ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 1 de diciembre de 2015 se formalizó el Convenio de encomienda de gestión entre la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y la sociedad mercantil pública "Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A." (GRECASA) para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) y la prestación de determinados servicios en materia tributaria y de información y asistencia a los contribuyentes, estableciéndose en el mismo un plazo de vigencia inicial de un año a partir del 1 enero de 2016, tácitamente prorrogable por períodos anuales sucesivos y con un plazo máximo de vigencia de tres años a partir de dicha fecha.
Posteriormente, con fecha 2 de mayo de 2017, se formalizó la primera Adenda de modificación del Convenio de referencia con la finalidad de ajustar la dotación financiera y las tarifas del mismo a los costes reales -tanto directos como indirectos- derivados de la actividad objeto de la encomienda.
Segundo.- La Secretaria General de la Agencia Tributaria Canaria emitió informe, de fecha 5 de octubre de 2018, sobre la necesidad de formalizar un encargo a la sociedad mercantil pública "Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A." para la prestación de determinados servicios en materia de recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tercero.- Con fecha 5 de octubre de 2018 y nº 285/2018 la Directora de la Agencia Tributaria Canaria dictó Resolución de inicio del expediente para la formalización del encargo de referencia.
Cuarto.- El Director Gerente de la sociedad mercantil pública "Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A." informó, con fecha 24 de octubre de 2018, sobre el coste económico y el volumen aproximado actuaciones a realizar para la Agencia Tributaria Canaria.
Quinto.- Mediante informe de la Secretaria de la Agencia Tributaria Canaria, de fecha 14 de noviembre de 2018, se acreditan las ventajas que justifican la formalización del encargo frente a la utilización del contrato administrativo.
Sexto.- La Viceconsejería de Servicios Jurídicos informó el expediente con fecha 21 de noviembre de 2018.
Séptimo.- La Intervención General fiscalizó favorablemente el expediente con fecha 5 de diciembre de 2018.
Octavo.- El Consejo de Gobierno, con fecha 10 de diciembre de 2018, autorizó el gasto derivado de la ejecución del presente encargo.
Noveno.- La Presidenta de la Agencia Tributaria Canaria autorizó la formalización del presente encargo mediante Resolución nº 9/2018, de fecha 28 de diciembre de 2018.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La sociedad mercantil pública "Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A." (GRECASA) cumple los requisitos previstos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por lo que tiene la consideración de medio propio personificado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Segundo.- El presente acto se sujeta al artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y al artículo 32 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, modificado por la Disposición final primera de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018.
Tercero.- El apartado 6º del artículo 32 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, modificado por la Disposición final primera de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018 establece que la tramitación del encargo podrá ultimarse anticipadamente cuando su ejecución deba iniciarse en el ejercicio siguiente quedando sujeta su realización a la existencia, en dicho ejercicio, de crédito adecuado y suficiente para la financiación de las actuaciones objeto del encargo.
Cuarto.- De conformidad con el artículo 12.2.A).f) de la Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria, le corresponde a la Dirección de la Agencia, entre otras funciones "celebrar todo tipo de contratos, convenios o negocios jurídicos en nombre de la Agencia Tributaria Canaria, con otras entidades públicas o privadas, en las materias que sean competencia de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en este Ley y en el estatuto y demás normativa aplicable".
Quinto.- El artículo 27 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, establece que le corresponde al Gobierno autorizar todos los gastos de cuantía superior a 2.000.000 de euros.
En base a lo expuesto
R E S U E L V O:
Primero.- Encargar a la sociedad mercantil pública Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) la prestación del servicio consistente en la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicio en materia de recaudación ejecutiva de todos los ingresos de derecho público sobre los que la ATC sea competente por razón de cualquier título legal o convencional, entre las que se encuentran las siguientes:
a) Preparación y emisión de los documentos en los que se formalicen los actos dictados por los titulares de los órganos competentes de la ATC en materia de recaudación ejecutiva tales como requerimientos de información, providencias de apremio, diligencias de embargo, propuestas de resolución, resoluciones, etc.
b) Emisión y entrega a los obligados tributarios de los documentos cobratorios que soliciten para efectuar el pago de las deudas que se encuentren en período ejecutivo en las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria.
c) Apoyo logístico a la ATC mediante actuaciones tales como el transporte y depósito de bienes embargados.
d) Actuaciones materiales de depuración de valores.
e) Contratación del acceso telemático a la información que suministran los registros mercantiles y de la propiedad u otras entidades autorizadas cuando tenga o pueda tener trascendencia en la tramitación de los procedimientos de recaudación de la ATC.
f) Grabación de los datos que resulten de los procedimientos de recaudación en vía de apremio, revisión y sancionadores tramitados por los órganos tributarios con competencias en materia de recaudación ejecutiva (p. ej.: fecha de expedición de documentos, fecha de trabas, grabación de los bienes embargados, etc.).
g) Cualesquiera otras de naturaleza análoga a las anteriores que fuere preciso realizar dentro del ámbito de la recaudación ejecutiva.
La prestación de dicho servicio no implicará, en ningún caso, el ejercicio de potestades administrativas correspondientes a la Agencia Tributaria Canaria.
La descripción detallada de las actividades a realizar se recoge en el Anexo I a este documento.
Segundo.- La recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Canarias se regirá por:
a) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y los reglamentos que la desarrollan.
b) Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Reglamento General de Recaudación, que fue aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, así como por las disposiciones que lo desarrollen.
d) Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria y su Estatuto regulador, que fue aprobado mediante Decreto 125/2014, de 18 de diciembre.
Tercero.- GRECASA estará obligada a practicar todas aquellas actividades materiales, técnicas o de servicio, que no impliquen ejercicio de autoridad, dirigidas al cobro de las deudas en periodo ejecutivo de todos los ingresos de derecho público sobre los que la ATC sea competente por razón de cualquier título legal o convencional hasta la finalización del procedimiento administrativo de apremio.
Dicha obligación se extenderá a cualquier tipo de actividad de consultoría, asistencia técnica y de prestación de servicios en materia de recaudación ejecutiva o de cualesquiera otras de naturaleza accesoria relacionadas directa o indirectamente con la misma.
La ATC deberá comunicar a GRECASA con carácter previo a su formalización, los convenios de delegación de facultades de recaudación ejecutiva que vayan a ser suscritos con otros entes públicos a efectos de adoptar las medidas organizativas que fueren necesarias para la prestación del servicio.
GRECASA ejecutará el encargo de gestión de cobro las deudas objeto de apremio de acuerdo con los criterios fijados en todo momento por la ATC.
GRECASA responderá de los todos los daños y perjuicios irrogados a la ATC por el mal funcionamiento del servicio encomendado cualquiera que fuere su causa y la naturaleza jurídica de la responsabilidad que se le impute a esta última.
GRECASA será directa y personalmente responsable de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros en ejecución del encargo y por causas a ella imputables.
Cuando los daños o perjuicios causados tengan su causa en una orden directa de la ATC, será esta la que responda de los mismos.
Las aplicaciones informáticas que desarrolle GRECASA para la ejecución de cualquier aspecto relacionado con el objeto del encargo, distintas de la aplicación informática M@gin, deberá ajustarse a los criterios técnicos fijados por la ATC y su titularidad corresponderá a GRECASA.
Los datos obtenidos por GRECASA de registros o bases de datos a los que tenga acceso para la ejecución del encargo deberán ser utilizados de acuerdo con las instrucciones dadas por la ATC. No podrá suministrar información alguna o dar publicidad sobre los mismos a personas o entidades no autorizadas expresamente por la ATC.
En relación con los servicios encomendados, GRECASA se someterá al control e inspección que la ATC considere oportuno en cada momento.
Las obligaciones en materia de seguridad se recogen en el Anexo II a este documento y la relativas a la protección de datos de carácter personal se recogen en el Anexo III.
Cuarto.- El importe que deberá abonar mensualmente la ATC a GRECASA se determinará por la suma algebraica de los importes resultantes de la cuantificación de los factores siguientes:
a) Coste por inicio de la gestión: se fija en 3,00 euros por cada deuda cargada.
b) Coste por gestión realizada: se determina en función de la fecha de cancelación o data y según la naturaleza de la misma, aplicando el siguiente baremo:
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Asimismo, los ingresos correspondientes a los intereses de demora devengarán a un 7%, ya se deriven de aplazamientos o fraccionamientos o de actuaciones de embargo.
c) Actuaciones sin coste del servicio: no generan coste las cancelaciones derivadas por los dispuestos en los artículos 16 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias y 18 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
Minoraciones del coste del servicio: cuando se realicen por los órganos de recaudación de la ATC actuaciones de rectificación (reactivación de deudas) se originará una reducción del coste devengado por la cancelación errónea.
Asimismo, cuando se produzca una rehabilitación de deuda, cualquiera que sea el plazo transcurrido desde la cancelación por incobrable hasta la rehabilitación, se originará la minoración del coste originado por la anterior data por incobrable.
La facturación de las actividades encargadas no podrá superar los costes reales de gestión en lo que GRECASA hubiera incurrido para su realización y su retribución podrá ser revisada para adaptarla a la realidad de los costes generados en cada momento de forma que GRECASA pueda acreditar en todo momento que dicha facturación garantiza su sostenibilidad financiera, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto del Acuerdo de Gobierno de 24 de abril de 2014 de medidas preventivas de detección temprana y de procedimientos previstas en Acuerdo de Gobierno de 20 de febrero de 2014.
Quinto.- GRECASA practicará mensualmente dos liquidaciones la del coste del servicio y la de las costas del procedimiento.
1. Liquidación del coste del servicio.
A efectos de la aplicación de las tarifas del servicio se tendrán en consideración los siguientes conceptos:
a) Los importes ingresados durante el mes natural al que se refiera la liquidación.
El criterio de imputación temporal de los ingresos será la fecha de cierre de los diarios.
b) Los importes datados por motivos distintos al ingreso durante el mes natural al que se refiera la liquidación.
El criterio de imputación temporal de la data será la fecha de cancelación contable.
2. Liquidación de costas del procedimiento.
GRECASA liquidará todas las costas cuyo pago haya sido anticipado por GRECASA durante el mes natural al que se refiera la liquidación.
El detalle de las costas y sus justificantes se incluirán en las liquidaciones, pudiendo la ATC solicitar aclaración si, a su juicio, no estuvieran suficientemente justificadas; así mismo las liquidaciones deberán ir acompañadas del detalle del resto de concepto facturables, incluidas las minoraciones, haciendo una mención expresa a la no procedencia de las mismas, en su caso.
Las facturas del servicio y de las costas cumplirán los requisitos establecidos en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado mediante Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
De conformidad con el criterio de la Dirección General de Tributos, consulta nº 1557, de 26 de marzo de 2013, así como la contestación vinculante de la Viceconsejería de Hacienda y Administración de 17 de agosto de 2015, el importe de la compensación determinada con arreglo al apartado primero no está sujeta al Impuesto General Indirecto Canario al tratarse de servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El gasto efectivo estará supeditado a las necesidades reales de la ATC, lo que determina que tanto el importe del gasto estimado como el número de actuaciones objeto del encargo tengan el carácter de estimativo, por lo que la ATC no está obligada a gastar la totalidad del presupuesto previsto ni a encargar la realización de un número determinado de actividades.
Si las necesidades reales de la ATC determinasen un gasto superior al previsto inicialmente en su presupuesto, GRECASA no podrá realizar las actuaciones que impliquen dicho exceso hasta que la ATC cuente con la cobertura presupuestaria necesaria para la retribución de las mismas.
El importe de las prestaciones parciales que GRECASA puede contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía de este encargo quedando sometidas las mismas a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
El gasto anual estimado derivado de la realización de las actividades previstas en el encargo asciende a la cantidad de 4.684.119,00 euros, importe que será abonado con cargo a la partida presupuestaria 2019.7201.932A.226.04.02.
Sexto.- Las labores de supervisión y control del cumplimiento de las actuaciones encomendadas se llevarán a cabo por los administradores de recaudación, los jefes de dependencia adscritos a la Subdirección de Recaudación, así como el titular de la Subdirección misma.
Dichos responsables deberán controlar que la ejecución del encargo no se desvía de lo estipulado, así como la efectiva finalización del servicio cuando concluya el plazo de vigencia del encargo. Igualmente, deberán informar y fundamentar la necesidad y procedencia de las posibles prórrogas y velar por el seguimiento de la subcontratación conociendo, en todo momento, el grado y alcance de la misma.
Los jefes de departamento y los técnicos coordinadores pertenecientes a GRECASA serán los encargados de dirigir la ejecución del servicio objeto de encargo y de impartir directamente órdenes e instrucciones de trabajo a los trabajadores de dicha sociedad.
El área de informática tributaria de la ATC implementará un sistema de información que, reflejando todos los parámetros establecidos en el presente encargo, garantice la viabilidad de su sistema de facturación.
Las actuaciones objeto de esta encomienda se someterán al control de la Intervención General, en la modalidad que resulte aplicable, y en caso de haber lugar al reintegro de las cantidades abonadas por exceder de los costes directos e indirectos de su realización o por incumplimiento de los requisitos subjetivos y objetivos previstos en este encargo, estas tendrán la consideración de ingresos de Derecho público, siéndoles aplicables las normas sobre recaudación contenidas en la legislación tributaria.
Séptimo.- El presente encargo no implica la existencia de vínculo jurídico alguno entre el personal al servicio de GRECASA y la Agencia Tributaria Canaria.
Tampoco se podrá producir al finalizar las actuaciones encomendadas una subrogación empresarial de la ATC en los términos previstos en el artículo 44.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
En las relaciones del personal de la ATC con el personal de GRECASA serán de obligado cumplimiento las instrucciones aprobadas por Acuerdo de Gobierno de 12 de septiembre de 2013, modificado por Acuerdo de Gobierno de 17 de septiembre de 2018, por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias así como las dictadas en la Circular de la Directora de la ATC, de fecha 14 de noviembre de 2016.
Octavo.- El presente encargo tendrá efectos, una vez notificada la presente Resolución a GRECASA, a partir del día 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de dicho año y su realización queda sujeta a la condición de que en dicho ejercicio exista crédito adecuado y suficiente para financiar las actuaciones objeto del encargo.
La notificación de la presente Resolución supondrá la orden de inicio de las actividades comprendidas en este encargo por lo que GRECASA vendrá obligada a su ejecución en los términos previstos.
Al término de dicho período la vigencia del encargo podrá prorrogarse por períodos anuales de forma expresa mediante resolución de la Directora de la ATC con un máximo total de tres, incluido el primer año de vigencia establecido hasta el 31 de diciembre de 2019.
Noveno.- La presente resolución deberá publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Boletín Oficial de Canarias. Así mismo, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública.
Décimo.- Notifíquese la presente resolución a GRECASA, S.A., haciéndole saber que dicha comunicación supondrá la orden de inicio de las actividades comprendidas en el encargo y vendrá obligada a su ejecución en los términos previstos.
Contra la formalización de este encargo cabe interponer, con carácter potestativo, el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 de la Ley 9/2017, ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación en la plataforma de contratación del sector público, o bien directamente el recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses.
El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación (entiéndase el órgano que orden a el encargo) o en el del órgano competente para la resolución del recurso.
Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados específicamente en el párrafo anterior, deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de diciembre de 2018.- La Directora, María Jesús Varona Bosque.
A N E X O I
Disposiciones sobre el desarrollo de las actividades objeto del encargo.
1. Cargo de valores.
Se entiende por cargo de valores la incorporación a la aplicación informática M@GIN-Ejecutiva de valores en periodo ejecutivo.
En el plazo de dos meses desde la incorporación de los valores en periodo ejecutivo, se depurarán aquellos que no cumplan con los requisitos exigidos por los órganos competentes de la ATC a efectos de su devolución al organismo o entidad titular de los mismos para la subsanación de los errores advertidos.
Sin perjuicio de que la ATC pueda dar instrucciones en sentido contrario, todas las actividades materiales objeto de la gestión de los valores cuya recaudación deba realizarse fuera del ámbito territorial de competencias de la ATC corresponderá a esta última.
La ATC, como responsable de los datos tratados por GRECASA en la ejecución del encargo, responderá de los daños y perjuicios causados por los datos incorrectos, siempre y cuando los errores le sean imputables.
2. Inicio de la recaudación en vía de apremio.
Vencidos los plazos de ingreso en periodo voluntario sin haberse satisfecho las deudas de derecho público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los organismos y demás entes dependientes de la misma, así como los de las entidades con los que la ATC tenga suscritos convenios de delegación de las facultades de recaudación ejecutiva de sus propios recursos económicos, se expedirán las correspondientes providencias de apremio, conforme establece el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que contendrá como mínimo los datos que se especifican en el artículo 70.2 del Reglamento General de Recaudación (RGR), aprobado por Real Decreto 939/2005, de 20 de julio, para que GRECASA se encargue de realizar las actuaciones materiales que sean necesarias para la práctica de su notificación.
Además de los datos que se especifican en el artículo 70 del RGR, la ATC deberá aportar a GRECASA, en su caso, las garantías que se hubiesen podido constituir con ocasión de la suspensión y/o aplazamiento y fraccionamiento de las deudas.
Cuando la ATC tenga conocimiento de cualesquiera otros datos complementarios que puedan facilitar el buen fin del encargo se dará cuenta de los mismos a GRECASA.
3. Aplazamientos y fraccionamientos de pago.
Las actividades materiales, técnicas o de servicio relacionadas con el alta en la aplicación informática, tramitación, archivo y resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de los derechos económicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma, corresponderán a la ATC. También corresponderá a la ATC el alta en la aplicación informática de las garantías existentes. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que la ATC pueda acordar lo contrario.
Salvo que la ATC disponga lo contrario, GRECASA se encargará de realizar las actividades materiales anteriores respecto de los aplazamientos y fraccionamientos de deudas de aquellas entidades no comprendidas en el párrafo anterior en cuyos convenios de delegación se prevea que la gestión de tales aplazamientos y fraccionamientos corresponde a la ATC.
El alta de la concesión del aplazamiento y fraccionamiento de pago determinará la paralización de todas las actuaciones materiales de GRECASA, salvo aquellas que le sean indicadas por la ATC.
El alta del archivo de la solicitud o levantamiento del aplazamiento y fraccionamiento habilitará a GRECASA para la continuación de la ejecución del encargo en los términos indicados por la ATC.
4. Recursos, reclamaciones y suspensión del procedimiento.
Las actividades materiales, técnicas o de servicio relacionadas con el alta en la aplicación informática, tramitación, archivo y resolución de los recursos, reclamaciones y solicitudes de suspensión del procedimiento corresponderán a la ATC. También corresponderá a la ATC el alta en la aplicación informática de las garantías existentes. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que la ATC pueda acordar lo contrario.
El alta de la suspensión del procedimiento determinará la paralización de todas las actuaciones materiales de GRECASA en relación con las deudas objeto de la suspensión.
El alta del archivo, denegación o levantamiento de la suspensión habilitará a GRECASA para la continuación de la ejecución del encargo en los términos indicados por la ATC.
5. Ingresos.
El ingreso de las deudas a las que se refieren los valores cargados se efectuará a través de las entidades de crédito que tengan la condición de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria en los términos establecidos en la normativa reglamentaria.
También se podrá efectuar en las cuentas restringida abiertas en las entidades de crédito que la ATC señale en cada momento y en las condiciones por ella establecidas. En estos casos, corresponderá a GRECASA el registro de tales ingresos en la aplicación informática.
Cuando los ingresos se hubiesen hecho en cualquier otra cuenta distinta de las anteriores, la ATC lo comunicará a GRECASA a efectos del registro de tales ingresos en la aplicación informática.
6. Solicitud de colaboración e información a la ATC.
Cuando la ejecución total o parcial del encargo objeto del Convenio requiera de la colaboración o aportación de información por parte de la ATC, GRECASA recabará de ella dicha colaboración o información comunicándole, en su caso, los efectos que derivan de la falta de atención de lo solicitado.
7. Datas.
1. A efectos del encargo, se entiende por data la cancelación de valores en periodo ejecutivo en la aplicación informática M@GIN-Ejecutiva.
2. La cancelación de valores se puede producir por ingreso o por baja.
a) Data por ingreso.
Esta causa de data comprende las siguientes formas de extinción de la deuda: pago, compensación, deducción sobre transferencia y adjudicación de bienes y derechos a la Hacienda pública acreedora.
b) Data por baja.
Esta causa de data comprende los siguientes conceptos:
b.1) Anulación.
b.2) Devolución de valores al organismo o entidad territorial titular de los mismos.
Dicha devolución se producirá en los supuestos y condiciones que se fijen en los correspondientes convenios.
b.3) Incobrable.
Son créditos incobrables aquellos que no han podido hacerse efectivos en el procedimiento de apremio por resultar fallidos todos los obligados al pago. La declaración total o parcial de crédito incobrable determina la baja en cuenta del crédito en la cuantía indicada en la declaración.
Cuando se constatare la solvencia sobrevenida de alguno de los obligados al pago de un crédito declarado total o parcialmente incobrable, el órgano de recaudación acordará la rehabilitación de dicho crédito, siempre que no mediare prescripción, y GRECASA continuará con las actuaciones objeto de encargo de acuerdo con las indicaciones de la ATC.
También procederá la baja por incobrable cuando la ATC acuerde la propuesta de incobrable de valores cuya titularidad corresponda a los entes públicos con convenio.
b.4) Prescripción del derecho a cobrar.
b.5) Falta de datos.
Esta causa hace referencia a aquellos supuestos en los que la falta de datos o los errores en los datos de los valores en periodo ejecutivo no permitan el inicio o continuación de la actividad recaudatoria.
b.6) Fallecidos.
Esta causa de data estará referida a los casos de extinción de sanciones administrativas y tributarias que no sea susceptibles de ser requeridas a los sucesores.
b.7) Menor cuantía.
Se darán de baja por esta causa a aquellos valores en los que concurran los requisitos establecidos en las órdenes de la Consejería de Hacienda dictadas al amparo de lo establecido en los artículos 16 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias y 18 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
8. Costas del procedimiento.
Tienen la consideración de costas del procedimiento de apremio aquellos gastos que se originen con ocasión de la actuación recaudatoria especificados en el RGR.
Corresponderá a GRECASA anticipar, en su caso, el pago de todas las costas derivadas de la ejecución del encargo.
GRECASA liquidará mensualmente todas las costas cuyo pago haya sido anticipado por ella en los términos establecidos en este encargo.
A N E X O I I
Disposiciones sobre medidas de seguridad a seguir en el desarrollo de las actividades objeto del encargo.
I) Disposiciones generales.
Sin perjuicio de la obligatoria implantación y aplicación de las medidas de seguridad que la ATC imponga en cada momento, GRECASA implementará las medidas se seguridad exigidas en el Título VIII del Reglamento de protección de datos de carácter personal (RPDCP), aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Las medidas de seguridad deberán atender a las prescripciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) así como a las de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Atendiendo a la clasificación que el RPDCP hace de los ficheros o tratamientos de datos, las medidas de seguridad que debe aplicar GRECASA se corresponden con los niveles básico y medio.
II) Documento de seguridad.
II.1) De no disponer de él, GRECASA elaborará un documento de seguridad que recogerá las medidas de índole técnica y organizativa acordes a la normativa de seguridad vigente y que será de obligado cumplimiento para todo su personal.
Dicho documento contendrá, como mínimo, los aspectos siguientes:
a) Ámbito de aplicación del documento con especificación detallada de los recursos protegidos.
b) Medidas, normas, procedimientos de actuación, reglas y estándares encaminados a garantizar el nivel de seguridad exigido en la normativa vigente.
c) Funciones y obligaciones del personal en relación con el tratamiento de los datos de carácter personal incluidos en los ficheros.
d) Estructura de los ficheros de datos de carácter personal y descripción de los sistemas de información que los tratan.
e) Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias.
f) Los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos en los ficheros o tratamientos automatizados.
g) Las medidas que sea necesario adoptar para el transporte de soportes y documentos, así como para la destrucción de los documentos y soportes, o en su caso, la reutilización de estos últimos.
II.2) En caso de que fueran de aplicación a los ficheros las medidas de seguridad de nivel medio o las medidas de seguridad de nivel alto, previstas en este título, el documento de seguridad deberá contener, además, los datos siguientes:
a) La identificación del responsable o responsables de seguridad.
b) Los controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el propio documento.
Cuando exista un tratamiento de datos por cuenta de terceros, el documento de seguridad deberá contener la identificación de los ficheros o tratamientos que se traten en concepto de encargado con referencia expresa al contrato o documento que regule las condiciones del encargo, así como de la identificación del responsable y del período de vigencia del encargo.
En aquellos casos en los que datos personales de un fichero o tratamiento se incorporen y traten de modo exclusivo en los sistemas del encargado, el responsable deberá anotarlo en su documento de seguridad.
El documento de seguridad deberá mantenerse en todo momento actualizado y será revisado siempre que se produzcan cambios relevantes en el sistema de información, en el sistema de tratamiento empleado, en su organización, en el contenido de la información incluida en los ficheros o tratamientos o, en su caso, como consecuencia de los controles periódicos realizados. En todo caso, se entenderá que un cambio es relevante cuando pueda repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas.
El contenido del documento de seguridad deberá adecuarse, en todo momento, a las disposiciones vigentes en materia de seguridad de los datos de carácter personal.
III) Clases y contenido de medidas de seguridad.
Las medidas de seguridad a aplicar dependerán de si los ficheros o tratamientos son automatizados o no automatizados. El contenido de los mismas puede resumirse de la siguiente manera:
III.1) Ficheros y tratamientos automatizados.
III.1.1) Medidas de seguridad de nivel básico.
a) Funciones y obligaciones de cada uno de los usuarios o perfiles de usuarios.
Deberán estar claramente definidos en el documento de seguridad, incluidas las funciones de control y autorizaciones delegadas por el responsable del tratamiento, y se adoptarán las medidas necesarias para que el personal tenga conocimiento de las normas de seguridad y de las consecuencias de su incumplimiento.
b) Registro de incidencias.
GRECASA contará con un registro en que se haga constar el tipo de incidencia, el momento en que se ha producido o, en su caso, detectado, la persona que realiza la notificación de la incidencia, a quien se la comunica, los efectos que se hubieran derivado de la misma y las medidas correctoras aplicadas.
c) Control de acceso.
GRECASA se encargará de que exista una relación actualizada de usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados a cada uno de ellos, estableciendo los mecanismos que eviten que un usuario pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados.
En caso de que exista personal ajeno a GRECASA que tenga acceso a los recursos deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el personal propio.
d) Gestión de soportes y documentos.
La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, incluidos los comprendidos y/o anejos a un correo electrónico, fuera de los locales bajo control de GRECASA deberá ser autorizado por esta o encontrarse debidamente autorizada en el documento de seguridad.
En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido a la información durante su transporte.
Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior.
e) Identificación y autenticación.
GRECASA establecerá un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado.
El documento de seguridad establecerá la periodicidad, que en ningún caso será superior a un año, con la que tienen que ser cambiadas las contraseñas que, mientras estén vigentes, se almacenarán de forma ininteligible.
f) Copias de respaldo y recuperación.
GRECASA establecerá procedimientos de actuación para la realización de copias de respaldo con una periodicidad mínima semanal, así como procedimientos de recuperación de los datos que garanticen en todo momento su reconstrucción en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o destrucción.
III.1.2) Medidas de seguridad de nivel medio.
a) Responsable de seguridad.
En el documento de seguridad deberán designarse uno o varios responsables de seguridad encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el mismo.
b) Auditoría.
A partir del nivel medio los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento de las medidas de seguridad aplicables, sin perjuicio de las auditorías que con carácter extraordinario deban realizarse cuando se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas.
c) Gestión de soportes y documentos.
GRECASA deberá establecer un sistema de registro de entrada de soportes que permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora, el emisor, el número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la recepción o de la entrega, que deberá estar debidamente autorizada.
d) Identificación y autenticación.
Se establecerá un mecanismo que limite la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información.
e) Control de acceso físico.
Exclusivamente el personal autorizado en el documento de seguridad podrá tener acceso a los lugares donde se hallen instalados los equipos físicos que den soporte a los sistemas de información.
f) Registro de incidencias.
En dicho registro deberá consignarse, además, los procedimientos realizados de recuperación de los datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y, en su caso, qué datos ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de recuperación.
III.2) Ficheros y tratamientos no automatizados.
III.2.1) Medidas de seguridad de nivel básico.
a) Criterios de archivo.
El archivo de los soportes o documentos se realizará de acuerdo con los criterios previstos en su respectiva legislación. Estos criterios deberán garantizar la correcta conservación de los documentos, la localización y consulta de la información y posibilitar el ejercicio de los derechos de oposición al tratamiento, acceso, rectificación y cancelación. Cuando no exista norma aplicable, GRECASA deberá establecer los criterios y procedimientos de actuación que deban seguirse para el archivo.
b) Dispositivos de almacenamiento.
Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos de carácter personal deberán disponer de mecanismos que obstaculicen su apertura. Cuando las características físicas de aquéllos no permitan adoptar esta medida, GRECASA adoptará medidas que impidan el acceso de personas no autorizadas.
c) Custodia de soportes.
Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre archivada en los dispositivos de almacenamiento establecidos en el artículo anterior, por estar en proceso de revisión o tramitación, ya sea previo o posterior a su archivo, la persona que se encuentre al cargo de la misma deberá custodiarla e impedir en todo momento que personas no autorizadas puedan acceder a ella.
III.2.2) Medidas de seguridad de nivel medio.
Se aplicarán las medidas de seguridad relativas a la designación de uno o varios responsables de seguridad y auditoría ya establecidas para los ficheros y tratamientos automatizados.
A N E X O I I I
Disposiciones en materia de protección de datos de carácter personal a seguir en el desarrollo de las actividades objeto del encargo.
a) GRECASA se obliga a ejecutar el encargo con observancia plena y estricta sujeción a los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y su normativa de desarrollo.
Así mismo deberá atender a las prescripciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) así como a las de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
b) Dado que la ATC tiene la condición de responsable de los datos de carácter personal cedidos a GRECASA como responsable de su tratamiento para la ejecución del encargo, esta última no podrá ceder su tratamiento a terceros, salvo autorización expresa de la ATC y para los fines y con condiciones que indicare.
c) El personal de GRECASA que en ejecución del encargo tenga conocimiento de los datos de carácter personal estará obligado al más estricto y completo sigilo respecto de ellos.
d) GRECASA no registrará dato alguno de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se determina en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, en especial, y velará especialmente por la seguridad e integridad de la información en los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.
e) Todos los ficheros de GRECASA que contengan datos de carácter personal obtenidos con ocasión de la ejecución del encargo serán conservados y depurados de acuerdo con lo establecido en la legislación tributaria y de protección de datos de carácter personal.
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