La Disposición final tercera de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, ha modificado el apartado 1 del artículo 32 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.
A través de dicha modificación, el personal funcionario de carrera procedente de alguna de las Administraciones Públicas que conforman el sector público definido en el apartado 3 del artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que acceda a desempeñar un puesto de trabajo en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante alguno de los sistemas de provisión de puestos de trabajo, de carácter definitivo, legalmente establecidos, y al menos permanezca en situación de servicio activo en esta Administración cinco años, se integrará en la Función Pública autonómica.
Conforme a lo previsto en el artículo 35.1, letra o), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, a la persona titular del Departamento, le corresponde ejercer las competencias que en materia de personal no estén atribuidas a otros órganos, siendo que la competencia orgánica para acordar la integración en la función pública autonómica de personal funcionario de carrera procedente de otras Administraciones Públicas no está atribuida, ni por Ley ni por disposición reglamentaria, a ningún órgano administrativo concreto.
El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, permite que los órganos de las diferentes Administraciones Públicas puedan delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquellas, siendo preceptivo que el acto de delegación y, en su caso, su revocación se publiquen en el Boletín Oficial correspondiente y debiendo hacerse constar en las resoluciones administrativas que se adopten por delegación tal circunstancia de manera expresa.
Por su parte, la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, establece en su artículo 31.3 que el ejercicio de las competencias propias podrá ser delegado en el órgano que, por la aplicación del principio de eficacia, sea más idóneo para ello, debiendo publicarse el acto de delegación en el Boletín Oficial de Canarias.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico,
R E S U E L V O:
Primero.- Delegación.
1. Delegar en la Dirección General de la Función Pública la competencia para acordar la integración del personal funcionario de carrera procedente de alguna de las Administraciones Públicas que conforman el sector público definido en el apartado 3 del artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, prevista en el artículo 32.1 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.
2. La presente delegación podrá ser revocada, total o parcialmente, en cualquier momento.
Segundo.- Constancia de la delegación.
Los actos administrativos que se dicten, en el ejercicio de la presente delegación, por parte de la Dirección General de la Función Pública, harán expresa referencia a dicha circunstancia.
Tercero.- Dación de cuentas.
Trimestralmente, la Dirección General de la Función Pública dará cuenta a la persona titular de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de las integraciones acordadas en el trimestre correspondiente.
Cuarto.- Publicación y eficacia.
La presente Resolución será publicada en el Boletín Oficial de Canarias, surtiendo efectos jurídicos a partir del día siguiente al de su publicación.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 2018.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E IGUALDAD,
José Miguel Barragán Cabrera.
© Gobierno de Canarias