D. Carlos Vector Rubio Faure, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Santa Cruz de Tenerife.
HAGO SABER:
Que en este Juzgado se sigue recurso contencioso-administrativo Procedimiento ordinario, nº 0000010/2017, a instancia de Sol de Medianoche Fotovoltaica contra Ayuntamiento de Arico sobre Administración tributaria en el que por resolución del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez dictado en el día 6-03-2018 se ha acordado se anuncie el planteamiento de la cuestión de ilegalidad respecto a la descripción cuestionada tal como se dispone en el auto del tenor literal siguiente:
AUTO
DE PLANTEAMIENTO DE CUESTIÓN DE ILEGALIDAD
En Santa Cruz de Tenerife, a 6 de marzo de 2018.
Dada cuenta; y
ANTECEDENTES DE HECHO
Único.- Constando en autos la firmeza de la Sentencia dictada en procedimiento Procedimiento Ordinario seguido a instancia de la entidad mercantil Sol de Medianoche Fotovoltaica, S.L. sobre Tributos: Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La Sentencia de instancia refiere que la Administración no aplicó el artículo 17 de su propia Ordenanza Fiscal del ICIO del Ayuntamiento de Arico, por considerarlo contrario al artículo 103 TRLHL (texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 123.1 de la Ley Jurisdiccional (LJCA) dispone que el Juez o Tribunal planteará mediante auto la cuestión de ilegalidad prevista en el artículo 27.1, una vez conste en autos la firmeza de la sentencia y que habrá de ceñirse exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para la estimación de la demanda, indicando su apartado 2 que en dicho auto se acordará el emplazamiento de las partes para que puedan comparecer ante el Tribunal competente para fallar la cuestión.
Segundo.- 1. El precepto reglamentario cuestionado es el artículo 17 de su propia Ordenanza Fiscal del ICIO del Ayuntamiento de Arico, que tiene el siguiente contenido:
«Las autoliquidaciones o liquidaciones practicadas tendrán carácter provisional hasta que una vez terminadas las obras sea comprobado por la Administración Municipal lo efectivamente realizado y su importe, requiriendo para ello de los interesados cualquier elemento o dato que se considere oportuno. A la vista del resultado de la comprobación se practicará la liquidación definitiva. En todo caso quedará elevada a definitiva la liquidación provisional o autoliquidación si transcurriere un año desde la comunicación de la terminación de las obras o instalaciones».
2. Se cuestiona la legalidad del último inciso de este artículo 17 de la Ordenanza Fiscal, al contener una limitación de la regulación legal para la que se considera que no esta habilitado dicho reglamento, puesto que el artº. 103.1. último párrafo TRLHL, dice lo siguiente:
«Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda».
Según la Ley de Haciendas Locales, el Ayuntamiento debe hacer la oportuna comprobación administrativa de la base imponible, sin que esté previsto que la liquidación provisional o autoliquidación quede elevada a definitiva si transcurriere un año desde la comunicación de la terminación de las obras o instalaciones.
En consecuencia, procede plantear la cuestión de ilegalidad a la Sala, ya suscitada en su día en la Sentencia de este Juzgado de 25-07-17.
Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación,
D I S P O N G O:
1. Plantear cuestión de ilegalidad sobre artículo 17 de su propia Ordenanza Fiscal del ICIO del Ayuntamiento de Arico, al considerar que contiene una previsión que contradice el último párrafo del artº. 103.1 TRLHL, tal y como se ha expuesto.
2. Remítase copia testimoniada de los autos principales y del expediente administrativo junto con la certificación de esta resolución al órgano competente para su decisión, previo emplazamiento de las partes para que puedan comparecer y formular alegaciones en el plazo de quince días.
3. Procédase a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias donde se publicó la disposición cuestionada, expidiéndose para ello el correspondiente edicto y oficio remisorio.
Así lo dispone, manda y firma el Ilmo. Sr. D. Jorge Riestra Sierra, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Santa Cruz de Tenerife; doy fe.- El Magistrado-Juez.- El Letrado de la Administración de Justicia.
Diligencia.- Seguidamente se cumple lo ordenado; doy fe.
Y para que sirva de generalizado conocimiento mediante su inserción en el Boletín Oficial de Canarias, expido, firmo y sello el presente edicto en Santa Cruz de Tenerife, a 8 de marzo de 2018.- El Letrado de la Administración de Justicia.
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