Visto el expediente 2006/0269 relativo a la aprobación definitiva del Plan Territorial Especial del Sistema Aeroportuario de La Palma y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
Primero.- La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2011, acordó, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, la aprobación definitiva del Plan Territorial Especial del Sistema Aeroportuario de La Palma (expediente 2006/0269) condicionando la publicación del acuerdo al cumplimiento de los condicionantes que constan en su dispositivo segundo.
Segundo.- Con fechas 25 de agosto de 2011 y 22 de junio de 2012, tiene entrada en este Centro Directivo la documentación corregida a efectos de subsanar los condicionantes impuestos por la COTMAC.
Tercero.- Analizada la documentación remitida se comprueba, mediante informe del Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico Occidental de 20 de junio de 2013, que se han subsanado los condicionantes impuestos en el mencionado Acuerdo de 25 de febrero de 2011.
Cuarto.- Mediante Resolución nº 169 de 25 de junio de 2013, del Director General de Ordenación del Territorio, se declaran debidamente subsanadas la totalidad de las observaciones establecidas en el dispositivo segundo del Acuerdo de la COTMAC de 25 de febrero de 2011.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 44 del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, y en virtud del acuerdo de 25 de febrero de 2011, que condiciona la publicación del Acuerdo de la COTMAC al previo cumplimiento de los condicionantes establecidos en el dispositivo segundo del propio Acuerdo.
Segundo.- La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias encomienda al Director General de Ordenación del Territorio la facultad de comprobar que la subsanación se ha efectuado correctamente, debiéndose emitir previamente los informes correspondientes.
En aplicación de la legislación vigente, por la presente,
R E S U E L V O:
Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias adoptado en sesión celebrada el 25 de febrero de 2011, relativo a la aprobación definitiva del Plan Territorial Especial del Sistema General Aeroportuario de La Palma (expediente 2006/0269), cuyo texto figura como anexo.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio de 2013.- El Director General de Ordenación del Territorio, Jesús Romero Espeja.
A N E X O
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 25 de febrero de 2011 en su sede de Las Palmas de Gran Canaria, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
Primero.- De conformidad con lo expuesto en la Disposición Transitoria 1ª del Decreto 30/2007, de 5 de febrero, de modificación del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, declarar la inviabilidad del sometimiento al proceso de evaluación ambiental estratégica del Plan Territorial Especial del Sistema General Aeroportuario de La Palma (expediente 2006/0269).
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y en el 68.5.d) en relación con el artículo 44 del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, aprobar definitivamente el Plan Territorial Especial del Sistema General Aeroportuario de La Palma (expediente 2006/0269), a reserva de que se subsanen las consideraciones que se enumeran a continuación y supeditando su publicación al cumplimiento de esta obligación por el órgano promotor en un plazo máximo de seis meses:
A. Consideraciones respecto al procedimiento de formulación del Plan Territorial Especial del Sistema General Aeroportuario de La Palma.
1. No consta en el documento de planeamiento diligencia para hacer constar que el mismo corresponde con el que ha sido objeto de acuerdo plenario por el Cabildo Insular en fecha 5 de febrero de 2010.
B. Consideraciones técnico-jurídicas.
Respecto a la información urbanística:
2. No se aporta una descripción detallada de las infraestructuras urbanísticas existentes ni un análisis de su capacidad, de forma que sirva para justificar las propuestas de alteración de sus trazados que se reflejan en los planos de ordenación nº 5.
3. No se presenta plano de los PGO vigentes en la escala utilizada por los mismos.
4. Los planos de información de "Medio físico" y "Situación actual" no se presentan a escala adecuada de 1:2000, ni se aporta plano de edificaciones, usos, infraestructuras y vegetación existentes (artículo 59 RP).
5. No se incluyen entre los planos de información o de ordenación los que reflejan las servidumbres aeronáuticas y las acústicas.
Respecto a la ordenación urbanística: el Plan Territorial Especial no contiene la ordenación urbanística pormenorizada en términos suficientemente precisos para legitimar las actividades de ejecución:
6. No se aporta un plano de zonificación pormenorizada o calificación «con asignación de usos pormenorizados» (artículo 60.2 RP) que «reflejará la calificación concreta (...) para la totalidad de los terrenos incluidos en cada una de las zonas previstas en el mismo, debiendo corresponder a cada zona un mismo uso de suelo» (artículo 48.1 RP), alineaciones y rasantes, características de las parcelas y edificabilidad (artículo 35 TRLOTENC).
7. El plano denominado "Circulaciones" no contiene lo mínimo exigido en el artículo 52 RP, y se aporta a escala inadecuada, remitiéndose su establecimiento y ordenación a futuros "Proyectos de Ordenación".
8. No se aporta determinación de los trazados de las redes y galerías de servicios ni las condiciones cálculo a tener en cuenta en los proyectos de urbanización (artículo 53 RP); se presenta a escala inadecuada (artículo 60 RP), no se aportan secciones ni capacidades y faltan las redes de alumbrado público e hidrantes contra incendio.
9. La normativa del Plan Territorial Especial remite la ordenación última de sus parámetros a futuros proyectos.
Respecto a la organización temporal del Plan Territorial Especial:
10. El apartado dedicado al plan de etapas no se adecúa al contenido del artículo 54 RP: contempla una primera fase de 4 años en la cual se incluyen varias actuaciones pero que no se desglosan en el tiempo; no se concreta cuándo se ejecutarán las infraestructuras de servicios y en qué momento se prevé que estén en funcionamiento; no se establece el orden de prioridades para su ejecución (62.2 RP); etc. Estas cuestiones podrían ser solventadas integrando en este documento las actuaciones efectivamente realizadas.
11. El plano denominado "Plano de actuaciones" está a una escala inadecuada (artículo 60.2 RP).
Respecto al estudio económico financiero:
12. Las cantidades reflejadas están proyectadas para el periodo 2006-2009 únicamente, cuando el plan de etapas afirma que habrá una segunda fase para el medio/largo plazo, con duración indeterminada. De esta segunda fase no se hace proyección económica alguna. Además, el periodo 2006-2009 ya está superado, con lo que la planificación no se ajusta a la realidad. Estas cuestiones podrían ser solventadas integrando en este documento las actuaciones efectivamente realizadas.
13. No contiene lo mínimo exigido para las evaluaciones económicas del artículo 55.2 RP. Tampoco contempla la justificación de estos costes finales, como determina el artículo 63.1 RP. Estas cuestiones podrían ser solventadas integrando en este documento las actuaciones efectivamente realizadas.
14. Se refleja una cantidad global destinada a la adquisición de terrenos, pero no se concreta dicha cantidad para cada una de las parcelas afectadas. Estas cuestiones podrían ser solventadas integrando en este documento las actuaciones efectivamente realizadas.
C. Consideraciones derivadas de los informes sectoriales.
Deberán subsanarse asimismo las observaciones formuladas por las administraciones que a continuación se enumeran y que deriven de cuestiones de legalidad:
15. Con fecha 22 de enero de 2010, la Dirección General de Infraestructura Viaria emitió informe respecto al documento objeto de acuerdo plenario de fecha 13 de marzo de 2009, en el que se pone de manifiesto:
* La necesidad de que se resuelva la relación de las actividades complementarias de la zona aeroportuaria, manteniendo la continuidad de la carretera insular LP-138.
* La necesidad de aportar los estudios de movilidad del transporte público y las repercusiones de la ampliación del aeropuerto y la reserva lúdica de Las Maretas en el sistema de transporte de la isla.
Tercero.- Encomendar al Director General de Ordenación del Territorio la facultad de comprobar que la subsanación se ha efectuado correctamente, previos informes técnico y jurídico. Una vez comprobada la subsanación, se procederá a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los Ayuntamientos de Breña Baja y Mazo y al Cabildo de La Palma, encomendando a este último la notificación a los interesados de la contestación a las alegaciones ajustándose al contenido del documento aprobado por la COTMAC.
Quinto.- Publicar el dispositivo primero del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra el Dispositivo Primero del presente acuerdo, por ser acto de trámite, no cabe interponer recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Contra el Dispositivo Segundo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contado desde el siguiente día al de notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de que tratándose de una Administración Pública se opte por efectuar el requerimiento previo, en el plazo de dos meses, para que anule o revoque el acto. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; en los artículos 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; en el artículo 248 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, sobre Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y en el artículo 22 del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, modificado por Decreto 254/2003, de 2 de septiembre y por Decreto 234/2005, de 27 de diciembre.
La presente notificación se expide a reserva de los términos exactos que resulten de la ratificación del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- Belén Díaz Elías, Secretaria de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
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