ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El 3 de marzo de 2014, se formalizó un Convenio de Colaboración entre la extinta Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y la Fundación Canaria de Juventud IDEO para la prestación de ciertas actividades esenciales en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales dictadas por los Juzgados de Menores radicados en Canarias competencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento, con una vigencia inicial desde el 1 de enero de 2014 hasta 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Posteriormente, con fecha 24 de noviembre de 2014 se firmó la adenda primera de modificación del citado convenio. Las modificaciones realizadas con la presente adenda causarán efectos desde el mes de julio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.
Tercero.- En fecha 30 de diciembre de 2014 se firmó adenda segunda de prórroga del convenio, ampliando su vigencia desde 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015.
A los anteriores, les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, y en el artículo 13 del Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su redacción dada por el Decreto 89/2015, de 22 de mayo, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse, en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su firma.
Segundo.- Dado que la vigencia del convenio referenciado, ha sido prorrogada en virtud de adendas, siendo la última suscrita el 30 de diciembre de 2014, y comprobado que, tanto el convenio como sus adendas no fueron publicadas en su momento, al no existir obligación legal para ello, es por lo que en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes en materia de transparencia resulta necesario proceder a su publicación.
Por lo anterior, considerando que, en virtud del artº. 3 del Decreto 103/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda asume las competencias que legal y reglamentariamente tenía atribuidas la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en materia de Políticas Sociales y Vivienda, así como las relativas a la materia de Empleo, que tenía asignadas la Consejería de Empleo, Industria y Comercio; y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 7.B), apartados 4 y 6, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por Decreto 64/2013, de 6 de junio, aplicable en virtud de la Disposición transitoria primera del Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias,
R E S U E L V O:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Colaboración suscrito el día 3 de marzo de 2014 entre la extinta Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y la Fundación Canaria de Juventud IDEO para la prestación de ciertas actividades esenciales en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales dictadas por los Juzgados de Menores radicados en Canarias competencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las adendas primera y segunda del mismo, cuyo texto se acompaña como anexo.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2015.- La Secretaria General Técnica, Marta Arocha Correa.
A N E X O
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA Y LA FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO PARA LA PRESTACIÓN DE CIERTAS ACTIVIDADES ESENCIALES EN EL ÁMBITO DE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DICTADAS POR LOS JUZGADOS DE MENORES RADICADOS EN CANARIAS COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de marzo de 2014.
INTERVIENEN
De una parte, la Excma. Sra. Inés Nieves Rojas de León, en calidad de Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, en virtud de nombramiento efectuado mediante Decreto 88/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el que se nombran a los Consejeros del Gobierno de Canarias, actuando en nombre de la Comunidad Autónoma en virtud de las competencias que le otorga el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el artículo 10.2.b) de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, así como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda aprobado por Decreto 64/2013, de 6 de junio.
De otra parte, la Sra. Dña. Carmen Brígida Darias Rodríguez, en nombre y representación de la Fundación Canaria de Juventud IDEO, en su condición de Gerente de la citada Fundación, según nombramiento efectuado por Acuerdo del Patronato de la Fundación de fecha 9 de noviembre de 2011 formalizado en Escritura Pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Notarios de las Islas Canarias, Juan Alfonso Cabello Cascajo, en fecha de 13 de diciembre de 2011 bajo el nº 3.557 de su Protocolo, vigente según certificado del Secretario de la Fundación de fecha de 8 de enero de 2014, Fundación que fue constituida con sujeción a las disposiciones de la Ley del Parlamento de Canarias 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias, por tiempo indefinido, en escritura otorgada en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el día 6 de abril de 2001 ante el Notario de Las Palmas de Gran Canaria Dña. María del Pilar Rey y Fernández, bajo el nº 816 de su Protocolo. Inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias según Resolución de 19 de junio de 2001 de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.
Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización de la presente addenda y, en su mérito,
EXPONEN
Primero.- La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en su artículo 45.1, establece que la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores es competencia de las Comunidades Autónomas, indicando su Exposición de motivos que la ejecución de las medidas impuestas corresponde a las Comunidades Autónomas.
Segundo.- A su vez, el artículo 45.3 de la citada Ley Orgánica, dispone que las Comunidades Autónomas podrán establecer los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien sean públicas, de la Administración del Estado, Local o de otras Comunidades Autónomas, o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.D) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda aprobado por Decreto 64/2013, de 6 de junio, le corresponde a la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda la competencia administrativa en materia de ejecución de medidas judiciales de menores infractores/as.
Cuarto.- La Fundación Canaria de Juventud IDEO (la Fundación, en adelante), conforme a sus estatutos en vigor, es una Entidad sin fin lucrativo, con personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para administrar y disponer de sus bienes en cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentra "el fomento, promoción y apoyo de actividades, acciones y programas, destinados a la población infantil y juvenil de Canarias en aras de favorecer el desarrollo integral del individuo, eliminando, en lo posible, los obstáculos con los que se encuentren", inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias con el nº 150 y habilitada por la entonces Dirección General de Protección del Menor y la Familia como Entidad Colaboradora en atención integral a menores mediante Resolución nº 154 de 30 de enero de 2003 habilitación que sigue en vigor según certificación de fecha de 16 de enero de 2014, del Jefe de Servicio de Planificación, Gestión y Administración de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia.
Quinto.- Ambas partes estiman conveniente desarrollar una actividad que facilite el logro de tales objetivos de interés común a través de la colaboración y seguimiento en la ejecución de medidas judiciales y, en su virtud, acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración sin que ello pueda suponer ceder en parte o en todo la responsabilidad jurídica de la competencia administrativa, con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
1. Es objeto del presente Convenio de colaboración establecer las bases a través de las cuales la Fundación, realizará actividades esenciales en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales impuestas por los juzgados de menores radicados en Canarias, conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores.
A los efectos del presente Convenio de Colaboración se denominará entidad pública a la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia y se denominará Fundación a la Fundación Canaria de Juventud IDEO como entidad colaboradora.
2. La gestión de las actividades objeto del presente convenio tanto de internamiento como en medio abierto, en ningún caso constituirá asunción de competencias o potestades administrativas por parte de la Fundación, ni en ningún caso comportará la cesión de la titularidad y responsabilidad de las competencias por parte de la entidad pública, de forma que esta ejercerá sobre la Fundación las potestades de dirección y supervisión de las actividades encomendadas.
3. Las medidas judiciales objeto del presente Convenio son las siguientes:
A) En las islas capitalinas:
a) Internamiento en régimen cerrado, semiabierto y abierto previstas en los apartados a), b) y c) respectivamente del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores.
b) Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto y abierto previstas en el apartado d) del citado precepto.
c) Tratamiento ambulatorio previsto en el apartado e) del citado precepto.
d) Permanencia fin de semana prevista en el apartado g) del citado precepto, respecto a su modalidad de permanencia fin de semana en centro.
e) Respecto a la medida de libertad vigilada, prevista en el apartado h) del citado precepto, le corresponde la libertad vigilada complementada con tratamiento ambulatorio y las libertades vigiladas dimanantes de una medida de internamiento en segundo período de ejecución.
f) Convivencia con otra persona o familia así como en grupo educativo, prevista en el apartado j) del citado precepto, en este último caso respecto de los grupos de convivencia cuya gestión se encomienda a la Fundación.
g) Permanencia fin de semana en domicilio apartado g), prestaciones en beneficio de la comunidad apartado k) y realización de tareas socioeducativas previstas en el apartado l) del citado precepto, cuya ejecución resulten derivadas conforme al apartado 6ª de la presente cláusula.
B) En las islas no capitalinas: asistencia a centro de día apartado f), permanencia fin de semana en domicilio apartado g), prestaciones en beneficio de la comunidad apartado k) y realización de tareas socioeducativas previstas en el apartado l) del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores.
4. El número de plazas ofertadas en los ámbitos de internamiento y en medio abierto son las establecidas respectivamente en las cláusulas 3ª y 5ª del presente Convenio.
5. En el ámbito de las medidas judiciales establecidas en el apartado anterior, la Fundación ejercerá las actividades esenciales definidas en las cláusulas 2ª y 4ª del presente Convenio.
El ejercicio de las funciones convenidas con la Fundación en el ámbito de cada medida judicial se ajustará a un Protocolo de Gestión y Derivación de Medidas Judiciales donde se establezcan los criterios técnicos de ejecución de las medidas judiciales convenidas, los criterios de derivación de menores y jóvenes a la Fundación y a los procedimientos de gestión de los expedientes de ejecución de medidas judiciales.
El citado Protocolo de Gestión y Derivación se establecerá por Resolución de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia.
6. La entidad pública cuando lo justifiquen razones técnicas, se reserva la posibilidad de derivar a la Fundación la ejecución de las medidas judiciales de medio abierto que deban cumplirse en la islas capitalinas y que no pueda ser asumido en el marco de los otros convenios suscritos por la Consejería siempre y cuando en el marco del presente Convenio de Colaboración existan plazas ofertadas disponibles en medio abierto.
En concreto, las medidas judiciales susceptibles de ser derivadas conforme al presente apartado son las que a continuación se relacionan:
- Permanencia fin de semana en domicilio.
- Prestaciones en Beneficio de la comunidad.
- Realización de tareas socioeducativas.
7. A propuesta de la Fundación o del servicio competente en materia de justicia juvenil, en aquellos casos en que se considere procedente, se deberá realizar una intervención con aquellas familias de los menores o jóvenes que se encuentren cumpliendo una medida judicial objeto de encomienda en el presente Convenio.
Dicha intervención se llevará a cabo desde una perspectiva psicosocial, a través de la información, asesoramiento, formación y seguimiento individualizado, en el entorno familiar del menor o joven infractor, para la prevención de la reincidencia delictiva y la socialización e integración adaptativa de aquellos durante la ejecución de la medida judicial y a la finalización de esta.
Segunda.- Medidas judiciales de internamiento.
1. En el ámbito de las medidas judiciales de internamiento convenidas con la Fundación, conforme a la cláusula 1ª del presente Convenios de Colaboración, corresponde a la Fundación ejercer las siguientes funciones:
a) La ejecución del Programa de Internamiento.
b) La gestión del expediente de ejecución.
c) La elaboración de los programas de intervención individualizada (PIEM) o los modelos de intervención cautelar (MII).
d) La elaboración de los informes de seguimiento, ordinarios y extraordinarios, así como los informes finales.
e) La elaboración de los informes de incidencias y las comunicaciones.
f) La activación, evaluación y en su caso desactivación de protocolos específicos de intervención tales como los protocolos de observación, suicidio y separación.
g) Facilitar a la entidad pública la información de los incidentes individuales y colectivos en la forma y plazo que determine aquélla tales como evasiones, motines, salidas médicas urgentes, etc.
Tal y como prevé el apartado 4º de la cláusula 1ª, el ejercicio de las funciones establecidas anteriormente se ajustará al Protocolo de Gestión y Derivación de Medidas Judiciales que incluirá por tanto de forma específica y diferenciada un Protocolo de Actuación para la ejecución de medidas judiciales de internamiento.
2. Para la ejecución de medidas judiciales de internamiento en cualquiera de sus regímenes, la Fundación gestionará los Centros de Internamiento Educativo para menores infractores (CIEMI, en adelante) que sean autorizados por la Consejería de Cultura, Deporte, Políticas Sociales y Vivienda a través del órgano competente, de acuerdo con las necesidades existentes.
3. Asimismo, la Consejería, se reserva la potestad de modificar el mapa de CIEMI, mediante su supresión, ampliación o establecimiento, en función de las necesidades que en cada momento puedan producirse en el ámbito de las medidas judiciales de internamiento.
4. En base al momento de la firma del presente Convenio de Colaboración, la Fundación gestionará los siguientes CIEMI que implementarán las medidas reseñadas a continuación:
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5. Todos los CIEMI anteriormente reseñados estarán dotados de las dependencias, instalaciones, mobiliario y enseres necesarios para la atención de la población juvenil residente.
Tercera.- Plazas de internamiento.
1. Las plazas de internamiento convenidas en el marco del presente Convenio es de 144 distribuyéndose entre ambos CIEMI de acuerdo con lo que se establece en el siguiente apartado hasta el límite de la capacidad máxima de cada uno de los centros.
2. Por Resolución de la entidad pública se acordará en cada momento según las necesidades derivadas de la imposición de medidas judiciales, el número de plazas que en cada centro ha de destinarse al cumplimiento de cada tipo de medida judicial de forma que en función de las exigencias reales derivadas de la ejecución de medidas judiciales pueda redistribuirse el número de plazas asignadas a cada centro siempre dentro del total de plazas convenidas.
3. Mediante addenda, ambas partes podrán aumentar o disminuir el número de plazas convenidas, en función del incremento o disminución de jóvenes con medidas judiciales objeto del presente Convenio.
En el caso de aumento de plazas, esta solo podrá llevarse a cabo si se garantiza la viabilidad de las condiciones de habitabilidad y la calidad del servicio prestado.
4. Cualquier modificación mediante addenda, del régimen de plazas convenidas, dará lugar a la modificación del régimen económico y de personal establecido en el presente Convenio.
Cuarta.- Medidas Judiciales en medio abierto: funciones y recursos.
1. En el ámbito de las medidas judiciales en medio abierto, convenidas con la Fundación, conforme a la cláusula 1ª del presente Convenio, corresponde a la Fundación ejercer las siguientes funciones:
a) La ejecución del Programa de Medio Abierto.
b) La gestión del expediente de ejecución.
c) La elaboración de los programas de intervención individualizada (PIEM) o los modelos de intervención cautelar (MII).
d) La elaboración de los informes de seguimiento, ordinarios y extraordinarios, así como los informes finales.
e) La elaboración de los informes de incidencias y las comunicaciones.
f) La activación, evaluación y en su caso desactivación de protocolos específicos de intervención tales como los protocolos de observación, suicidio y separación.
g) Facilitar a la entidad pública la información de los incidentes individuales y colectivos en la forma y plazo que determine aquella tales como evasiones, motines, salidas médicas urgentes, etc.
Tal y como prevé el apartado 4º de la cláusula 1ª, el ejercicio de las funciones establecidas anteriormente se ajustará al Protocolo de Gestión y Derivación de Medidas Judiciales que incluirá por tanto de forma específica y diferenciada un Protocolo de Actuación para la ejecución de medidas judiciales en medio abierto.
2. Para la ejecución de la medida judicial de convivencia en grupo educativo, la Fundación gestionará los Grupos de Convivencia relacionados en la cláusula siguiente con sus correspondientes plazas residenciales.
Para la ejecución de las medidas judiciales en medio abierto en las islas no capitalinas, la Fundación gestionará los Servicios de Orientación y Seguimiento de Menores (SORSEM) de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, en este último caso, con extensión a las islas de La Gomera y El Hierro, de acuerdo a los criterios señalados en la cláusula 21ª del presente Convenio.
Para la ejecución de las medidas judiciales en medio abierto en las islas capitalinas, la Fundación habilitará los espacios adecuados que sean necesarios para la correcta implementación de tales medidas, disponiendo al efecto de espacios dedicados a la entrevista y intervención individual con los jóvenes, la intervención grupal y el desarrollo de talleres entre otras actividades, llevándose a cabo a través de los denominados Equipos Técnicos de Medio Abierto a que hace referencia la cláusula 19ª del presente Convenio.
Quinta.- Plazas en medio abierto.
1. En las islas no capitalinas, los Servicios de Orientación y Seguimiento de Menores asumirán la totalidad de la ejecución de las medidas de medio abierto objeto del presente Convenio que sean impuestas a jóvenes residentes en sus islas respectivas.
2. Se convienen 26 plazas para la ejecución de la medida judicial de Convivencia en Grupo educativo en Tenerife para cuya ejecución la Fundación gestionará los Grupos de Convivencia Drago, Cedro y Tajinaste.
3. Respecto a la ejecución de las medidas judiciales en medio abierto en las islas de Gran Canaria y Tenerife, que se articulan a través de los Equipos Técnicos de Medio Abierto a que se refiere la cláusula 19ª del presente Convenio, y teniendo en cuenta su composición numérica y capacidad de trabajo se establecen 200 plazas, 120 en la isla de Gran Canaria y 80 en la isla de Tenerife.
Sexta.- Régimen jurídico en la ejecución de medidas judiciales.
Los centros, recursos y equipos de profesionales que deban desarrollar las actividades esenciales convenidas ajustarán su actuación a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, al Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, así como al Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros para la ejecución de medidas de internamiento de jóvenes infractores dictadas por los juzgados de menores, aprobado por Decreto 36/2002, de 8 de abril, y cualesquiera otras normas que se establezcan en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales así como a las Resoluciones e Instrucciones de Servicio dictadas en el uso de sus atribuciones por la entidad pública.
Séptima.- Obligaciones generales de la Fundación.
La Fundación asume a través del presente Convenio las siguientes obligaciones, sin perjuicio de aquellas que le correspondan conforme a la normativa vigente en materia de justicia juvenil o que dimanen de otras cláusulas del presente Convenio así como de los Protocolos de actuación que establezca la entidad pública:
a. Prestar las actividades esenciales convenidas en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales en los términos previstos en las resoluciones judiciales y conforme a las directrices señaladas por la entidad pública con el fin de reinsertar y reeducar a los jóvenes infractores conforme a lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Constitución Española.
b. Presentar anualmente una Memoria individualizada por cada programa objeto del presente Convenio sin perjuicio de los informes previos que puedan ser requeridos por la entidad pública en orden a conocer y evaluar el Convenio de Colaboración.
c. Cumplir las instrucciones que pueda dictar la entidad pública para el mejor cumplimiento de las medidas judiciales, y en su caso, la Jefatura de Servicio competente en materia justicia juvenil.
d. Introducir en la aplicación informática, creada al efecto por la Consejería toda la información que se refiera al cumplimiento de las medidas impuestas a los jóvenes.
e. Asumir las obligaciones específicas previstas en el presente Convenio de Colaboración de gestión para cada tipo de medida judicial encomendada.
f. Auxiliar económicamente a aquellos menores y jóvenes que por razón de su acreditada situación de escasez de recursos económicos se vean impedidos de poder llevar a cabo actuaciones esenciales en la ejecución de su medida judicial, citándose a título de ejemplo, las tasas por expedición de documentos oficiales, fotografías, transporte, entre otros. En todo caso, la insuficiencia de recursos económicos deberá acreditarse mediante la correspondiente certificación oficial tras informe justificativo del técnico ejecutor de medida.
g. Cumplir con las previsiones contenidas en las Instrucciones aprobadas en Consejo del Gobierno de 12 de septiembre de 2013 por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de conformidad con el punto segundo del mismo:
"3.2. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, perteneciente a su plantilla, que será el único interlocutor con el órgano o entidad contratante, siendo responsable de dirigir la prestación del servicio y de impartir directamente las órdenes e instrucciones de trabajo a los trabajadores de la empresa contratista.
Cualquier comunicación que deba mantener el personal de la empresa contratista o de la encomienda con los responsables de los órganos o entes contratantes, habrá de hacerse en todo caso a través del coordinador técnico o interlocutor designado al efecto por la entidad contratista o comendataria, quien será también el responsable de controlar la asistencia del personal al lugar de trabajo, del cumplimiento de las normas laborales de su empresa, y de la distribución de las vacaciones de manera que el servicio a prestar no se vea afectado. Todo ello, sin perjuicio de las facultades que la legislación de contratos del sector público reconoce al órgano de contratación en orden a establecer directrices para la ejecución de los contratos y coordinar la prestación integral de los servicios, así como las derivadas del establecimiento y control de medidas de prevención de riesgos laborales, y de la fijación de los horarios de apertura y cierre de los locales e instalaciones donde se realicen los servicios contratados, que competen a los órganos y entes contratantes como titulares de los locales e instalaciones.
El citado coordinador técnico o interlocutor será también el encargado de informar al responsable designado por el órgano o ente contratante o encomendante de aquellas personas de la empresa que dejen de estar adscritas a la ejecución del contrato, con el fin de proceder a la baja o retirada de aquellos medios materiales de los que se les hubiera dotado para el desempeño de los trabajos encomendados, así como adoptar el resto de medidas que correspondan.
3.3. En el expediente de contratación se deberá incorporar el compromiso de la empresa contratista de ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, y la imposición de las sanciones disciplinarias que fueran procedentes. Igualmente, en dicho compromiso la empresa contratista hará manifestación expresa de responsabilizarse, como empleadora, del cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad Social respecto a los trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del contrato de servicios, en particular del abono de las cotizaciones y del pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
3.5. En el caso de que las prestaciones de los servicios contratados o encomendados se realicen de manera continuada en los centros de trabajo de los órganos o entes contratantes, estos deberán comprobar, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato, que la empresa contratista ha llevado a cabo la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato.
Se evitará la confusión de funciones o tareas compartidas entre los empleados públicos destinados en el centro de trabajo y los trabajadores de las empresas contratistas. Así mismo, habrá de dotarse a este personal de espacios de trabajo diferenciados de aquellos que ocupan los empleados públicos dependientes de los citados órganos o entes contratantes.
En ningún caso el personal de la empresa contratista participará en los turnos de vacaciones o días de permiso que se establezcan para los empleados públicos del centro de trabajo donde se realiza el servicio.
6.1. En la cláusula en la que se hace referencia a "otros documentos" a incorporar en la documentación general integrante del sobre número uno para la licitación de la contratación de que se trate (cláusula 13.2.9 del pliego tipo aprobado para la contratación de servicios mediante procedimiento abierto), o en las cláusulas en las que se hace referencia a la documentación que ha de acompañar a las ofertas en los procedimientos negociados (cláusulas 12.8 y 12.2.9 de los pliegos tipo aprobados para la contratación de servicios mediante procedimiento negociado, sin publicidad y con publicidad, respectivamente), añadir el siguiente texto:
"... Otros documentos: compromiso de la empresa de ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, y la imposición de las sanciones disciplinarias que fueran procedentes. Igualmente, en dicho compromiso la empresa contratista hará manifestación expresa de responsabilizarse, como empleadora, del cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad Social respecto a los trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del contrato de servicios, en particular del abono de las cotizaciones y del pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador."
6.2. En las cláusulas en las que se hace referencia al responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato (cláusula 21 del pliego tipo aprobado para la contratación de servicios mediante procedimiento abierto, y cláusulas equivalentes en los pliegos tipo aprobados para la contratación de servicios mediante procedimiento negociado, con y sin publicidad), añadir el siguiente texto:
"... Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador o responsable de la ejecución del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del servicio.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato."
6.3. En las cláusulas en las que se hace referencia a las obligaciones del contratista (cláusula 22.3 del pliego tipo aprobado para la contratación de servicios mediante procedimiento abierto, y cláusulas equivalentes en los pliegos tipo aprobados para la contratación de servicios mediante procedimiento negociado, con y sin publicidad), añadir el siguiente texto:
"... A tal efecto, se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente:
1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.
2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
3. La empresa contratista velará especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
4. En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a este de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal."
Octava.- Obligaciones generales de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
En virtud del presente Convenio, y de acuerdo con la legislación que resulte de aplicación, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, a través de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia se obliga, sin perjuicio de las demás obligaciones dimanantes del presente Convenio, a:
a. Poner a disposición de la Fundación toda la información de la que disponga sobre cada menor y que resulte necesaria para su atención.
b. Asumir y desempeñar aquellas funciones que estén relacionadas con la titularidad y responsabilidad derivadas de la ejecución de las medidas adoptadas por los Juzgados de Menores.
c. Informar a la Fundación del personal técnico del Servicio de Justicia Juvenil que a nivel técnico vaya a ejercer las funciones de inspección, supervisión, coordinación y establecimiento de criterios uniformes de actuación, conforme a un plan anual de trabajo.
Novena.- Régimen económico.
1. El coste de la prestación del servicio convenido para el período de vigencia del presente Convenio ascienda a la cantidad máxima de catorce millones seiscientos diecisiete mil setecientos ochenta y cinco euros con once céntimos (14.617.785,11 euros) y se imputará al presupuesto de gastos de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en la aplicación presupuestaria 23.08.231K.2292000 "Ejecución de medidas judiciales menores infractores" según los siguientes niveles, existiendo crédito adecuado, suficiente y disponible en la aplicación presupuestaria indicada en el Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2014:
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2. En ninguno de los niveles, se podrá abonar mensualmente a la Fundación un número de plazas superior al total resultante de multiplicar el número de plazas día por el total de días del mes. Si se diese el caso, de una ocupación diaria por encima de la convenida estas plazas se podrán abonar, siempre que su inclusión no repercuta en el total de plazas mensuales.
3. En todos los casos la facturación se realizará por plaza, no por medida, por lo que si un menor cumple simultáneamente más de una medida solo se pagará a la Fundación una de ellas. Si las medidas son de distinta naturaleza se abonará la de mayor importe.
4. La intervención familiar, recogida en el punto 7 de la cláusula primera del presente Convenio, se entiende comprendida y coadyuva a la medida Judicial que el juzgado ordene, lo que no altera el valor de facturación de la medida, y deberá por tanto la Fundación, poner los medios para que esto sea posible, sin crear entes o programas de facturación independiente.
5. En el Nivel 4 no se establece coste unitario dado que no se financian plazas sino un equipo profesional por cada una de las islas indicadas que atenderá a la totalidad de los menores que cumplan medida judicial en la dicha isla.
Décima.- Forma de pago.
1. La Fundación, en los cinco primeros días hábiles de cada mes, presentará a la entidad pública factura acompañada de listado nominal de menores/jóvenes atendidos. Dicha factura recogerá el número de plazas efectivamente ocupadas para los niveles 1, 2 y 3 y un desglose por tipo de gastos para el nivel 4.
Los referidos documentos deberán estar debidamente suscritos por quien represente legalmente a la Fundación y deberán ajustarse a la plantilla establecida al efecto por la entidad pública.
2. Dado que la Fundación es un Entidad sin ánimo de lucro, que no posee medios económicos propios para hacer frente en su totalidad a los gastos derivados del presente Convenio, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, solicitará la autorización del Viceconsejero de Hacienda y Planificación, para el abono a la Fundación del importe resultante de la aplicación del régimen económico previsto en el presente Convenio correspondiente a cada trimestre del año.
Con carácter previo al abono de cada trimestre, se comprobará la ocupación efectiva del trimestre precedente. En caso de ocupación inferior al 100% de las plazas convenidas se procederá a la correspondiente deducción proporcional. Dicha comprobación se realizará también para el primer trimestre del ejercicio en relación al último trimestre del ejercicio anterior.
En caso de no producirse dicha autorización, los pagos se harán efectivos a mes vencido, contra factura mensual emitida y una vez acreditado lo recogido en el apartado primero anterior.
Decimoprimera.- Personal.
1. La Fundación, para la ejecución de los programas objeto del presente Convenio contará con una plantilla de personal correctamente dimensionada para poder prestar un servicio eficaz y de calidad en la ejecución de las medidas judiciales y de las actividades esenciales que se le convenien que englobará el personal necesario para la ejecución de las medidas judiciales así como para la gestión y mantenimiento de los recursos residenciales y de los servicios de administración que se requieran para la correcta ejecución del Convenio.
La Fundación deberá presentar ante la entidad pública un organigrama de puestos de trabajo adscritos a la ejecución de los programas objeto del presente Convenio con la debida dimensión y con referencia a las categorías profesionales y requisitos para su cobertura.
Dicho organigrama se presentará en la forma y en el plazo que determine mediante Resolución la entidad pública.
El organigrama tendrá en cuenta lo dispuesto en la cláusula 19ª del presente Convenio.
2. En función de la demanda real de medidas judiciales que hayan de ser ejecutadas por la Fundación, y que depende de las fluctuaciones en el tipo de medidas impuestas por los juzgados de menores, la Fundación dotará a través de su plantilla adscrita al marco de este Convenio, los profesionales en número y en categorías que sean necesarios y adecuadas para la correcta prestación de los servicios convenidos, de manera que los/as trabajadores/as de la Fundación a que se refiere esta cláusula podrá prestar sus servicios en uno o varios programas convenidos en función de la referida demanda.
En su consecuencia, la Fundación podrá llevar a cabo reestructuraciones de la referida plantilla a fin de adaptarla a las necesidades reales de cada programa en cada momento debiendo comunicar tales modificaciones a la entidad pública con carácter previo a su efectiva ejecución.
3. En todo caso los/as profesionales que conformen la plantilla de la Fundación a que se refiere la presente cláusula deberán reunir los requisitos de titulación académica, formación complementaria y/o experiencia profesional previa que para cada programa convenido determine la entidad pública previa audiencia de la Fundación y que se integrarán en los correspondientes programas aprobados.
Al efecto, las categorías profesionales que así se señalen expresamente podrán ser contratadas en base a su formación homologada o en su caso a través de su experiencia profesional previa en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales de al menos tres años.
Las categorías profesionales no incluidas en los programas y que sean necesarias para la correcta prestación de los servicios convenidos deberán contar con la titulación académica, formación complementaria y/o experiencia profesional previa que sean propias de las funciones a desempeñar.
4. El personal dependerá exclusivamente de la Fundación la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleadora del mismo, siendo la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda ajena a las relaciones laborales que por tal motivo se generen. La Fundación nombrará un responsable que actuará como interlocutor único con la entidad pública y que se encargará la asistencia de su personal a su lugar de trabajo, del cumplimiento de las normas laborales, distribución de las vacaciones, etc.
A tal fin, el personal de la Fundación en el momento de firmar el correspondiente contrato de trabajo, o de estar prestando ya sus servicios en la Fundación, de forma sobrevenida, deberá suscribir un documento por el que manifieste haber sido informado del contenido de este apartado.
Dicho documento deberá ser igualmente suscrito por el/la representante legal de la Fundación.
En cualquier caso los profesionales encargados de la ejecución del presente Convenio no asumirán, en ningún caso, funciones o responsabilidades propias del personal funcionario o laboral de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, siendo exclusivamente su relación contractual con la Fundación Canaria de Juventud Ideo.
La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda será totalmente ajena y no asumirá ninguna responsabilidad relativa a cualquier relación laboral que con motivo del presente Convenio pudiera generarse o sobrevenir y no se producirá al finalizar la vigencia del Convenio una subrogación empresarial de la Consejería en los términos previstos en el artículo 44.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y legislación complementaria.
5. La Fundación enviará a la entidad pública una ficha individualizada de los/as trabajadores/as que presten sus servicios, con indicación de jornada de trabajo, titulación y funciones, así como se acompañará la copia de la declaración responsable a que hace referencia el apartado 4º de esta cláusula y el documento a que hace referencia el apartado 4º de la misma.
Con carácter previo la Fundación solicitará al personal autorización para poder llevar a cabo la cesión de datos descrita anteriormente a los efectos de dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal".
6. Igualmente, deberá presentar, con una antelación mínima de 15 días antes de los diferentes períodos vacacionales, un cuadrante de vacaciones de todo el personal y la derivación de los casos entre los/as profesionales, a efectos de conocer el/la técnico/a de referencia en cada momento y garantizar la normalidad en la prestación del servicio.
7. Los/as Responsables Coordinadores/as de cada CIEMI, los/as Responsables de los Grupos de Convivencia, de cada Servicio de Orientación y Seguimiento de Menores, y de los Programas serán designados/as por la Fundación.
Al efecto dichas designaciones, con carácter previo a ser efectuadas deberán ser comunicadas a la entidad pública a los solos efectos de comprobar que reúnen los requisitos formales exigidos y sin que por ello se irrogue la entidad pública ninguna potestad discrecional sobre la idoneidad de la persona a designar siendo por tanto exclusivamente un control formal de legalidad.
8. La Fundación presentará ante la entidad pública un Plan de Formación Específico para el personal en el plazo señalado por la entidad pública. El coste de dicha formación deberá ser asumido por la Fundación. Anualmente, en el mes de diciembre la Fundación deberá comunicar los cursos efectivamente realizados y los asistentes.
9. La Fundación deberá facilitar al personal el uniforme adecuado, de conformidad con el criterio de la entidad pública, que deberá ser de obligada utilización en el interior de los recursos residenciales que así se establezca.
10. La entidad pública expedirá un documento acreditativo a la Fundación relativo al contenido esencial del presente Convenio sobre el cual, la Fundación expedirá la correspondiente acreditación a su personal que ostente la condición de Técnico de Ejecución de medidas judiciales o que por razón de sus funciones deba llevar a cabo actuaciones ante terceras personas que precisen de una debida identificación.
Decimosegunda.- Expediente personal de los menores.
1. Para la ejecución de las medidas judiciales objeto del presente Convenio la Fundación abrirá, gestionará y custodiará un expediente de ejecución de medidas judiciales de forma individual a cada menor.
Este expediente recibe a los efectos del presente Convenio la denominación de Expediente de Ejecución.
En dicho Expediente de Ejecución obrarán todos los documentos emitidos y recibidos por la Fundación en el ejercicio de sus funciones.
Los documentos que deban ser entregados a la Fundación por parte de la entidad pública serán siempre en copia simple, o si fuere necesario, en copia compulsada custodiando por tanto la entidad pública los documentos originales.
2. Al margen del Expediente de Ejecución, la entidad pública también abrirá a cada menor un Expediente en el que obren todas las medidas judiciales que hayan sido o deban ser ejecutadas.
Este expediente recibe a los efectos del presente Convenio la denominación de Expediente Administrativo.
3. Una vez finalizada la ejecución de todas las medidas judiciales impuestas a un menor y ejecutadas por la Fundación esta remitirá a la entidad pública el Expediente de Ejecución a efectos de su consolidación con el Expediente Administrativo, siempre y cuando sean medidas judiciales en medio abierto.
Recibido por la entidad pública el Expediente de Ejecución y procediendo a su consolidación con el Expediente Administrativo se archivará bajo la denominación de Expediente Definitivo.
4. El personal que tenga relación directa o indirecta con los/as jóvenes, o sus familiares, deberán guardar el debido sigilo profesional sobre toda la información, documentación y asuntos en general a los que tengan acceso o de los que tengan conocimiento.
A tal fin, los contratos de trabajo que suscriba la Fundación deberán incluir expresamente la cláusula de sigilo profesional.
5. La Fundación se obliga a establecer todos los medios que sean necesarios para cumplir con las obligaciones dimanantes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, su normativa de desarrollo, así como a formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales normas dimanen.
6. En ningún caso la Fundación ni su personal podrán facilitar datos de los expedientes a particulares e instituciones que no sea la entidad pública si no es con la autorización de esta.
Decimotercera.- Gastos corrientes y de inversión de las Infraestructuras.
1. A la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda le corresponde asumir en relación a los inmuebles que sean titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias los siguientes gastos:
a) Obras que afecten a la estructura resistente de los edificios.
b) Gastos de inversión como consecuencia de la ampliación de su capacidad.
c) Gastos de inversión derivado de necesidades sobrevenidas justificadas que impliquen una reforma o conservación del centro.
d) Dotación del mobiliario, enseres y demás bienes muebles, necesarios para la puesta en marcha de los recursos, y reposición de los que resulten destruidos o deteriorados como consecuencia de actos vandálicos ya sean individuales o colectivos, siempre y cuando no se deban a la actuación negligente del personal educativo de la Fundación, así como los daños derivados de fuerza mayor.
e) Instalación de equipamientos generales, y de todos los servicios accesorios hasta la completa puesta en marcha de los mismos y en su caso mejora de los mismos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del centro.
f) Los gastos de seguridad y vigilancia.
2. A la Fundación le corresponde asumir los siguientes gastos:
a) Reponer el mobiliario, los enseres y demás bienes muebles que figuren en el inventario en el momento de la firma del presente Convenio de colaboración, que se hayan visto deteriorados por su envilecimiento, destruidos por una actuación negligente del personal de la Fundación durante la gestión del centro, respecto de los inmuebles que sean titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones que conforman el centro, puestas a disposición de la Fundación, corriendo a cargo del costo de los mismos, y en particular, los de instalación de gas, electricidad, agua potable, ascensores, depuradora, sistemas de voz y datos y demás necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, respectos de todos los centros gestionados por la Fundación.
c) Suministros de agua, gas, electricidad, sistemas de voz y datos y cualquier otro suministro derivado del funcionamiento del centro, considerando incluidas las zonas comprendidas dentro del perímetro del Centro, estén ajardinadas o no, respecto de todos los centros gestionados por la Fundación.
d) Los gastos derivados del establecimiento, mantenimiento y reforma de los recursos residenciales y oficinas que se requieran para la ejecución del presente Convenio, en particular, las viviendas o edificios donde deban establecerse los grupos de convivencia y los locales u otras instalaciones donde se desarrollen las actividades dimanantes de los programas convenidos.
Decimocuarta.- Seguro de responsabilidad civil.
1. La Fundación con carácter simultáneo al inicio de la prestación del servicio, se obliga a la suscripción de un seguro específico de responsabilidad civil por cada uno de los CIEMI, Grupos de Convivencia así como respecto de las dependencias en las que hayan de realizarse gestiones o actividades para la ejecución de las medidas de medio abierto, que responda de los daños que puedan sufrir las personas y/o sus bienes (los propios menores, el personal de la Fundación y terceras personas) por cualquier incidencia o circunstancia derivada de la gestión de las medidas judiciales convenidas, como consecuencia del funcionamiento del servicio, en todas sus instalaciones y/o actividades, incluidos los actos de los/as jóvenes mientras se encuentren bajo su custodia y del personal de la Fundación.
2. Las pólizas de seguro deberán tener un período de vigencia al menos coincidente con el período de vigencia del presente Convenio.
3. La Fundación deberá entregar copia compulsada de las pólizas de responsabilidad civil suscrita ante la entidad pública en los quince días siguientes al inicio de la prestación del servicio.
Asimismo la Fundación deberá presentar copia compulsada de los documentos que acrediten el pago de las primas con la periodicidad que se establezca en la póliza de seguro.
Decimoquinta.- Comisión de Seguimiento del Convenio.
1. Para el correcto seguimiento del presente Convenio se constituye una Comisión de Seguimiento integrada por los siguientes miembros:
- Por parte de la Consejería competente en materia de justicia juvenil:
* El/la persona titular de la entidad pública.
* El/la Jefe/a de Servicio de Justicia Juvenil.
- Por parte de la Fundación:
* El/la Director/a Gerente de la Fundación.
* La persona responsable de la Coordinación del área de justicia juvenil de la Fundación.
2. La Comisión de Seguimiento se reunirá con la periodicidad que se determine en el momento de su constitución, que se llevará a cabo dentro de la primera semana siguiente a la firma del presente Convenio.
3. Son funciones de la Comisión de Seguimiento del Convenio, el conocimiento, seguimiento y evaluación del desarrollo de las acciones previstas en el mismo, así como resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudiesen plantearse respecto al Convenio. Se encargará también de establecer el porcentaje de penalización a aplicar en caso de incumplimiento de algún extremo del Convenio, siempre dentro de los límites establecidos en la cláusula decimoséptima apartado cuarto.
A la Comisión de Seguimiento le serán de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para los órganos colegiados.
Asimismo la Comisión podrá elevar a la entidad pública las propuestas que estime oportunas en relación a la ejecución del Convenio.
4. La Comisión podrá acordar la presencia con voz pero sin voto de otros/as responsables de la entidad pública o de la Fundación, que por razón de los asuntos a tratar, resulte conveniente su presencia.
5. La Presidencia de la Comisión será asumida por la entidad pública, con carácter general, por el/la Jefe/a de Servicio, y la Secretaría será asumida por el/la persona designada/o por la Gerencia de la Fundación.
Decimosexta.- Inspección y control.
1. La entidad pública supervisará el servicio prestado por la Fundación al amparo del presente Convenio en dos niveles:
A) A nivel técnico se llevará a cabo una supervisión, coordinación y establecimiento de criterios uniformes de actuación a través de los/as Técnicos Responsables de la entidad pública que se designen quienes actuarán sus funciones de acuerdo a un plan anual de trabajo.
B) A nivel de control, la Inspección de la entidad pública controlará el cumplimiento de los requisitos normativos exigibles a la Fundación en la prestación de los servicios convenidos, y en particular respecto de los siguientes extremos:
a) Respeto de los derechos reconocidos a los menores por el Ordenamiento Jurídico.
b) Condiciones e idoneidad de los medios personales con que desarrolla las tareas y actividades, así como los requisitos y aptitudes profesionales de quienes los realizan.
c) Control de la utilización de los fondos públicos que pudieran recibir en relación a su aplicación a las finalidades y condiciones con que los recibieran.
2. La Inspección de la entidad pública actuará sus funciones a través del Protocolo de Inspección establecido así como conforme al Plan Anual de Inspección y Calidad.
3. La Fundación deberá conocer, cumplir y difundir entre su personal el contenido del Protocolo de Actuación de la Inspección.
Decimoséptima- Régimen de penalizaciones económicas.
1. Son causas de penalización:
- El incumplimiento de las obligaciones de la Fundación recogidas en el presente Convenio o aquellas que le sean imponibles en virtud de la normativa vigente en materia de justicia juvenil.
- El incumplimiento reiterado de las instrucciones que pueda dictar la entidad pública para el mejor cumplimiento de las medidas judiciales. A tal efecto se entiende por reiteración, el incumplimiento constatado por más de dos ocasiones por parte de la entidad colaboradora mediando los correspondientes apercibimientos de la entidad pública.
- El incumplimiento, imputable a la Fundación, de las obligaciones a que esta se sujeta en su Plan de Viabilidad Económica. Para la aplicación de esta causa será preceptivo el informe de la Oficina Presupuestaria de la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia de justicia juvenil.
2. Los incumplimientos serán objeto de análisis en la Comisión de Seguimiento, que se reunirá con carácter extraordinario, por tal motivo, cuando así lo solicite cualquiera de las partes firmantes. En caso contrario los incumplimientos serán analizados en las sesiones ordinarias de la Comisión.
En dicha Comisión, la entidad pública elevará para su consideración el correspondiente informe de la Jefatura de Servicio de Justicia Juvenil sobre las actuaciones realizadas y la valoración económica de los daños y perjuicios en su caso ocasionados.
3. La Comisión elevará un Informe a la entidad pública donde se haga constar el acuerdo alcanzado, con indicación en su caso, de las opiniones contrarias manifestadas, siendo la entidad pública en todo caso la titular de las competencias para resolver sobre las penalizaciones económicas a que se refiere la presente cláusula.
4. Las penalizaciones económicas susceptibles de ser impuestas a la Fundación consistirán en la aplicación de un tanto por ciento del coste económico, que será determinado por la Comisión de seguimiento en función de la gravedad del hecho causante de la penalización, a satisfacer trimestralmente por parte de la Fundación y que se aplicará en las mensualidades en las que se produzca el incumplimiento y que en ningún caso podrá superar el 50% de dicha facturación ni tampoco suponer a la Fundación un menor coste económico que el beneficio obtenido por el incumplimiento de sus obligaciones. El cálculo del mismo será el resultante de aplicar según el grado de incumplimiento que la Comisión de Seguimiento determine (intervalo del 1% al 50% de la mensualidad en la que se haya producido dicho incumplimiento).
5. La penalización no será impedimento para la posible resolución del Convenio de Colaboración que en todo caso operará cuando de los incumplimientos realizados por parte de la Fundación hubiere que aplicar una penalización superior al 50% de la facturación de referencia.
Decimoctava.- Programación.
1. Para la ejecución de las medidas judiciales de internamiento la entidad pública mediante Resolución establecerá el procedimiento de elaboración y aprobación de un Programa de Internamiento (PDI), que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del presente Convenio.
En el PDI además de los proyectos educativos descriptivos de las distintas medidas judiciales de internamiento, se integrarán los Proyectos Educativos de centro (PECIEMI), las guías del joven, los Documentos Técnicos descriptivos de sus equipamientos e infraestructuras, los planos oficiales y los planes de emergencia así como en forma de anexos, los protocolos específicos que se vayan implantando.
2. Para la ejecución de las medidas judiciales en medio abierto la entidad pública mediante Resolución establecerá el procedimiento de elaboración y aprobación de un Programa de Medio Abierto, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del presente Convenio.
En el PMA, además de los proyectos educativos descriptivos de las distintas medidas judiciales, se integrarán los proyectos educativos de los grupos de convivencia (PGDC), las guías del joven o de convivencia interna, los Documentos Técnicos descriptivos de sus equipamientos e infraestructuras, los planos oficiales y en su caso las medidas de seguridad pasiva implementadas así como en forma de anexos, los protocolos específicos que se vayan implantando.
Decimonovena.- Estructura de los programas.
1. El conjunto de servicios, programas y centros objeto de la presente Encomienda contará dentro del organigrama de la Fundación con una Coordinación de Justicia Juvenil a nivel autonómico quien actuará sus funciones como interlocutor/a con la Jefatura de Servicio de Justicia Juvenil.
2. Bajo la supervisión de la Coordinación de Justicia Juvenil, en el Programa de Internamiento, cada uno de los CIEMI deberá contar un/a Responsable-Coordinador/a.
Asimismo cada CIEMI contará con un Organigrama Específico aprobado por la entidad pública, previa audiencia de la Fundación y se ajustará al número de plazas convenidas, así como al tipo de medidas a implementar e igualmente al contenido del proyecto educativo del centro, teniendo en cuenta en todo caso el régimen económico previsto en el presente Convenio.
3. Bajo la supervisión de la Coordinación de Justicia Juvenil, en el Programa de Medio Abierto, se designarán 2 Responsables-Coordinadores/as de Medio Abierto, a nivel provincial, si así lo considera oportuno por razones de operatividad y que actuará sus funciones como interlocutor/a con los/as Técnicos/as Responsables de la entidad pública encargados de la supervisión a que se refiere la cláusula 16, letra A) del presente Convenio.
4. Para la ejecución de las medidas judiciales de medio abierto objeto del presente Convenio en las islas capitalinas se conformarán dos Equipos Técnicos de Medio Abierto.
Cada Equipo Técnico de Medio Abierto estará conformado por un número de Técnicos/as de Ejecución suficiente para mantener la ratio de medidas de medio abierto que para cada tipo establezca la entidad pública, y siempre responda al marco financiero del presente Convenio.
Vigésima.- Grupos de Convivencia.
1. Los Grupos de Convivencia son centros residenciales destinados al cumplimiento de la medida judicial de convivencia en grupo educativo.
2. Excepcionalmente, la entidad pública se reserva la posibilidad de derivar a jóvenes que estén cumpliendo otra medida judicial en medio abierto, y que carezcan de domicilio, o existiendo este, no resulte conveniente el cumplimiento de su medida en tal domicilio, sin que dicha derivación afecte al correcto funcionamiento del centro.
3. El uso por parte de la Fundación de viviendas de protección oficial que son de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda para el establecimiento de los Grupos de Convivencia no comportará en ningún caso cesión de su titularidad, siendo obligación de la Fundación el correcto mantenimiento de la misma de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora del Patrimonio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
4. Los Grupos de Convivencia dispondrán de un/a Coordinador/a de Recurso. No obstante lo anterior la entidad pública podrá autorizar que la Coordinación se comparta para más de uno de los Grupos de Convivencia siempre y cuando las circunstancias técnicas así lo permitan.
El Coordinador/a de Recurso (del grupo de convivencia) será responsable de coordinar la labor educativa que desarrollen los profesionales del recurso actuando en su consecuencia como Coordinador Educativo.
Los Grupos de Convivencia dispondrán de un Psicólogo/a que asumirá las funciones de intervención psicológica con los menores residentes y de intervención con sus familias cuando así se considere procedente. No obstante lo anterior la entidad pública podrá autorizar a la Fundación que el Psicólogo/a se comparta para más de un Grupo de convivencia siempre y cuando las circunstancias técnicas así lo permitan y se garantice al menos que en cada grupo de convivencia se preste una atención psicológica de quince horas semanales.
Finalmente el personal educativo de los Grupos de Convivencia estará compuesto por Educadores/as-Monitores. No obstante lo anterior, se podrá autorizar a la entidad colaboradora que el personal educativo que preste sus servicios en el turno de noche ostente el perfil profesional de Cuidador/a o Monitor/a.
A tales efectos se entiende por turno de noche el horario comprendido en las normas de organización y funcionamiento del recurso, destinadas al descanso nocturno de los menores residentes, y en todo caso, entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente.
En los Grupos de Convivencia de hasta ocho (8) plazas, deberá contarse con al menor una plantilla conformada por seis (6) Educadores/as-Monitores, de los cuales, un máximo de dos (2) podrán ostentar la categoría de Cuidador/a-Monitor/a siempre que se destinen al horario nocturno.
En los Grupos de hasta doce (12) plazas, deberán contarse con al menos una plantilla conformada por nueve (9) Educadores/as-Monitor, de los cuales, un máximo de tres (3) podrán ostentar la categoría de Cuidador/a-Monitor/a siempre que se destinen al horario nocturno.
En el horario diurno, donde se interviene activamente con los menores, deberá garantizarse una ratio de al menos un (1) Educador/a-Monitor por cada cuatro (4) o cinco (5) menores según el número de plazas aplicable.
Vigesimoprimera.- Servicios de Orientación y Seguimiento de Menores.
1. En los Servicios de Orientación y Seguimiento de Menores (SORSEM) se ejecutarán las medidas judiciales en medio abierto que hayan dictados los juzgados de menores radicados en Canarias, y que afecten a los jóvenes infractores residentes en las islas no capitalinas de su ámbito de actuación, así como llevarán a cabo el seguimiento de los permisos de salida de los/as jóvenes que cumpliendo una medida de internamiento disfruten de tales permisos en su isla de residencia.
2. Los Servicios de Orientación y Seguimiento de Menores se ubicarán en locales aportados por la Fundación que deberá acreditar en el momento de la firma del presente Convenio la identificación y ubicación así como la disposición de los mismos, ya sea a título de propietaria o cualquier otro título que le permita su uso y disfrute.
3. La Fundación dotará, a su costa, a los Servicios de Orientación y Seguimiento de las dependencias, instalaciones, mobiliario y enseres necesarios y adecuados para la correcta ejecución de las medidas convenidas, así como se hará cargo del adecuado acondicionamiento de tales servicios y de la totalidad de los gastos que origine su funcionamiento.
4. Los SORSEM estarán compuestos por un número de Técnicos/as de Ejecución de Medidas Judiciales suficiente para cubrir la ratio técnica correspondiente, debiendo ostentar al menos uno/a de ellos/as la titulación de psicología a fin de que asuma la ejecución de las medidas judiciales de tratamiento ambulatorio.
La Fundación decidirá en cada caso el/la profesional que asuma las funciones de Coordinación del SORSEM.
5. En el ámbito del Servicio de Orientación y Seguimiento de La Palma-Gomera-Hierro, ubicado físicamente en la isla de La Palma, el personal deberá cubrir la orientación y el seguimiento de los/as jóvenes que estén cumpliendo alguna de las medidas judiciales convenidas en las islas de La Gomera y El Hierro, desplazándose al efecto a tales islas.
Vigesimosegunda.- Modificación del Convenio.
La entidad pública, en atención a las necesidades del servicio público de ejecución de medidas judiciales, y en el marco de la política de justicia juvenil de la Comunidad Autónoma de Canarias, podrá proponer a las partes firmantes, la ampliación, reducción o modificación del presente Convenio mediante la suscripción de la correspondiente adenda, a fin de satisfacer las necesidades derivadas del sistema de reforma de menores implementado en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Vigesimotercera.- Plan de Viabilidad Económica.
1. La Fundación deberá elaborar y aprobar a través de su Patronato, dando cuenta de los acuerdos adoptados a la entidad pública en el plazo de tres meses desde la firma del presente Convenio, un Plan de Viabilidad Económica y Técnica que garantice la suficiencia de los recursos disponibles para el correcto cumplimiento del presente Convenio.
2. Dicho Plan de Viabilidad deberá incluir un documento que contendrá, al menos, informe relativo a la previsión de pago a proveedores, de forma que garantice el cumplimiento máximo que fija la normativa de sobre morosidad, debiendo velar por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.
3. Cuando la liquidación de los presupuestos, la rendición de cuentas, o informes o auditorías posteriores pongan de manifiesto una situación de desequilibrio presupuestario de la Fundación, esta emitirá al Gobierno, para su aprobación, un programa de viabilidad y saneamiento a medio plazo, con el contenido que apruebe el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad. Dicho programa deberá remitirse en el plazo máximo de dos meses a contar desde que se liquidó el presupuesto o se produjera el acto que puso de manifiesto la situación de desequilibrio y el mismo será informado por la Dirección General de Planificación y Presupuesto.
En el supuesto de que no se presente el programa o se incumplieran los compromisos sumidos en el mismo, no se abonará cantidad alguna a la Fundación hasta que se presente el mencionado programa se inicien las acciones que permitan la corrección del desequilibrio.
Vigesimocuarta.- Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia desde el 1 de enero de 2014 hasta 31 de diciembre de 2014.
Podrá ser objeto de prórrogas, hasta un máximo de cuatro, previa conformidad expresa de las partes, que se formalizarán mediante la correspondiente addenda. Las prórrogas del presente convenio quedan supeditadas a la existencia de crédito adecuado, suficiente y disponible en el Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio que corresponda.
La renuncia expresa y por escrito de cualquiera de las partes al presente Convenio deberá realizarse con cuatro meses de antelación a su vencimiento.
Vigesimoquinta.- Resolución del Convenio.
1. Son causas de Resolución del Convenio, sin perjuicio, de la legislación que en su caso resulte aplicable:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por renuncia de cualquiera de las partes conforme señala la cláusula anterior.
c) Por resolución por incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por parte de la Fundación así como cuando la penalización económica a que se refiere la cláusula 17ª supere el 50% de la facturación de referencia. Se realizará mediante resolución motivada de la entidad pública previo trámite de audiencia a la Fundación, que deberá restituir la parte proporcional del crédito transferido correspondiente al período comprendido desde que se declare el incumplimiento hasta la fecha de la finalización del plazo de vigencia marcado.
2. Corresponde a la Comisión de Seguimiento en su caso analizar el estado de ejecución del Convenio en el momento en que haya de resolverse el Convenio emitiendo al efecto el correspondiente informe que será elevado a la consideración del órgano competente para la resolución del Convenio. Dicho informe contendrá una propuesta de procedimiento y plazos para la liquidación económica del Convenio y para el cumplimiento de las demás obligaciones pendientes por ambas partes.
La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda se reserva la potestad de retener el pago de aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no se haya producido por parte de la Fundación al tiempo de la resolución del Convenio.
Vigesimosexta.- Régimen jurídico y fuero.
1. Para todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, su normativa reglamentaria de desarrollo, estatal y autonómica, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la demás normativa legal y reglamentaria aplicable.
2. Sin perjuicio de las competencias de la Comisión de Seguimiento, la ejecución administrativa del presente Convenio es competencia de la Dirección General correspondiente, por lo que sus resoluciones administrativas e instrucciones se ajustarán al régimen jurídico de las Administraciones Públicas y al procedimiento administrativo común, gozando de las prerrogativas de validez y eficacia, siendo por tanto ejecutivas, sin perjuicio de su impugnación en sede administrativa y/o contencioso-administrativa por parte de la Fundación.
3. Las cuestiones litigiosas o controversias que pudieran surgir de la interpretación o aplicación del presente convenio, se sustanciarán ante el Orden Jurisdiccional contencioso-administrativo y conforme a sus normas de competencia y procedimiento.
Previa autorización del Gobierno según lo dispuesto en el artº. 24.1 de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Canarias para 2013, y en prueba de conformidad y aceptación de las estipulaciones precedentes, se firma el presente Convenio de colaboración por cuatriplicado ejemplar, a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.- Por la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Nieves Rojas de León.- Por la Fundación Canaria de Juventud IDEO, Carmen Brígida Darias Rodríguez.
ADENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA Y LA FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO PARA LA PRESTACIÓN DE CIERTAS ACTIVIDADES ESENCIALES EN EL ÁMBITO DE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DICTADAS POR LOS JUZGADOS DE MENORES RADICADOS EN CANARIAS COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre de 2014.
INTERVIENEN
De una parte, la Excma. Sra. Inés Nieves Rojas de León, en calidad de Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, en virtud de nombramiento efectuado mediante Decreto 88/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el que se nombran a los Consejeros del Gobierno de Canarias, actuando en nombre de la Comunidad Autónoma en virtud de las competencias que le otorga el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el artículo 10.2.b) de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, así como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda aprobado por Decreto 64/2013, de 6 de junio.
De otra parte, la Sra. Dña. Carmen Brígida Darias Rodríguez, en nombre y representación de la Fundación Canaria de Juventud IDEO, en su condición de Gerente de la citada Fundación, según nombramiento efectuado por Acuerdo del Patronato de la Fundación de fecha 9 de noviembre de 2011 formalizado en Escritura Pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Notarios de las Islas Canarias, Juan Alfonso Cabello Cascajo, en fecha de 13 de diciembre de 2011 bajo el nº 3.557 de su Protocolo, ratificada según acuerdo de 19 de abril de 2012 ante el Notario del Ilustre Colegio de Notarios de las Islas Canarias, Juan Alfonso Cabello Cascajo vigente según certificado del Secretario de la Fundación de fecha de 8 de enero de 2014, Fundación que fue constituida con sujeción a las disposiciones de la Ley del Parlamento de Canarias 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias, por tiempo indefinido, en escritura otorgada en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el día 6 de abril de 2001 ante el Notario de Las Palmas de Gran Canaria Dña. María del Pilar Rey y Fernández, bajo el nº 816 de su Protocolo. Inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias según Resolución de 19 de junio de 2001 de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.
Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización de la presente addenda y, en su mérito,
EXPONEN
Primero.- Que ambas partes firmaron con fecha 3 de marzo de 2014 Convenio de Colaboración, para la prestación de ciertas actividades esenciales en el ámbito de la Ejecución de Medidas Judiciales dictadas por los Juzgados de Menores radicados en Canarias competencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicho convenio está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con nº 9 y fecha 7 de marzo de 2014.
Segundo.- La cláusula novena, apartado 2, recoge que en ninguno de los niveles, se podrá abonar mensualmente a la Fundación un número de plazas superior al total resultante de multiplicar el número de plazas día por el total de días del mes y que si se diese el caso de una ocupación diaria por encima de la convenida, estas plazas se podrán abonar, siempre que su inclusión no repercuta en el total de plazas mensuales.
Tercero.- Con fecha 17 de julio de 2014 El Patronato de la Fundación acuerda solicitar la firma de una adenda que permita que el importe mensual no ejecutado en cada uno de los niveles pueda se utilizado para cubrir los posibles excesos de plazas en los otros niveles siempre que, a pesar de ese aumento de plazas, quede garantizada la viabilidad de las condiciones de habitabilidad y/o la calidad de los servicios prestados.
Cuarto.- Estas modificaciones se proponen para flexibilizar el mapa de recursos para la ejecución de medidas judiciales con que cuenta la Dirección General dado que los jueces varían las medidas que dictan con cierta frecuencia. Por ejemplo, en la actualidad han aumentado considerable las medidas de medio abierto impuestas en las islas capitalinas (nivel 2) y este número superior de medidas no se pueden financiar, aún existiendo medios materiales y excedente económico en el resto de niveles a no ser que se haga este cambio del texto del Convenio.
Con esta propuesta se satisface una necesidad pública dado que permite que se pueda dar cumplimiento a las medidas impuestas por los jueces, a un mandato judicial, que de otra forma quedaría sin ejecutar.
Las partes, según están representadas, firman la presente Adenda y se comprometen a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Se añade un párrafo segundo al apartado primero de la cláusula novena quedando redactado en los términos siguientes:
"El importe máximo a abonar anualmente a la Fundación será la suma del importe anual máximo correspondiente a todos los niveles. Si en alguno de los niveles, se diese el caso de un importe anual superior al establecido en el párrafo anterior, se podrá abonar, siempre que su inclusión no implique superar el importe anual total del Convenio".
Segunda.- Se modifica el apartado segundo de la cláusula novena quedando redactado en los términos siguientes:
"2. El importe máximo a abonar mensualmente a la Fundación será la suma del importe mensual máximo correspondiente al nivel 4, que queda establecido en 42.660,17 euros, y el importe resultante de multiplicar el número de plazas día convenidas por el coste de plaza ocupada establecido para cada uno de los niveles 1 al 3 por el total de días del mes.
Si en algún nivel se diese el caso, de una ocupación mensual por encima de la convenida, estas plazas se podrán abonar, siempre que su inclusión no implique superar el importe mensual total del Convenio y que quede garantizada la viabilidad de las condiciones de habitabilidad y/o la calidad de los servicios prestados".
Tercera.- Las modificaciones realizadas con la presente adenda causarán efectos desde el mes de julio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.
Cuarta.- Las condiciones acordadas por las partes en el Convenio citado, seguirán siendo las mismas y en los mismos términos, con las modificaciones introducidas por las sucesivas adendas.
Y en prueba de conformidad y aceptación de las estipulaciones procedentes, se firma la presente adenda al Convenio de colaboración por cuatriplicado ejemplar, a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.- Por la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Nieves Rojas de León.- Por la Fundación Canaria de Juventud IDEO, Carmen Brígida Darias Rodríguez.
ADENDA SEGUNDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA Y LA FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO PARA LA PRESTACIÓN DE CIERTAS ACTIVIDADES ESENCIALES EN EL ÁMBITO DE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DICTADAS POR LOS JUZGADOS DE MENORES RADICADOS EN CANARIAS COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de 2014.
INTERVIENEN
De una parte, la Excma. Sra. Inés Nieves Rojas de León, en calidad de Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, en virtud de nombramiento efectuado mediante Decreto 88/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el que se nombran a los Consejeros del Gobierno de Canarias, actuando en nombre de la Comunidad Autónoma en virtud de las competencias que le otorga el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el artículo 10.2.b) de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, así como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda aprobado por Decreto 64/2013, de 6 de junio.
De otra parte, la Sra. Dña. Carmen Brígida Darias Rodríguez, en nombre y representación de la Fundación Canaria de Juventud IDEO, en su condición de Gerente de la citada Fundación, según nombramiento efectuado por Acuerdo del Patronato de la Fundación de fecha 9 de noviembre de 2011 formalizado en Escritura Pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Notarios de las Islas Canarias, Juan Alfonso Cabello Cascajo, en fecha de 13 de diciembre de 2011 bajo el nº 3.557 de su Protocolo, ratificada según acuerdo de 19 de abril de 2012, formalizado en escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Notarios de las Islas Canarias, Juan Alfonso Cabello Cascajo, el 20 de abril de 2012 bajo el nº 995 de su protocolo, vigente según certificado del Secretario de la Fundación de fecha de 8 de enero de 2014, Fundación que fue constituida con sujeción a las disposiciones de la Ley del Parlamento de Canarias 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias, por tiempo indefinido, en escritura otorgada en la Ciudad de las Palmas de Gran Canaria el día 6 de abril de 2001 ante el Notario de Las Palmas de Gran Canaria Dña. María del Pilar Rey y Fernández, bajo el nº 816 de su Protocolo. Inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias según Resolución de 19 de junio de 2001 de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.
Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización de la presente addenda y, en su mérito,
EXPONEN
Primero.- Que ambas partes firmaron con fecha 3 de marzo de 2014 Convenio de Colaboración, para la prestación de ciertas actividades esenciales en el ámbito de la Ejecución de Medidas Judiciales dictadas por los Juzgados de Menores radicados en Canarias competencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicho convenio está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con nº 9 y fecha 10 de diciembre de 2014.
Segundo.- Con fecha 24 de noviembre de 2014 se firmó Adenda primera de modificación del Convenio.
Tercero.- La cláusula vigésimo cuarta del Convenio recoge que este podrá ser objeto de prórrogas, hasta un máximo de cuatro, previa conformidad expresa de las partes, que se formalizarán mediante la correspondiente addenda. Las prórrogas del presente convenio quedan supeditadas a la existencia de crédito adecuado, suficiente y disponible en el Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio que corresponda.
Cuarto.- Ambas partes estiman conveniente seguir desarrollando una actividad que facilite el logro de los objetivos de interés común a través de la colaboración y seguimiento en la ejecución de medidas judiciales, dado que la Fundación ha cumplido satisfactoriamente dichos objetivos y cuenta con todos los medios necesarios para seguir en esta línea, toda vez que un cambio de entidad colaboradora supondría un retraso en la ejecución y un perjuicio considerables a los menores que están cumpliendo medida.
Por ello para seguir dando respuesta, tanto a lo preceptuado por las normas de aplicación como a lo impuesto por los distintos juzgados de menores, en la ejecución de las repetidas medidas judiciales será necesaria la prórroga del Convenio desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 según lo recogido en el Convenio y su adenda de modificación.
Las partes, según están representadas, firman la presente Adenda y se comprometen a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- La vigencia del Convenio de colaboración suscrito el 3 de marzo de 2014 entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y la Fundación Canaria de Juventud Ideo para la prestación de ciertas actividades esenciales en el ámbito del Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales dictadas por los Juzgados de Menores radicados en Canarias competencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se prorroga desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015.
Segunda.- La aportación máxima por parte del Departamento, se fija en atención al número de plazas y al periodo de vigencia en la cantidad de catorce millones seiscientos diecisiete mil setecientos ochenta y cinco euros con cuatro céntimos (14.617.785,04 euros) que se imputará al presupuesto de gastos de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en la aplicación presupuestaria 23.08.231K.2292000 "Ejecución de medidas judiciales menores infractores" quedando condicionada su efectividad a la existencia de crédito adecuado, suficiente y disponible en el Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2015, siendo el desglose por medidas el siguiente:
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Tercera.- Las condiciones que han de regir la presente prórroga serán las mismas y en los mismos términos que las acordadas en el Convenio citado y su correspondiente modificación, que mediante la presente Adenda se prorroga.
Previa autorización del Gobierno según lo dispuesto en el artº. 26.1 de la Ley 6/2013, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Canarias para 2014, y en prueba de conformidad y aceptación de las estipulaciones precedentes, se firma el presente Convenio de colaboración por cuatriplicado ejemplar, a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.- Por la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Nieves Rojas de León.- Por la Fundación Canaria de Juventud IDEO, Carmen Brígida Darias Rodríguez.
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