Habiéndose intentado la notificación a la interesada por los cauces previstos a tal efecto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de la comunicación del procedimiento administrativo iniciado en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 42 de la citada Ley, y no pudiéndose practicar por encontrarse ausente, procede, conforme al artículo 59.5 de la misma, la notificación de dicha comunicación a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Con exclusivos efectos informativos, y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, le informo de lo siguiente:
a) Con fecha 18 de junio de 2013, ha tenido entrada en el registro de esta Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, su escrito de fecha 10 de junio de 2013, mediante el cual interpone recurso extraordinario de revisión contra la Resolución de 8 de abril de 2013, de este centro directivo, por la que se inadmite el recurso de reposición interpuesto contra la Orden de 31 de diciembre de 2012, de este departamento por la que se conceden las indemnizaciones por daños en producciones e infraestructuras en el sector agrario, reguladas en el Decreto 147/2009, de 24 de noviembre, de ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por las lluvias los días 16 y 17 de noviembre en el archipiélago (expediente 38/392).
b) Que el procedimiento administrativo que se ha iniciado tras recibir su escrito es el correspondiente al del recurso extraordinario de revisión, regulado en la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
c) El número asignado al expediente relativo a su recurso es el PA 133/2013 (R.E.R. 133/13).
d) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución mediante la que finalizará el citado procedimiento administrativo será de 3 meses a contar desde la reseñada fecha de entrada de su escrito en esta Consejería. Dicho plazo podrá suspenderse en los casos previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
e) Vencido el mencionado plazo de tres meses sin haber recaído resolución final expresa en el procedimiento administrativo ya iniciado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 119.3 de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el efecto del silencio administrativo que operará en este supuesto será de carácter desestimatorio, a los solos efectos de que, si lo estima conveniente, pueda interponer recurso contencioso-administrativo ante la instancia judicial de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que resulte competente, en el plazo de seis meses, contados a partir del día en que se produzca el referido vencimiento, tal y como dispone el apartado primero del artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de la obligación legal que tiene esta Administración Pública de dictar resolución expresa en dicho procedimiento, así como a notificarla.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de junio de 2013.- La Jefa de Servicio, Ana Isabel Barrera Cabrera."
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2013.- El Secretario General Técnico, José Luis Barreno Chicharro.
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