persona aspirante que siga a las propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera.
Séptimo.- Ofertar los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo II, a las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo.
El personal funcionario interesado podrá presentar, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, a tenor de lo regulado en el artículo 8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Asimismo, el personal laboral fijo interesado podrá presentar, frente a esta Resolución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a tenor de lo regulado en el artículo 10.1.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
No obstante, a criterio de la persona interesada, podrá interponer en vía administrativa recurso potestativo de reposición ante esta Dirección General, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de presentarse recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de diciembre de 2019.- La Directora General de la Función Pública, Laura María Martín Pérez.
© Gobierno de Canarias