En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el recurso contencioso-administrativo nº 177/2013, interpuesto por la Comunidad de Propietarios de las 144 viviendas de José Antonio contra el Acuerdo de Gobierno por el que se aprobó el Decreto 82/2013, de 25 de julio, por el que se dispone la suspensión de las determinaciones del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, y se aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación con el fin de posibilitar las actuaciones de reposición de viviendas públicas en el ámbito territorial de Los Gladiolos-García Escámez, Área Los Gladiolos, Subárea 3, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife (nuestra referencia: expediente administrativo nº 2013/1515).
Dispone el artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE nº 167, de 14 de julio de 1998), que el órgano jurisdiccional requerirá a la Administración que le remita el expediente administrativo, ordenándole que practique los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la citada Ley.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 49.1 de la misma Ley 29/1998, que dispone que la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en el, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común.
Considerando que el Tribunal Constitucional ha deducido de la consagración constitucional del derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales, la existencia de un deber de estos de promover las posibilidades de defensa de todos aquellos que pudieran ver afectados sus derechos e intereses legítimos por la decisión de un proceso contencioso-administrativo, emplazándolos personalmente, siempre que ello fuera posible, para que comparezcan en el como codemandados, pero sin que dicho deber sea absoluto o incondicionado, pues, al no consagrar la Constitución de derechos absolutos o ilimitados, tampoco impone como correlato de los derechos fundamentales que garantiza obligaciones que tengan ese carácter, de modo que dicha limitación implícita del deber de emplazamiento personal deviene explícita cuando el recurso contencioso-administrativo en el que el emplazamiento no se produjo se dirigía contra una disposición de carácter general (Sentencia 61/1985 -RTC 1985/61-), contra un acto general normativo o contra un acto dirigido a una pluralidad indeterminada de sujetos (Sentencia 82/1985 -RTC 1985/82-), supuestos ambos en los que dicho Tribunal ha entendido que no se daba el deber de emplazamiento personal (Sentencia 133/1985, de 28 de octubre -RTC 1985/133- y Auto 875/1987, de 8 de julio -RTC 1987/875-), y teniendo en cuenta las referidas sentencias.
Vistas las disposiciones citadas y en virtud de las competencias que me otorga el artículo 21 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aprobado por Decreto 20/2004,
R E S U E L V O:
Primero.- Ordenar la remisión de una copia de la documentación técnica y del expediente administrativo nº 2013/1515, relativo al procedimiento para que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias pueda adoptar el acuerdo de la suspensión de la vigencia del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife en el ámbito Los Gladiolos-García Escámez, Área Los Gladiolos, Subárea 3, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife (isla de Tenerife), para posibilitar las actuaciones de reposición de viviendas públicas, ex artículo 47 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y artículo 23 del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema del planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 55/2006, de 9 de mayo (modificado parcialmente por Decreto 30/2007, de 5 de febrero), a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que conste en los Autos del recurso contencioso-administrativo nº 177/2013, interpuesto por la Comunidad de Propietarios de las 144 viviendas de José Antonio contra el Acuerdo de Gobierno por el que se aprobó el Decreto 82/2013, de 25 de julio, por el que se dispone la suspensión de las determinaciones del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, y se aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación con el fin de posibilitar las actuaciones de reposición de viviendas públicas en el ámbito territorial de Los Gladiolos-García Escámez, Área Los Gladiolos, Subárea 3, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife (isla de Tenerife).
Segundo.- Hacer pública la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuantos pudieran aparecer como interesados para que si a su derecho conviene, comparezcan y se personen en los autos citados en el plazo de nueve días a partir de la publicación de la presente Resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 2013.- El Viceconsejero de Política Territorial, Mario Pérez Hernández.
© Gobierno de Canarias