El Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, dictó Sentencia nº 1138/2018, de 3 de julio, recaída en el recurso de casación nº 1863/2017 interpuesto por la Comunidad Autónoma de Canarias contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, en el recurso contencioso-administrativo nº 110/2013, promovido por la entidad Vodafone España, S.A.U. contra el Decreto 124/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias, publicado el Boletín Oficial de Canarias nº 112, de 8 de junio de 2011.
En su virtud, vistas las disposiciones legales de aplicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 118 de la Constitución Española, el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y artículo 104.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
R E S U E L V O:
Dar publicidad en el Boletín Oficial de Canarias, para general conocimiento y cumplimiento, al fallo de la Sentencia nº 1138/2018, de 3 de julio, dictada por la Sección Quinta, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, del siguiente tenor: "Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido 1º. Declaramos haber lugar, y, por tanto, estimamos el recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma de Canarias contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en fecha 15 de diciembre de 2016, en el recurso contencioso-administrativo 110/2013, y seguido contra el Decreto 124/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias. 2º. Casamos y anulamos la citada Sentencia. 3º. Estimamos el recurso contencioso-administrativo 110/2013 interpuesto por la entidad Vodafone España, S.A.U. contra el Decreto 124/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias, declarando que -en lo relativo a las Directrices citadas en el fundamento quinto de esta Sentencia-, deberá la Comunidad Autónoma proceder a su adaptación a la legislación estatal, previo informe del Ministerio de Industria, considerando, hasta tanto, que las referidas Directrices quedan sin aplicación. 4º. No imponer las costas del recurso, ni las de la instancia.
Asimismo, se da publicidad al fundamento de derecho quinto de la citada Sentencia, que establece: "La interpretación que se realiza conduce a la estimación de las pretensiones que la parte recurrente deduce en el escrito de interposición del recurso, en relación con las directrices concretamente impugnadas del Decreto 124/2011, de 17 de mayo: A) Directrices que imponen determinadas infraestructuras -Directrices 5.2.d) y f); 11.1.b); 22.2 y 30.1.b); 8, 9 y 10. B) Las que establecen la obligación de compartición 4.1.d) y 6. C) Las que imponen las denominadas cláusulas de progreso: 4.1.e); 6.2; 39.2 y 3; 5.2.d) y f); 14.2.1 y finalmente. D) Las que suponen una Intervención administrativa, Directrices 14 y 25. Por todo ello, ante la ausencia de cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición transitoria novena de la Ley 9/2014 es consecuencia obligada declarar que dichos preceptos deben entenderse derogados tácitamente por la ley estatal o, si se quiere, desplazados por esta, hasta tanto por la Comunidad Autónoma de Canarias no se realice la adaptación a que viene obligada, para lo que deberá recabar el oportuno informe previsto en el artículo 35 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Todo lo cual lleva a la estimación del recurso de casación interpuesto, fijando la doctrina expuesta, y, en consecuencia, a la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente, dejando sin efecto, en los términos expresados, las citadas Directivas del Decreto 124/2011, de 17 de mayo."
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de septiembre de 2018.- El Secretario General, Ceferino José Marrero Fariña.
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