BOC - 2018/221. Jueves 15 de Noviembre de 2018 - 5237

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

5237 - ORDEN de 31 de octubre de 2018, por la que se delegan en la persona titular de la Dirección General de Trabajo, competencias en materia de contratación necesarias para la tramitación del expediente relativo a las obras de la 2ª fase de la reforma del edificio ubicado en la calle Alicante, nº 1, de Las Palmas de Gran Canaria, sede del Instituto Canario de Seguridad Laboral.

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Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Trabajo para llevar a cabo la 2ª fase de la reforma del edificio ubicado en la calle Alicante, nº 1, de Las Palmas de Gran Canaria, sede del Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL).

Visto el informe-propuesta del Director General de Trabajo y considerando que

I. ANTECEDENTES

1º) El edificio ubicado en la calle Alicante, nº 1, de Las Palmas de Gran Canaria, fue transferido a esta Comunidad Autónoma por el Real Decreto 1724/1984, de 18 de julio (BOE nº 230, de 25.9.84), sobre transferencia de las funciones y servicios relativos a los entonces llamados Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, hoy integrados en el Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL). Por esta razón se le conoce como Edificio del ICASEL, aunque en él también se aloja el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC) adscrito asimismo a esta Dirección General.

Por esta razón, las competencias de administración, conservación, vigilancia, representación y defensa del edificio corresponden a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, puesto que es el departamento al que está adscrito el citado bien inmueble, según se establece en el artículo 8.3 de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2º) A comienzos del pasado año este edificio, que por el uso que tiene asignado está abierto al público, tuvo que ser evacuado por derrumbe de su fachada. Este hecho, unido a otras deficiencias importantes que afectaban a la seguridad del mismo y a la de sus ocupantes, determinó la necesidad de abordar, sin más aplazamientos y de forma urgente, la necesaria reforma que se venía demandando en varios informes técnicos emitidos anteriormente. Las dificultades de financiación obligaron a dividir estas obras de reforma en dos fases.

3º) Por la Orden nº 720/2017, de 27 de octubre, se aprobó el plan plurianual de contratación de las dos fases de las obras, y se aprobó también el proyecto de la 1ª fase de las mismas, que incluía la "adecuación de la fachada y accesibilidad del citado edificio".

4º) Por Orden nº 740/2017, de 2 de noviembre, de la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, se delegaron en el Director General las competencias que le correspondían como órgano de contratación, para tramitar el expediente de contratación de las obras incluidas en el proyecto de la 1ª fase de estas obras. Esta Orden se publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 218, de 13 de noviembre de 2017.

5º) En ejercicio de estas competencias delegadas, la Dirección General de Trabajo tramitó y adjudicó el correspondiente contrato de las obras de la primera fase, y ha velado por su correcta ejecución. En estos días se está tramitando la recepción de estas obras que ya están finalizadas.

6º) Por otro lado, se está ultimando la redacción del proyecto de las obras que se incluirán en la 2ª fase, que en principio se ha denominado como proyecto de "Acondicionamiento, instalaciones y urbanización exterior, del Edificio ubicado en la calle Alicante, nº 1, de Las Palmas de Gran Canaria, sede del ICASEL" y en el se incluirán las instalaciones interiores de baja tensión (BT), de protección contra el fuego (PCI), de climatización y ventilación y de audiovisuales. Además incluirá la adaptación de la fontanería, redes de saneamiento y un resto pendiente del proyecto de arquitectura en relación con la urbanización exterior del edificio: sustitución de vallado, aparcamientos y acceso peatonal.

Según las previsiones realizadas hasta la fecha, el presupuesto de este proyecto ascendería a 1.750.000 euros con un plazo de ejecución de seis meses, por lo que, en principio, la ejecución de estas obras abarcará dos anualidades.

7º) En el presupuesto vigente, existe crédito suficiente para afrontar la anualidad de 2018 y en los escenarios presupuestarios se ha previsto la dotación de la anualidad de 2019, por lo que por parte de la Dirección General de Trabajo se han iniciado los trámites precisos para que por la Consejera de Hacienda, en ejercicio de las facultades delegadas por el Gobierno (Decreto 38/2016, de 25 de abril-BOC nº 84, de 3 de mayo), sea aprobado el gasto plurianual que incremente el porcentaje de gasto a imputar a la anualidad de 2019 en la partida 23.16.494B. 612.00-PI. 156G0068 denominado "Obras y acondicionamiento sede del Instituto Canario de Seguridad Laboral" para poder iniciar a la mayor brevedad posible el expediente de contratación de las obras incluidas en esta segunda última fase.

8º) En el informe emitido por la Dirección General de Trabajo se propone que, al igual que se hizo para la contratación de las obras de la primera fase, se le deleguen las competencias necesarias para tramitar el expediente de contratación de las obras de la segunda fase y velar por su total ejecución. En el mismo informe se exponen las razones por las que no se han podido iniciar antes los trámites necesarios para comenzar este expediente, y se justifica la necesidad de acelerar la gestión al máximo con el fin de que las obras comiencen cuanto antes porque las obras de la primera fase han finalizado, la reforma se encuentra a medias pendiente de completar y es preciso que los servicios administrativos alojados recuperen su normal funcionamiento lo antes posible, permitiendo el retorno del personal actualmente disperso en varias dependencias improvisadas.

Por esta razón, y como medida para agilizar la tramitación del expediente, se propone que se deleguen en la Dirección General de Trabajo las competencias que corresponden al órgano de contratación en relación con el mencionado expediente, a fin de dar más agilidad a la tramitación, como se hizo con el expediente de contratación de las obras de la 1ª fase.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias de administración, conservación, vigilancia, representación y defensa del edificio corresponden a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que es el departamento al que está adscrito el citado bien inmueble, según se establece en el artículo 8.3 de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segunda.- Dado el importe al que asciende el presupuesto previsto para las obras de la segunda fase (1.750.000 euros), las competencias del órgano de contratación corresponden a la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda (artículo 5.1 del Reglamento Orgánico de esta Consejería, en relación con el artículo 29.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias).

Tercera.- El órgano de contratación puede delegar las competencias y facultades que tiene atribuidas, según se prevé en el artículo 61.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), y también en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, y añade que las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de este, siendo revocable la delegación en cualquier momento.

Por su parte, el artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, establece que el ejercicio de las competencias propias podrá ser delegado en el órgano que, por la aplicación del principio de eficacia, sea más idóneo para ello, añadiendo, en su apartado cuarto, que las delegaciones podrán ser avocadas por el órgano delegante, con carácter general o para la resolución de un determinado expediente, y finalmente se añade que las delegaciones y las avocaciones de carácter general deberán ser publicadas, para surtir efectos, en el Boletín Oficial de Canarias.

Cuarta.- La Dirección General de Trabajo tiene atribuidas las competencias previstas en el artículo 18 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. En cuanto a las competencias generales, por remisión al artículo 19 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, se incluyen las facultades inherentes como órgano de contratación, si bien elevándose a trescientos mil euros el límite para el ejercicio de las mismas.

Asimismo, le corresponden las competencias de dirección, coordinación, estudio y resolución en materia de trabajo no atribuidas específicamente a otro órgano, previstas en el apartado 2 del artº. 18 y en concreto, en su calidad de Autoridad Laboral, el conocimiento y resolución de los expedientes en materia de seguridad en el trabajo a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral.

Quinta.- Por otro lado, en virtud de la Orden de la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, de 6 de noviembre de 2015 (BOC nº 224, de 18 de noviembre de 2015), se delegó en los órganos superiores de esta Consejería, a excepción de la Secretaría General Técnica, el ejercicio de la competencia para reconocer las obligaciones correspondientes e interesar del ordenador general de pagos la realización de los correspondientes pagos, tramitados con cargo a las aplicaciones presupuestarias gestionadas por los órganos superiores de este Departamento, derivadas entre otras, de expedientes de contratación en los que el órgano de contratación sea la persona titular de la Consejería.

Visto el informe justificativo del directivo centro proponente, existen razones de eficacia y eficiencia, así como de agilidad en la tramitación, que aconsejan ampliar las competencias delegadas en la persona titular de la Dirección General de Trabajo, al ser el órgano idóneo para ello, en relación con la contratación de las obras de reforma del Edificio ubicado en calle Alicante, nº 1, de Las Palmas de Gran Canaria, sede del Instituto Canario de Seguridad Laboral, para incluir además de las ya delegadas según lo expuesto en el apartado anterior, todas las que correspondan al órgano de contratación como son, entre otras, las de aprobar los proyectos (artículo 231 de la LCSP), aprobar el expediente de contratación y el gasto, autorizar el compromiso del mismo, adjudicar el contrato, suscribirlo y las demás facultades y potestades precisas para culminar con éxito la total ejecución de las obras, así como la recepción y liquidación de las mismas.

Sexta.- Por último es preciso tener en cuenta que para poder iniciar el expediente de contratación, es preciso acreditar la existencia de crédito suficiente, porque así se prevé en el artículo 116 de la LCSP, y según se expone en los apartados 6º y 7º de los antecedentes de hecho, a día de hoy solo es posible acreditar la existencia de crédito para afrontar los gastos de la anualidad de 2018, y se están realizando los trámites precisos para que se apruebe el gasto correspondiente con el que se complete la financiación de 2019, al amparo de lo previsto en el artículos 22 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018 (Ley 7/2017, de 27 de diciembre).

En su virtud, a propuesta del Director General de Trabajo y con la conformidad del Viceconsejero de Empleo y Emprendeduría,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en la persona titular de la Dirección General de Trabajo, la competencia en materia de contratación, con todas las facultades inherentes al órgano de contratación, entre las que se encuentran, entre otras, la de aprobar el proyecto, declarar la urgencia en su caso, aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto y autorizar el compromiso del mismo, adjudicar y suscribir el contrato, así como ejercer las potestades precisas para garantizar la total ejecución de las obras, así como la recepción y liquidación de las mismas, en relación al expediente de contratación de las obras incluidas en la 2ª fase de la reforma del edifico administrativo sede del ICASEL en Las Palmas de Gran Canaria, con excepción de la competencia para reconocer las obligaciones correspondientes e interesar del ordenador general de pagos la realización de los correspondientes pagos, pues esta última ya se encuentra delegada, en virtud de la referida Orden de 6 de noviembre de 2015.

Segundo.- Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Tercero.- La delegación contenida en esta Orden se adopta sin perjuicio de las facultades de avocación y revocación que ostenta el órgano delegante, de conformidad con la normativa vigente.

Cuarto.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Quinto.- La presente Orden surtirá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Si bien, su eficacia está condicionada a la aprobación del gasto plurianual correspondiente, pues solo desde entonces se podrá iniciar el expediente de contratación afectado por la delegación.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de octubre de 2018.

LA CONSEJERA DE EMPLEO,

POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA,

Cristina Valido García.



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