BOC - 2016/39. Viernes 26 de Febrero de 2016 - 678

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

678 - Secretaría General Técnica.- Resolución de 12 de febrero de 2016, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración para el establecimiento de cauces de comunicación y protocolo de actuación entre la extinta Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de protección a personas mayores y a personas con discapacidad residentes en centros públicos o privados de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- El 17 de abril de 2012, se formalizó un Convenio de Colaboración para el establecimiento de cauces de comunicación y protocolo de actuación entre la extinta Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de protección a personas mayores y a personas con discapacidad residentes en centros públicos o privados de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 23 de abril de 2012, con vigencia de tres años, desde el momento de su firma, renovable por períodos iguales. La renovación será automática si no mediara denuncia previa de las partes.

Al anterior, le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, y en el artículo 13 del Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su redacción dada por el Decreto 89/2015, de 22 de mayo, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras Administraciones Públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse, en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su firma.

Segundo.- Dado que el Convenio referenciado está vigente y aún no ha sido publicado, es por lo que en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes en materia de transparencia resulta necesario proceder a su publicación.

Por lo anterior, considerando que, en virtud del artº. 3 del Decreto 103/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda asume las competencias que legal y reglamentariamente tenía atribuidas la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en materia de Políticas Sociales y Vivienda, así como las relativas a la materia de Empleo, que tenía asignada la Consejería de Empleo, Industria y Comercio; y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 7.B), apartados 4 y 6, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por Decreto 64/2013, de 6 de junio, aplicable en virtud de la Disposición transitoria primera del Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Colaboración para el establecimiento de cauces de comunicación y protocolo de actuación entre la extinta Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de protección a personas mayores y a personas con discapacidad residentes en centros públicos o privados de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de febrero de 2016.- La Secretaria General Técnica, Marta Arocha Correa.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CAUCES DE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA Y LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN A PERSONAS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESIDENTES EN CENTROS PÚBLICOS O PRIVADOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de abril de 2012.

REUNIDOS

De una parte, Dña. Inés Rojas de León, en su condición de Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, en virtud de su nombramiento por Decreto 88/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros del Gobierno de Canarias (BOC nº 135, de 11.7.11), de conformidad con lo previsto en el artículo 29, apartado 1, letra k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Y, de otra, el D. Vicente Garrido García, Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, actuando en virtud de sus atribuciones de representación del Ministerio Fiscal, reconocidas en el artículo 22, apartado 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, modificado por la Ley 24/2007, de 9 de octubre.

Actuando las partes en el ejercicio de sus respectivos cargos, se reconocen mutua capacidad para la suscripción del presente Convenio de Colaboración.

EXPONEN

Primero.- La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, a través de la Viceconsejería de Políticas Sociales e Inmigración, ejerce competencias en materia de inspección y control en el ámbito de los servicios sociales y, entre ellos, de los centros y establecimientos de atención a personas mayores, la clasificación y registro de las entidades y centros públicos y privados dedicados a la prestación de los servicios sociales, la gestión del registro de centros y servicios de atención a personas mayores y de centros ocupacionales para personas con discapacidad y, en general de centros y servicios de atención a personas en situación de dependencia, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, aprobado por Decreto 167/2008, de 22 de julio, aplicable en virtud de lo que prevé la Disposición transitoria primera del Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

Segundo.- El Ministerio Fiscal tiene atribuida constitucionalmente la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados. Entre los instrumentos que el Ordenamiento Jurídico pone a su disposición para cumplir ese designio, está la facultad de intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, con discapacidad o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación. Igualmente tiene la facultad de visitar en cualquier momento los centros o establecimientos de detención, penitenciarios o de internamiento de cualquier clase de su respectivo territorio, examinar los expedientes de los internos y recabar cuanta información estime conveniente, conforme a los artículos 3.7 y 4.2 de la Ley 30/1981, de 30 diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Tercero.- Las entidades firmantes entienden necesario coordinar sus esfuerzos al efecto de conseguir mejorar la respuesta de las administraciones ante situaciones graves de ilegalidad detectadas o denunciadas en centros o servicios públicos o privados de atención a personas mayores o personas con discapacidad y que afecten a sus derechos fundamentales, mediante la colaboración, cooperación y comunicación entre ambas instituciones, cada una de ellas en el marco de las atribuciones que tiene legalmente asignadas.

Para ello, las partes suscriptoras del presente Convenio están de acuerdo en disponer las medidas más adecuadas a su alcance para conseguir una mayor eficacia y agilidad de las instituciones públicas en defensa de las personas mayores o con discapacidad que se encuentren internadas o residan en centros públicos o privados y proteger sus derechos fundamentales.

Para alcanzar los objetivos mencionados, las partes acuerdan otorgar el presente Convenio que se regulará de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto definir el marco general de colaboración entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, a través de la Viceconsejería de Políticas Sociales e Inmigración (en adelante VPSI) y el Ministerio Fiscal en materia de protección a las personas mayores y las personas con discapacidad residentes en centros públicos o privados de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segunda.- Ámbito de actuación.

Comprende las actuaciones de cooperación administrativa relacionadas con la autorización, registro, inspección y cierre de centros y servicios de atención a personas mayores y personas con discapacidad, incluyendo el acceso informático de las fiscalías a la información registral y administrativa referida a los centros y servicios públicos y privados obrantes en la VPSI, con estricta sujeción a la normativa sobre la protección de datos de carácter personal.

Tercera.- Información de los servicios de inspección e instrucción de procedimientos sancionadores a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal.

1. La VPSI, a través de las unidades competentes, en el menor plazo posible, remitirá comunicación a Sección de lo Civil-Discapacidad de la Fiscalía Provincial que corresponda en razón del territorio, de aquellas situaciones en las que, con ocasión de actuaciones de inspección o instrucción, la recepción de denuncias o alegaciones, los servicios de inspección adviertan o la instrucción del correspondiente expediente sancionador ponga de manifiesto, que el incumplimiento de la legislación de servicios sociales por parte de los centros de atención a personas mayores o personas con discapacidad, comporta un riesgo para la salud o integridad de los usuarios, o, en general, que afecten al ejercicio de sus derechos fundamentales.

2. En todo caso, serán objeto de comunicación los incumplimientos cometidos por los centros, con o sin autorización administrativa, que tengan la consideración de infracciones administrativas graves y muy graves a tenor de lo establecido en los siguientes preceptos de la Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones:

Artículo 44:

b) El incumplimiento de la normativa establecida para la atención de las necesidades básicas sanitarias, farmacéuticas, y/o asistenciales de los usuarios, así como las de higiene y limpieza, que les comporten riesgos o perjuicios que no afecten a su integridad física o mental.

d) El trato discriminatorio, degradante o represivo a los usuarios de los centros o servicios, así como dificultar el disfrute de sus derechos.

e) El incumplimiento del deber de sigilo y confidencialidad respecto a los datos personales y sanitarios de los beneficiarios de los centros o servicios.

g) La obstrucción o falta de colaboración con la función inspectora establecida en el Título IV de la presente Ley.

Artículo 45:

c) El incumplimiento reiterado de los requerimientos o instrucciones que formularen las autoridades competentes en materia de atención a personas mayores.

d) Las agresiones físicas o los malos tratos graves, en el ámbito del centro o servicio.

f) El falseamiento doloso de los datos necesarios para la apertura, clasificación, funcionamiento o cierre de un centro o servicio de atención al mayor.

g) El incumplimiento de la normativa establecida para la atención de las necesidades básicas sanitarias, farmacéuticas, y/o asistenciales de los usuarios, así como las de higiene y limpieza que les comporten riesgos o perjuicios que afecten a su integridad física o mental.

h) El trato discriminatorio, degradante o represivo muy grave a los usuarios de los centros o servicios, así como impedir el ejercicio y disfrute de sus derechos.

3. La VPSI cursará igualmente comunicación en todos los casos en que se imponga sanción firmes en vía administrativa consistente en la clausura temporal o definitiva de un centro o servicio.

Cuarta.- Procedimiento.

La puesta en conocimiento de las distintas actuaciones de interés para ambas partes se hará siguiendo el presente procedimiento:

a) Información desde la VPSI hacia las Fiscalías.

a.1 Antes de iniciar el procedimiento sancionador o durante su tramitación.

La información contenida en la cláusula tercera, puntos 1 y 2 será puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal, remitiendo a tal efecto copia compulsada del expediente o de los documentos relativos a las actuaciones previas al mismo.

De la misma manera, se informará al Ministerio Fiscal de todos los hechos presuntamente constitutivos de delito que se adviertan con motivo de las actuaciones practicadas por los inspectores o instructores de expedientes sancionadores antes de su incoación o durante la instrucción.

a.2 Una vez deviene firme en vía administrativa la sanción consistente en la clausura de un centro o servicio.

- Se deberá notificar al titular o gestor del centro la firmeza de la sanción y requerirle para que realice todas las actuaciones conducentes al cese de las actividades y clausura del establecimiento, así como comunicar las medidas a adoptar a los usuarios y personas responsables de los mismos, concediéndole un plazo para la reubicación de los residentes. En todo caso la notificación deberá hacerse con el apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia en caso de incumplimiento.

- Se comunicará al Ministerio Fiscal la Orden disponiendo la clausura temporal o definitiva del centro o servicio cuando la misma devenga firme en vía administrativa, así como la realización de la notificación y apercibimiento anteriormente referido.

- Transcurrido el plazo concedido para la reubicación de los residentes, se girará visita de inspección al centro a los efectos de comprobar el cese de actividades.

- En caso de constatarse la continuidad de actividades, se remitirá comunicación del hecho a la Fiscalía Provincial competente en razón del territorio por si el mismo pudiera ser constitutivo de un delito de desobediencia tipificado en el artículo 556 del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, todo ello con independencia de que se proceda, por parte de la Consejería a adaptar medidas ejecutivas que, en todo caso, deberán contemplar la necesaria coordinación con los titulares o gestores del centro para evitar la desprotección de los usuarios.

- Los datos de los usuarios y personas responsables se recabarán en el centro. Los titulares o gestores estarán obligados a facilitar dicha información con el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento de esta obligación, podrán incurrir en un posible delito de desobediencia. En caso de incumplimiento se comunicará este hecho al Ministerio Fiscal, por si la negativa pudiera ser constitutiva de delito.

- Del mismo modo, en caso de que algún usuario no contara con familiares de contacto, dicha circunstancia será comunicada a la Fiscalía Provincial que corresponda por razón del territorio, por si pudiera dar lugar a la incoación del correspondiente expediente de protección de personas con discapacidad.

b) Información desde las Fiscalías hacia la VPSI.

En aquellos casos en que por actuación propia o mediante denuncia, el Ministerio Fiscal tuviera conocimiento de situaciones que pudieran ser objeto de infracción administrativa en el ámbito que compete a la VPSI, lo comunicará a la misma en el menor plazo posible de tiempo.

Quinta.- Acceso a la información.

La VPSI facilitará a las Fiscalías Provinciales el acceso directo por medios telemáticos a la información de centros y servicios de atención a personas mayores y personas con discapacidad que obren en sus registros y bases de datos. Igualmente podrá acceder en función de las actuaciones en curso, a la información que proceda sobre personas dependientes atendidas en centros y servicios vinculados o no al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

A título orientativo la información podría ser la relativa a:

Datos de la entidad titular o gestora:

- Nombre de la entidad.

- C.I.F.

- Titularidad.

- Ámbito territorial.

- Régimen jurídico.

- Fecha y número de registro de la entidad.

- Dirección de la entidad (nombre de la vía, número, código postal, localidad, municipio).

- Teléfonos.

- Fax.

- Correo electrónico.

- Datos del representante legal.

* Nombre.

* Número de identidad.

* Dirección (nombre de la vía, número, código postal, localidad, municipio).

* Teléfonos.

* Fax.

* Correo electrónico.

Datos de servicio:

- Nombre del servicio.

- C.I.F.

- Tipo de servicio.

- Tipo de usuario.

- Número de plazas.

- Ámbito territorial.

- Fecha y número de registro, acreditación y/o autorización del servicio.

- Dirección del servicio (nombre de la vía, número, código postal, localidad, municipio).

- Teléfonos.

- Fax.

- Correo electrónico.

- Datos del responsable del servicio.

* Nombre.

* Dirección (nombre de la vía, número, código postal, localidad, municipio).

* Teléfonos.

* Fax.

* Correo electrónico.

Datos de las personas usuarias o residentes mayores, con reconocimiento de dependencia o discapacidad.

- Nombre y apellidos.

- Fecha nacimiento.

- Número de identidad (D.N.I., número del pasaporte, etc.).

- Datos relativos a la discapacidad y/o dependencia.

* Fecha reconocimiento.

* Validez del reconocimiento.

* Tipo de reconocimiento.

* Grado.

- Datos del tutor o representante legal.

* Nombre.

* Número de identidad.

* Dirección (nombre de la vía, número, código postal, localidad, municipio).

* Teléfonos.

Sexta.- Comisión Mixta.

Se constituirá una Comisión Mixta integrada por tres representantes de cada una de las partes, a la que corresponderá desarrollar y concretar las actuaciones de colaboración que se establecen en el presente Convenio, resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto al mismo, así como velar por el cabal cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por las partes.

La designación de los miembros que formarán parte de esta Comisión, se realizará necesariamente en el plazo del mes siguiente a la firma de este Convenio mediante cruce de escritos de las partes, comunicando sus respectivos nombramientos. La Comisión constituirá a estos efectos, el cauce estable de comunicación entre las instituciones

La presidencia de la comisión corresponderá alternativamente y por periodos anuales a la Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias. Actuará como secretario de la comisión un funcionario de la VPSI.

La propia Comisión decidirá su régimen de reuniones y de adopción válida de acuerdos.

Séptima.- Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia será de tres años renovable por períodos iguales. La renovación será automática si no mediara denuncia previa de las partes.

Si hubiera denuncia previa esta se habrá de formalizar con dos meses de antelación a la fecha en que se desee dejar sin efecto y sin perjuicio de las actuaciones que en ese momento estén indicadas, las cuales habrán de ser finalizadas en todo caso con arreglo a los acuerdos adoptados al respecto con antelación a la fecha de la comunicación de denuncia.

Octava.- Normativa de aplicación.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y quedando excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, al encontrarse incluido en su artículo 4, apartado 1, letra c), siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de esta Ley y del resto del ordenamiento jurídico administrativo, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Novena.- Jurisdicción aplicable.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación, cumplimiento y eficacia del presente Convenio, que no queden solventadas por la Comisión Mixta prevista en la cláusula sexta, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Décima.- Colaboración entre los firmantes.

Los firmantes de este documento colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de la buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento, por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.- Por la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, la Consejera, Inés Rojas de León.- Por el Ministerio Fiscal, el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, Vicente Garrido García.



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