BOC - 2015/38. Miércoles 25 de Febrero de 2015 - 808

III. Otras Resoluciones

Presidencia del Gobierno

808 - DECRETO 14/2015, de 19 de febrero, por el que en ejecución de sentencia se adjudican las concesiones para la explotación de canales digitales del servicio de televisión digital terrestre de ámbito local, con cobertura municipal o insular, y se transforman en licencias por aplicación de la normativa vigente.

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Examinado el expediente administrativo sobre el asunto de referencia, resultan los siguientes

ANTECEDENTES

1º.- La entonces Viceconsejería de Comunicación, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 229, de 24 de noviembre de 2006, convocó concurso público relativo a la adjudicación de concesiones para la explotación de canales digitales del servicio de televisión digital terrestre de ámbito local con cobertura municipal o insular, en régimen de gestión indirecta en la Comunidad Autónoma de Canarias.

2º.- El citado concurso fue resuelto por el Decreto 377/2007, de 16 de octubre, publicado mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias nº 207, de 17 de octubre de 2007, que adjudicó las mencionadas concesiones de ámbito local.

3º.- Este Decreto 377/2007, de 16 de octubre, resultó anulado por la Sentencia nº 529, de 5 de diciembre de 2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recaída en el recurso nº 866/2007, que es confirmada por la Sentencia de 25 de junio de 2012 del Tribunal Supremo, al desestimar el recurso de casación interpuesto contra la misma.

4º.- La Sentencia que anula el mencionado Decreto 377/2007, lo hace con retroacción de las actuaciones administrativas, según su fundamento jurídico sexto que dice: "En este sentido y dado que la citada decisión se apoya en un informe que no proporciona las garantías suficientes de objetividad conforme a lo dispuesto en el artículo 9.3 de la CE, que consagra el principio de interdicción de la arbitrariedad, procederá que con retroacción de las actuaciones se emita un nuevo informe ajustado al pliego de condiciones y con el grado de motivación exigible por los técnicos que se estimen convenientes pero distintos al que emitieron el anterior y siempre que su elección respete los criterios expuestos antes y se eleve de nuevo a la mesa de contratación que sustituya a la anterior para que a su vez formule la propuesta correspondiente al órgano de contratación".

5º.- En ejecución de la citada Sentencia, el ahora Viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, por Resolución de 12 de noviembre de 2012, designa los miembros de la mesa de contratación del referido concurso.

6º.- La Mesa traslada su propuesta al órgano de contratación, dejando constancia en la misma de los candidatos admitidos al concurso (se relacionan en el anexo I del presente Decreto), así como de los candidatos que han presentado renuncia (Televolcán, S.L. y Kiss TV Canarias, S.A.). En esta propuesta consta también, el orden de prelación establecido por la mesa a los licitadores en cada lote (anexo II del presente Decreto) según la puntuación otorgada a los mismos, y se insta al órgano de contratación para que requiera a los licitadores propuestos la documentación prevista en la cláusula 24.6 del pliego de cláusulas administrativas del concurso. Todo ello a fin de trasladar la propuesta definitiva al Gobierno, que deberá incluir a los candidatos que, siguiendo el orden de prelación, aporten debidamente la documentación requerida.

FUNDAMENTOS

Primero.- Que el citado concurso fue convocado al amparo de la legislación entonces vigente, constituida básicamente por la Disposición adicional cuadragésimo cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, según la cual la explotación de los servicios de televisión digital terrenal, considerados entonces como servicio público, requería el correspondiente título habilitante. Este título habilitante habría de ser la concesión para la gestión indirecta de servicios públicos, adjudicada por procedimiento abierto o restringido, mediante concurso, según el entonces vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y el artículo 13 de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres, que establecía que en el supuesto de que el servicio se gestione mediante concesión administrativa por particulares, esta se otorgaría por el procedimiento de concurso público. Para su otorgamiento es competente la Comunidad Autónoma cuando el ámbito sea autonómico o local.

En el presente expediente, se han cumplido los trámites y requisitos legales exigidos por esta normativa en lo que era de aplicación.

Segundo.- Que en cuanto al espacio radioeléctrico disponible para la prestación de estos servicios mediante concesión, la mencionada Disposición adicional cuadragésimo cuarta remitía a los planes técnicos que aprobara el Gobierno. En el momento que se convocó el concurso, estaba vigente el Plan técnico nacional de la televisión digital local aprobado por el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo.

No obstante, es preciso tener en cuenta que este Plan Técnico ha sido modificado por el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, que aprueba el nuevo Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y regula determinados aspectos para la liberación del dividendo digital. Por esta razón, la presente adjudicación resultará en parte afectada por la modificación de canales radioeléctricos del plan nacional de la televisión digital local recogida en el anexo 3 del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre. Concretamente afecta a los canales que a continuación se relacionan:

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Tercero.- Por último, hay que tener en cuenta que desde la entrada en vigor de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, las actividades de radiodifusión sonora y televisión ya no tienen la consideración legal de servicios públicos, y por tanto, la participación de los particulares en la prestación de los mismos, ya no precisa como título jurídico habilitante una concesión administrativa otorgada por concurso, ni realizarse por tanto, bajo la modalidad de gestión indirecta.

La citada Ley 7/2010, de 31 de marzo, modifica profundamente este régimen jurídico ya que, con carácter general, abandona la noción de servicio público y califica a este tipo de actividades como servicios de interés general, que pasan a prestarse en ejercicio de la libertad de empresa y en régimen de libre competencia, bastando la comunicación previa a la autoridad competente. Solo queda sujeta a licencia previa, la prestación de servicios de comunicación audiovisual mediante ondas hertzianas terrestres, que en el ámbito de esta Comunidad Autónoma se adjudican según el procedimiento regulado en el Decreto 80/2010, de 8 de julio, sobre servicios de comunicación audiovisual.

Por esta razón, a las concesiones que se otorgan por el presente Decreto, les es de aplicación la Disposición transitoria primera de la citada Ley 7/2010, que en relación con los concursos convocados de acuerdo con la legislación anterior y no resueltos antes de la entrada en vigor de la misma, establece que continuarán su tramitación de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa vigente al momento de la convocatoria del concurso, y que una vez resuelto el concurso, la autoridad competente transformará la concesión en licencia. Para que pueda darse esta transformación, los licitadores propuestos deben cumplir los requisitos exigidos en la norma vigente para ser titular de una licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisiva.

Por todo ello, y vista la propuesta de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, en la que se hacen constar que se ha requerido a los candidatos la documentación prevista en la cláusula 24.6 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el concurso.

Visto que en la mencionada propuesta de la Viceconsejería se hace constar que los candidatos que se incluyen en la misma son aquellos que, respetando el orden de prelación establecido por la Mesa, han aportado esta documentación y han acreditado el cumplimiento de todos los requisitos, incluso los exigidos por la legislación vigente para ser titular de una licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisiva.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.3.b) del Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno, aprobado por Decreto 27/2012, de 30 de marzo, a propuesta del Presidente y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 19 de febrero de 2015,

D I S P O N G O:

1º.- Adjudicar las concesiones para la explotación de canales digitales del servicio de televisión digital terrestre de ámbito local con cobertura municipal o insular, en régimen de gestión indirecta, en la Comunidad Autónoma de Canarias, a los siguientes licitadores y lotes, que se especifican en el anexo III de este Decreto.

2º.- Transformar las concesiones otorgadas, en licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisiva.

Estas licencias tendrán una duración de quince años contados desde la publicación del presente Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación o publicación. Potestativamente podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición, o se produzca la desestimación presunta del mismo y, todo ello, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 19 de febrero de 2015.

EL PRESIDENTE

DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

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