Examinado el expediente administrativo.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Mediante escrito que tuvo entrada en la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad (CPTSS) el 28 de noviembre de 2017, el Presidente del Cabildo de Fuerteventura solicita la incoación de procedimiento de revisión de oficio del Decreto 159/2001, de 23 de julio, sobre subsanación de las deficiencias no sustanciales del PIOF (BOC nº 111, de 22 de agosto de 2001), en lo referido a la aprobación y publicación del plano anejo al mismo.
2º) Mediante Decreto 244/2017, de 18 de diciembre (BOC nº 247, de 27 de diciembre de 2017), se incoa procedimiento de revisión de oficio parcial del Decreto 159/2001, de 23 de julio, en cuanto a la delimitación de determinados Suelos Rústicos de Edificación Dispersa ubicados en Espacio Natural Protegido.
3º) A la vista de la instrucción realizada por la CPTSS, y del informe emitido por la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos con fecha 18 de mayo de 2018, se dicta el Decreto 86/2018, de 11 de junio (BOC nº 116, de 18 de junio de 2018), por el que se desiste del mencionado procedimiento de revisión de oficio parcial del Decreto 159/2001, de 23 de julio, conforme a los motivos expresados en el mismo.
4º) Con fecha 2 de agosto de 2018 tiene entrada en la CPTSS Decreto del Presidente del Cabildo de Fuerteventura formulando requerimiento previo contra el Decreto 86/2018, de 11 de junio, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).
En dicho requerimiento, en síntesis y entre otras alegaciones, menciona la competencia que le está asignada al Cabildo Insular, así como la lealtad institucional, expresando sobre ello (en las páginas 17 y 18):
"(...) Visto lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias
Artículo 16. Lealtad institucional. En el ejercicio de sus respectivas competencias, la Administración de la comunidad autónoma y las de los cabildos y ayuntamientos observarán en sus relaciones recíprocas el principio de lealtad institucional, que implicará, en todo caso:
a) El respeto al ejercicio legítimo por las otras administraciones públicas de sus respectivas competencias.
b) La ponderación, en el ejercicio de las competencias propias, de la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras administraciones.
Visto que conforme al artículo 102 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias corresponde a los Cabildos insulares la competencia para formular, elaborar y aprobar los planes insulares de ordenación y, en consecuencia, su interpretación auténtica. (...)".
5º) Con fecha 20 de agosto esta Administración Autonómica somete al Cabildo Insular, mediante trámite de audiencia, la correspondiente propuesta de resolución con la siguiente parte dispositiva:
"(...) Primero.- Estimar parcialmente el requerimiento previo interpuesto por el Cabildo de Fuerteventura contra el Decreto 86/2018, de 11 de junio, en el único sentido de apreciar la falta de competencia del Gobierno de Canarias para incoar, tramitar y resolver el procedimiento de revisión de oficio parcial del Decreto 159/2001, de 23 de julio; al haber quedado transferidas a los Cabildos las competencias de aprobación definitiva de los Planes Insulares de Ordenación, en virtud del artículo 102 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
En consecuencia, declarar la nulidad íntegra del procedimiento incoado mediante el Decreto 244/2017, de 27 de diciembre (BOC nº 247, de 27 de diciembre de 2017), y en particular declarar la nulidad de dicho Decreto y del Decreto 86/2018, de 11 de junio (BOC nº 116, de 18 de junio de 2018).
Segundo.- Declarar, en congruencia con lo anterior, que corresponde al Cabildo Insular de Fuerteventura la competencia para la revisión de oficio del Decreto 159/2001, de 23 de julio, mediante la tramitación del oportuno procedimiento en el que se deberá conferir audiencia a la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de política territorial.
Tercero.- Conferir, en este trámite, audiencia al Cabildo de Fuerteventura.
Cuarto.- Publicar el Decreto que se dicte en el BOC (...)"
6º) El día 4 de septiembre el Cabildo Insular cumplimenta sus alegaciones reproduciendo las apreciaciones sobre la competencia y la lealtad institucional, mostrando, en esencia, su conformidad con la parte dispositiva de la indicada propuesta y proponiendo modificar puntualmente la redacción del apartado dispositivo segundo en los siguientes términos:
"(...) Segundo. Declarar, en congruencia con lo anterior, que corresponde al Cabildo Insular de Fuerteventura el ejercicio de cualesquiera competencias revisoras en relación al Decreto 159/2001, de 23 de julio, mediante la tramitación del oportuno procedimiento en el que se deberá conferir audiencia a la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de política territorial. (...)"
Participamos parcialmente de esa redacción propuesta porque, si bien podemos considerar que mejora el resultado final del acto, no puede serlo con el reconocimiento por esta Administración autonómica para el carácter genérico que implica la posibilidad de ejercitarla en cualesquiera competencias revisoras, al encontrarnos resolviendo un procedimiento revisor concreto, y estas competencias las otorga el ordenamiento jurídico -mediante la atribución de la citada Ley 4/2017- y no esta Administración Autonómica, que debe limitar su pronunciamiento a lo que a este procedimiento corresponde.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Corresponde al Gobierno de Canarias resolver el requerimiento formulado por el Cabildo de Fuerteventura, en cuanto órgano que dictó el Decreto 86/2018, de 11 de junio.
Segunda.- En la interposición del requerimiento se han observado los requisitos de legitimación, tiempo y forma establecidos en los artículos 4 y 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC'15), y 44.2 de la LJCA.
Tercera.- Se ha detectado la presencia de una cuestión jurídica no invocada expresamente por el Cabildo pero que deriva de la mención del artículo 102 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y que por tratase de aspecto competencial debe ser resuelta con carácter previo a cualquier otra, sin que proceda analizar ninguna de las demás cuestiones planteadas, por razones de economía procedimental. Ese precepto dispone:
"(...) Artículo 102. Iniciativa. 1. Corresponde a los cabildos insulares la competencia para formular, elaborar y aprobar los planes insulares de ordenación. (...)".
Partiendo de lo anterior, esta Administración ha tenido conocimiento reciente de diversas sentencias que hacen surgir dudas sobre la competencia para incoar y resolver el presente procedimiento de revisión de oficio. Pero antes de analizarlas, debe tenerse en cuenta que, efectivamente, a raíz de la Ley 4/2017, de 13 de julio, las competencias de formulación, tramitación y aprobación de los Planes Insulares de Ordenación, han pasado a ser de los Cabildos (véase el artículo 102.1 y concordantes de la citada Ley).
Por tanto, la competencia que sirvió a esta Administración autonómica para dictar en su día el Decreto 159/2001, ha quedado transferida a otra Administración. Y con base en este hecho, surge la cuestión de qué Administración es actualmente la competente para revisar el citado Decreto: si la Administración que lo dictó (tal y como se deduciría de una interpretación literal del artículo 106 de la LPAC'15, o bien la Administración actualmente titular de la competencia (en virtud del principio general de competencia, inspirador del ordenamiento jurídico).
En este sentido, debe citarse -por todas- la STS de 10 de diciembre de 2012 (recurso de casación nº 309/2010) que, en un supuesto de revisión de oficio de un acto del Consejo de Ministros del año 1939, expresa, en lo que a este procedimiento interesa:
"(...) que ninguna tacha de ilegalidad podría suscitarse en relación con el acuerdo de inadmisión que "se revela acorde con la doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 24 de febrero de 2009 (RC 6264/2006), en la que sostuvimos que, aunque la potestad de revisión de oficio corresponde en principio a la propia Administración de la que ha emanado el acto, sin embargo, el ejercicio de esta facultad revisora corresponderá a la Administración de la Comunidad Autónoma cuando se hayan transferido las competencias en la materia objeto de la petición de revisión de oficio, al incluirse sin distinción todas las potestades administrativas inherentes a dicha atribución, lo que en el supuesto enjuiciado determina la competencia (...)".
El supuesto resulta similar al aquí estudiado, pues como se ha señalado, la competencia de aprobación definitiva de los Planes Insulares de Ordenación dejó de ser de la Administración autonómica con la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, pasando a ser insular. Y como señala el artículo 10.4 de dicha Ley, "las competencias urbanísticas de las administraciones públicas incluyen, además de las expresamente atribuidas por esta ley, las facultades complementarias y congruentes para poder ejercerlas y satisfacer las finalidades que justifican su atribución expresa".
Si bien este nuevo contexto competencial no se encontraba vigente cuando el Cabildo dirigió sus primeros escritos a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y a la Presidencia del Gobierno (mayo y junio de 2017), sí lo estaba en el momento de la solicitud definitiva de revisión de oficio formulada por dicha corporación (noviembre de 2017), y en el de dictarse el Decreto 224/2017, 18 de diciembre, de incoación del procedimiento.
Cuarta.- En congruencia con lo anterior, debe declararse que corresponde al Cabildo Insular de Fuerteventura la competencia para el ejercicio de las competencias revisoras del Decreto 159/2001, de 23 de julio, mediante la tramitación del oportuno procedimiento en el que se deberá conferir audiencia a la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de política territorial.
Conforme a lo anterior, y la obligatoria actuación conforme la lealtad institucional vinculante para ambas Administraciones, y de conformidad con las disposiciones de general aplicación, a propuesta de la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, y previa deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2018,
D I S P O N G O:
Primero.- Estimar parcialmente el requerimiento previo interpuesto por el Cabildo de Fuerteventura contra el Decreto 86/2018, de 11 de junio, en el único sentido de apreciar la falta de competencia del Gobierno de Canarias para incoar, tramitar y resolver el procedimiento de revisión de oficio parcial del Decreto 159/2001, de 23 de julio; al haber quedado transferidas a los Cabildos las competencias de aprobación definitiva de los Planes Insulares de Ordenación, en virtud del artículo 102 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
En consecuencia, declarar la nulidad íntegra del procedimiento incoado mediante el Decreto 244/2017, de 18 de diciembre (BOC nº 247, de 27 de diciembre de 2017), y en particular declarar la nulidad de dicho Decreto y del Decreto 86/2018, de 11 de junio (BOC nº 116, de 18 de junio de 2018).
Segundo.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Canarias, a 10 de septiembre de 2018.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.
LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL,
SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD,
Nieves Lady Barreto Hernández.
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