Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1. Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2013.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 248/12 instruido a Ramón González Font, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Restaurante Kiosko Playa Morena".
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 29 de noviembre de 2012.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 19608, de fecha 21 de marzo de 2012.
2º) El 29 de noviembre de 2012 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 248/12, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 8 de abril de 2013, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de tres mil (3.000,00) euros.
3º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS:
Se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente hecho:
Estar funcionando el establecimiento de referencia como restaurante sin haber comunicado a la Administración Turística el inicio de la actividad como consta en el acta nº 19.608.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril de 1995), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010), que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada por los hechos infractores que se le imputan en primer lugar y como cuestión previa es preciso indicar que examinado el expediente de referencia, no consta, al formular la presente Resolución sancionadora que el/la titular consignado/a haya presentado alegaciones , ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho infractor imputado por la Resolución de iniciación notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 28, de 11 de febrero de 2013, procediéndose a formular la presente Resolución sancionadora en aplicación de lo que se prevé en el artículo 9.4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto de 1996) el cual dispone que en la comunicación que se dirija a los interesados se les advertirá que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la Resolución de iniciación del procedimiento en curso, en el plazo previsto en el artículo 11.2 del citado Decreto, la misma podrá considerarse propuesta de resolución. Por lo expuesto, esta Viceconsejería de Turismo, se ratifica en los fundamentos jurídicos de la Resolución de inicio de fecha 29 de noviembre de 2012, teniendo en cuenta para su imposición, de conformidad con el principio de proporcionalidad que se regula en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siguiendo los criterios reflejados en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, a la hora de imponer la cuantía de la sanción, el criterio de las características de la actividad de que se trata, al explotarse turísticamente un establecimiento de restauración sin disponer de la preceptiva documentación requerida en el ámbito turístico, así como el criterio de la posición del infractor en el mercado, puesto que se trata de un restaurante ubicado en zona turística de Los Llanos de Aridane, en Puerto Naos, que no puede permitirse realizar una actividad fuera del marco legal establecido, además de ocasionar una pérdida de garantías a los potenciales clientes que desearan formular una reclamación al privarles de un instrumento concebido para garantizar al usuario turístico su derecho de reclamación ante la Administración en relación con los bienes y servicios turísticos y se han valorado así mismo los perjuicios causados a la propia Administración, ya que, el libro de inspección constituye una herramienta imprescindible para llevar a cabo la labor inspectora.
Se han analizado también los demás criterios recogidos en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, si bien se ha comprobado que no son de aplicación a los presentes hechos infractores por no tener constatación de los mismos.
No obstante lo expuesto, se ha tenido en cuenta la carencia de antecedentes por el mismo hecho infractor, no obrando constancia de haberse instruido expedientes sancionadores sobre los que haya recaído resolución firme, circunstancia que se ha tenido en cuenta a la hora de reducir la cuantía de la sanción.
Sexta.- El hecho imputado infringe lo preceptuado en las siguientes normas, viene tipificado como se indica:
Normas: artículo 13.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010), en relación con el artículo 14.1 del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla (BOC nº 149, de 30 de julio).
Tipificación: artículo 75.2, en relación con el artº. 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 16.2.r) del Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 75, de 17 de abril),
R E S U E L V O:
Imponer a Ramón González Font, con N.I.F.: 40847854S, titular del establecimiento denominado Restaurante "Kiosko Playa Morena", sanción de multa por cuantía total de 1.501,00 euros.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999).
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquel, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 16 de abril de 2013.- El Viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente Armas.
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