Examinado el expediente tramitado a solicitud del Ayuntamiento de San Bartolomé (provincia de Las Palmas), para la creación y clasificación del puesto de trabajo denominado Tesorero/a, como puesto reservado para su cobertura por funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
Vista la propuesta formulada por el Servicio de Función Pública Local.
Y teniendo en cuenta los siguientes
I. Antecedentes
1º) Con fecha 14 de enero de 2016 tiene entrada en esta Dirección General, a través del Sistema de Interconexión de Registros, oficio de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Bartolomé (Lanzarote), de la fecha citada (Registro de Salida nº 567), mediante el cual solicita de este Centro Directivo: a) Que, con carácter urgente, proceda al nombramiento accidental para el puesto de Tesorería de la funcionaria doña Esther Rocío Mesa, hasta su provisión por funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional: y b) Que cubra dicho puesto de trabajo, a la mayor brevedad, en los términos establecidos en la Disposición final segunda de la Ley 18/2015, de 9 de julio.
2º) Este Centro Directivo remitió a la Alcaldía-Presidencia oficio de fecha 15 de enero de 2016 (Registro de Salida-N. General: 16208/2016-N. Registro: CPJI /1374/2016, de 18 de enero siguiente), en el que se le comunica que constituye presupuesto para acceder a las pretensiones formuladas en el citado oficio de 14 de enero de 2016, la instrucción y resolución del procedimiento dirigido a la creación y clasificación del puesto de trabajo de Tesorería, como puesto reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada o categoría superior, según se expresó en la comunicación que este Centro Directivo cursó a la Corporación con fecha 30 de diciembre de 2015 (Registro de Salida nº 2015/685650).
3º) Con fecha 16 de febrero de 2016, tiene entrada en esta Dirección General la notificación nº 2.186, de 11 de febrero anterior, practicada por la Secretaria Accidental de la Corporación, comprensiva del contenido del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 1º de febrero de 2016, punto quinto del orden del día, por el que se nombró accidentalmente a doña Esther Rocía Mesa, funcionaria de la Corporación, como Tesorera, hasta que la Comunidad Autónoma de Canarias clasifique el citado puesto de trabajo como reservado para su desempeño por funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional y se proceda a su provisión temporal o definitiva.
4º) Por oficio de esta Dirección General de 24 de febrero de 2016 (Registro de Salida-N. General: 96084/2016-N. Registro: CPJI/7668/2016), dirigido a la Alcaldía-Presidencia, se acusa recibo de la citada notificación de la Secretaría Accidental de la Corporación, de fecha 11 de febrero de 2016, y, asimismo, se comunica que como quiera que el acuerdo adoptado por la Corporación es transitorio, en orden a garantizar el ejercicio de las funciones públicas de Tesorería, que el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reserva en exclusiva a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, este Centro Directivo reitera la petición formulada a la Corporación en el citado oficio de 15 de enero de 2016 (Registro de Salida-N. General: 16208/2016-N. Registro: CPJI/1374/2016, del 18), para que formule la preceptiva propuesta de creación y clasificación, acompañada de la documentación que se relaciona en dicho oficio.
5º) Con fecha 22 de marzo de 2016, tiene entrada en esta Dirección General, a través del Sistema de Interconexión de Registros, la notificación practicada por el Secretario de la Corporación nº 5.001, de la fecha citada, comprensiva del contenido del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de febrero de 2016, punto cuarto del orden del día, por el que solicita de este Centro Directivo la clasificación del puesto de Tesorero, recogido en el vigente Presupuesto General Municipal, aprobado por el Pleno en sesión de 4 de diciembre de 2015.
Asimismo, se acompaña la documentación que se relaciona a continuación:
- Memoria jurídica del Secretario de la Corporación, de fecha 29 de enero de 2016, justificativa de la creación del puesto de Tesorería como puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
- Certificado del Secretario, de fecha 1 de febrero de 2016, del tenor literal siguiente: «Que conforme al escrito con nº 31.548/2015, de 7 de diciembre, de registro de entrada en este Ayuntamiento, remitido por la Delegada Provincial del Instituto Nacional de Estadística, que constituye el origen de esta información, la cifra oficial resultante de la revisión del Padrón municipal referida a 1 de enero de 2015, es de 18.402 habitantes».
- Certificado del Secretario, de fecha 1 de febrero de 2016, del tenor literal siguiente: «Que según el Presupuesto General Municipal para 2016, aprobado definitivamente por el Pleno (BOP nº 162, de 30 de diciembre de 2015), documento que constituye el origen de esta información, el presupuesto de gastos e ingresos de este Ayuntamiento para dicho ejercicio presupuestario, asciende a 17.027.000 euros».
- Certificado de la Interventora, de fecha 17 de marzo de 2016, del tenor literal siguiente: «Que según los datos obrantes del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016, existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a los gastos derivados del puesto reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería categoría de entrada, que se encuentra dentro de la plantilla de personal para el ejercicio 2016, y que el presupuesto general del Ayuntamiento ha sido aprobado el 30 de diciembre de 2015, cumpliendo los límites previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado».
II. Consideraciones Jurídicas
Primera.- Competencia para la creación, clasificación, supresión y modificación de la clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
La Disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE nº 89, de 13), establecía, en su apartado 3, que la creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal correspondía a cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con los criterios básicos que se establezcan por ley.
Dicha Disposición adicional, así como la Disposición transitoria séptima, fueron derogadas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312, de 30 de diciembre) -en adelante, LRSAL-, cuyo artículo primero, apartado veinticinco, incorporó a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local -en adelante, LRBRL-, un nuevo precepto, el artículo 92 bis. De conformidad con su apartado 4, el Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional -denominación de la Escala dada por la Disposición transitoria séptima, último párrafo-, así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas.
No obstante, la Disposición transitoria séptima de la LRSAL -modificada, a su vez, por la Disposición final segunda de la Ley 18/2015, de 9 de julio- establece que, en tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis, y en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en la Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo. Así, pues, perviven las previsiones contenidas en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE de 29), en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional (BOE de 9 de agosto), y demás normas de desarrollo.
De conformidad con el artículo 9º del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, los expedientes de clasificación serán resueltos por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva. Las resoluciones habrán de publicarse en los diarios oficiales y remitirse al Ministerio de Administraciones Públicas -en la actualidad, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-, para su publicación conjunta en el Boletín Oficial del Estado, al menos con carácter trimestral.
El artículo 71.2.b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre (BOC nº 252, de 30), atribuye a la Dirección General de la Función Pública la competencia para la creación, clasificación, modificación de la clasificación y supresión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, a propuesta de la corporación local respectiva, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal.
La eficacia de la modificación operada en la Plantilla de la Corporación queda condicionada, empero, al acto formal de clasificación que ha de emanar de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con el artículo 92 bis, apartado 4, de la LRBRL, con los artículos 2º.f) y 9º del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y con el referido artículo 71.2.b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia de Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre.
Segunda.- Obligatoriedad de los puestos de Tesorería en las Corporaciones locales cuya Secretaría esté clasificada en clase 2ª, como puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
El artículo 92 bis, apartado 1, de la LRBRL, dispone que son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional:
a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
No obstante, en los municipios de gran población se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Título X de dicha Ley y en los municipios de Madrid y de Barcelona la regulación contenida en las Leyes 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona, respectivamente.
Por su parte, la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, modificó, a través de la Disposición final segunda, la Disposición transitoria séptima de la LRSAL, mediante la adición de un nuevo párrafo -el segundo- al apartado 1, del tenor siguiente:
Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes.
Se trata de una norma transitoria que, sin embargo, tiene un presupuesto previo y habilitante: el ejercicio de las funciones de tesorería y recaudación, en todas las entidades locales, cualesquiera que sea la clasificación de su Secretaría, ha de quedar reservado, en exclusiva, a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Esta reserva legal, ya contenida en la Disposición adicional segunda del EBEP, y en el artículo 92 bis, 1.b) de la LRBRL, se ha visto reforzada a través de la previsión del artículo 3 del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, que modificó el apartado 2, del artículo 92 bis, de la LRBRL, en virtud de la cual se atribuye a la Subescala de Secretaría-Intervención, además de las propias y tradicionales funciones públicas necesarias de secretaría, comprensivas de la fe pública y del asesoramiento legal preceptivo, y de intervención (control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria), las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación.
Así, pues, en las Corporaciones Locales con Secretaría de clase 2ª -como acontece con el Ayuntamiento de San Bartolomé-, habrá de existir, con carácter obligatorio, el puesto de trabajo de Tesorería, y además, conforme a la normativa descrita, habrá de estar reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Ha de reputarse derogada la previsión contenida en el artículo 2º.f) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, en cuanto admitía la posibilidad de que en las Corporaciones locales con secretaría de clase 2ª, no agrupadas a efectos de sostenimiento en común del puesto único de Intervención, fuese la relación de puestos de trabajo la que determinase si el puesto de Tesorería quedaría reservado a habilitado de carácter nacional o pudiese ser desempeñado por uno de sus funcionarios debidamente cualificados.
Tercera.- Características y requisitos para su desempeño.
A resultas de la autorización que habrá de conferir esta Dirección General, el puesto de trabajo de Tesorero/a del Ayuntamiento de San Bartolomé queda reservado a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, Grupo A, Subgrupo A1.
En cuanto a adscripción a categoría determinada, esta Dirección General estima que el puesto podrá ser provisto definitivamente tanto por funcionarios pertenecientes a la categoría de entrada, como por funcionarios pertenecientes a la categoría superior, en ambos casos de la Subescala de Intervención-Tesorería, ya que el artículo 2º.f) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, no reserva los puestos de Tesorería a categoría determinada, a diferencia de lo que acontece con los puestos de trabajo de Intervención.
Cuarta.- Repercusión presupuestaria.
Consta el certificado del Secretario de la Corporación, de fecha 1º de febrero de 2016, acreditativo de los extremos siguientes: a) Que el Presupuesto de Gastos e Ingresos del Ayuntamiento, según el Presupuesto General Municipal para 2016, aprobado definitivamente por el Pleno (BOP nº 162, de 30 de diciembre de 2015), asciende a 17.027.000 euros.
Consta el certificado de la Interventora de la Corporación, de fecha 17 de marzo de 2016, acreditativo de que la creación de dicho puesto de trabajo no ha supuesto un incremento del Capítulo I del Presupuesto de Gastos en términos de homogeneidad.
En el ejercicio de la competencia atribuida, esta Dirección General, de acuerdo con la propuesta formulada por la entidad local,
R E S U E L V E:
1. Crear y clasificar el puesto de trabajo denominado Tesorero/a, existente en la Plantilla del Ayuntamiento de San Bartolomé (provincia de Las Palmas), como puesto de trabajo necesario, reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, sin distinción de categoría.
2. Establecer como forma de provisión la de concurso.
3. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9º del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y comunicarla al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante esta Dirección General o, directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tengan su sede, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de junio de 2016.- El Director General de la Función Pública, José Gregorio Martín Plata.
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