BOC - 2014/239. Miércoles 10 de Diciembre de 2014 - 5411

IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Las Palmas de Gran Canaria

5411 - EDICTO de 19 de noviembre de 2014, relativo al fallo de la sentencia dictada en los autos de procedimiento de familia. Guarda, custodia y alimentos nº 0000719/2014.

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D./Dña. Montserrat Gracia Mor, Secretario/a Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los autos que luego se dirá, cuyo encabezamiento y fallo tienen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En las Palmas de Gran Canaria a dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

Vistos por Dña. Carmen María Simón Rodríguez, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia Número Quince (Familia) de Las Palmas de Gran Canaria, los autos sobre Guarda y Custodia y Alimentos, seguido con el nº 719/2014 a instancia de Dña. Ana Isabel Socorro Vera, representada por el Procurador D. José L. Hernández Peñate, asistida del letrado D. José Luz Azpeitia, contra D. Raimundo Viera Alonso, siendo parte el Ministerio Fiscal, recayendo la presente resolución con base a lo siguiente.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por la representación procesal de Dña. Ana Isabel Socorro Vera, se formuló demanda de juicio verbal sobre guarda y custodia y alimentos contra D. Raimundo Viera Alonso, en la que tras la alegación de los hechos y fundamentos que estimó convenientes, terminaba suplicando que se dicte en su día Sentencia conforme a los pedimentos del suplico.

Segundo.- Admitida a trámite la demanda se acordó dar traslado de la misma al Ministerio Fiscal y al demandado para que en el término legal de 20 días se personaran en autos y contestaran aquella; lo cual verificó el Ministerio Fiscal pero no el demandado que fue declarado en rebeldía convocándose a las partes y al Ministerio Fiscal a la celebración del correspondiente juicio verbal el cual se celebró llegado el día y hora con el resultado que obra en autos.

Tercero.- En la sustanciación del presente procedimientos se han observado las disposiciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La pretensión de la demandante se dirige a obtener un pronunciamiento judicial por el que, en lo sucesivo, se regulen los derechos y obligaciones de ambos progenitores litigantes en relación con los hijos comunes, nacidos el 6 de marzo de 1997, 21 de febrero de 2000, 16 de junio de 2004 y 20 de noviembre de dos mil seis respectivamente.

Dicha pretensión tiene un fundamento material en lo dispuesto en los artículos 154 y siguientes del Código Civil en los que se establece todo lo relativo a las relaciones y obligaciones paternofiliales que se deriven del propio ejercicio de la patria potestad y en la responsabilidad parental que ambos progenitores ostentan sobre su hijo menor, así como y en la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor que posibilita la adopción de las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos a favor de los hijos menores, su guarda y custodia y el ejercicio del derecho a comunicar con sus progenitores, independientemente de su filiación matrimonial o extramatrimonial.

Segundo.- En el auto de medidas provisionales de 26 de septiembre, dictado en sede de medidas cautelares coetáneas se acordó lo siguiente: 1.- Atribuir la guarda y custodia de los hijos a la madre, siendo la patria potestad de titularidad y ejercicio conjunto; 2.- Establecer un régimen de visitas libre para los dos hijos de mayor edad y, otro consistente en la cuarta semana de cada mes, a desarrollar en el centro penitenciario, a elegir una tarde entre el lunes y el jueves, previa comunicación del progenitor paterno deberá comunicar a la madre con una antelación mínima de cinco días la tarde elegida y concedida por el centro y; 3.- Una pensión alimenticia a satisfacer por el padre de 250 euros mensuales, (50 euros por cada hijo) además del 50% de los gastos extraordinarios.

En el acto de la vista a la que no compareció el demandado rebelde, ninguna prueba se practicó tendente a desvirtuar lo acordado en el auto citado, habiéndose interesado tanto por la actora como por el Ministerio Fiscal que se elevaran a definitivas las citadas medidas. Por lo que siendo esto así, considerando que dichas medidas amparan suficientemente el interés de los menores, procede su elevación a definitivas.

Tercero.- No procede hacer pronunciamiento expreso respecto a la imposición de las costas procesales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que estimando la demanda formulada por la representación procesal de Dña. Ana Isabel Socorro Vera, contra D. Raimundo Viera Alonso se aprueban como medidas personales y económicas en relación al hijo común las siguientes:

1.- La patria potestad sobre los menores, continuará ejerciéndose de modo conjunto por ambos progenitores. Este ejercicio conjunto supone que las decisiones importantes relativas a los menores serán adoptadas por ambos progenitores de mutuo acuerdo, y en caso de discrepancia resolverá el Juzgado conforme al trámite previsto en el artículo 156 del Código Civil.

A título indicativo son decisiones incluidas en el ámbito de la patria potestad entre otras las relativas a las siguientes cuestiones: cambio de domicilio de la menor fuera del municipio de residencia habitual y traslado al extranjero, salvo viajes vacacionales, elección inicial o cambio de centro escolar y determinación de las actividades extraescolares o complementarias, intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos, psicológicos o similares, que no sean de poca entidad tanto si entraña un gasto como si está cubierto por algún seguro y; la realización de actos religiosos y el modo de llevarlo a cabo.

2.- Los menores quedarán bajo la guarda y custodia de la progenitora materna quien podrá adoptar decisiones respecto a los misma sin previa consulta, en los casos en los que exista una situación de urgencia o en aquellas decisiones diarias, poco trascendentes o rutinarias que en el normal transcurrir de la vida de los menores puedan producirse.

3.- El padre tendrá el derecho y la obligación de relacionarse y comunicar con sus hijos en la forma que acuerde con la madre, procurando ambos progenitores garantizar el interés y bienestar del menor. Subsidiariamente y a fin de asegurar el derecho irrenunciable de los menores a relacionarse con su padre se establece el siguiente régimen de visitas:

3.1.- Respecto a los dos hijos de mayor edad, procede fijar un régimen flexible, de manera que ellos decidirán conjuntamente con su padre la frecuencia de los contactos paterno filiales.

3.2.- Respecto a los tres hijos de menor edad, se fija un régimen de visitas que deberá desarrollarse en el centro penitenciario donde se encuentra ingresado el progenitor paterno y en la cuarta semana de cada mes, a elegir una tarde entre el lunes y el jueves. Para ello el progenitor paterno deberá comunicar a la madre con una antelación mínima de cinco días la tarde elegida y concedida por el centro.

4.- D. Raimundo Viera Alonso, deberá abonar en concepto de prestación alimenticia para sus hijos la cantidad de 250 euros mensuales (50 euros mensuales por cada uno de los hijos), a ingresar dentro del día décimo y decimoquinto de cada mes, en la cuenta que designe la madre actualizándose anualmente conforme a las variaciones del IPC para Canarias.

Los gastos extraordinarios de los hijos comunes se sufragarán en un 50% por el padre y en un 50% por la madre, entendiéndose por tales los que tengan carácter excepcional y no sean previsibles, como gastos de enfermedad, prótesis ópticas o dentales, o cualquier otro gasto sanitario no cubierto por el Sistema Público de Salud de la Seguridad Social, siempre que medie previa consulta (salvo supuestos excepcionales urgentes en que ello no sea posible) al progenitor no custodio sobre la procedencia del gasto y acuerdo de ambos, o en su defecto, autorización judicial.

No se imponen las costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra la misma se podrá interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días que será resuelto por la Audiencia Provincial de Las Palmas.

PUBLICACIÓN: leída y publicada fue la anterior sentencia por el Juez que la ha dictado, estando constituido en Audiencia Pública en el mismo día de su fecha, ante mí el Secretario Judicial. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D./Dña. Raimundo Viera Alonso, expido y libro presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviembre de 2014.- El/la Secretario/a Judicial.



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