El Consejo de Gobierno de este Cabildo Insular, en sesión extraordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2018, acordó aprobar la Instrucción para la tramitación en el Cabildo Insular de Tenerife de actos y uso de interés público o social no previstos por el planeamiento, y de conformidad con el artículo 79 la Ley 4/2017, de suelos y espacios naturales protegidos en Canarias, se procede a su publicación del mismo cuyo texto literal es el siguiente:
"La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, ha supuesto un cambio normativo en la Comunidad Autónoma de Canarias tanto en lo que se refiere a la distribución competencial en el ámbito a la ordenación territorial y urbanística como en el desarrollo y ejecución del planeamiento, y ello bajo los criterios de simplificación, racionalización y actualización de las reglas aplicables para la protección, ordenación y utilización del territorio, según se señala en el Apartado III de su Preámbulo.
Uno de los cambios producidos con esta nueva Ley es en relación con las técnicas de intervención administrativas en el suelo rústico para lo cual se parte de la fórmula empleada por la legislación básica estatal, es decir, diferenciar lo siguiente: a) Usos, construcciones y actividades ordinarios (ordinarios, ordinarios específicos y complementarios), y b) Usos, construcciones y actividades de interés público o social.
De modo que los usos, construcciones y actividades ordinarios se someten a licencia municipal en los casos tasados por la ley, o bien a comunicación previa que se relaciona en esa norma, o bien pudiera ejecutarse sin necesidad de título habilitante o comunicación previa en determinados supuestos.
Los usos, construcciones y actividades de interés público y social se someten siempre a licencia municipal, pero dada su condición extraordinaria, su otorgamiento se condiciona a la previa declaración del interés público y social de la iniciativa o proyecto por el cabildo insular, salvo que el proyecto esté previsto con suficiente grado de detalle en el planeamiento. A este respecto, el artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias así como en el artículo 13.1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, señalan que con el carácter excepcional y con el procedimiento y en la condiciones establecidas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico.
La intervención del cabildo insular en el procedimiento de la licencia municipal para los actos y usos, en suelo rústico, de interés público o social no previstos por el planeamiento, se regula en el artículo 79 de la citada Ley 4/2017 que dispone: "1. En el caso de actuaciones que no cuenten con cobertura en el planeamiento aplicable el procedimiento se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, procediéndose por el ayuntamiento, como trámite subsiguiente a la admisión de la solicitud, a recabar del cabildo insular la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación.
2. Recibida la solicitud, el cabildo correspondiente realizará los siguientes trámites:
a) Someterá el proyecto a información pública y a la audiencia, en su caso, de las personas propietarias de suelo incluidas en el proyecto, y de los colindantes.
b) Recabará, de forma simultánea a la información pública, los informes de las administraciones afectadas en sus competencias.
3. A la vista del resultado de los anteriores trámites, el cabildo emitirá declaración en el plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud en el registro del cabildo correspondiente. En caso de no emitirse en plazo se entenderá contraria al interés público o social del proyecto.
4. La declaración podrá ser condicionada cuando sea viable la iniciativa pero con cambios en el proyecto.
5. En caso de que se declare la existencia de prohibición, o no se considere la iniciativa de interés público o social, el cabildo notificará al ayuntamiento y al promotor la decisión adoptada. En este caso, el ayuntamiento denegará la licencia, notificándolo al solicitante.
6. La declaración de interés público o social del proyecto será publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, incluyendo su motivación.
7. Formulada declaración de interés público o social, el ayuntamiento continuará el procedimiento para el otorgamiento de la correspondiente licencia previsto en el artículo anterior, siguiéndose los trámites de la evaluación ambiental del proyecto.
8. Las actuaciones legitimadas por este procedimiento, una vez ejecutadas, se incorporarán al planeamiento que resulte afectado cuando se proceda a su modificación sustancial."
La intervención del Cabildo en este procedimiento municipal determina que se precise con una mejor claridad el alcance y contenido de los actos que debe efectuarse en el seno de la Administración Insular. A cuyo efecto, se estima que el mecanismo más apropiado para su efectividad es la aprobación de una Instrucción en los términos del artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que dispone: "1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.
Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
Por otro lado, la aprobación de la esta Instrucción deberá de publicarse en el Portal de Transparencia de esta Cabildo Insular de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.a) la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en el artículo 105 de la Ley 8/2015, de Cabildo Insulares que dispone "Los cabildos insulares mantendrán permanentemente actualizada la información siguiente: ... i) Los textos de las directrices, instrucciones y circulares que tengan incidencia en los ciudadanos, así como aquellas directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos". Todo ello sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia tal como se señala en el artículo 6 de la citada Ley 40/2015.
Por lo expuesto, el Consejo de Gobierno Insular por unanimidad acuerda:
Primero.- Aprobar la "Instrucción para la tramitación en el Cabildo Insular de Tenerife de actos y uso de interés público o social no previstos por el planeamiento (artículo 79 de la Ley 4/2017, de la Ley de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias)", con las siguientes disposiciones:
INSTRUCCIÓN PARA LA TRAMITACIÓN EN EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE DE ACTOS Y USOS DE INTERÉS PÚBLICO O SOCIAL NO PREVISTOS POR EL PLANEAMIENTO (artº. 79 de la Ley 4/2017, de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias).
Primera.- Ámbito de aplicación.
La presente Instrucción habrá de observarse en el trámite insular del procedimiento de licencia municipal cuando los actos, construcciones y usos no ordinarios en suelo rústico carezcan de cobertura expresa en el planeamiento o del grado suficiente de detalle para ser autorizado por el Ayuntamiento.
Segunda.- Solicitud municipal.
La tramitación en el Cabildo se iniciará con la recepción por Registro de entrada de la Corporación Insular de una solicitud municipal que, a la vista de la solicitud de licencia de un particular, recabe del Cabildo la declaración sobre los siguientes dos aspectos:
a) Las determinaciones contenidas en el planeamiento insular sobre la actuación que se pretende y, en particular, la existencia o no de prohibición de la misma.
b) El interés público o social de la actuación que se pretende.
Tercera.- Documentación mínima de la solicitud municipal.
La solicitud del Ayuntamiento recabando la declaración del Cabildo deberá adjuntar al menos la siguiente documentación, toda ella en formato digital:
a) Acuerdo municipal de admisión de la solicitud e inicio de la fase de instrucción, tal como se establece en el artículo 342.2 de la Ley 4/2017, en el que constarán expresamente:
a1. Acreditación de que el solicitante de la licencia ha aportado la documentación exigida en el artículo 78.1 de la Ley 4/2017.
a2. Que en el planeamiento municipal la actuación, sin estar prohibida, carece de cobertura expresa. A estos efectos, se entenderá que una actuación no cuenta con cobertura expresa si no cumple las condiciones señaladas en la cláusula cuarta.
a3. Que la actuación que se pretende se localiza en suelo rústico no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, en el planeamiento municipal vigente.
a4. Los argumentos que justifican, desde la óptica municipal, que la actuación que se pretende, no siendo un uso ordinario ni complementario, contribuye a la ordenación y el desarrollo rural o debe situarse necesariamente en suelo rústico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62.1 de la Ley 4/2017.
b) Plano a escala mínima 1:5.000 sobre la cartografía oficial (GRAFCAN) en el que se delimite el ámbito de la actuación, así como las distintas unidades de propiedad, tanto las afectadas por la actuación como las colindantes. Dicho plano se acompañará de la relación de los propietarios de cada una de las unidades de propiedad delimitadas, con los datos identificativos suficientes para poder dar cumplimiento al trámite de audiencia.
c) Un ejemplar del Proyecto técnico presentado en la solicitud de licencia.
d) Memoria justificativa en la que se motive suficientemente el interés público o social del acto, construcciones o uso no ordinarios, pero no en términos genéricos sino en la localización concreta en que se pretenden implantar. La motivación se acompañará, en la medida de lo posible, de elementos objetivos o parametrizables.
Cuarta.- Condiciones para que una actuación cuente con cobertura expresa en el planeamiento municipal vigente.
Se entenderá que una actuación en suelo rústico tiene cobertura en el planeamiento municipal vigente cuando se cumplan las siguientes dos condiciones:
a) Que en el emplazamiento en que se pretende realizar esté delimitado expresamente un ámbito calificado con el uso al que se adscriba la actuación. Además:
a1. El ámbito de la actuación debe coincidir sensiblemente con el ámbito con calificación expresa en el planeamiento. A estos efectos, serán admisibles ajustes en la delimitación siempre que la superficie común a ambos recintos (el delimitado en el planeamiento y el de la actuación propuesta) no sea inferior al 90% de la de cada uno de los dos recintos.
a2. El uso asignado por el planeamiento municipal a dicho ámbito con calificación expresa debe tener un grado de pormenorización equivalente al menos a las categorías de segundo grado de la clasificación de usos del PIOT (Sección 1ª del Capítulo 4 del Título 1 de las Normas).
a3. Que el planeamiento vigente contenga determinaciones de ordenación pormenorizada sobre el ámbito con calificación expresa que sean suficientes para legitimar la ejecución. A estos efectos, se entenderá que, en el caso de actuaciones edificatorias, como mínimo deberán existir determinaciones que fijen la superficie edificable máxima.
b) Que el instrumento de planeamiento municipal en el que se cumplen los requisitos de la condición a) anterior haya contado con informe favorable del cabildo Insular emitido con ocasión de su elaboración. Dicho informe, además, deberá haberse pronunciado favorablemente sobre el interés público o social del ámbito con calificación expresa cuya ordenación da cobertura a la actuación que se pretende.
Quinta.- Verificación de la documentación.
Recibida la solicitud municipal, la Unidad Orgánica de Apoyo Jurídico Administrativo del Área de Política Territorial verificará si la documentación presentada se ajusta a lo establecido en la disposición segunda, emitiendo en el plazo de cinco días hábiles un informe que concluirá con una de las dos siguientes opciones:
a) Considerar que la documentación entregada es suficiente para continuar la tramitación.
b) Considerar que la documentación entregada no cumple los requisitos exigidos, detallando los contenidos que faltan.
La verificación no entrará a valorar la calidad y alcance de los contenidos presentados.
Sexta.- Documentación incompleta o incorrecta. Subsanación.
En el supuesto b) anterior, se requerirá al Ayuntamiento para que en el plazo de diez días hábiles remita a este Cabildo la documentación que falta, advirtiéndole que de no presentarla en plazo o de presentarla incompleta o incorrecta se acordará la inadmisión y el archivo de la solicitud municipal para recabar de este Cabildo Insular la declaración prevista en el artº. 79 de la Ley 4/2017.
Una vez aportada la documentación requerida, el Área de Política Territorial volverá a verificar la documentación con el mismo plazo y condiciones señaladas en la disposición quinta. Como resultado de esta nueva verificación:
a) Si se concluye considerando que la documentación entregada es suficiente para continuar la tramitación, se estará a lo regulado en las siguientes disposiciones.
b) Si se concluye que la documentación entregada no cumple los requisitos, se acordará la inadmisión y el archivo de la solicitud municipal para recabar de este Cabildo Insular la declaración prevista en el artº. 79 de la Ley 4/2017, lo que se notificará al Ayuntamiento.
Séptima.- Informe técnico sobre las determinaciones del planeamiento insular.
Emitido informe de verificación de la documentación municipal por la Unidad Orgánica de Apoyo Jurídico Administrativo, esta la remitirá a la Unidad Orgánica Técnica del Área de Política Territorial que corresponda a fin de que la analice y emita, en el plazo de diez días hábiles, un informe que contendrá, al menos, los siguientes extremos:
a) Identificación de los instrumentos de planeamiento insular vigentes cuyas determinaciones son de aplicación sobre la actuación que se solicita ejecutar.
b) Valoración del cumplimiento por el proyecto de dichas determinaciones de aplicación del planeamiento insular. En caso de incumplimiento se indicarán individualizadamente cada uno de ellos, señalando los aspectos concretos del proyecto que incumplen así como las determinaciones concretas que generan tal incumplimiento.
c) Como resultado de la valoración señalada, el informe concluirá pronunciándose expresamente sobre si la actuación pretendida está prohibida o no por el planeamiento insular o si presenta incompatibilidades concretas. En este segundo supuesto podrán señalarse recomendaciones para que se corrijan los aspectos incompatibles de la actuación a fin de lograr su adecuación al planeamiento insular.
Octava.- Informe técnico desfavorable.
Si el informe técnico determinase que la actuación estuviera prohibida o presenta incompatibilidades con el planeamiento insular, la Unidad Orgánica de Apoyo Jurídico Administrativo lo notificará al Ayuntamiento para que, en su caso, presente las correcciones que pudieran resolver la prohibición o incompatibilidades señaladas. En el escrito de requerimiento se fijará un plazo proporcional a la complejidad de las eventuales correcciones, advirtiéndose que si no lo aportase se dictará Resolución en la que declare que la prohibición o incompatibilidad de la actuación con el planeamiento insular.
Remitido por el Ayuntamiento el proyecto corregido, la Unidad Orgánica Técnica procederá a su análisis y valoración, emitiendo un informe que, centrándose en la valoración de las correcciones, tendrá el alcance señalado en la disposición séptima. La Unidad Orgánica de Apoyo Jurídico Administrativo elaborará, en el plazo de diez días hábiles, el informe jurídico-propuesta para que el Consejero Insular del Área de Política Territorial emita la Resolución declarando una de las siguientes dos opciones:
a) La prohibición o incompatibilidad de la actuación con el planeamiento insular y que con dicho acto finaliza la intervención insular en el procedimiento de la licencia municipal.
b) La no prohibición y compatibilidad de la actuación con el planeamiento insular y la continuación de la tramitación según lo regulado en las siguientes disposiciones.
Novena.- Requerimiento de informes a las áreas competentes del Cabildo.
Si el informe técnico, bien a la documentación inicial o bien a la corregida, concluye que la actuación que se pretende no está prohibida ni es incompatible con el planeamiento insular, la Unidad Orgánica de Apoyo Jurídico Administrativo requerirá a los servicios de este Cabildo Insular que procedan que emitan informe a la actuación en el ámbito de sus competencias.
La identificación de los servicios de este Cabildo que deban emitir informe será decidida de forma coordinada entre las distintas Unidades Orgánicas del Área de Política Territorial, atendiendo a la naturaleza de la actuación y los aspectos sectoriales que pueden verse afectados por su ejecución o que pueden condicionarla.
El informe de cada servicio tendrá el siguiente contenido:
a) Valoración de la actuación que se pretende en relación con la normativa vigente o los criterios de actuación del Área en cuanto a sus competencias.
b) Indicación de todas aquellas consideraciones en el ámbito de sus competencias que pudieran ser relevantes para pronunciarse sobre el interés público o social de la actuación en la localización concreta en que pretenda ejecutarse.
c) Señalamiento, en su caso, de aquella documentación que no se haya presentada y que el servicio estime imprescindible para poder valorar adecuadamente el interés público o social de la actuación.
En el requerimiento de informe a cada servicio se señalará el plazo máximo para su remisión al Área de Política Territorial. Dicho plazo se fijará en atención a la complejidad de la actuación en relación a las competencias del Área concreta y, en todo caso, garantizará que cada informe sea recibido antes de la finalización de la información pública y audiencia del proyecto.
Décima.- Información pública y audiencia.
Además del requerimiento de informes a los servicios del Cabildo y siempre que el informe técnico haya concluido que la actuación que se pretende no está prohibida ni es incompatible con el planeamiento insular, la Unidad Orgánica de Apoyo Jurídico Administrativo realizará simultáneamente los siguientes trámites previstos en el artículo 79.2 de la Ley 4/2017:
a) Información pública del proyecto, incluida la Memoria relativa al interés público y social, por el plazo de un mes, a contar desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y de la Comunidad Autónoma, a los efectos de que presenten alegaciones y cualquier otra información que se considere necesaria. Asimismo se publicará en la sede electrónica de este Cabildo Insular.
b) Audiencia, a los propietarios del suelo incluidos en el ámbito del proyecto que no sean promotores del expediente, si los hubiera, y a los colindantes, para que en el mismo plazo de un mes presenten las observaciones o alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la actuación propuesta. Cuando alguno de estos propietarios sea desconocido se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Undécima.- Valoración final y requerimiento.
Cumplido el plazo de la información pública y audiencia, la Unidad Orgánica de Apoyo Jurídico Administrativo analizará y valorará las alegaciones y escritos presentados así como los informes de los Servicios del Cabildo, por si fuera preciso solicitar:
a) Algún informe de la Unidad Técnica o un informe jurídico.
b) Documentación técnica que no haya sido presentada y que algún Servicio hubiese estimado imprescindible para poder valorar adecuadamente el interés público o social.
En el supuesto b) se requerirá al Ayuntamiento para que presente ante el Cabildo esa nueva documentación en un plazo suficiente en atención a su complejidad, advirtiendo que, en caso de no aportarse en plazo o no aportarse lo requerido, podría acordarse por el órgano insular que no concurre motivación suficiente para declarar el interés público o social de la actuación propuesta. Aportada por el Ayuntamiento la documentación requerida se remitirá al Servicio competente para que la valore y emita, en el plazo de diez días, todas aquellas consideraciones en el ámbito de sus competencias que pudieran ser relevantes para pronunciarse sobre el interés público o social de la actuación en la localización concreta en que pretenda ejecutarse.
Duodécima.- Informe final.
Si no fuera preciso requerir informe técnico y/o jurídico o nueva documentación según se señala en la disposición anterior, o bien se hubieran emitidos esos informes y/o se presentara esa nueva documentación que ha sido valorada e informada por el Área competente, la Unidad Orgánica de Apoyo Jurídico Administrativo analizará todas las actuaciones que se hubieran realizado hasta el momento y emitirá un informe con, al menos, el siguiente contenido:
a) Descripción de las actuaciones realizadas desde la presentación de la solicitud municipal, relacionando individualmente los escritos, alegaciones e informes incorporados al expediente hasta ese momento.
b) Señalamiento, en base a las conclusiones del informe técnico del Área de Política Territorial, del cumplimiento del planeamiento insular que le fuera de aplicación.
c) Resumen, debidamente ordenado y jerarquizado, de todas aquellas consideraciones elaboradas por los servicios del Cabildo y que sean relevantes para que el Pleno de la Corporación se pronuncie sobre el interés público o social de la actuación pretendida.
Decimotercera.- Declaración de interés público o social.
Elaborado el informe final, la Unidad Orgánica de Apoyo Jurídico Administrativo lo presentará al Consejero Insular del Área de Política Territorial para que lo conforme y que, si así lo estima procedente, eleve el expediente al Pleno Insular para que, a la vista de las consideraciones que consten, declare motivadamente el interés público o social de la actuación que se pretende o bien que sobre la misma no concurre causa de interés público o social.
Decimocuarta.- Plazo.
El Cabildo emitirá la declaración en un plazo máximo de tres meses a contar desde la recepción de la solicitud municipal, sin que contabilice en dicho plazo el tiempo en que eventualmente se suspenda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de que el Cabildo Insular no resuelva expresamente sobre la declaración en el plazo máximo, se entenderá que sobre la actuación no concurre causa de interés público o social.
Decimoquinta.- Trámites finales: publicación y notificación.
Adoptado el Acuerdo Plenario que resuelve sobre la declaración de interés público o social, la Unidad Orgánica de Apoyo Jurídico Administrativo tramitará la publicación del mismo, con la correspondiente motivación, en el Boletín Oficial de la Provincia y de la Comunidad Autónoma. Además se notificará el Acuerdo Insular al Ayuntamiento y al promotor de la actuación.
Segundo.- Comunicar el presente Acuerdo a las Áreas Insulares de este Cabildo Insular a los efectos previstos en el artículo 6 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tercero.- Publicar el Acuerdo y la Instrucción en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de Transparencia de esta Corporación.
Cuarto.- Dar cuenta al Pleno de la adopción del presente Acuerdo".
Contra el presente Acuerdo relativo a la aprobación de esta "Instrucción para la tramitación en el Cabildo Insular de Tenerife de actos y uso de interés público o social no previstos por el planeamiento (artículo 79 de la Ley 4/2017, de la Ley de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias)", que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contado desde el día siguiente esta publicación. Sin perjuicio de que tratándose de una Administración Pública se opte por efectuar el requerimiento previo, en el plazo de dos meses, para que anule o revoque el acto, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.3 y 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de enero de 2019.- El Consejero Insular del Área de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez Hernández.
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