BOC - 2018/228. Viernes 23 de Noviembre de 2018 - 5396

III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad

5396 - ORDEN de 11 de septiembre de 2018, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos denominados «Parque Eólico Arcos del Coronadero», «Parque Eólico Las Casillas-1» y «Parque Eólico Lomo del Moral», promovidos por Alamillo de Doramas, S.L., en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria.- Expte. 2018/5833.

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ANTECEDENTES

1º) Con fecha 16 de marzo de 2018, la Dirección General de Industria y Energía solicita la Declaración de Impacto Ambiental prevista en el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental del proyecto denominado «Parque Eólico Arcos del Coronadero», promovido por la entidad Alamillo de Doramas, S.L., para el cual se tramita el expediente administrativo nº 2018/5828.

2º) En la misma fecha se remite idéntica solicitud para los proyectos del mismo promotor denominados «Parque Eólico Las Casillas-1», al que se asigna el expediente nº 2018/5833, y «Parque Eólico Lomo del Moral» con expediente nº 2018/5838.

Una vez examinada la documentación técnica aportada en el marco de cada expediente, se comprueba que los tres parques eólicos se plantearon para el mismo fin, están ubicados en la misma localidad geográfica, próximos unos de otros, y comparten infraestructuras básicas para su funcionamiento, siendo además del mismo promotor, por lo que se estimó adecuado que dichos expedientes se unificasen en uno solo desde el punto de vista de su evaluación de impacto ambiental.

Como consecuencia de lo anterior, la Viceconsejería de Medio Ambiente acordó, mediante Resolución nº 151, de 14 de mayo de 2018, la acumulación del expediente nº 2018/5828 de evaluación de impacto ambiental del proyecto «Parque Eólico Arcos del Coronadero» y del expediente nº 2018/5838 de evaluación de impacto ambiental del proyecto «Parque Eólico Lomo del Moral», al expediente nº 2018/5833, de evaluación de impacto ambiental del proyecto «Parque Eólico Las Casillas-1».

3º) Esta propuesta se ha elaborado teniendo en cuenta toda la documentación que hasta la fecha ha sido remitida por la Dirección General de Industria y Energía, y que forma parte del correspondiente expediente administrativo: 1) El expediente de Información Pública, que incluye las certificaciones acreditativas de la fase de Información Pública; 2) Proyecto técnico elaborado; y 3) Estudio de Impacto Ambiental.

Asimismo se han tenido en cuenta los informes emitidos por diversas instituciones y administraciones públicas, entre ellos el informe del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, así como la información aportada por las unidades administrativas de la Dirección General de Protección de la Naturaleza.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. El artículo 9.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que "los planes, programas y proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha ley deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su adopción, aprobación, autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común" (referencia que en la actualidad debe entenderse hecha al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En este sentido, señala el mismo precepto que "Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder".

Los proyectos a que se refiere la presente resolución se encuentran comprendidos en el Grupo 3, apartado i) del Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental ("instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que tengan más de 30 MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental"). En este caso, los parques se encuentra a menos de 2 km de otros parques eólicos en funcionamiento, autorizados, en construcción o con declaración de impacto ambiental.

En el ámbito autonómico, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece una determinación similar, estando incluidos en el apartado A de su anexo que establece los proyectos que se han de someter a evaluación de impacto ambiental ordinaria. Concretamente están en el Grupo 3, apartado j. «Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que se encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico». Por tanto, deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, en virtud de lo previsto en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013 y en el apartado 2.a) de la disposición adicional primera de la Ley 4/2017.

De conformidad con el artículo 41.2 de la citada Ley 21/2013, "la declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y determinante, y determinará si procede o no, a los efectos ambientales, la realización del proyecto y, en su caso, las condiciones en las que puede desarrollarse, las medidas correctoras y las medidas compensatorias", fijando a continuación su contenido mínimo.

Respecto a la vigencia de la declaración de impacto ambiental, la misma finalizará en el plazo de cuatro años, contado a partir de la publicación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la reiterada norma estatal.

Finalmente, la disposición adicional undécima de la Ley 21/2013 permite al órgano ambiental acordar la acumulación de procedimientos cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común" (referencia que debe entenderse hecha al artículo 57 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), cumpliéndose en el presente supuesto todos los requisitos de identidad.

II. La Disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos establece que "A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe la administración competente para autorizar o aprobar el proyecto, debiendo garantizarse la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los términos previstos en la legislación estatal básica".

Al tratarse de proyectos cuya autorización compete a un órgano de la Administración Autonómica, como es la Dirección General de Industria y Energía, procede aplicar lo dispuesto en la Disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 4/2017, la cual señala que "En tanto el Gobierno de Canarias procede a regular la composición, la estructura y el régimen de funcionamiento del órgano a que se refiere el artículo 12.5 de la presente ley, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias asumirá el desempeño provisional de las funciones señaladas en ese precepto, así como cualquier otra competencia atribuida genéricamente a la Administración autonómica por esta ley", entre las que debemos incluir las propias del órgano ambiental para la evaluación de impacto ambiental de proyectos.

A este respecto entendemos que sigue aplicando la delegación operada mediante acuerdo de la COTMAC de 2 de octubre de 2015 (BOC nº 202, de 16 de octubre), por la que se delegó en la persona titular de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad la competencia que corresponde a ese órgano colegiado como órgano ambiental en la emisión de las declaraciones de impacto ambiental.

III. Por su parte, la Viceconsejería de Medio Ambiente, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 11.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los departamentos de la Administración Autonómica, así como por el artículo 18.1 del Decreto 137/2016, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, es competente para formular la presente propuesta de orden.

El artículo 35.1 de la misma norma organizativa departamental atribuye finalmente a la Dirección General de Protección de la Naturaleza la función de "Realizar el análisis técnico y jurídico de los expedientes de evaluación ambiental de planes y programas de índole no territorial o urbanística, así como los de evaluación de impacto ambiental de proyectos".

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Formular por delegación la declaración de impacto ambiental de los proyectos denominados «Parque Eólico Arcos del Coronadero», «Parque Eólico Las Casillas-1» y «Parque Eólico Lomo del Moral» (expediente 2018/5833), determinando que procede a los efectos ambientales su realización, con el siguiente contenido:

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Segundo.- Notificar la presente orden a Alamillo de Doramas, S.L., a la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Tercero.- Ordenar la publicación de la declaración de impacto ambiental como anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el acto que se dicte, por ser de trámite, no cabe recurso alguno, pudiendo no obstante interponerse el que se considere más oportuno, de entenderse que se da alguno de los supuestos excepcionales establecidos en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de septiembre de 2018.

LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL,

SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD

(p.d. Acuerdo de la COTMAC de 2.10.15),

Nieves Lady Barreto Hernández.



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