Habiéndose presentado diversos preavisos de huelga general para el día 8 de marzo de 2018 por distintas organizaciones sindicales, convocando unas, por un lado, una huelga de veinticuatro horas, y otras, por otro lado, un paro de dos horas a lo largo de la citada jornada.
Considerando la necesidad de garantizar ese día la prestación de los servicios considerados esenciales en el ámbito de este Departamento.
Visto el acuerdo alcanzado al efecto entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Comité de Huelga en la reunión celebrada el 26 febrero de 2018, y que la recepción y registro de documentos se puede realizar en la Oficina Canaria de Información y Atención Ciudadana, tanto en su sede de Las Palmas de Gran Canaria (calle Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de Servicios Múltiples II, planta 0) como de Santa Cruz de Tenerife (calle José Manuel Guimerá, 10, Edificio de Servicios Múltiples II, planta 0).
Vistas las disposiciones de aplicación y en particular el Decreto Territorial 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de servicios mínimos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 32, de 16 de marzo).
En el ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 29.1 de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y 2 del citado Decreto Territorial 24/1987, de 13 de marzo,
R E S U E L V O:
Determinar, conforme al acuerdo alcanzado, los servicios mínimos necesarios y el personal preciso para asegurar su prestación en el ámbito de Presidencia del Gobierno durante la huelga general convocada para el día 8 de marzo de 2018.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, o de diez días, si se acudiera al procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Potestativamente, para el supuesto de que se acudiera al procedimiento ordinario, podrá interponerse recurso de reposición ante este Departamento, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo.
Santa Cruz de Tenerife, a 1 de marzo de 2018.
EL PRESIDENTE,
Fernando Clavijo Batlle.
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