Anunciado preaviso de huelga por las centrales sindicales en el ámbito de la enseñanza pública y privada concertada para el día 9 de mayo de 2013 de 00,00 a 24,00 horas, derecho este que, reconocido constitucionalmente, debe compatibilizarse con el mantenimiento de los servicios mínimos a fin de garantizar el derecho a la educación, tal y como disponen los artículos 28.2 y 27.1 de la Constitución Española de 1978.
Considerando que el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, previene en su artículo 10 párrafo dos que "cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad, y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias, para asegurar el funcionamiento de los servicios", concepto de autoridad gubernativa que incluye a los órganos de Gobierno de las comunidades autónomas integrantes del Estado y dotadas de potestades de Gobierno (S. del T.C. 11/1981 de 8 de abril).
Teniendo la Comunidad Autónoma de Canarias transferidas las competencias en materia de huelgas y cierres patronales, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 1053/1984, de 11 de abril, sobre traspaso en materia de trabajo, es esta Dirección General la competente para determinar los servicios mínimos en el ámbito de la enseñanza privada concertada, en virtud del Decreto 55/2012, de 14 de junio, que aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio [artículo 17.2.c)].
Considerando que si bien en nuestro ordenamiento jurídico no existe a priori ningún tipo de actividad productiva que en si misma pueda ser considerada como esencial, reiteradamente ha declarado el T.C. que la noción de servicios esenciales hace referencia antes que a determinadas actividades industriales y mercantiles de las que derivarían prestaciones vitales y necesarias para la vida de la comunidad, a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la pretensión se endereza, entendiendo por tales los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos (S.T.C. 11/1981 de 8 de abril ...), es pacífica la doctrina que entiende la enseñanza como servicio esencial para la comunidad.
Considerando que el derecho de los trabajadores a defender sus intereses mediante la utilización de un instrumento de presión en el proceso producción de bienes o servicios, cede cuando con ello se ocasionan o se pueda ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas experimentarían si su reivindicación o pretensión no tuviera éxito. En la medida en que la destinataria y acreedora de tales servicios es la comunidad entera y los servicios son al mismo tiempo esenciales para ello, la huelga no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los servicios esenciales. El derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de la huelga. El límite de este último derecho tiene plena justificación, y por el hecho de establecerse tal límite no se viola el contenido esencial del derecho (S.T.C. 11/1981 de 8 de abril); por tanto es imprescindible, pues, ponderar las concretas circunstancias concurrentes en la huelga, así como las necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquella repercute, de modo que exista una razonable proporción entre los sacrificios impuestos a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de los servicios esenciales (S.T.C. 148/1993, de 29 de abril).
Considerando que la regulación en el ámbito al que se circunscribe la huelga es necesaria al ser un servicio esencial, ya que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza están proclamados en el artículo 27.1 de la Constitución Española, por lo que el ejercicio del derecho de huelga podría impedir u obstaculizar su ejercicio. Además, se considera que de la labor de los centros educativos también deriva un derecho de la ciudadanía, como es el derecho a la conciliación entre la vida personal y laboral al dejar a sus hijos bajo la tutela de las escuelas infantiles y colegios, así como el derecho a la seguridad de los alumnos menores que acceden a los mismos, garantizando el servicio de vigilancia y atención. Por ello, la Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación de servicios mínimos, ponderando, en este caso, por un lado, la escasa duración de la huelga, de un solo día, y, por otro lado, el número de centros de enseñanza privada concertada, que, según datos aportados por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, es de 101, afectando a un total de 56.430 alumnos. Entre los citados centros de enseñanza privada concertada hay 9 de educación especial y 1 centro ordinario de infantil, primaria y secundaria con dos unidades de educación especial.
En su virtud, vistos los preceptos citados de aplicación, esta Dirección General de Trabajo
R E S U E L V E:
I.- Determinar, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones que demanden los intereses generales, los siguientes servicios mínimos en la huelga convocada en la enseñanza privada concertada para el día 9 de mayo de 2013:
A) Servicios mínimos a cumplir por el personal docente de centros de enseñanza privada concertada:
Centros privados concertados de infantil y primaria:
A) Centros de hasta 6 grupos:
- 1 cargo directivo.
- 1 profesor/a.
B) Centros de más de 6 grupos:
- 1 cargo directivo.
- 1 profesor/a por cada 6 grupos.
Centros privados concertados de enseñanza secundaria:
- 1 cargo directivo.
- 1 profesor/a por cada 9 grupos.
Centros de educación especial:
- 1 cargo directivo.
- El 50% de la plantilla docente.
B) Servicios a cumplir por el personal no docente de centros de enseñanza privada concertada:
1. En centros ordinarios que atienden a alumnos con necesidades educativas especiales:
- Un tercio del personal no docente con atención directa a alumnos (auxiliar educativo), como mínimo 1.
2. En centros de educación especial:
- Un tercio del personal no docente con atención directa a los alumnos (auxiliar educativo).
II.- Contra la presente resolución se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, dentro del plazo de diez días a contar del siguiente a la publicación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pudiendo asimismo interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Empleo, Industria y Comercio en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su publicación.
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 2013.- La Directora General de Trabajo, Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga.
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