BOC - 2016/223. Jueves 17 de Noviembre de 2016 - 4246

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Cabildo Insular de Tenerife

4246 - ANUNCIO de 9 de noviembre de 2016, relativo a la aprobación definitiva del Reglamento del Servicio de Asistencia Procesal a los municipios.

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Finalizado el plazo de información pública y audiencia a los interesados previsto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, al que ha estado sometido el expediente relativo a la aprobación inicial del Proyecto de Reglamento de Asistencia Procesal a los Municipios, que tuvo lugar por acuerdo plenario de fecha 29 de julio de 2016 (BOP nº 115, de 23 de septiembre), sin que hayan sido presentadas reclamaciones ni sugerencias al texto, el mismo se entiende definitivamente aprobado, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 70.2 de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 82.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, se hace público el texto del mismo en los siguientes términos:

REGLAMENTO DE ASISTENCIA PROCESAL A LOS MUNICIPIOS

La asistencia jurídica a los municipios está considerada una competencia propia de los Cabildos Insulares por el artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, dedica los artículos 10 y siguientes a regular la competencia de asistencia a los municipios, que comprende, entre otras funciones, el asesoramiento jurídico, técnico y económico, incluida la representación y defensa jurídica, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, remitiendo a un reglamento la regulación de las condiciones y requisitos exigidos para los distintos tipos de asistencia, así como la forma de financiación que en cada caso corresponda.

De acuerdo con ese marco legal, es objeto del presente reglamento regular la prestación del servicio de representación y defensa procesal de los Ayuntamientos que así lo soliciten, aprovechando la experiencia adquirida durante los años en que se ha venido realizando esta asistencia para ordenar las relaciones entre ambas Administraciones en el desarrollo de la misma.

De esta forma, el reglamento delimita el alcance objetivo y subjetivo de la asistencia, articula el Convenio de Colaboración como el cauce adecuando para instrumentarla, y regula las relaciones entre el Ayuntamiento y el órgano competente del Cabildo para la efectiva prestación del servicio.

Artículo 1.- Objeto.

Es objeto del presente reglamento regular la asistencia jurídica del Cabildo Insular de Tenerife a los municipios radicados en su ámbito territorial que así lo soliciten para la defensa en juicio de sus bienes, derechos e intereses.

La asistencia podrá extenderse a los procedimientos arbitrales o extrajudiciales en los términos previstos en el artículo siguiente.

Artículo 2.- Alcance de la asistencia jurídica.

1. La asistencia jurídica comprende:

a) la representación y defensa de los municipios en todo tipo de procesos judiciales y en sus diferentes instancias;

b) la representación y defensa de los municipios en procedimientos arbitrales o extrajudiciales, en los términos establecidos convencionalmente;

2. Las funciones de representación y defensa a que se refiere este artículo podrán extenderse a los organismos públicos y entidades públicas empresariales vinculadas o dependientes de los municipios cuando así se establezca convencionalmente.

Artículo 3.- Municipios destinatarios del servicio.

1. Podrán solicitar al Cabildo que asuma su representación y defensa en juicio:

a) Los municipios que cuenten con menos de 20.000 habitantes.

b) Los municipios que superando dicha población, no tengan capacidad económica para dotarse de puestos de trabajo de letrado en la correspondiente plantilla ni para la contratación externa de estos servicios.

c) Excepcionalmente y condicionado a su propia disponibilidad de medios personales, el Cabildo podrá prestar esta asistencia a los restantes municipios cuando, teniendo capacidad económica, no dispongan de una Asesoría Jurídica propia o de puestos de letrado dotados en la correspondiente plantilla.

2. La asistencia jurídica prevista en el presente reglamento requiere la celebración del oportuno Convenio de Colaboración, en el que se establecerán las condiciones de prestación del servicio.

Artículo 4.- Supuestos exceptuados.

El Cabildo Insular de Tenerife no podrá asumir la representación y defensa que le sea solicitada por los municipios en los siguientes supuestos:

a) Cuando litiguen contra el Cabildo Insular de Tenerife ante cualesquiera órdenes y órganos jurisdiccionales;

b) Cuando litiguen contra la Administración del Estado, contra la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, o contra otros entes locales.

c) Cuando la controversia tenga por objeto la impugnación de actos o acuerdos municipales por parte de los miembros de las Corporaciones que hubiesen votado en contra de dichos acuerdos, a la que se refiere el artículo 63.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

d) Cuando se solicite la defensa de las autoridades y empleados públicos ante los Tribunales, respecto de las acciones judiciales que pudieran seguirse contra ellos en el ejercicio de sus cargos.

e) En cualquier otro supuesto en que el órgano competente del Cabildo aprecie la existencia de un conflicto de intereses entre la corporación municipal y el Cabildo Insular de Tenerife o cualquier ente integrante de su sector público.

Artículo 5.- Órgano prestador del servicio.

La asistencia jurídica prevista en el presente reglamento se prestará por los funcionarios, licenciados en derecho, que se hallen adscritos al servicio administrativo que tenga atribuida como propia la función de defensa jurídica.

Artículo 6.- Convenios de asistencia jurídica.

Los municipios que quieran ser asistidos por el Cabildo Insular de Tenerife deberán suscribir un Convenio de Colaboración en el que se concretarán el alcance y las condiciones de prestación de dicha asistencia.

Una vez que el Convenio comience a desplegar sus efectos, el Cabildo Insular de Tenerife asumirá por defecto la representación y defensa de la corporación municipal o, en su caso, de sus entidades de derecho público, ante todos los órdenes y órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de que dichos entes municipales puedan designar abogado colegiado y, en su caso, procurador que los defienda y represente en cualquier procedimiento concreto cuando lo estimen oportuno.

Artículo 7.- Normas de procedimiento.

1. Los municipios que tengan suscrito un Convenio en vigor con el Cabildo Insular de Tenerife deberán proceder de la siguiente forma:

a) Cuando pretendan ejercer acciones judiciales, el Alcalde deberá remitir al Presidente del Cabildo la resolución acordando el ejercicio de la acción.

b) Cuando pretendan personarse en un procedimiento judicial ya iniciado, el Alcalde deberá remitir de forma urgente e inmediata el emplazamiento recibido, acompañado de una resolución en la que manifieste la posición procesal que desea asumir. Esta comunicación al Cabildo no exime al Ayuntamiento de su obligación de remitir directamente al órgano judicial el expediente administrativo o los documentos que este le haya solicitado.

2. Mientras no reciban la resolución a que se refiere el apartado anterior, los letrados del Cabildo Insular de Tenerife se abstendrán de intervenir en ningún procedimiento judicial en representación del Ayuntamiento.

En tal sentido, si antes de recibir dicha resolución tiene entrada en el Cabildo a través del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet cualquier comunicación relativa a un proceso iniciado contra un Ayuntamiento, será inmediatamente remitida a este a fin de que decida lo que estime oportuno sobre quién ha de asumir su representación y defensa en ese proceso concreto.

3. Los emplazamientos recibidos y las solicitudes de ejercicio de acciones judiciales deberán venir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Copia compulsada del expediente administrativo completo, debidamente foliado y acompañado de un índice, así como los demás antecedentes documentales en que pueda fundamentarse la defensa de la entidad local.

b) Cuando la asistencia que se solicite tenga por objeto el ejercicio de acciones judiciales, deberá añadirse al correspondiente acuerdo del órgano competente el dictamen preceptivo del Secretario de la Corporación.

c) Si el demandante hubiese solicitado una medida cautelar, deberá concretarse si la entidad local desea oponerse a dicha medida. En caso de que se omita tal pronunciamiento, los letrados del Cabildo Insular de Tenerife no se opondrán a la solicitud.

4. En el escrito de remisión deberá designarse un funcionario responsable de la actuación que constituye el objeto del proceso, a quien podrá recabar el letrado actuante los datos o aclaraciones que precise, en los términos previstos en el artículo 10.

Artículo 8.- Requisitos temporales.

1. Tanto la resolución acordando la personación, como la documentación a que se refiere el artículo anterior, deberán remitirse al Cabildo Insular de Tenerife con la antelación suficiente para preparar la intervención en el proceso del letrado que actúe en nombre y representación de la entidad local. A tal efecto, si la actuación estuviese sometida a término o plazo, se enviará de forma urgente e inmediata tan pronto se tenga conocimiento del señalamiento.

2. Excepcionalmente, cuando la entidad local se encuentre en la necesidad de disponer de asistencia letrada de forma inmediata por razón de la brevedad de los plazos preclusivos, y no pueda seguirse el procedimiento regulado en el presente Reglamento, la petición de asistencia podrá efectuarse por el Alcalde verbalmente, bien al Presidente del Cabildo o bien al responsable del servicio administrativo que tenga atribuida como propia la función de cooperación jurídica municipal, sin perjuicio de su posterior ratificación por escrito cumplimentada con los documentos que la sostengan y formulada ante el órgano competente.

Artículo 9.- Denegación de la asistencia.

Previa valoración del servicio competente, el Presidente del Cabildo denegará la asistencia en los siguientes supuestos:

1. Cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 4.

2. Cuando la solicitud de asistencia letrada no se remita con la antelación suficiente para preparar la defensa.

3. Cuando a la solicitud de personación o de ejercicio de acciones no se acompañen los documentos que señala el artículo 7, se requerirá al Ayuntamiento para que los aporte en el plazo idóneo que permita la preparación de la defensa. Si no se atiende a dicho requerimiento, podrá denegarse la asistencia letrada si, a juicio del servicio administrativo competente, la defensa es inviable sin dichos documentos.

4. Podrán rechazarse igualmente aquellas solicitudes de interposición de demandas que, a juicio del servicio competente, se consideren jurídicamente inviables.

5. En los casos de insuficiencia de medios personales, cuando se trate de municipios que teniendo capacidad económica, no dispongan de una Asesoría Jurídica propia o de puestos de letrado dotados en la correspondiente plantilla.

6. Cuando concurra cualquier otro incumplimiento del convenio que impida la eficaz prestación del servicio.

Artículo 10.- Colaboración.

1. Los Ayuntamientos y demás organismos y entidades que soliciten la asistencia letrada, así como el personal a su servicio, prestarán al servicio administrativo que ejerce dicha asistencia la colaboración activa necesaria para la mejor defensa de los intereses de la Administración en el proceso, despachando con carácter prioritario la remisión de los antecedentes, documentos e informes complementarios que soliciten los letrados encargados del asunto con el fin de que puedan cumplimentar en tiempo y forma los trámites procesales oportunos.

A fin de instrumentar esa colaboración, los Ayuntamientos deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) deberán habilitar una dirección de correo electrónico en la que se reciban de forma centralizada todas las comunicaciones realizadas por el servicio de defensa jurídica del Cabildo Insular de Tenerife;

b) deberán designar un funcionario responsable de coordinar las relaciones con el servicio de defensa jurídica del Cabildo Insular de Tenerife. El funcionario designado facilitará directamente al letrado actuante los datos o aclaraciones que precise, o lo derivará al funcionario responsable de la actuación que constituye el objeto del proceso.

2. Las actuaciones administrativas de colaboración y auxilio judicial consistentes en la ejecución de sentencias y autos, remisión de antecedentes y expedientes, realización de emplazamientos, diligencias probatorias y actuaciones técnicas no jurídicas a practicar directamente por los órganos del Ayuntamiento, y demás actuaciones similares que no requieran de postulación procesal y que se recaben directamente por los órganos judiciales, se ejercerán por los órganos competentes del Ayuntamiento, dando conocimiento de las mismas al servicio administrativo del Cabildo que asume la representación y defensa en juicio de la entidad correspondiente.

Artículo 11.- Notificaciones y recursos.

1. Las sentencias, en todo caso, y aquellas resoluciones judiciales que pongan término al proceso, resuelvan cuestiones incidentales con efectos materiales, o que impliquen la necesidad de actuación ejecutiva por el Ayuntamiento, serán remitidas a este, indicando en el oficio de remisión si la resolución es o no firme y, en su caso, el recurso que cabe contra ellas.

Las resoluciones judiciales serán remitidas al correo electrónico al que se refiere el artículo 10.1.a), sin perjuicio de su remisión al Secretario de la corporación en soporte papel.

2. Al remitir una resolución judicial desfavorable al Ayuntamiento, se indicará el plazo de que dispone este para comunicar al servicio competente del Cabildo si desea interponer el recurso indicado. En el caso de que el Ayuntamiento no responda en el plazo concedido, se entenderá que opta por no recurrir.

Artículo 12.- Ejecución de sentencias.

Corresponde a los Ayuntamientos la ejecución de las sentencias y autos desfavorables, así como el seguimiento de la ejecución de las resoluciones favorables, debiendo cursar al Cabildo las comunicaciones pertinentes para instar dicha ejecución o para formular incidentes de ejecución.

Artículo 13.- Costes del servicio de asistencia letrada.

1. La asistencia letrada a los municipios será gratuita. No obstante, estos deberán asumir los siguientes gastos:

a) Los gastos generados en el proceso, y en particular, los gastos de desplazamiento de los letrados fuera del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

b) Las costas a las que eventualmente pudiera ser condenado el municipio litigante.

2. Cuando la parte contraria sea condenada en costas, la percepción de su importe corresponde al Cabildo.

Disposición adicional única.

Cuando se preste asistencia a un organismo de derecho público vinculado o dependiente del Ayuntamiento, las referencias que el presente reglamento realiza al Alcalde se entenderán hechas al órgano competente para disponer del ejercicio de acciones judiciales.

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2016.- El Secretario General del Pleno, José Antonio Duque Díaz.- Vº.Bº.: el Presidente Accidental, Aurelio Abreu Expósito.



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