El artículo 11 del Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscribe a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiéndole su organización, dirección y gestión.
El artículo 13 de la misma norma establece que, cumplidos todos los trámites establecidos y suscrito un convenio, los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus respectivas secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deben remitirlo a la Secretaría General de la Presidencia para su inscripción registral en formato imagen, según dispone el artº. 14.1.g).
Una vez inscrito el convenio, según el artículo 18 del Decreto 74/2014, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, en plazo no superior a quince días, ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico.
R E S U E L V O:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio por el que se le encarga a las Universidades canarias la realización de una encuesta para recabar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, mediante sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de participación ciudadana, cuyo texto se acompaña como anexo.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2015.- La Secretaria General, Ángeles Bogas Gálvez.
A N E X O
CONVENIO POR EL QUE SE LE ENCARGA A LAS UNIVERSIDADES CANARIAS LA REALIZACIÓN DE UNA ENCUESTA PARA RECABAR LA OPINIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS GENERAL DE COMPETENCIA AUTONÓMICA, MEDIANTE SONDEOS, ENCUESTAS O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
En Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2014.
REUNIDOS
De una parte, D. Jorge Rodríguez Díaz, en representación de la Presidencia del Gobierno de Canarias, en calidad de Viceconsejero de la Presidencia, según nombramiento efectuado por Decreto 199/2011 de 12 de julio, Boletín Oficial de Canarias nº 138, con facultades para suscribir el presente Convenio en virtud de delegación de competencias efectuada por el Presidente del Gobierno por Decreto 182/2011, de 15 de septiembre (BOC nº 193, de 29 de septiembre).
Y de otra parte, D. Sergio Alonso Rodríguez, con N.I.F. 42093441Z, en nombre de la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna (en adelante la Fundación), con domicilio en la avenida de la Trinidad, 61, 38071-La Laguna y C.I.F. G38083408, cuya representación ostenta en virtud del cargo que ocupa de Director Gerente de la misma, autorizado por el Patronato de esta Fundación, según acredita por poder notarial de 3 de febrero de 2010, formalizado ante Dña. Aránzazu Aznar Ondoño, notaria del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias.
Se reconocen mutua y recíprocamente capacidad legal bastante para otorgar el presente Convenio y
EXPONEN
La Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, dispone en su artículo 20 que el Gobierno podrá, a instancias del Presidente, recabar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, mediante sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de participación ciudadana.
En cumplimiento de tal habilitación legal, el Gobierno de Canarias, mediante el Decreto 95/2014, de 25 de septiembre, aprobó el Reglamento de las consultas a la ciudadanía, entre cuyos mecanismos de participación se encuentran los sondeos y encuestas, instrumentos que sin duda coadyuvarán no solo a mejorar la calidad democrática en el funcionamiento de las instituciones de autogobierno (artículo 30.1 EA), sino que su utilización supone dar cumplimiento a uno de los principios rectores de la política de los poderes públicos canarios como es promover las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos y la igualdad de los individuos y los grupos en que se integran [artículo 5.2.a) EA].
La presente consulta, mediante la realización de una encuesta, se enmarca, pues, en la regulación estatutaria y legal, considerándose que la opinión de la ciudadanía, debido al enorme debate social y mediático existente, es en este tema importante para decidir si se mantiene o no la firme oposición institucional contra determinadas actividades de hidrocarburos en aguas del entorno de Canarias por las posibles consecuencias que pueden tener dichas actividades sobre ámbitos materiales de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias que, como ente dotado de autonomía política para la gestión de sus propios intereses, sus poderes públicos tienen el deber de defender.
En efecto, tanto los principios rectores del artículo 5 (defensa de los intereses de pueblo canario y protección de la naturaleza), como el ámbito competencial asumido básicamente en los artículos 30 y 31 del Estatuto de Autonomía legitiman al Gobierno de Canarias para pulsar la opinión a la ciudadanía sobre si considera necesario o no seguir oponiéndose políticamente a la realización de las prospecciones de gas o petróleo por considerar que pueden afectar directamente a su modelo de desarrollo, en particular sobre el medio ambiente y el turismo.
Por su parte, a través de nuestra norma institucional básica la Comunidad Autónoma asume competencias en ordenación y planificación de la actividad económica autonómica (artículo 31.4 EA), que ha encontrado siempre títulos competenciales específicos en los que apoyar una política referida a un modelo de desarrollo singular.
Así, la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda (artículo 30.15 EA), así como la competencia igualmente exclusiva en materia de turismo (artículo 30.21 EA).
A lo que hay que añadir las competencias sobre protección de la naturaleza: de carácter exclusivo sobre los espacios naturales protegidos (artículo 30.16 EA), sobre la caza (artículo 30.4 EA), sobre la pesca (artículo 30.5 EA), sobre aguas, incluida la destinada a consumo humano (artículo 30.6 EA), sobre el patrimonio histórico (artículo 30.9 EA) y sobre agricultura y ganadería (artículo 31.1 EA); y compartida con el Estado, de desarrollo legislativo y ejecución, en materia de protección del medio ambiente (artículo 32.12 EA), si bien hay que entender que la Comunidad Autónoma está legitimada por sí misma para establecer medidas adicionales de protección del medio ambiente respecto de las establecidas por el Estado, en industria (artículo 31.2 EA) y en energía (artículo 30.26 EA).
Por todo ello, en virtud del artículo 7 del Decreto 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Presidencia del Gobierno, acuerda la realización de una encuesta para recabar la opinión de la ciudadanía de acuerdo a los siguientes extremos y conforme a los normas técnicas que figuran en el anexo.
Que la Universidad de La Laguna cuenta con un equipo de trabajo con capacidad y experiencia para el desarrollo del proyecto objeto del presente Convenio. Dicho equipo está dirigido por D. José Luis Rivero Ceballos, profesor de la Universidad de La Laguna y tanto él como los miembros del equipo han manifestado su interés en participar en dicho proyecto.
Por su parte, la Fundación General de la Universidad de La Laguna es una entidad de carácter benéfico docente con personalizada jurídica propia y plena capacidad de obrar, que persigue fines de interés general y que figura entre sus objetivos los de promover la investigación científica, humanística y técnica, el desarrollo tecnológico y la innovación al servicio del progreso de Canarias, por sí misma o en colaboración con la Universidad y demás instituciones, públicas y privadas, así como fomentar el interés por dicha tareas.
Asimismo, el 22 de julio de 1994, la Universidad de La Laguna y la Fundación suscribieron un convenio por el que se establece el mecanismo de colaboración y cooperación para la celebración de contratos de prestación de servicios en los que participa el personal docente e investigador universitario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, siendo este el principal referente como marco de actuación para el desarrollo de actividades conjuntas.
Por cuento antecede, las partes convienen suscribir el presente Convenio de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
I.- La Presidencia del Gobierno de Canarias encarga en virtud del presente Convenio a la Fundación General Universidad de La Laguna la realización de una encuesta para recabar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, mediante sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de participación ciudadana.
II.- Dicha encuesta versará sobre la opinión de los ciudadanos sobre el mantenimiento de la oposición institucional del Gobierno de Canarias a las prospecciones de petróleo o gas por las consecuencias que pueden tener las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sobre determinados ámbitos competenciales de la Comunidad Autónoma como son la protección de la naturaleza y el turismo.
Se entiende necesario conocer la opinión de la ciudadanía mediante la realización de una encuesta sobre esta cuestión por la existencia de un gran debate en la sociedad canaria sobre los beneficios o riesgos que las actividades relacionadas con la investigación, exploración y explotación de hidrocarburos pueden tener sobre el futuro de Canarias.
III.- La duración prevista para la realización de las encuestas y sondeos es de un mes a partir de la fecha de la firma de este documento, pudiendo prorrogarse de mutuo acuerdo si las partes lo consideran oportuno, por otro mes más, mediante la firma de adenda al presente Convenio.
IV.- La Presidencia del Gobierno se compromete a abonar a la Fundación General Universidad de La Laguna la cantidad de cuarenta y cinco mil (45.000) euros, impuestos incluidos, para retribuir los gastos necesarios para la realización de los trabajos contratados, con cargo a la aplicación presupuestaria 06.0631.912J.22925.
V.- Cuando la Fundación desee utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, conferencia, etc., deberá solicitar la conformidad de la Presidencia del Gobierno por escrito. La otra parte deberá responder en un plazo máximo de 30 días naturales, comunicando su autorización para su difusión. Pasado dicho plazo, y si no se ha obtenido respuesta en ningún sentido, se entenderá autorizado el uso de los resultados para su difusión.
VI.- Los firmantes de este Convenio se comprometen a cumplir con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, en concreto el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
VII.- Los firmantes de este Convenio colaborarán en todo momento de acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, a fin de asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
Las partes de comprometen a solventar por todos los medios a su alcance, mediante diálogo y negociación, cuantas discrepancias pudieran surgir en lo que al cumplimiento de este acuerdo se refiere.
Para asegurar la correcta ejecución de lo pactado, se constituye al efecto una Comisión Paritaria de Control y Seguimiento, integrada por parte de la Presidencia del Gobierno por el Viceconsejero de la Presidencia y el Director General del Gabinete del Presidente, debiendo designar la Fundación otros dos representantes.
En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de cualquiera de las cláusulas de este Convenio, dará derecho a cualquiera de las partes a resolver el mismo sin más requisito que la notificación fehaciente de la decisión a la otra parte, con al menos diez días de antelación a la fecha en la que el Convenio haya de quedar sin efecto.
Producirá así mismo la extinción del Convenio, la entrega de los trabajos objeto del mismo y su recepción de conformidad por parte de la Presidencia del Gobierno.
VIII.- Ambas partes, con expresa renuncia a su propio fuero, se someten en caso de litigio al de los jueces y tribunales de lo contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife.
Y para que así conste, en prueba de conformidad y comprometiéndose a cumplir todas y cada una de sus partes, extienden y firman el presente Convenio, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha ut supra.- Por la Presidencia del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez Díaz.- Por la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna, Sergio Alonso Rodríguez.
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