Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1. Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2013.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 388/11 instruido a Vance John Kearney, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Apartamento Altamira (apto. 322, 323)".
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 12 de noviembre de 2012.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones:
2º) El 12 de noviembre de 2012 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 388/11, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 12 de marzo de 2013, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de quince mil (15.000,00) euros.
3º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS:
Se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente hecho:
Incumplimiento del principio de unidad de explotación, toda vez que el complejo de referencia consta de 142 unidades alojativas autorizadas bajo la titularidad de "Turística Konrad Hidalgo, S.L." y los apartamentos 322 y 323 se explotan turísticamente como unidades alojativas independientes de las que conforman la citada explotación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril de 1995), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010), que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, sobre la base del contenido del acta de inspección nº 18662, de fecha 5 de julio de 2011.
En primer lugar, como cuestión previa, manifestar que examinado el expediente de referencia, no consta, al formular la presente Resolución sancionadora, que el titular consignado haya presentado alegaciones, ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados por la Resolución de iniciación notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 3, de 4 de enero de 2013, procediéndose a realizar la presente Resolución sancionadora en aplicación de lo que se prevé en el artículo 9.4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto de 1996) el cual dispone que en la comunicación que se dirija a los interesados se les advertirá que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la resolución de inicio del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 11.2 del presente Decreto, la misma podrá considerarse Propuesta de Resolución.
El hecho infractor de referencia trae causa de incumplir el principio de unidad de explotación, toda vez que las unidades alojativas 322 y 323 se explotan turísticamente como unidades alojativas independientes de las que conforman la citada explotación.
El artículo 38.2 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, define el principio de unidad de explotación como "la exigencia de sometimiento a una única titularidad empresarial de la actividad de explotación turística alojativa en cada establecimiento alojativo o conjunto unitario de construcciones, edificio o parte homogénea del mismo, que corresponda a alguna de las modalidades alojativas previstas en esta Ley". Ahondando más en tal principio, el párrafo segundo del punto segundo de la Disposición Transitoria Única de la Ley 5/1999, que modifica la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, que dispone lo siguiente: "En aquellos establecimientos en los que concurrieren en la explotación turística dos o más empresas, de no alcanzar estas un acuerdo para hacer efectiva la unidad de explotación, solo será considerada, en su caso, como empresa explotadora aquella que tuviera a su cargo más del 50% de las unidades alojativas del inmueble destinadas a la actividad turística alojativa", sin perjuicio claro está de que quien ostenta la autorización del organismo competente es titular distinto del expedientado.
Por consiguiente, consultado el Cabildo de Tenerife, así como la ficha de actividad del Registro General Turístico nos encontramos que el titular autorizado es "Turísticas Honrad Hidalgo, S.L.", por lo tanto titular diferente de quien explota la unidad alojativa objeto del presente expediente, es por lo que el hecho infractor de referencia encuentra encaje legal en el tipo infractor del artº. 75.8 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias.
Que se ha constatado la existencia del anuncio que figura en la página Web www.tenerife-apartamentos-villas.com, referente a los apartamentos 322 y 323 del complejo de referencia, tal página Web constituye una prueba notoria y directa de que dichos apartamentos se ofertan turísticamente por periodos cortos de tiempo, al disponer de precios por estancias dependiendo de la temporada, indicando su situación geográfica, actividades de ocio que pueden realizar sus ocupantes durante su estancia, datos todos ellos que revelan que los indicados alojamientos se explotan turísticamente.
A la hora de proponer la sanción se ha tenido en cuenta, el criterio del número de unidades, dos apartamentos, que incumplen el principio de unidad de explotación, también se ha tenido en cuenta el criterio de las características de la actividad que se desarrolla como alojamiento turístico, debido a que el incumplimiento del principio de unidad de explotación, legalmente establecido, incide y va en perjuicio de la garantía de responsabilidad y calidad en la prestación de los servicios que se ofrecen a los usuarios turísticos. Por último se ha tenido en cuenta el tipo de modalidad extrahotelera del establecimiento alojativo en cuestión, como es el de apartamento. Si bien, se han analizado los demás criterios recogidos en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, no son de aplicación a los presentes hechos infractores, por no tener constatación de los mismos.
Que se ha verificado la no existencia de antecedentes, mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes de esta Viceconsejería, donde no existe constancia de haberse instruido expediente sancionador por el mismo hecho que se le imputa, al mismo establecimiento y mismo titular. En conclusión, y tomadas en cuenta las razones expuestas, se propone la reducción de la sanción a la cuantía de 15.000 euros.
Sexta.- El hecho imputado infringe lo preceptuado en las siguientes normas, viene tipificado como se indica:
Normas: artículo 38 en relación con la Disposición Transitoria Única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 36, de 24 de marzo) y el artículo 10.4 de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias, por la que se añade una Disposición Adicional Quinta, a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 94, de 28 de julio).
Tipificación: artículo 75.8 en relación con el artículo 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 16.2.r) del Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 75, de 17 de abril),
R E S U E L V O:
Imponer a "Vance John Kearney", con N.I.E. X5435069P, titular del establecimiento denominado "Apartamento Altamira (apto. 322, 323)", sanción de multa por cuantía total de 15.000,00 euros.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999).
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquel, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2013.- El Viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente Armas.
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