En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3, de Santa Cruz de Tenerife, en el procedimiento ordinario nº 366/2015, seguido a instancias de Dña. Marisol Marrero Pérez, contra la resolución dictada el 5 de marzo de 2015, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 29 de diciembre de 2014, que aprobó la relación definitiva de demandantes admitidos y excluidos para participar en el procedimiento de adjudicación de las promociones integradas por "42 y 63 viviendas protegidas de promoción pública, ubicadas en el polígono El Rosario, La Gallega, manzana C-4.76 y E- 2.65", respectivamente, ambas en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Considerando que el Tribunal Constitucional ha deducido de la consagración constitucional del derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales, la existencia de un deber de estos de promover las posibilidades de defensa de todos aquellos que pudieran ver afectados sus derechos e intereses legítimos por la decisión de un proceso contencioso-administrativo, emplazándolos personalmente, siempre que ello fuera posible, para que comparezcan en el como codemandados, pero sin que dicho deber sea absoluto o incondicionado, pues, al no consagrar la Constitución de derechos absolutos o ilimitados, tampoco impone como correlato de los derechos fundamentales que garantiza obligaciones que tengan ese carácter, de modo que dicha limitación implícita del deber de emplazamiento personal deviene explícita cuando el recurso contencioso-administrativo en el que el emplazamiento no se produjo se dirigía contra una disposición de carácter general (Sentencia 61/1985 -RTC 1985/61-), contra un acto general normativo o contra un acto dirigido a una pluralidad indeterminada de sujetos (Sentencia 82/1985 -RTC 1985/82-), supuestos ambos en los que dicho Tribunal ha entendido que no se daba el deber de emplazamiento personal (Sentencia 133/1985, de 28 de octubre -RTC 1985/133- y Auto 875/1987, de 8 de julio -RTC 1987/875-), y teniendo en cuenta que pudiera haber interesados cuyos intereses legítimos pudieran verse afectados, según constante y reiterada jurisprudencia de la que son exponentes las Sentencias de 26 de enero de 1970 -RJ 1970/229-, 4 de noviembre de 1972 -RJ 1972/4692-, 10 de junio de 1977 -RJ 1977/3358-, 11 de mayo de 1979 -RJ 1979/2450- y 29 de septiembre de 1980 -RJ 1980/3463-.
R E S U E L V O:
Primero.- Emplazar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo que se tramita como procedimiento ordinario nº 366/2015, seguido ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, a instancia de Dña. Marisol Marrero Pérez.
Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2015.- El Director, José Gregorio Pérez Medina.
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