La Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre Prevención, Asistencia e Inserción Social en materia de Drogodependencias, considera que la actuación pública en materia de drogodependencias debe ir dirigida a la creación de un marco genérico que regule y arbitre los criterios básicos de actuación de las distintas Administraciones Públicas, organizaciones no gubernamentales y los diversos organismos implicados, estableciendo y regulando, en el marco de las competencias que el Estatuto de Autonomía de Canarias asigna al Gobierno en el ámbito territorial de Canarias, las medidas y acciones que permitirán una actuación efectiva de las Administraciones Públicas de Canarias, en el campo de la prevención y asistencia de las situaciones a que dan lugar las sustancias que puedan generar dependencia.
La sociedad actual se enfrenta a rápidas transformaciones que afectan a diferentes ámbitos de la vida de las personas. En este sentido, las drogas se "usan" y tienen impacto sobre la salud de las personas. Los conceptos de abuso, dependencia, adicción, uso inadecuado, uso habitual, uso esporádico, uso experimental o uso aislado no determinan la problemática biopsicosocial individual, ya que esta obedece a múltiples y variadas circunstancias dependiendo de cada persona. Actuar mediante una combinación de medidas que reduzcan la accesibilidad a las sustancias psicoactivas, que disminuyan el consumo y el daño asociado, es el planteamiento más apoyado por la evidencia científica para alcanzar una reducción significativa del impacto sanitario y social de este fenómeno.
En la Comunidad Autónoma de Canarias existen entidades privadas y públicas que gestionan los centros y servicios sociosanitarios de atención a los drogodependientes, además de entidades públicas que desarrollan planes de prevención. En este sentido, concurren razones de interés público en la concesión de la subvención, ya que desarrollan una serie de programas necesarios e imprescindibles en nuestra Comunidad, en los ámbitos de la prevención, asistencia y la inserción social de las personas con problemas de drogadicción.
Por otra parte, el III Plan Canario sobre Drogas (2010-2017) recoge el mandato contenido en el artículo 7 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que tiene la consideración de plan estratégico sectorial.
Además, en el Plan Estratégico de subvenciones de la Consejería de Sanidad para el período 2014-2016, se contemplan las subvenciones nominadas correspondientes al programa 231A "Atención a las Drogodependencias" y que por Decreto 2/2013, de 10 de enero, que modifica el Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, pasan a ser gestionadas por la Dirección General de Salud Pública.
Se impone una guía común para la concesión de todas las subvenciones nominadas que comparten una misma finalidad dentro del plan estratégico sectorial, III Plan Canario sobre Drogas, que facilite el conocimiento de los potenciales beneficiarios de los requisitos exigidos, a la vez que publicite el procedimiento de gestión, concesión y pago. Contar con unas directrices comunes y de general conocimiento de todos los beneficiarios supondrá, de una parte, el establecimiento de un tratamiento uniforme para quienes contribuyen a la ejecución de aquel plan, a la vez que incrementar la seguridad jurídica de estos en lo que atañe a su condición de beneficiarios de subvenciones, sin perjuicio de las peculiaridades que la normativa de aplicación impone por razón de la naturaleza jurídica de cada uno.
Por último en la Ley 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2015, se prevé la concesión de subvenciones nominadas a las entidades públicas que desarrollan planes de prevención y atención de drogodependencias y entidades públicas y privadas que gestionan centros y servicios sociosanitarios de atención a los drogodependientes que a continuación se enumeran así como la cuantía a subvencionar a cada una de ellas.
1) Cabildo Insular de Fuerteventura. Red de Atención a Drogodependientes. Partida presupuestaria G/231A/4500000/39400016 trescientos treinta y dos mil seiscientos un (332.601,00) euros.
2) Ayuntamiento de Arucas. Red de Atención a Drogodependientes. Partida presupuestaria G/231A/4500000/39400017 doscientos treinta y siete mil ochocientos diecisiete (237.817,00) euros.
3) Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Red de Atención a Drogodependientes. Partida presupuestaria G/231A/4500000/39400018 doscientos dos mil setecientos ocho (202.708,00) euros.
4) Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Red de Atención a Drogodependientes. Partida presupuestaria G/231A/4500000/39400019 ochocientos ochenta y seis mil veinte (886.020,00) euros.
5) Ayuntamiento de Tacoronte. Red De Atención a Drogodependientes. Partida presupuestaria G/231A/4500000/39400020 veinticinco mil setecientos nueve (25.709,00) euros.
6) Ayuntamiento de Agüimes. Red de Atención a Drogodependientes. Partida presupuestaria G/231A/4500000/39400021 cincuenta y nueve mil setecientos noventa y tres (59.793,00) euros.
7) Instituto Municipal de Toxicomanías de Gáldar. Red de Atención a Drogodependientes. Partida presupuestaria G/231A/4500200/39400022 trescientos ochenta y siete mil novecientos un (387.901,00) euros.
8) Cabildo Insular de El Hierro. Red de Atención a Drogodependientes. Partida presupuestaria G/231A/4600000/39400023 veintiocho mil quinientos (28.500,00) euros.
9) Cabildo Insular de La Gomera. Red de Atención a Drogodependientes. Partida presupuestaria G/231A/4600000/39400024 veintiocho mil quinientos (28.500,00) euros.
10) Cabildo Insular de Lanzarote. Red de Atención a Drogodependientes. Partida presupuestaria G/231A/4600000/39400025 un millón diez mil doscientos tres (1.010.203,00) euros.
11) Asociación Palmera para la Prevención y Tratamiento de las Toxicomanías. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4800000/39400027 cuatrocientos cincuenta y cinco mil dieciocho (455.018) euros.
12) Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel. Red de Atención a Drogodependientes. Partida presupuestaria G/231A /4800000/3 9400028 un millón seiscientos diecisiete mil ciento cuarenta y seis (1.617.146,00) euros.
13) Asociación Norte de Tenerife de Atención a los y las Drogodependientes ANTAD. Red de Atención a Drogodependientes. Partida presupuestaria G/231A/4800000/39400029 un millón doscientos veintisiete mil quinientos treinta (1.227.530,00) euros.
14) Asociación de Integración Social Calidad de Vida. Red de Atención a Drogodependientes. Partida presupuestaria G/231A/4800000/39400030 ochocientos noventa y un mil trescientos setenta y dos (891.372,00) euros.
15) Cáritas Diocesana de Canarias Red de Atención a Drogodependientes. Partida G/231A/4800000/39400031 trescientos cuatro mil cuarenta y seis (304.046,00) euros.
16) Cáritas Diocesana de Tenerife. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4800000/39400032 ciento treinta mil trescientos noventa y dos (130.392,00) euros.
17) Fundación Centro de Solidaridad Islas Canarias Proyecto Hombre (CESICA). Red de Atención a Drogodependientes. Partida presupuestaria G/231A/4820000/39400033 setecientos noventa y dos mil veinte (792.020,00) euros.
18) Fundación Canaria Sociosanitaria. Red de Atención a Drogodependientes. Partida presupuestaria G/231A/4820000/39400034 setecientos cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y nueve (747.859,00) euros.
19) Fundación Canaria Yrichen. Red de Atención a las Drogodependientes. Partida presupuestaria G/231A/4820000/39400035 setecientos seis mil novecientos setenta y cinco (706.975,00) euros.
Por lo que, a iniciativa de la Dirección General de Salud Pública que manifiesta expresamente la adecuación de estas directrices a las especificaciones del III Plan Canario sobre Drogas y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y el artículo 6.c) del Decreto 5/2005 de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad (BOC nº 24, de 4.2.05),
R E S U E L V O:
Primero.- Aprobar las directrices para la concesión de las subvenciones nominadas a las entidades públicas que desarrollan planes de prevención y atención de drogodependencias y entidades públicas o privadas que gestionan centros y servicios sociosanitarios de atención a los drogodependientes recogidas en el Anexo de la presente orden.
En lo no previsto en estas directrices, se estará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en su Reglamento, aprobado por Decreto 887/2006, de 21 de julio, en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el Régimen General de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el Decreto 5/2015, de 30 de enero, que modifica el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
Segundo.- La presente Orden entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 2015.
LA CONSEJERA
DE SANIDAD,
Brígida Mendoza Betancor.
A N E X O
DIRECTRICES PARA LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES NOMINADAS DESTINADAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE DESARROLLAN PLANES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN Y A LA GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES.
Primera.- Objeto.
Es objeto de estas directrices establecer un marco común para la concesión de subvenciones nominadas para entidades públicas que desarrollan planes de prevención y atención de drogodependencias y para la gestión de centros y servicios sociosanitarios de atención a drogodependientes.
Segunda.- Actividades subvencionables.
Pueden ser objeto de subvención las actividades a desarrollar por las entidades públicas o privadas nominadas en la Ley 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015, cuando su finalidad sea garantizar la atención a los drogodependientes, de manera coordinada con los servicios sanitarios y sociales que, impulsando y desarrollando fórmulas de integración en un entorno social normalizado durante todo el tratamiento asistencial, contemplen acciones y programas que cumplan con los objetivos establecidos en el III Plan Canario sobre Drogas especificados en el Área de Tratamiento e Integración Social y de Prevención (este último solo para entidades públicas) y que son:
- Adaptar el abordaje terapéutico asistencial a la realidad del usuario o usuaria, a las nuevas sustancias, cambio de los patrones de consumo y patología dual.
- Potenciar el diagnóstico precoz e intervención temprana en drogodependencias.
- Garantizar al usuario o usuaria drogodependiente asistencia biopsicosocial en todas las áreas de salud de la Comunidad Canaria.
- Potenciar e incrementar programas de reducción de daños y mejora en la calidad de vida de los drogodependientes.
- Reducir los factores de exclusión social y automarginación de la población drogodependiente.
- Promover conjuntamente con la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y con la Administración General del Estado programas de actuación para drogodependientes con problemática legal.
Y, específicamente para las Entidades públicas, se añaden los objetivos de Prevención y Sensibilización:
- Sensibilizar e informar a todos los ciudadanos sobre los riesgos del uso de sustancias capaces de generar dependencia.
- Poner a disposición de todos los ciudadanos un servicio de información, orientación y atención sobre drogodependencias (primer nivel asistencial).
- Promover y potenciar modelos positivos saludables como referentes de conducta para favorecer los procesos de socialización.
- Incorporar actuaciones de prevención de drogodependencias en todos los proyectos de promoción de la salud.
- Impulsar la realización de actividades preventivas dirigidas a la población en general.
- Incrementar la percepción de riesgo sobre el uso de cualquier tipo de droga en aquellas personas que ya han tenido un contacto ocasional o experimental con ella.
Tercera.- Gastos subvencionables.
Se considerarán gastos subvencionables, a los efectos de las subvenciones objeto de estas directrices, aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se realicen en el plazo establecido en la directriz undécima apartado segundo y cumplan con lo dispuesto en la directriz decimocuarta, relativa al personal y, en todo caso, los siguientes:
- Gastos de personal, excepto las indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas.
- Gastos de tratamientos dispensados.
- Gastos de viaje, con motivo de reuniones convocadas exclusivamente por la Dirección General de Salud Pública.
- Arrendamientos y cánones.
- Reparaciones y conservación.
- Gastos derivados de la revisión de la cuenta justificativa.
- Servicios profesionales independientes.
- Primas de seguros.
- Material de oficina, fotocopias e imprenta.
- Comunicaciones.
- Suministros.
- Gastos financieros, si estos están directamente relacionados con la actividad subvenciona- da y son indispensables para la adecuada ejecución de la misma.
- Gastos de transporte, si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada ejecución de la misma.
- Cuotas de suscripción a publicaciones o de inscripción en actividades, como las abonadas por pertenencia a otras asociaciones nacionales e internacionales.
- Los gastos ocasionados por el desarrollo de actividades relacionadas con la prevención en el caso de entidades públicas canarias.
Cuarta.- Requisitos de los beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones nominadas a que se refieren estas directrices los designados como tales en el estado de gastos del presupuesto aprobado para el ejercicio en curso por la Ley 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Contar, en su caso, con autorización como centro o servicio sociosanitario de atención a drogodependientes, regulada en el Decreto 118/1992, de 9 de julio, sobre autorizaciones para la creación, construcción, modificación, adaptación, traslado, supresión o cierre de esos centros o servicios.
b) Estar inscrito, en su caso, en el registro oficial correspondiente por razón de su naturaleza jurídica.
c) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13. Apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Quinta.- Cuantía de las subvenciones.
La cuantía de la subvención es la que figura asignada en el estado de gastos de presupuestos de la Ley 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el 2015.
Sexta.- Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones a que se refieren estas directrices es el de concesión directa. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días y se iniciará a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
El procedimiento se iniciará a solicitud del interesado y le será de aplicación las previsiones contenidas en los artículos 17, 19 y 20 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Séptima.- Solicitudes.
A las solicitudes de los interesados se acompañará la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad y/o representación de los interesados.
b) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma, con la Agencia Tributaria Estatal, así como con la Seguridad Social.
c) Certificado de estar inscrito, en su caso, en el registro oficial correspondiente por razón de su naturaleza jurídica.
d) Alta de terceros en la Tesorería de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, donde conste el Código IBAN de la cuenta corriente de la entidad pública o privada, donde se ha de producir el pago.
e) Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
f) Proyecto ajustado en su forma y contenido a lo contemplado en el anexo A de estas directrices.
g) Plan de financiación y previsión de ingresos y gastos.
h) Documentación acreditativa de la concurrencia de los requisitos a que se refiere la directriz cuarta, salvo que estos documentos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo previsto en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos y siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. Dicho plazo ha de computarse desde la notificación de la resolución que puso fin a dicho procedimiento.
La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará:
- La autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por los organismos competentes.
- La aceptación de la subvención nominada y de las presentes directrices.
Octava.- Lugar de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes, junto con la documentación requerida se podrá presentar en el Registro de la Dirección General de Salud Pública, en la sede de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en Rambla de Santa Cruz, 53, 38006 y en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Alfonso XIII, nº 4, 35003, así como en cualquiera de las dependencias y formas determinadas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción actual.
Novena.- Instrucción y resolución del procedimiento.
1. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución. Para ello examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la misma la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario al interesado para que, en el plazo de diez (10) días, subsane y complete los documentos y datos que deben presentarse, advirtiéndole de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Antes de formular la propuesta de resolución, el órgano instructor dará trámite de audiencia a los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en aquellos casos en los que hayan de tenerse en cuenta para la resolución que pone fin al procedimiento, cualquier hecho, alegación o prueba distinta de las aducidas por los solicitantes.
3. Una vez instruido el procedimiento, el órgano competente para resolver dictará las resoluciones que pongan fin a los procedimientos. Dichas resoluciones se notificarán a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), en su redacción actual.
4. El plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses.
5. Las resoluciones de concesión pondrán fin a la vía administrativa, excepto en los supuestos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas por los interesados sobre las que no recaiga resolución expresa en el plazo establecido.
Décima.- Abono de la subvención.
1. El abono de la subvención se realizará en los términos y condiciones que se establezcan en la orden de concesión, que determinará en su caso, la posibilidad de efectuar pagos anticipados y pagos a cuenta.
2. Se extinguirá el derecho al cobro de la subvención, total o parcialmente, si concurre algún supuesto de nulidad o causa de reintegro de las previstas en los artículos 36 y 37, respectivamente, de la Ley General de Subvenciones.
3. Quedan exonerados de la constitución de garantía de conformidad con lo establecido en las letras a) y d) del apartado 8 del artículo 38 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, las Administraciones Públicas y las entidades sin fines de lucro que desarrollen programas o proyectos de acción social y cooperación internacional.
Décimo primera.- Justificación y comprobación de la subvención.
1. Las entidades beneficiarias vendrán obligadas, de conformidad con lo establecido en el artº. 23.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, a justificar documentalmente ante la Dirección General de Salud Pública el empleo de los fondos recibidos en la realización de la actividad subvencionada y el desarrollo de dicha actividad con las condiciones y plazo concedido a tal fin y su coste real, mediante presentación de cuenta justificativa simplificada, en el caso establecido en el artº. 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artº. 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y en el Decreto 5/2015, de 30 de enero, que modifica el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y en otro caso, con la presentación de la cuenta justificativa del artº. 25 del citado Decreto 36/2009, de 31 de marzo y su modificación por Decreto 5/2015, de 30 de enero, sustituyéndose la memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas a la que se refiere el artículo 25.2 del Decreto 36/2009, por la cuenta justificativa con informe del auditor de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del mismo Decreto, debiendo cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones:
En caso de entidades privadas:
Con anterioridad al 30 de mayo de 2015:
Justificación documental, ante la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, del gasto realizado en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2015.
Con anterioridad al 30 de septiembre de 2015:
Justificación documental, ante la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, del gasto realizado en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2015.
Para la justificación de los periodos citados, y al objeto de efectuar el libramiento correspondiente, se deberá presentar un certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención por el que se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención, así como informe emitido por la intervención u órgano de control equivalente que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención referida a dichos periodos.
Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la directriz décimo primera de la presente Orden, en lo relativo a la justificación y comprobación de la subvención en su conjunto.
Con anterioridad al 27 de febrero de 2016:
a) Remitir, a la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, la cuenta justificativa, que debe ir acompañada de un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuenta dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
b) El auditor de cuentas debe llevar a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance establecido en el artículo 25.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y en el Decreto 5/2015, de 30 de enero, que modifica el Decreto 36/2009, de 31 de marzo,
c) La cuenta justificativa debe incorporar, además de la memoria de actuaciones a que se refiere el artículo 25.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, una memoria económica con el contenido que se establece el artículo 25.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y en el Decreto 5/2015, de 30 de enero, que modifica el Decreto 36/2009, de 31 de marzo. En todo caso, contendrá un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.
d) La memoria de actuaciones deberá recoger los apartados reseñados en el anexo B de estas directrices.
En caso de Administraciones Públicas Canarias:
Con anterioridad al 9 de noviembre de 2015:
Declaración responsable de la Presidencia de la Entidad en la que conste de forma expresa la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida, acompañada de un informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de Entidad Local, que acredite la veracidad y la regularidad de los gastos y pagos justificativos, así como su adecuación a la normativa reguladora de la acumulación de ayudas.
Todo ello referido al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2015.
Con anterioridad al 12 de enero de 2016:
Declaración responsable de la Presidencia de la Entidad en la que conste de forma expresa la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida, acompañada de un informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de Entidad Local, que acredite la veracidad y la regularidad de los gastos y pagos justificativos, así como su adecuación a la normativa reguladora de la acumulación de ayudas.
Todo ello referido al período comprendido entre el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2015.
Con anterioridad al 27 de febrero de 2016:
1. La memoria de actuaciones a que se refiere el artículo 25.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, que deberá recoger los apartados reseñados en el anexo B de estas directrices.
2. A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta, que solo tendrán la condición de gastos subvencionables los contemplados en el artículo 31 de la expresada Ley General de Subvenciones y los reseñados en la directriz tercera, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 35 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y su modificación por el Decreto 5/2015, de 30 de enero, considerándose gasto realizado el que se corresponde con el período de desarrollo del proyecto subvencionado, es decir, el que se lleva a cabo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.
3. Las entidades públicas o privadas deberán tener en cuenta que, para la justificación del pago de las facturas, deberá quedar constancia del abono, bien con el estampillado de "pagado" cuando sea en efectivo su tramitación (solo se admitirá el pago en metálico de facturas o documentos justificativos del gasto hasta un máximo de 3.000 euros por expediente), o mediante el correspondiente reflejo bancario del pago, o cualquier otro medio que acredite el pago.
4. Por otro lado y de conformidad con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público para el contrato menor en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la adquisición del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
5. La entidad beneficiaria deberá acreditar que ha ejecutado completamente el proyecto subvencionado durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015 a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
6. La Dirección General de Salud Pública comprobará, a través de técnicas de muestreo, la justificación de la subvención. En este caso, la muestra será del 25% como mínimo de la totalidad de las entidades públicas o privadas beneficiarias de estas subvenciones concedidas, las cuales se seleccionarán de manera aleatoria. Una vez resuelta en su totalidad la convocatoria de subvenciones nominadas, en el mes siguiente, se les notificará a las entidades que resulten seleccionadas indicándoles la obligatoriedad de presentar junto con las cuentas justificativas, y el resto de la documentación exigible, la totalidad de las facturas, o cualquier otro medio establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que justifiquen como mínimo, el importe subvencionado. La presentación y comprobación de las facturas se realizará con carácter previo al libramiento del pago proporcional a la cuantía de la subvención justificada de la realización de la actividad, proyecto u objetivo para el que se concedió. En el caso de que se realicen pagos anticipados, la presentación y comprobación de las facturas se realizará con anterioridad al libramiento de pagos anticipados sucesivos. Dicha comprobación se entenderá sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General.
Décimo segunda.- Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones de los beneficiarios las relacionadas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003), así como la establecido en la letra l) del artículo 10 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Los beneficiarios vendrán obligados a cumplir además, las siguientes:
a) Facilitar al órgano concedente a través de la Dirección General de Salud Pública cuanta información le demande este centro directivo, en relación con el seguimiento de la ejecución del proyecto subvencionado, bien a través de la aplicación informática CEDRO bien a través de otros medios o soportes.
b) Utilizar para el registro de la información relacionada con el proyecto subvencionado la aplicación informática CEDRO en cumplimiento del III Plan Canario sobre Drogas.
c) Proporcionar a la Dirección General de Salud Pública, de forma trimestral y de acuerdo con las directrices emanadas de dicho Centro Directivo los datos de admisión a trata-miento y movimiento asistencial.
d) Ofrecer una respuesta asistencial adecuada y para ello deberán cumplir con los requisitos que se contemplan en el Decreto 118/1992, de 9 de julio, sobre autorización para la creación, construcción, modificación, adaptación, traslado, supresión o cierre de centros y servicios sociosanitarios de atención a drogodependientes y los establecidos en la Orden de 13 de agosto de 1992 por la que se desarrolla el decreto anterior.
e) Garantizar la adecuación técnico-profesional de los programas asistenciales a las necesidades de la problemática de drogodependencias en la Comunidad Autónoma de Canarias.
f) Optimizar y adecuar los recursos materiales y humanos para garantizar una atención de calidad en función de las necesidades comunitarias, reorganizando el personal, tanto en horarios como en puntos de atención, de acuerdo a la demanda y a las necesidades de la población, para mantener el normal funcionamiento de los servicios, incluso trasladándose a otros centros acreditados dentro de la Red de Atención a las Drogodependencias si se diese la necesidad.
g) Cumplir un horario mínimo en las Unidades de Atención a las Drogodependencias (UAD) que abarque de lunes a viernes de las 8.00 h hasta las 15.00 h durante todo el año 2014. Las entidades beneficiarias deberán garantizar la prestación asistencial de los usuarios en horario de tarde. Asimismo en el caso de las Unidades Semiresidenciales y Residenciales para la Atención a las Drogodependencias (USAD y URAD), el horario estará adaptado a las características de cada programa y que se concretará en la resolución de concesión.
h) Durante los periodos de vacaciones, permisos y licencias, así como bajas por enferme-dad, las entidades públicas y privadas establecerán las medidas que estimen procedentes para garantizar que los servicios queden perfectamente cubiertos, asegurando la adecuada prestación de los mismos, cumpliendo estrictamente la jornada y el horario de trabajo establecido.
i) Prestar a la Administración la colaboración en situaciones de emergencia social y en caso de cierre atenerse a los establecido en la Orden de 13 de agosto de 1992 autorización por la que se desarrolla el Decreto 118/1992, de 9 de julio, para la creación, construcción, modificación, adaptación, traslado, supresión o cierre de centros y servicios sociosanitarios de atención a drogodependientes.
j) Asimismo, en relación a los profesionales que prestan sus servicios en los diferentes recursos subvencionados en cada entidad, podrá la Dirección General de Salud Pública solicitar su colaboración en el desarrollo de actividades, acciones y programas de carácter asistencial, formativo y preventivo, con el objeto de garantizar una atención de calidad a la población de la Comunidad Autónoma de Canarias y asegurar el cumplimiento de los objetivos que se señalan en el III Plan Canario sobre Drogas.
k) También será obligatorio, la asistencia al Plan de Formación establecido por la Dirección General de Salud Pública y la Red específica, en función de las necesidades formativas cuya satisfacción se planifique. Este Plan de Formación será diseñado a través de la Comisión de Formación Continuada, constituida por 3 representantes de la Dirección General de Salud Pública, 2 representantes de cada una de las islas capitalinas y otros 2 representantes de las islas no capitalinas, uno por cada provincia. El porcentaje de asistencia para cada colectivo profesional, vendrá determinado en la convocatoria de cada actividad formativa; garantizando la adecuada prestación del servicio.
l) Facilitar y difundir los datos relativos a la asistencia en drogodependencias objeto de estas subvenciones, siempre que la información referida haya sido previamente coordinada y consensuada con la Dirección General de Salud Pública.
m) Llevar los registros contables que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las subvenciones concedidas, así como, los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto y por diferencia permita obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención, no siendo la Consejería de Sanidad, responsable de los resultados de la gestión que conlleve la concesión de subvenciones a la entidad, por parte de otros Organismos y Entidades tanto públicas como privadas.
n) Dar la adecuada publicidad de la actividad subvencionada del carácter público de la financiación de la actividad, mediante la adopción de medidas de difusión que deberán adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su forma como en su duración, estableciendo, en todo caso, como obligatoria la inclusión de la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, así como leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.
o) El coste de los reactivos analíticos del consumo de drogas adquiridos por los centros de atención a drogodependientes deberá oscilar entre 0.50 y 0.75 euros por parámetro determinado. Todo lo que exceda de esa cuantía será asumido en su caso por la Entidad correspondiente.
Décimo tercera.- Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.
El beneficiario podrá subcontratar la realización de la actividad siempre que se den los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones, entendiéndose por tal cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada que establece que:
1. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a.- Que el contrato se celebre por escrito.
b.- Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención.
2. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.
3. Los contratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
4. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites establecidos en las presentes directrices en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley General de Subvenciones en cuanto a permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.
5. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:
a.- Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b.- Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.
c.- Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.
d.- Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
1. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
2. Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen.
e.- Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
Décimo cuarta.- Personal.
Si la actividad objeto de la subvención precisara de la contratación de personal laboral se deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 de la disposición adicional décimo tercera de la Ley 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015.
El tipo de vínculo que relacione a la entidad subvencionada con el personal de que disponga para el desarrollo de las acciones objeto de subvención será decidido libremente por la misma, sin que exista o pueda existir relación jurídica alguna entre el mencionado personal al servicio de la entidad beneficiaria y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Las retribuciones del personal no podrán ser superiores a las establecidas en el III Convenio Colectivo del personal laboral de la Comunidad Autónoma en cada una de sus categorías. Queda totalmente prohibido ningún incremento salarial distinto del que en su caso se apruebe a los trabajadores de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el caso de que las retribuciones del personal superen las cuantías establecidas en el III Convenio Colectivo, el exceso que en su caso perciba el personal de dichas entidades no podrá ser presentado y certificarse como gasto subvencionable.
Décimo quinta.- Compatibilidades.
Las subvenciones nominadas objeto de estas directrices serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para el desarrollo de otros programas complementarios que enriquezcan las tareas biopsicosociales, integración social y de prevención, procedentes de cualquier entidad pública o privada, nacionales, de la Unión Europea o, de organismos internacionales.
Décimo sexta.- Modificación de la Orden de concesión de la subvención.
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 y 3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, dará lugar a la modificación de la orden de concesión por el órgano que la haya dictado, antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad, y sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:
a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una subvención.
b) La obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.
c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de subvenciones en los períodos establecidos en la misma.
Décimo séptima.- Causas y procedimiento de reintegro.
Los beneficiarios estarán obligados al reintegro de las cantidades percibidas, según los criterios de graduación definidos, así como la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Título III, Capítulo 1, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la cuantía fijada en los artículos 37 y 38 de la cita-da Ley, y conforme al procedimiento establecido en los artículos 40, 41 y 42 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y sus modificaciones del Decreto 5/2015, de 30 de enero, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello y ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. En este caso procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de dicha Ley, y en su caso, de la presente Orden. Deberán devolverse las cantidades no justificadas debidamente.
d) Incumplimiento de las obligaciones de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de dicha Ley. En caso de incumplimiento total, deberá de-volverse la totalidad de la cantidad percibida; si el incumplimiento es parcial, en proporción a este.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de dicha Ley, así como, el incumplimiento de las obligaciones contables, registrables o de conservación de documentos, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y la regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea, o de organismos internacionales En este caso procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así como, de los compromisos asumidos por estos con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo o plazo en que se ha de realizar los objetivos, realizar la actividad, o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así como, de los compromisos por estos asumidos con motivo de la concesión de la subvención distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido, equivalente al porcentaje de incumplimiento.
h) Igualmente en el supuesto de que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos, o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
Décimo octava.- Conservación de la documentación.
El beneficiario de la subvención queda obligado a conservar la documentación justificativa de la subvención durante el período de tiempo de prescripción señalado en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, sin perjuicio de otro plazo mayor, cuando así los dispongan otras normas que resulten de aplicación.
Décimo novena.- Infracciones y sanciones.
En lo referente al régimen de infracciones y sanciones será aplicable lo dispuesto en el Título IV, Capítulos I y II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003) así como los artículos 43, 44 y 45 del Decreto del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 68, de 8 de abril de 2009).
A N E X O A
ESTRUCTURA DEL PROYECTO
El proyecto responderá a la siguiente estructura:
a) Introducción: marco contextual y conceptual.
b) Objetivos que tendrán que incardinarse necesariamente en los fijados en el III Plan Canario de Drogas.
c) Descripción de los programas para los que se solicita la subvención y las actividades que los desarrollarán.
d) Contenidos de los distintos programas y actividades.
e) Metodología de trabajo.
f) Recursos disponibles humanos y materiales vinculados a la ejecución del programa para el que se solicita la subvención.
g) Repercusión de las distintas acciones y programas sobre los objetivos planteados.
h) Coordinación interna y externa con el entorno, en especial, con los movimientos vecinales, centros educativos, Corporaciones Locales, etc.
i) Criterios de evaluación del proyecto, en cuanto al proceso seguido, a la consecución de los objetivos, los resultados obtenidos y su relación con los indicadores del III Plan Canario de Drogas.
j) Propuesta de Evaluación del Proyecto de trabajo, en base a los criterios establecidos en el apartado anterior, y que reflejen la consecución de los objetivos del III Plan Canario sobre Drogas.
El proyecto deberá presentarse en soporte papel en la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, y enviarse por correo electrónico (en formato P.D.) a las siguientes direcciones: bfermat@gobiernodecanarias.org; asanpery@gobiernodecanarias.org.
CONTENIDO MÍNIMO DE LA MEMORIA DE ACTUACIONES.
La memoria contemplará los siguientes apartados en relación al proyecto que se subvenciona:
1.- Introducción: contextualización y conceptualización en el desarrollo del mismo.
2.- Objetivos desarrollados y grado de consecución (III Plan Canario de Drogas).
3.- Programas y actividades desarrollados: contenidos.
4.- Metodología de trabajo utilizada.
5.- Necesidades planteadas y resolución de las mismas.
6.- Recursos utilizados para el desarrollo del Proyecto: humanos y económicos.
7.- Repercusión real de las distintas acciones y programas sobre los objetivos planteados.
8.- Niveles de coordinación establecidos con la comunidad y/o entorno, y valoración de su funcionamiento. Asimismo de la coordinación interna.
9.- Evaluación del proceso de trabajo seguido y de los resultados obtenidos. Vinculación con los indicadores contemplados en el III Plan Canario de Drogas.
10.- Elaboración de un Plan de Mejora.
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