La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dictó Sentencia de 12 de marzo de 2012, recaída en el recurso de casación nº 3339/2010, interpuesto contra la Sentencia de 27 de abril de 2010, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el recurso número 293/05, seguido a instancias de la Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA), contra el Decreto 99/2005, de 1 de junio, que acordó declarar Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento "El Almacén de Cepsa", en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife (BOC nº 114, de 13 de junio de 2005).
En su virtud, vistas las disposiciones legales de aplicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 118 de la Constitución Española, el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 104.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
R E S U E L V O:
Dar publicidad en el Boletín Oficial de Canarias, para general conocimiento y cumplimiento, al fallo de la Sentencia de 12 de marzo del 2012, declarada firme, dictada por la Sección Cuarta, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, del siguiente tenor; "No ha lugar al recurso de casación deducido por la Letrada del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias en nombre y representación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias contra la sentencia estimatoria de fecha 27 de abril de 2010, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Sección 1ª, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso nº 293/05, deducido por la Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA) contra el Decreto 99/2005, de 1 de junio, dictado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias que acordó declarar Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento "El Almacén de Cepsa" en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife. Resuelve la Sala anular dicho Decreto por caducidad en la tramitación del expediente, ordenando su archivo y declarando la imposibilidad de iniciar un nuevo expediente hasta transcurridos tres años desde la firmeza de la sentencia al tiempo que ordena la cancelación de todas las inscripciones o asientos a que hubiera dado lugar dicho expediente en cualesquiera registro o catálogos. Sentencia que se declara firme. Respecto a las costas estése al último fundamento de derecho".
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de junio de 2013.- La Secretaria General, Ángeles Bogas Gálvez.
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