BOC - 2014/35. Jueves 20 de Febrero de 2014 - 688

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

688 - Dirección General de Industria y Energía.- Resolución de 11 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación, para general conocimiento, de la Orden que resuelve el recurso de alzada interpuesto por ACEINGAS frente a la Resolución de 16 de abril de 2013, de esta Dirección General, que dicta instrucciones sobre la revisión de las instalaciones de gas en servicio alimentadas mediante envases móviles, destinados a usos colectivos o comerciales.

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Visto lo dispuesto en el apartado segundo de la Orden número 47/2014, de 22 de enero, de la Consejera de Empleo, Industria y Comercio, recaída en el asunto de referencia y en virtud de la competencia que tengo atribuida por el artículo 19.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los departamentos de la Administración Autonómica Canaria.

R E S U E L V O:

Único.- Dar publicidad en el Boletín Oficial de Canarias, para general conocimiento, de la Orden nº 47/2014, de 22 de enero, de la Consejera de Empleo, Industria y Comercio, recaída en el recurso por la que se resuelve el recurso de alzada nº 27/2013 interpuesto por ACEINGAS, frente a la Resolución de 16 de abril de 2013, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se dictan instrucciones sobre la revisión de las instalaciones de gas en servicio alimentadas mediante envases móviles, destinados a usos colectivos o comerciales, cuyo texto literal es el siguiente:

"Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Industria y Energía para la resolución del recurso de alzada (RA 27/2013) interpuesto por ACEINGAS frente a la Resolución de 16 de abril de 2013, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se dictan instrucciones sobre la revisión de las instalaciones de gas en servicio, alimentadas mediante envases móviles, destinados a usos colectivos o comerciales.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha de 25 de abril de 2013 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 79 la Resolución de 16 de abril de 2013, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se dictan instrucciones sobre la revisión de las instalaciones de gas en servicio, alimentadas mediante envases móviles, destinadas a usos colectivos o comerciales.

2º) Con fecha de 12 de julio de 2013, en el Registro del Cabildo Insular de Lanzarote, don Carlos M. Murillo Machín, en nombre y representación de la Asociación Canaria de Instaladores de Gas (ACEINGAS), interpone recurso de alzada contra la Resolución de 16 de abril de 2013, anteriormente señalada, y que da lugar al expediente RA 27/2013.

3º) Con fecha 20 de junio de 2013, la empresa Disa Gas, S.A.U. presenta recurso de alzada contra la resolución anteriormente señalada.

4º) Con fecha 23 de agosto de 2013, tiene entrada en el registro de este Departamento, escrito de D. Carlos M. Murillo Machín en el que solicita la expedición de certificado de acto presunto, en el expediente de referencia, por haberse sobrepasado el plazo legal establecido para la resolución del recurso presentado.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El órgano competente para resolver la presente impugnación es la Consejería de Empleo, Industria y Comercio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, puesto en relación con el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- Alega, en síntesis, el recurrente que la Dirección General de Industria y Energía carece de competencias para "instruir" a los instaladores, suministradores, clientes y usuarios dado que aquella no tiene relación jerárquica con estos y ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Tercera.- Siendo doctrina consolidada la que sirve de fundamento el recurso planteado, baste traer a colación, por reciente, la Sentencia nº 727/2013, de 29 de mayo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que señala:

"Pues bien, para abordar el examen y resolución de la expresada cuestión, de carácter netamente jurídico, convendrá poner de manifiesto que el artículo 21.1 de la ya citada Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) dispone que "Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el periódico oficial que corresponda".

Tales instrucciones o circulares, como es bien sabido, pueden tener un contenido muy diverso. Muchas veces vienen a establecer el criterio uniforme a seguir por los funcionarios ante determinadas y concretas situaciones, otras fijan la forma en que debe ser interpretado y aplicado algún precepto legal o reglamentario, otras imponen los objetivos a cumplir por las unidades administrativas.

Pero lo que ahora nos interesa destacar es que lo característico de dichos instrumentos es que tienen eficacia meramente ad intra de la organización administrativa, se dirigen a los inferiores jerárquicos y no a los ciudadanos. Por ello, las referidas instrucciones y circulares no pueden ser consideradas verdaderas normas reglamentarias (...)".

En este mismo sentido, podemos traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2007, refiriéndose al artículo 21.1 de la ya citada Ley 30/1992 determina que:

"(...) enseguida se advierte que el mismo sirve a un propósito claro como es el de indicar, dirigir, es el término que utiliza el artículo, término que en su quinta acepción el Real Diccionario de la Lengua define como gobernar, regir, dar reglas para el manejo de una dependencia, empresa o pretensión, en este caso un órgano administrativo las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes.

Esa idea encaja perfectamente en los órganos administrativos a la hora de procurar conseguir un funcionamiento coordinado y coherente de sus distintas dependencias, tanto centrales como periféricas, cuando concurra ese tipo de organización, para obtener un grado suficiente de eficacia y eficiencia de los servicios públicos en cualquiera de los aspectos en los que la actividad de la Administración se desenvuelva.

Desde luego esas instrucciones y órdenes de servicios, estas últimas las antiguas circulares a las que se refería el artº. 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (RCL 1958, 1258, 1469, 1504 y RCL 1959, 585), se desarrollan en el ámbito doméstico de la Administración, y se dirigen a los órganos jerárquicamente dependientes del superior del que emanan a quienes obligan del modo que expresa el número 2 del precepto cuando dispone que "el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir" y, desde luego, carecen de la naturaleza propia de las disposiciones generales, en tanto que se dictan para producir sus efectos ad intra de la Administración y no vinculan a terceros ajenos a la relación de dependencia especial que une a quienes encarnan los órganos jerárquicamente dependientes en el seno de la Administración con el superior que los dirige.

Como es lógico se agotan en cuanto a sus efectos en el momento en que se dictan, aun cuando su vigencia se prolongue en el tiempo, y, desde luego no innovan el Ordenamiento Jurídico que necesariamente han de respetar. Claros ejemplos de ese proceder son los supuestos que contemplan los artículos 12.2.h) de la Ley 6/1997, de 14 de abril (RCL 1997, 879), de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado que se refiere a la competencia de los Ministros de "dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, de impartirles instrucciones concretas" y del artº. 15.1.d) de la misma Ley en relación con la competencia de los Subsecretarios de "proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio". Como consecuencia de lo expuesto la denominada Instrucción que aprobó el Pleno del Consejo para las emisiones y retransmisiones deportivas no era en sentido estricto una Instrucción u Orden de Servicio".

Y finalmente, interesa lo establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2006, al señalar que: "de igual manera que las instrucciones y órdenes de servicio no son disposiciones de carácter general tampoco son actos administrativos aunque a veces se les conceda impropiamente esa denominación. Y no tienen esa naturaleza porque no trascienden extramuros del seno de la Administración en la que se producen y en la que agotan sus efectos, salvo en aquellos supuestos excepcionales a los que se refiere el párrafo segundo del nº 1 del artº. 21 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) citada, y en los que resulte conveniente o expresamente se disponga su publicación, sin que por ello alcancen esa condición.

Son simplemente lo que antes expusimos, expresiones de mero poder administrativo doméstico si bien trascendente dada la finalidad que cumplen de impartir directrices que aseguren un funcionamiento coherente en el seno de una organización administrativa determinada".

En virtud de lo dispuesto y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar el recurso de alzada (RA 27/2013) interpuesto por ACEINGAS frente a la Resolución de 16 de abril de 2013 de la Dirección General de Industria y Energía por la que se dictan instrucciones sobre la revisión de las instalaciones de gas en servicio, alimentadas mediante envases móviles, destinados a usos colectivos o comerciales. y, en consecuencia, declarar nula de pleno derecho la Resolución indicada Resolución de 16 de abril de 2013, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 79, del jueves 25 de abril de 2013.

Segundo.- Ordenar que, por la Dirección General de Industria y Energía, se publique en Boletín Oficial de Canarias la resolución adoptada.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este mismo Órgano, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente a su notificación o publicación; o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas, en el plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación o publicación. En el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, hasta la resolución expresa del recurso de reposición o hasta que se produzca la desestimación presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de febrero de 2014.- La Directora General de Industria y Energía, María Antonia Moreno Cerón.



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