BOC - 2019/54. Martes 19 de marzo de 2019 - 1273

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

1273 - Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 6 de marzo de 2019, por la que se suprime el puesto de trabajo denominado Puesto de Coordinación, de clase tercera, existente en la Plantilla del Ayuntamiento de Vega de San Mateo (provincia de Las Palmas), como puesto de trabajo de colaboración, reservado a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención.

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Examinado el expediente tramitado a solicitud del Ayuntamiento de Vega de San Mateo (provincia de Las Palmas), para la supresión del puesto de trabajo denominado Puesto de Coordinación, existente en su Plantilla, como puesto de trabajo de colaboración, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Función Pública Local.

Y teniendo en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1º) El día 21 de agosto de 2018, se recibió en esta Dirección General, a través de ORVE, el oficio de la Concejala Delegada de Personal del Ayuntamiento de Vega de San Mateo, del día 20 anterior, por el que se remite propuesta de supresión del puesto de trabajo denominado Puesto de Coordinación, de clase tercera, como puesto de trabajo de colaboración, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, al ser su intención reconvertirlo en una plaza de Técnico de Administración General.

Dicho puesto fue clasificado, a propuesta de la Corporación, por la Resolución de esta Dirección General de 23 de enero de 2001, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 20, de 12 de febrero siguiente.

2º) Esta Dirección General, por oficio de 14 de septiembre de 2018 (Registro de Salida General nº 433577/2018; CPJI/35317/2018), comunicó a la Corporación lo siguiente:

En relación con el oficio de esa Alcaldía-Presidencia de 20 de agosto de 2018, por el que remite escrito de la Concejala Delegada de Personal (Decreto nº 259/2015, de 17 de junio), de la fecha citada, en cuya virtud solicita «La supresión del puesto de trabajo denominado "Coordinación" clase tercera existente en la Plantilla municipal, como puesto de trabajo de colaboración reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención y su reconversión en una plaza de Técnico de Administración General, Grupo A, Subgrupo A1.», le significo lo siguiente:

1. Según los datos que constan en el Registro de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, el puesto de trabajo denominado Puesto de Coordinación, clase tercera, de la Corporación, está reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Secretaría-Intervención. Se halla vacante por inexistencia de titular definitivo.

Fue creado, a propuesta de ese Ayuntamiento, por la Resolución de esta Dirección General nº 69, de 25 de enero de 2001, que dispuso su clasificación como puesto de colaboración, clase tercera, reservado a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención. Dicha Resolución se publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 20, de 12 de febrero de 2001, marginal 239.

2. El artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE nº 67, de 17), dispone que las Entidades Locales podrán crear otros puestos de trabajo que tengan atribuidas funciones de colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, Intervención y Tesorería. Estos puestos de trabajo estarán reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y ejercerán sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaría, Intervención o Tesorería, respectivamente. A los citados puestos de colaboración, les corresponderán las funciones reservadas que, previa autorización del Alcalde o Presidente de la Corporación, les sean encomendadas por los titulares de los puestos reservados de Secretaría, Intervención y Tesorería. Asimismo, les corresponderá la sustitución de los titulares de los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería, en los casos de vacante, enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos. La clasificación de estos puestos corresponderá a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los criterios relacionados en dicho artículo.

De acuerdo con el apartado 4 del citado artículo 15, si la Corporación suprime un puesto de colaboración cubierto con carácter definitivo, deberá garantizar al titular del mismo un puesto de trabajo de su grupo de titulación, adecuado a las funciones o tareas propias de su condición profesional, conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública, con las garantías inherentes de dicho sistema y cuya remuneración no sea inferior, en más de dos niveles, a la del puesto para el que fue designado. En dicho puesto se podrá permanecer hasta obtener otro, por los procedimientos establecidos en dicho Real Decreto.

3. La creación y la supresión de estos puestos de colaboración constituye, pues, la manifestación del ejercicio de una potestad discrecional que la normativa señalada atribuye a las Entidades locales, y que se exterioriza a través del acto normativo de modificación de la plantilla o de la relación de puestos de trabajo.

Esa Corporación habrá, pues, de modificar la Plantilla presupuestaria, con arreglo a los trámites previstos para la modificación del presupuesto (artº. 126.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local), para acordar la supresión del puesto, y, simultáneamente, con su dotación presupuestaria, crear una plaza de la Subescala Técnica de Administración.

En el expediente que instruya, deberá quedar acreditado el cumplimiento de las limitaciones que, el Capítulo 1 del presupuesto de gastos, impone la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

3º) El día 8 de febrero de 2019, se recibió por ORVE el oficio del Alcalde-Presidente, de 7 de febrero anterior, en el que señala que el Pleno corporativo, en virtud de acuerdo adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2018, aprobó inicialmente la Plantilla de Personal para el ejercicio 2019, amortizándose la plaza de Coordinación de Secretaría-Intervención, como puesto de trabajo de colaboración, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, y creándose la plaza de Técnico de Administración General, Escala de Administración General, Subescala Técnica, grupo A, subgrupo A1.

Señala que, sometido dicho acuerdo a información pública, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 150, de 14 de diciembre de 2018, se entiende elevado a definitivo, al no haberse presentado alegaciones, publicándose anuncio de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia nº 6, de 14 de enero de 2019.

Acompaña certificado del acuerdo adoptado por el Pleno, de aprobación inicial de la Plantilla, anuncio de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia y anuncio de aprobación definitiva publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Competencia para la creación, clasificación, supresión y modificación de la clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

El artículo 92 bis, apartado 4, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, adicionado por el apartado veinticinco del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, dispone que el Gobierno, mediante Real Decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas.

Las previsiones contenidas en el citado precepto han sido objeto de desarrollo en virtud del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE nº 67, de 17).

Los artículos 8 y siguientes del citado Real Decreto, así como la Disposición transitoria sexta, apartado 2, atribuyen a las Comunidades Autónomas la competencia para clasificar los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

El artículo 71.2.b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre (BOC nº 252, de 30), atribuye a la Dirección General de la Función Pública la competencia para la creación, clasificación, modificación de la clasificación y supresión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, a propuesta de la corporación local respectiva, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal.

La eficacia de las modificaciones que se operen en la Plantilla y en la Relación de Puestos de Trabajo de la respectiva Corporación, en el ámbito de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, queda condicionada, empero, al acto formal de clasificación que ha de emanar de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, trámite que omite el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo -a diferencia de la previsión del artículo 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio-, pero que resulta de obligado cumplimiento, al tratarse de un acto administrativo plúrimo, que trae causa en la Plantilla, Catálogo o Relación de Puestos de Trabajo (artº. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; STS de 5 de febrero de 2014, recaída en recurso de casación nº 2986/2012).

Segunda.- Naturaleza jurídica del puesto de trabajo denominado Puesto de Coordinación del Ayuntamiento de Vega de San Mateo. Creación y supresión discrecional. Motivación.

El puesto de trabajo denominado Puesto de Coordinación, actualmente sin titular, participa de la naturaleza de los denominados "puestos de colaboración".

De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, las entidades locales podrán crear otros puestos de trabajo que tengan atribuidas funciones de colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, Intervención y Tesorería. Estos puestos estarán reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional ye ejercerán sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaría, Intervención o Tesorería, respectivamente (apartado 1).

A los puestos de colaboración, les corresponderán las funciones reservadas que, previa la autorización del Alcalde o Presidente de la Corporación, les sean encomendadas por los titulares de los puestos reservados de Secretaría, Intervención o Tesorería (apartado 2).

Asimismo, les corresponderá la sustitución de sus titulares en caso de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de abstención legal o reglamentaria (apartado 3).

La clasificación de estos puestos corresponderá a la Comunidad Autónoma, de acuerdo los criterios establecidos en el apartado 3 del artículo 15.

La creación y supresión de los puestos de colaboración constituye, pues, la manifestación del ejercicio de una potestad discrecional que la normativa estatal atribuye a las entidades locales, enmarcada en sus potestades de autoorganización, exteriorizándose a través del acto de modificación de la plantilla y relación de puestos de trabajo, y cuya eficacia queda, empero, condicionada a la autorización que ha de conferir el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva, de acuerdo con el artículo 92 bis, apartado 4, de la LRBRL.

La discrecionalidad puede definirse como la facultad de la Administración de actuar libremente cuando la Ley le habilita para ello. El poder discrecional de la Administración siempre fue legítimo, porque siempre fue y será necesario. Sin embargo, para que el acto discrecional no se convierta en un acto arbitrario, precisa la concurrencia de dos elementos o caracteres: la motivación del acto y la necesidad de una justificación objetiva del acto discrecional.

La motivación es la exigencia de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, y, particularmente, la decisión que el mismo contiene. El artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exige que sean motivados los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. El Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de febrero de 1992, señalaba que "... la motivación del acto administrativo cumple diferentes funciones. Ante todo y desde el punto de vista interno viene a asegurar la seriedad en la formación de la voluntad de la Administración. Pero en el terreno formal -exteriorización de los fundamentos por cuya virtud se dicta un acto administrativo- no es solo una cortesía sino que constituye una garantía para el administrado que podrá así impugnar en su caso la decisión administrativa con posibilidad de criticar las bases en que se funda; además y en último término la motivación facilita el control jurisdiccional de la Administración -artº. 106,1 de la Constitución que sobre su base podrá desarrollarse con conocimiento de todos los datos necesarios" (F.J. 6º). Los actos discrecionales precisan un plus de justificación respecto de los actos reglados, porque mientras que en estos la propia norma habilitante delimita todos los elementos del acto, en las decisiones discrecionales, el margen de decisión del órgano es el que exige que se justifiquen el acierto, o, al menos, la razonabilidad de la elección (STS de 26 de octubre de 1995). Y ello porque la motivación refuerza los principios de objetividad y transparencia de la actuación administrativa y posibilita una plena tutela de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos (STS de 22 de febrero de 2005).

Es preciso, además, para no incurrir en arbitrariedad, que el acto discrecional obedezca a una necesidad de justificación objetiva, es decir, que la motivación sea correcta, que la operación intelectual que lleva al órgano a elegir una de las varias opciones posibles sea la más racional. Como señala el Tribunal Supremo, en sentencia de 7 de diciembre de 1987, en los actos discrecionales, al existir en mayor o menor medida una libertad estimativa, resulta de gran trascendencia el proceso lógico que conduce a la decisión y que esa decisión es la que mejor satisface los intereses a los que el poder ejercitado se ordena.

En el expediente instruido por el Ayuntamiento de Vega de San Mateo, la motivación acerca de la supresión del puesto de trabajo denominado Puesto de Coordinación se contiene en el acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión de 13 de diciembre de 2018, punto 2º del orden del día, por el que fue aprobada inicialmente la Plantilla de Personal para 2019. En dicho acuerdo, se transcriben los informes de la Intervención y de la Secretaría General.

La Corporación motiva la amortización en que las sucesivas pruebas selectivas que se han ido desarrollando han determinado que los funcionarios con habilitación nacional se interesen por la cobertura de los puestos necesarios de Secretaría y de Intervención, tras las preceptivas convocatorias de concursos unitarios y ordinarios. Actualmente, está ocupada en propiedad la plaza de Secretaría y, en régimen de acumulación, la de Intervención, estando vacante el Puesto de Coordinación, tras su provisión meramente "testimonial" por funcionarios de la Subescala de Secretaría-Intervención, lo que ha generado una gran distorsión en la organización de los recursos humanos del Ayuntamiento. Simultáneamente, se prevé la creación de una plaza de Técnico de Administración General, plaza que se adecua mejor a las necesidades de la Corporación, estando garantizadas las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económico-administrativa y de tesorería, con la existencia de las preceptivas plazas de Secretario/a, Interventor/a y Tesorero/a, logrando una reordenación y estructuración del trabajo que, con el aparato administrativo actual, resulta inviable, y sin ocasionar un incremento de los gastos de personal. Dicha plaza será valorada con ocasión de la aprobación de la relación de puestos de trabajo.

Tercero.- Cancelación de la inscripción del puesto de trabajo en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

El artículo 23 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, dispone que, en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, existirá un Registro de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, integrado con las Comunidades Autónomas, donde se inscribirán y anotarán todos los puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como los actos que afecten a la vida administrativa de dichos funcionarios. El Registro tendrán carácter electrónico. En dicha Registro, las Comunidades Autónomas efectuarán las anotaciones referentes a la clasificación de los puestos reservados, a nombramientos, tanto definitivos como de carácter provisional, en puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional, así como las tomas de posesión y los ceses correspondientes. Asimismo, anotarán las sanciones disciplinarias de su competencia. Podrán, también, efectuar en dicho Registro las anotaciones de los méritos autonómicos, a los efectos de su valoración en los correspondientes concursos.

De conformidad con la propuesta formulada por la Corporación, esta Dirección General, en el ejercicio de la competencia atribuida.

R E S U E L V E:

1. Suprimir el puesto de trabajo denominado Puesto de Coordinación, de clase tercera, existente en la Plantilla del Ayuntamiento de Vega de San Mateo (provincia de Las Palmas), como puesto de trabajo de colaboración, reservado a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, actualmente vacante por inexistencia de titular definitivo.

2. Cancelar la anotación de dicho puesto de trabajo en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

3. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, y comunicarla al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante esta Dirección General, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o, directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en cuya circunscripción tengan su sede, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de las Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de marzo de 2019.- El Director General de la Función Pública, Francisco Javier Rodríguez del Castillo.



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