BOC - 2014/87. Miércoles 7 de Mayo de 2014 - 1928

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1928 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 21 de abril de 2014, del Director Ejecutivo, que notifica a Steak Grill El Toro, S.L. (X-QUAD Fuerteventura), la Resolución de 25 de febrero de 2014.- Expte. RP-2435/2010 (2010002435).

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No habiéndose podido practicar la notificación a Steak Grill El Toro, S.L. (X-QUAD Fuerteventura), de la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 265, de fecha 25 de febrero de 2014, en los términos fijados en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con el apartado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Steak Grill El Toro, S.L. (X-QUAD Fuerteventura), la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 265, de fecha 25 de febrero de 2014, recaída en el expediente seguido en esta Agencia por infracción a la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, con referencia RP-2435/2010 (2010002435), que dice textualmente:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador contra la entidad Steak Grill El Toro, S.L. (X-QUAD Fuerteventura), como presunta responsable de la comisión de las infracciones consistentes en:

A) Infracción administrativa tipificada y calificada de grave en el artículo 38.3.d) en relación con el artículo 19 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, y los artículos 13, 14 y 15 del Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, consistente en el incumplimiento de las determinaciones legales en la gestión y manejo de los residuos peligrosos, en lo relativo al almacenamiento inadecuado de los mismos y en lo relativo a no acreditar su entrega a gestor autorizado (aceite usado, baterías, envases, material absorbente, disolventes, etc.), y sancionada en el artículo 42.2 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias con multa de 6.010,13 hasta 300.506,05 euros; cese temporal, total o parcial de las actividades y suspensión de la autorización, en su caso; clausura temporal, total o parcial de las instalaciones e inhabilitación profesional temporal como gestor de residuos, siendo en el presente caso la sanción que corresponde de treinta mil (30.000,00) euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

B) Infracción administrativa tipificada y calificada de leve en el artículo 38.4.a) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, consistente en el ejercicio de una actividad productora de residuos peligrosos, sin que se haya inscrito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y sancionada conforme preceptúa el artículo 42.3 del mismo texto legal con multa de 300,51 hasta 6.010,12 euros, siendo en el presente caso la sanción que corresponde de tres mil ciento cincuenta y cinco (3.155,00) euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Segundo.- Requerir a la entidad expedientada que proceda a la reposición de las cosas al estado anterior a la comisión de la infracción, en un plazo no superior a quince días, a contar a partir de la notificación de la presente resolución, mediante el almacenamiento y etiquetado de los residuos peligrosos objeto del presente procedimiento sancionador de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación, debiendo comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias el hecho relativo a la producción de residuos peligrosos, al objeto de que se proceda a su inscripción en el registro administrativo referido, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la legislación en materia de residuos, advirtiéndole que de no cumplimentar el antedicho requerimiento no podrá ser tenida en cuenta como circunstancia atenuante de conformidad con el artículo 43.3 de la Ley de Residuos de Canarias.

Tercero.- Nombrar Instructora a Dña. Sonia Gómez Castro y suplente a Dña. María Luisa González Sánchez y Secretaria a Dña. Natalia Marqués Rodríguez y suplente a Dña. María Soledad González Castellano, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá considerarse como propuesta de resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

De conformidad con el artículo 8.1 del Real Decreto 1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.

Una vez notificada la propuesta de resolución, los interesados dispondrán de un plazo de audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

El presente procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente. Por tanto, el expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sita en la calle José Franchy Roca, números 12 y 14, en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

Asimismo, se pone en su conocimiento que la actuación mediante representante ha de ser verificada por cualquier medio válido en derecho, que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Según preceptúa el artículo 20.6 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.

Comuníquese la presente Resolución a los nombrados Instructor y Secretario, así como a la entidad denunciada, ayuntamiento y demás interesados.

Remitir la presente Resolución para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y al Ayuntamiento que figura como último domicilio conocido, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de 2014.- El Director Ejecutivo, Emiliano Coello Cabrera.



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