BOC - 2019/31. Jueves 14 de febrero de 2019 - 662

III. Otras Resoluciones

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes

662 - DECRETO 9/2019, de 4 de febrero, por el que se delega en la persona titular de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes la competencia para resolver los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de actos legislativos como consecuencia de la promulgación de la Disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, añadida por la Disposición final quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

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Con fecha 24 de abril de 2018 tiene entrada en el registro de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes escrito suscrito por don José Miguel Ramírez Eugenio, de responsabilidad patrimonial por daños derivados de actos legislativos como consecuencia de la promulgación de la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, añadida por la disposición final quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. El referido escrito ha dado lugar al procedimiento de responsabilidad patrimonial nº R.P. 2/2018, en fase de tramitación.

Tras la recepción de ese primer escrito se ha recibido en la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes alrededor de doscientos cuarenta y cinco (245) escritos de responsabilidad patrimonial por daños derivados de actos legislativos como consecuencia de la promulgación de la mencionada disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, añadida por la disposición final quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, suscritos por personas físicas y jurídicas.

De acuerdo con el artículo 92 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley 40/2915, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: "Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen", cuando una ley así lo disponga. En el ámbito autonómico y local, continúa estableciendo el citado artículo 92, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local.

La competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados de actos legislativos corresponde al Consejo de Gobierno de Canarias. Existe una reiterada doctrina del Tribunal Supremo que residencia la competencia en el Consejo de Ministros (SSTS de 15 de julio y 25 de septiembre de 1987; 12 de febrero, 17 de marzo, 25 de abril y 20 de octubre de 1988; 20 de febrero, 9 de marzo, 30 de noviembre y 17 de diciembre de 1992; 10 de marzo y 21 de julio de 1993 y 20 de febrero y 16 de diciembre de 1994, entre otras, todas ellas citadas en Dictamen del Consejo de Estado 60/1996).

A este respecto, cabe citar el informe S.C. I EHS 27/2013, de 4 de abril, emitido por la entonces Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, en el que se razonaba lo siguiente:

<<III.- En cuanto al cauce procedimental para solicitar la correspondiente indemnización en materia de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, no está fijado en el Derecho positivo, sino que ha sido elaborado por la Jurisprudencia del T.S. Así, por todas la Sentencia del T.S. de 18 de febrero de 1992, cuya doctrina es sustancialmente reproducida en la de 28 de febrero de 1992, y entre otras muchas, reiteró que en los supuestos en que se pretendiera una indemnización derivada de la presunta responsabilidad del Estado Legislador, debía previamente formularse la correspondiente solicitud en vía administrativa que, ante la falta de concreción del Departamento Ministerial alguno, debía ser resuelta por el Consejo de Ministros, contra cuya resolución cabría, en su caso, interponer recurso contencioso-administrativo. En esta última sentencia citada de 28-2-1992, se recoge en el fundamento de derecho cuarto lo siguiente: <<Con relación a la Segunda alegación, además de que la pretendida indemnización derivada de la presunta responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, no fue planteada en vía administrativa, sino que lo fue por primera vez en la demanda jurisdiccional, ha de tenerse en cuenta que concerniendo a la Administración del Estado de declarar la responsabilidad de sus propios órganos de gobierno, y estando en este caso el acto referido a una presunta privación de derechos económicos por un acto legislativo, sin concreción por tanto en ningún Departamento Ministerial sería competente para pronunciarse en vía administrativa el Consejo de Ministros, como Órgano Superior de la Administración y Gobierno, al que el artº. 97 de la Constitución atribuye función ejecutiva, que al no venir atribuida a un Órgano determinado de la Administración, corresponde al titular de la gestión administrativa del Estado en su conjunto y totalidad, y frente a la resolución que éste dictara, cabría, en su caso, interponer recurso contencioso-administrativo ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo. Mal podía por tanto, pretender el apelante, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le concediera aquella indemnización, derivada de una presunta responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, que ni tan siquiera había previamente reclamado en vía administrativa, del Órgano que resulta competente. No merece por tanto acogida, la censura que de la sentencia de instancia se hace en la segunda de las alegaciones del recurso que examinamos>>.

IV.- En cuanto a la responsabilidad patrimonial derivada de actos del legislador autonómico, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, al igual que ocurre respecto del Estado, no existe previsión procedimental sobre la competencia resolutoria de las reclamaciones que se planteen, sin que tampoco haya pronunciamiento expreso de la jurisprudencia del TS directamente relacionado con ello, aunque sí podemos indicar que la anteriormente citada STS de 27 de mayo de 2011, referida a un supuesto de responsabilidad derivada de la declaración de inconstitucionalidad de una Ley autonómica, en el recurso contencioso-administrativo del que conoció la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de las Islas Baleares -luego impugnada en casación ante el TS-, el acto impugnado era el acuerdo del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares desestimatorio de la revisión de oficio y de responsabilidad patrimonial.

Asimismo, si bien referido a un supuesto de responsabilidad derivado de acto legislativo autonómico, no declarado inconstitucional, concretamente la Ley del Parlamento de Canarias 5/1986, sobre Impuesto Especial sobre Combustibles derivados del Petróleo, el T.S. confirmando la sentencia estimatoria dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en sentencia de 9 de octubre (RJ/1998/7905) y 20 de octubre de 1998 (RJ/1998/9455), vino a señalar respectivamente lo siguiente:

<<No puede aceptarse el criterio sostenido por el Gobierno de Canarias, porque además de ser opuesto a «contrario sensu» del sentado por esta Sala en la invocada Sentencia de 21 octubre de 1991 (RJ 1991\8346) -como pone de manifiesto la parte apelada- que rechazó fuera el Estado responsable en un caso similar, la omisión generadora del perjuicio económico partió del Legislador Canario que no hizo previsión alguna, en forma de disposición transitoria, para impedir la situación, objetivamente injusta, de la imposible repercusión de tributo sobre los productos almacenados con anterioridad, a pesar de serle advertido por la propia recurrente y otras empresas petrolíferas, como recuerda la sentencia de instancia.

Efectivamente, es al Legislador, que toma la iniciativa normativa en el más alto rango, al que corresponde adoptar también las previsiones para evitar el resultado dañoso en la aplicación de aquella, adquiriendo, en el supuesto contrario, la obligación de indemnizarlo, como en el presente caso, para el mantenimiento de los principios constitucionales de igualdad y justicia fiscal.

Es más, aunque hubiera concurrido una falta de coordinación entre las Administraciones Públicas implicadas en el asunto, es cuestión que han de resolver entre ellos, antes o después de la producción de los perjuicios a los administrados, sin que ello influya en la responsabilidad del Legislador frente a aquellos que -ante una ley- no pueden evitar sufrir el daño y sólo están facultados para reclamar su resarcimiento>>.

<<La exposición anterior es suficientemente demostrativa de la inconsistencia, según apuntábamos con anterioridad, de la apelación promovida y determinaría ya en este momento, sin necesidad de mayores razonamientos, la desestimación de aquélla, pero con el designio de dar satisfacción a la parte recurrente, prestándole la tutela efectiva que proclama nuestra Constitución, hemos de agregar a lo hasta aquí expuesto que este Tribunal acepta sustancialmente las prolijas, contundentes y acertadas motivaciones jurídicas que incorpora a la sentencia la Sala de primera instancia, justificativas, en armonía con la doctrina, tanto del Tribunal Constitucional, como de este Tribunal Supremo, de que la Comunidad Autónoma debe pechar con las consecuencias dañosas que su actividad legisladora produjo al imponer al particular un sacrificio patrimonial que no tenía la obligación de soportar, concurriendo los requisitos normalmente exigidos para dar lugar a la responsabilidad peticionada al no contemplarse cual se consigna en la resolución judicial impugnada expresamente «la auténtica realidad de los stocks de combustibles en el momento de la entrada en vigor de la Ley, esto es, de no regular transitoriamente un específico Régimen Fiscal para aquellos combustibles ya adquiridos por la recurrente en refinería que necesariamente habría de vender a los precios fijados por la Orden 1 agosto 1986 (RCL 1986\2538 ), sin posibilidad de repercusión ...>>.

En ambos casos el acto inicialmente impugnado ante la Sala del TSJC era la denegación presunta de la petición de indemnización de daños y perjuicios formulada por las entidades recurrentes ante la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante solicitud dirigida al Presidente de la misma.>>

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: "los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquellas". Asimismo, a tenor de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, el ejercicio de las competencias propias podrá ser delegado en el órgano que, por la aplicación del principio de eficacia, sea el más idóneo para ello, surtiendo efectos desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. La delegación del ejercicio de una competencia podrá revocarse en cualquier momento por el órgano que la haya conferido, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.6 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre. Revocación que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de Canarias.

Razones de eficacia y de agilidad, dado el elevado número de escritos de reclamación de responsabilidad patrimonial por daños derivados de actos legislativos como consecuencia de la promulgación de la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, añadida por la disposición final quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que habrán de tramitarse y resolverse conforme al procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas recogidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aconsejan delegar la competencia para resolver los citados procedimientos de responsabilidad patrimonial en la persona titular de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes.

Sin perjuicio de lo señalado, habida cuenta que el apartado 5 del artículo 9 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, dispone que no constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. Toda vez que el escrito formulado por don José Miguel Ramírez Eugenio, de responsabilidad patrimonial por daños derivados de actos legislativos como consecuencia de la promulgación de la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, añadida por la disposición final quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, ya ha dado lugar a la incoación del correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial nº R.P. 2/2018, en el que ha sido emitido informe preceptivo, es por lo que procederá que la resolución de este procedimiento sea efectuada por el Gobierno de Canarias.

Sin embargo, procederá la resolución por la persona titular de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes -previa la correspondiente delegación-, del resto de los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial por daños derivados de actos legislativos como consecuencia de la promulgación de la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, añadida por la disposición final quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, que se encuentran en fase de inicio y en los que aún no ha sido emitido dictamen ni informe preceptivo alguno.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Turismo, Cultura y Deportes, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 4 de febrero de 2019,

D I S P O N G O:

Primero.- Delegar en la persona titular de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes la competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial por daños derivada de actos legislativos como consecuencia de la promulgación de la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, añadida por la disposición final quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en los términos del presente Decreto, a excepción del procedimiento de responsabilidad patrimonial nº R.P. 2/2018 que deberá ser resuelto por el Gobierno de Canarias.

Segundo.- En los actos que se dicten en ejercicio de la competencia que se delega, se hará constar expresamente que se dictan en virtud de esta delegación.

Tercero.- El presente Decreto surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Canarias, a 4 de febrero de 2019.

EL PRESIDENTE

DEL GOBIERNO,

Fernando Clavijo Batlle.

EL CONSEJERO DE TURISMO,

CULTURA Y DEPORTES,

Isaac Castellano San Ginés.



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