El artículo 11 del Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscribe a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiéndole su organización, dirección y gestión.
El artículo 13 de la misma norma establece que, cumplidos todos los trámites establecidos y suscrito un convenio, los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus respectivas secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deben remitir a la Secretaría General de la Presidencia una copia auténtica o copia compulsada del mismo para su inscripción registral en formato imagen, según dispone el artº. 14.1.g).
Una vez inscrito el convenio, según el artículo 18 del Decreto 74/2014, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, en plazo no superior a quince días, ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico.
R E S U E L V O:
Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias del Convenio entre la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas, para el desarrollo del Programa teórico-práctico Semilla de capacitación para la inserción en el mercado de trabajo de titulados universitarios o de formación profesional, que se acompaña como anexo.
Segundo.- Ordenar la publicación de esta Resolución, así como del Convenio entre la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas, para el desarrollo del Programa teórico-práctico Semilla de capacitación para la inserción en el mercado de trabajo de titulados universitarios o de formación profesional, en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 2015.- La Secretaria General, Ángeles Bogas Gálvez.
CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD Y LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO SEMILLA DE CAPACITACIÓN PARA LA INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO DE TITULADOS UNIVERSITARIOS O DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre del año 2014.
REUNIDOS
De una parte, D. Francisco Hernández Spínola, en calidad de Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con el artículo 1, apartado 14) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado mediante Decreto 331/2011, de 22 de diciembre.
Y de otra, el Sr. D. Eduardo Manrique de Lara Martín-Neda, Director-Gerente de la Fundación Canaria Universitaria de las Palmas, con C.I.F. G 35073303 y domiciliado en la calle Juan de Quesada, 30 de esta ciudad, en uso de las facultades que le atribuyen sus Estatutos.
Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen la capacidad legal necesaria para la formalización del presente documento y en su mérito:
EXPONEN
I.- Que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (en adelante la CPJI) desea colaborar con la Fundación Universitaria de Las Palmas, en su objetivo de fomentar la inserción laboral mediante la financiación de becas formativas de inserción laboral vinculadas al Programa Semilla, para recién titulados universitarios o de formación profesional, mediante la organización de periodos de formación práctica en centros de trabajo de la CPJI, donde se desarrollen funciones en materia de justicia, que permitan a los egresados adquirir las competencias técnicas y trasversales demandadas en el entorno empresarial.
II.- Que la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas (en adelante FULP) es una institución benéfico-docente, sin fin lucrativo alguno, de promoción de la cultura, la educación y la investigación, constituida al amparo del Decreto 2930/1972, de 21 de julio, inscrita, en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, por resolución de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de 20 de diciembre de 1983 (BOCAC de 27 de enero de 1984), habiendo adaptado sus Estatutos a la Ley Territorial 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias conforme se declara por Resolución de 9 de junio de 1999, de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación del Gobierno de Canarias.
De acuerdo con sus principios fundacionales, la FULP, desarrolla una labor de apoyo, fomento y estímulo de todas las iniciativas que tiendan a la mejora de la calidad docente e investigadora y a la inserción, en este sentido podrá facilitar la presencia de alumnos de programas universitarios, para su mejor formación práctica en actividades profesionales, así como realizar estudios y programación conjunta del desarrollo de nuevas profesiones y especialidades útiles y necesarias en las empresas y entidades públicas, acordes con su avance y desarrollo tecnológico, entre otras.
El Programa teórico-práctico Semilla pretende dotar a los alumnos egresados de competencias técnicas y trasversales demandadas en la actividad profesional, fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación para mejorar el acceso futuro al mercado laboral.
Que sobre la base de estos antecedentes, las partes firmantes manifiestan su voluntad de formalizar el presente Convenio según las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Del objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la CPJI y la FULP para la formación práctica a través del Programa de formación teórico-práctico Semilla de capacitación para Titulados Universitarios y de Formación Profesional: Programa de prácticas para la adquisición de competencias que faciliten la empleabilidad y fomenten la capacidad de emprendimiento para los recién titulados en formación profesional o universitarios y que se realizarán en aquellos centros de trabajo de la CPJI, donde se desarrollan funciones en materia de justicia.
El objetivo del Convenio es complementar la formación académica de los egresados mediante el desarrollo de los conocimientos, aptitudes y competencias que puedan favorecer la capacidad de inserción laboral y que dan derecho a la percepción de una beca formativa de inserción laboral con el fin de prepararles para el ejercicio futuro de actividades profesionales.
Segunda.- De la naturaleza del programa.
Dado el carácter formativo del Programa Semilla, estas prácticas no implican relación laboral contractual de ningún tipo con la CPJI concedente de la beca, ni compromiso en cuanto a la posterior incorporación a la misma.
La naturaleza extralaboral del programa estriba en que las tareas del beneficiario de la beca no las realiza como contraprestación, sino como aportación de un mérito para hacerse acreedor de la beca. La finalidad de la beca es facilitar el estudio y la formación del beneficiario, sin que en ningún momento las tareas del mismo sean parte imprescindible o necesaria de la actividad de la CPJI. Las tareas a realizar por el beneficiario redundarán en su formación y beneficio propio, y abarcarán tanto la realización de formación práctica como teórica.
Los participantes en dichos programas formativos serán asimilados a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, en cumplimiento del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y condiciones de inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación.
Tercera.- De la duración del período de formación.
El período de formación de los participantes, acogidos a este programa, tendrá una duración de 6 meses (con posibilidad de prórroga hasta 10 meses) o 10 meses, siendo este plazo improrrogable.
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (en adelante la DGRAJ), dependiente de la CPJI, determinará el momento de participar en el programa y la duración del periodo formativo.
Cuarta.- De las Titulaciones Universitarias y de Formación Profesional que dan acceso a la realización de estas prácticas.
Las titulaciones universitarias y de formación profesional de procedencia requeridas para la selección de los beneficiarios de este Convenio son relacionadas con la Administración de Justicia, pertenecientes a los ámbitos de las Ciencias Sociales, Jurídicas y Sanitarias.
Quinta.- Requisitos de los beneficiarios.
La formación práctica a desarrollar determinará el perfil de beneficiario adecuado para el debido aprovechamiento de la formación. Los beneficiarios por su parte deberán cumplir los siguientes requisitos imprescindibles:
a. Haber cumplido los 18 años. En el caso de ser mayor de 30 años no podrán haber superado más de 2 años desde la obtención del título.
b. No haber trabajado, tras la obtención del título universitario en puestos a los que habitualmente se accede con la misma titulación. Esta circunstancia se acreditará con una declaración por parte del beneficiario del programa.
c. No haber sido penalizado con un expediente sancionador universitario.
d. No guardar relación de parentesco en primer o segundo grado, con los componentes de los órganos de dirección o tutores de las entidades concedentes de las becas.
e. Haber cumplimentado el formulario de solicitud y presentado la documentación que se le solicite.
Sexta.- El programa de formativo.
El programa formativo se compone de dos partes. Una, de formación práctica en centros de trabajo que designe el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia y otra de carácter teórico fuera de esos centros de trabajo y dirigida y organizada por la FULP que supone la incorporación en un curso/experto/especialista universitario en desarrollo profesional y gestión del talento. Esta formación teórica tiene carácter de obligatoria.
El contenido y desarrollo de la formación práctica, puede ser objeto de seguimiento, valoración y supervisión por parte de la FULP a través del tutor designado a tal efecto, en colaboración con el tutor de la entidad concedente. En el Itinerario formativo se especificarán los nombres de las personas a los que se les encomienda la citada labor. Con este fin, la DGRAJ facilitará el acceso a sus dependencias.
Séptima.- Obligaciones de la FULP.
1. La FULP se encarga de la gestión económica de las becas establecidas, entendiendo por tal, la realización de los abonos a los beneficiarios con las retenciones fiscales que procedieran, efectuando los cobros y pagos que se estipulen en este Convenio para la dotación económica y manteniendo el registro contable de las mismas.
2. Corresponde a la FULP, dar de alta en la Seguridad Social a los beneficiarios, así como el pago de dichas prestaciones a la Seguridad Social y asumir exclusivamente las responsabilidades derivadas de la gestión de dichos fondos.
3. Diseñar, dirigir y ejecutar a su costa la formación teórica de los programas formativos.
4. Realizar la difusión de las becas formativas de inserción laboral: Programa de formación teórico-práctico Semilla entre los estudiantes y posgraduados universitarios y de formación profesional.
5. Captar y canalizar las solicitudes de los candidatos a becarios.
6. Designar un Tutor Académico que se coordinará con el Tutor de Prácticas designado por la DGRAJ, para planificar y dar cumplimiento al Programa Formativo.
Octava.- Obligaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia asume las siguientes obligaciones:
1. Cooperar en la inserción laboral de los egresados universitarios o de formación profesional, de acuerdo con los principios y obligaciones establecidas en este Convenio.
2. Elaborar el programa de prácticas, especificando las actividades formativas a desarrollar por el beneficiario.
3. Realizar la selección final de los beneficiarios, o delegar esta decisión en la FULP.
4. Aportar los medios humanos y profesionales necesarios para el desarrollo del programa de formación y designar los centros donde en cada caso se desarrollarán las prácticas.
5. Atender las cuestiones de carácter formativo que planteen los beneficiarios de las becas, designando para ello un profesional de la plantilla que actuará como Tutor, quien tendrá las competencias siguientes:
a) Tutelar y vigilar que la actividad del alumnado se desarrolle conforme a los objetivos docentes planteados.
b) Informar al tutor académico de la marcha de las actividades, así como de los problemas que pudiera tener cualquiera de los beneficiarios en el cumplimiento de su programa de aprendizaje práctico.
c) Comunicar las faltas de asistencia, disciplina y cualesquiera otras que, a criterio del tutor, puedan cometer los beneficiarios durante el tiempo de realización de las mismas, lo que podría conllevar la suspensión del disfrute de la práctica.
d) Comunicar las renuncias que puedan producirse antes de haberse cumplido el periodo de vigencia del programa y la fecha exacta de dicha renuncia o incomparecencia.
e) Evitar actos y situaciones de hecho que pudieran considerarse propios de una relación laboral del beneficiario.
6. Comunicar a los beneficiarios las normas específicas de régimen interno que tenga establecidas y en cualquier caso, las normas que sobre Seguridad y Salud en el trabajo, tenga establecidas la entidad con carácter general y aquellas otras que con carácter particular se hayan establecido para este tipo de beneficiarios.
7. No cubrir ningún puesto de trabajo mediante la incorporación de los beneficiarios, ni otorgarles a estos tareas que no estén directamente relacionadas con la formación objeto de la beca concedida. En el caso de la que misma se desarrolle en un organismo o entidad pública esta formación no tendrá la consideración de servicios previos ni de servicios efectivos en administraciones públicas.
8. Velar porque los beneficiarios: realicen las prácticas formativas y en particular que no cumplan órdenes de trabajo, que estén siempre identificados como personas externas al centro donde realizan las prácticas, que no utilicen los medios telemáticos del centro directivo para la realización de las mismas, no dispongan de una cuenta de correo electrónico vinculado con la Administración Pública; no realicen tareas propias del personal al servicio de las administraciones públicas ni se turnen con dicho personal en ningún momento; que el horario de realización de las prácticas no coincida con el horario de presencia obligatoria del personal al servicio de las administraciones públicas. No asignen al beneficiario tareas que impliquen atender al público de manera continua ni representar CPJI, ni a sus órganos en alguna actuación.
9. El número de beneficiarios nunca podrá ser superior al 25% de la plantilla de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, contando con ellos.
10. Dotar las becas y hacer efectiva dicha financiación económica a través de la FULP para su gestión administrativa y contable además de la formativa.
11. Emitir un informe final sobre el grado de aprovechamiento del periodo formativo por parte del beneficiario.
Novena.- De la dotación de la beca.
El beneficiario del programa de inserción laboral vinculado al Programa Semilla, recibirá una ayuda económica por estudios.
La beca vinculada al Programa teórico-práctico Semilla podrá ser para capacitación de:
1. TITULADOS UNIVERSITARIOS.
* Programa formativo de 6 meses, con importe de 4.950,00 euros.
* Programa formativo de 10 meses, con importe de 7.900,00 euros.
2. TITULADOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL.
* Programa formativo de 6 meses, con importe de 4.320,00 euros.
* Programa formativo de 10 meses, con importe de 6.900,00 euros.
Las aportaciones realizadas por la DGRAJ se realizarán mensualmente con carácter anticipado durante la primera quincena de cada mes. En el caso de no haberse efectuado, la FULP se reserva el derecho de suspender la beca.
Décima.- Del procedimiento para la dotación de becas.
Por el titular de la DGRAJ se resolverá la inserción de beneficiarios y la dotación de becas con cargo a su presupuesto, conforme al programa formativo determinado, quedando reflejado en un documento según el modelo que se adjunta como anexo al presente Convenio.
Décimo primera.- Tratamiento de Datos.
El presente Convenio será ejecutado por las partes con plena observancia y estricta sujeción a los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Décimo segunda.- Comisión de Seguimiento.
Se crea una Comisión de Seguimiento integrada por un representante de la DGRAJ y un representante de la FULP.
La Comisión de Seguimiento tiene por funciones el seguimiento del presente Convenio la interpretación de las dudas y la resolución de conflictos que pudieran originarse al respecto.
Décimo tercera.- Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tiene vigencia indefinida, salvo denuncia expresa por alguna de las partes.
La denuncia unilateral no será obstáculo para las prácticas formativas que estuvieran en curso.
En caso de que existiera alguna beca concedida vigente, convocada al amparo de este Convenio, la misma continuará en vigor hasta la finalización del programa formativo previsto, salvo acuerdo escrito de las partes.
Décimo cuarta.- Causas de extinción.
Son causas de resolución del presente Convenio:
a) El incumplimiento de las condiciones impuestas en el Convenio.
b) La concurrencia por razones de interés público imprevisibles apreciadas por la CPJI, al momento de celebrarse el Convenio.
c) El mutuo acuerdo entre las partes firmantes.
d) Denuncia expresa por cualquiera de las partes notificada con dos meses de antelación.
Décimo quinta.- Naturaleza del Convenio, régimen jurídico y jurisdicción competente.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. De conformidad con lo previsto en el artº. 4.1, apartado c), del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el presente convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma.
Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse y que no pudieran ser resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa de Santa Cruz de Tenerife, que será la competente para conocer de cuantos litigios puedan derivarse del mismo, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en cada una de sus páginas y en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fechas arriba indicados.- Por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola.- Por la Fundación Universitaria de Las Palmas, Eduardo Manrique de Lara Martín-Neda.
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