BOC - 2013/132. Jueves 11 de Julio de 2013 - 3746

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

3746 - ORDEN de 28 de junio de 2013, por la que se concede una subvención directa por razones de interés social a la organización sindical Unión General de Trabajadores de Canarias, sobre economía sumergida, empleo no declarado y absentismo laboral, para el desarrollo del proyecto "Servicio de sensibilización y análisis de la economía sumergida y el empleo irregular".

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Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Trabajo para la concesión de una subvención directa por razones de interés social a la organización sindical Unión General de Trabajadores de Canarias, sobre economía sumergida, empleo no declarado y absentismo laboral para el desarrollo del proyecto "Servicio de sensibilización y análisis de la economía sumergida y el empleo irregular".

Vista la propuesta formulada por la Directora General de Trabajo

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º.- En escrito de fecha 11 de junio de 2013, la organización sindical Unión General de Trabajadores de Canarias, solicita una subvención directa por importe de 20.000,00 euros, para el desarrollo del proyecto "Servicio de sensibilización y análisis de la economía sumergida y el empleo irregular".

2º.- Existe crédito adecuado y suficiente en los vigentes Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, en la Sección 15 Consejería de Empleo, Industria y Comercio, Servicio 11 Dirección General de Trabajo, Programa 494 A Administración de las Relaciones Laborales y Condiciones de Trabajo, en la Línea de Actuación 15432106 denominada "Apoyo a las relaciones laborales en Canarias" a familias e instituciones sin fines de lucro, aplicación presupuestaria 15.11.494 A.480.00.

A los que son de aplicación las siguientes

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Corresponde a la Consejera de Empleo, Industria y Comercio la competencia para otorgar la subvención solicitada, conforme a lo dispuesto en el artº. 3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 68, de 8 de abril de 2009) en que se dispone que la competencia para la concesión de subvenciones corresponde a los titulares de los Departamentos.

Segunda.- De acuerdo con lo establecido en el apartado 2.c) del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 21.1.b) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, la presente subvención tiene carácter de directa.

Tercera.- El beneficiario de la presente subvención ha presentado la documentación a que se refiere el artículo 15 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, así como la acreditación exigida en el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003.

Cuarta.- El artículo 2 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone que: "se entiende por subvención, toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de la citada Ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública".

Quinta.- La actividad para la que se solicita la subvención tiene un reconocido interés social por ir encaminada a estudiar y analizar los efectos de la economía sumergida, empleo no declarado y absentismo laboral en Canarias, tal y como se acordó en la reunión del Pleno del Consejo Canario de Relaciones Laborales en su sesión del 6 de julio de 2012.

Sexta.- No procede promover la concurrencia toda vez que los proyectos se van a realizar por las dos organizaciones empresariales y sindicales más representativas que son la Confederación Canaria de Empresarios, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, Comisiones Obreras Canarias y Unión General de Trabajadores de Canarias, que son las entidades que forman parte del Consejo Canario de Relaciones Laborales creado por la Ley 2/1995, de 30 de enero. Según el artº. 9 de dicha Ley, el Consejo actuará en Pleno o en Comisión Permanente, pudiendo también constituirse comisiones de trabajo. El artº. 30 establece que las Comisiones de trabajo que se creen por acuerdo del Pleno, atenderán permanente o temporalmente cuestiones de carácter sectorial, funcional o territorial.

Séptima.- El artículo 37 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, establece que cuando concurran razones de interés público o social que lo justifiquen y siempre que el beneficiario acredite que no puede desarrollar la actividad sin la entrega anticipada de los fondos públicos, la resolución de concesión de la subvención podrá establecer el abono anticipado, total o parcial, del importe de la subvención.

No obstante, dicha posibilidad queda limitada a este ejercicio, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, por la que se dispone la publicación del acuerdo relativo a las medidas y acciones extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entidades de derecho público, sociedades mercantiles públicas dependientes y fundaciones públicas, aprobado por el Gobierno de Canarias, en sesión de 22 de marzo de 2013.

Octava.- Para lo no previsto en la presente Orden, esta subvención estará sujeta a los preceptos básicos de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, a la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y al Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo lo que no se oponga o contradiga a los preceptos básicos de la Ley General de Subvenciones.

Novena.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquellas.

Asimismo, las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias y en las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

En su virtud y, en el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a la organización sindical Unión General de Trabajadores de Canarias, una subvención directa por razones de interés social, para el desarrollo del proyecto "Servicio de sensibilización y análisis de la economía sumergida y el empleo irregular", por importe de veinte mil (20.000,00) euros, que supone el 100% del presupuesto total.

Segundo.- El gasto correspondiente a la subvención que se concede, será con cargo a la aplicación presupuestaria 15.11.494A. 480.00, Proyecto 15432106 denominado Apoyo a las relaciones laborales en Canarias, a familias e instituciones sin fines de lucro, del vigente presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2013.

Tercero.- El abono de la subvención se hará previa justificación de haber ejecutado la actividad. Se establece la posibilidad de pagos parciales que serán como máximo dos y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención ejecutada en la elaboración del presente proyecto.

Cuarto.- La Organización beneficiaria, si no manifiesta su oposición en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de la notificación de la Orden de concesión, se entenderá que acepta la misma en todos sus términos.

Quinto.- El plazo que se establece para la realización de la actividad es desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre de 2013.

Se podrán prorrogar los plazos de ejecución de la actividad y/o justificación de la misma, siempre que se acredite la imposibilidad de cumplir con los mismos y que esta no haya dependido de la voluntad del beneficiario, así como que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En consecuencia todas las variaciones del plazo o cualquier otra situación cuya modificación esté prevista, tienen que solicitarse antes de la expiración del plazo de ejecución de la subvención.

Sexto.- El órgano concedente de la presente subvención, podrá autorizar la modificación de la Orden, siempre que concurra alguna de las causas previstas en el artículo 20 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención.

Séptimo.- El plazo de justificación será de un mes a contar desde la finalización del plazo de realización de la actividad, realizándose dicha justificación conforme a lo establecido en el artículo 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se establecen la modalidad de cuenta justificativa simplificada, debiendo aportar:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Esta memoria deberá recoger de forma expresa, entre otros aspectos, el número de visitas a la web, el número de denuncias presentadas a través de la web, y el número de denuncias tramitadas por UGT en los organismos competentes, así como las medidas de divulgación de la actuación a sus asociados en las islas menores.

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

Por muestreo aleatorio simple, la Dirección General de Trabajo requerirá al beneficiario los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención.

Si vencido el plazo de justificación la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de quince días, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se entenderá incumplida la obligación de justificar.

Octavo.- Conforme se establece en la Disposición Adicional Décimo octava de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, cuando se precise la contratación de personal para desarrollar la actividad subvencionada, este será contratado de entre personas inscritas en el Servicio Canario de Empleo, como demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigüedad de su inscripción a la fecha efectiva de la contratación.

Excepcionalmente, se podrá contratar a otro personal cuando se acredite por el Servicio Canario de Empleo que los puestos que se precisan han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en periodos no consecutivos, dentro de los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación.

El incumplimiento de esta condición supondrá la obligación de reintegrar la totalidad del importe de la subvención, o en su caso la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida.

Se deberá acreditar documentalmente el cumplimiento de esta condición e incluso, si ocurre, el de la excepción prevista en la Ley, mediante la presentación de la correspondiente comunicación oficial por parte del Servicio Canario de Empleo.

Noveno.- El beneficiario se encuentra obligado a:

1. Realizar y acreditar la realización de la actividad o conducta a adoptar subvencionada, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión.

2. Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos, en su caso, en la actividad o conducta subvencionada.

3. Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera de las Administraciones, Entes Públicos, entidades privadas o particulares.

4. Comunicar a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

5. Comunicar a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

6. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

8. Facilitar toda la información que les sea requerida por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

9. Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación a las subvenciones concedidas, se practiquen por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, y otros órganos comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

10. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

11. Divulgar la actuación subvencionada entre sus asociados en las islas menores.

Décimo.- El beneficiario de la subvención no podrá de conformidad con el artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones y el artículo 68.2 del Reglamento que lo desarrolla, emplear los fondos recibidos por este concepto en la adquisición de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas con el perceptor, sus administradores o apoderados. Asimismo, cuando el importe de la subvención concedida sea inferior al coste global de la actividad o adopción de la conducta que fundamentó su concesión, siendo la realización completa de la misma el requisito para la obtención de aquella, la diferencia no podrá corresponder a adquisiciones de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas.

Se consideran personas o entidades vinculadas:

a) En el caso de que una de las partes intervinientes sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, cuando así se deduzca de las normas reguladoras del mismo.

b) En el caso de que ambas partes sean personas físicas, cuando exista relación de consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, o relación de afinidad hasta el tercer grado inclusive, y entre cónyuges".

Undécimo.- Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones, establece el título IV de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en el título IX de la LRJ-PAC, en su redacción dada por la Ley 4/1999, y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Duodécimo.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad con los artículos 37 y 38 de la citada Ley 38/2003, General de Subvenciones, y además en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones y en el artículo cuarto de la presente Orden.

b) No cumplir las obligaciones impuestas a los beneficiarios y los compromisos asumidos por estos con motivo de la concesión de la subvención.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley General de Subvenciones, en sus disposiciones de desarrollo y en el Decreto 36/2009, capítulo VIII artículos 40 a 42.

Decimotercero.- Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas en la presente propuesta de orden, son los siguientes:

- Incumplimiento total de los fines, objeto de subvención, así como de la obligación de justificar: 100%.

- Incumplimiento parcial de los fines, objeto de subvención, inferior al 75%: la parte proporcional no ejecutada.

- Incumplimiento del plazo de presentación de la justificación: 10%.

- Incumplimiento del tiempo previsto para la ejecución del proyecto, sin prórroga autorizada: 20%.

- Modificación total del proyecto, no autorizada previamente: 100%.

- Modificación parcial del proyecto, no autorizada previamente: la parte proporcional de dicha modificación.

Decimocuarto.- Delegar en la Directora General de Trabajo, el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La modificación de esta Orden y la ampliación de los plazos establecidos en la misma.

b) El acuerdo del abono anticipado, total o parcial, de las subvenciones.

c) La comprobación y resolución de la justificación de la subvención.

d) El inicio y resolución de los procedimientos de reintegro.

e) El inicio y resolución de los procedimientos sancionadores.

f) Cuantas resoluciones se precisen para la aplicación de la presente Orden.

Decimoquinto.- Para lo no previsto en la presente Orden, esta subvención estará sujeta a los preceptos básicos de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, a la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y al Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo lo que no se oponga o contradiga a los preceptos básicos de la Ley General de Subvenciones.

Decimosexto.- Se autoriza a la Dirección General de Trabajo a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Orden.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante la Consejera de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su notificación; o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Palmas, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente al de la notificación; significándole que en el caso de presentar recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o hasta que se produzca la desestimación presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de junio de 2013.

LA CONSEJERA DE EMPLEO,

INDUSTRIA Y COMERCIO,

Francisca Luengo Orol.



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