Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 2013.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 174/12 instruido a Roomtobreathesl, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Intermediación Turística Roomtobreathesl".
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 9 de octubre de 2012.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 18288, de fecha 15 de marzo de 2011.
2º) El 9 de octubre de 2012 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 174/12, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada por el hecho infractor imputado, y en consecuencia se inició el presente expediente sancionador a través de constatar en el acta de inspección nº 18.288, de fecha 15 de marzo de 2011, la realización de mediaciones en la contratación de alojamientos en la isla de Fuerteventura, sin haber comunicado a la Administración Turística el inicio de esta actividad, a través de una página web, www.roomtobreathesl.com, y la cual el compareciente el Sr. Minty reconoce como propia. En el mismo acto se le requiere para que presente relación de los distintos propietarios de los inmuebles que se publicitan en la citada página web y cuyo documento se anexa al acta.
Las alegaciones que presenta la empresa a efectos de combatir el acto administrativo imputado, no modifican los hechos infringidos. Una de las alegaciones en su punto primero, manifiesta que: el compareciente en el acta no entendía, ni entiende el idioma español y que difícilmente podría haber entendido el alcance de que en dicha acta de inspección se manifiesta.
El Sr. Minty en ningún momento manifestó a los inspectores actuantes en este acto, que no entendiera o no supiera el idioma castellano, firmó el acta y firmó el documento adjunto, sin manifestación alguna por su parte sobre no entender el idioma.
El artículo 13.2.a) de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, establece como deberes específicos de los establecimientos turísticos la comunicación previamente a la Administración competente del inicio de la actividad turística.
El día 13 de noviembre de 2012 se comprobó que siguen realizando la misma actividad de intermediación turística, sin haber comunicado su inicio a la Administración competente
La expedientada no prueba que durante la tramitación de este expediente sancionador y a la fecha de hoy (11.2.2012), hubiera efectuado la comunicación previa, mediante la declaración responsable en los términos esta establecidos en el artículo 24 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre.
Es responsable de la infracción tipificada como muy grave por el artículo 75.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre y que se degradó a grave según lo dispuesto en el artículo 76.18 para las infracciones muy graves que por razón de su intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancias no deban considerarse como tales.
Aplicando el principio de proporcionalidad del artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y el artículo 79 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, los criterios aplicados en la imposición de las sanciones, en cuantías superiores a las mínimas establecidas para las infracciones graves son: la posición del infractor en el mercado, se trata de una empresa donde al menos se intermedia en alquilar turísticamente unos 50 apartamentos, villas o bungalow situados todos o casi todos en zonas eminentemente turísticas en las zonas de playas de la isla de Fuerteventura, en diversas localidades, El Cotillo, Corralejo, Caleta de Fuste Costa Calma, La Oliva, Lajares, Gran Tarajal.
La no existencia de antecedentes verificada mediante consulta efectuada en los archivos correspondientes, determina la reducción de la sanción inicialmente propuesta a la cantidad de 13.500 euros.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 11 de diciembre de 2012, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía trece mil quinientos (13.500,00) euros.
4º) El expedientado en escrito de 29 de diciembre de 2012 recibido en esta Consejería el 16 de enero de 2013 y número de registro 42911, en síntesis alega lo siguiente a la propuesta de resolución:
D. John Goldacre, mayor de edad, de nacionalidad inglesa, empresario, en calidad de Administrador Único de la empresa Room to Breathe, S.L. ante esta Dirección General comparece y como mejor en Derecho proceda dice;
Que por medio de este documento procedo a formular las alegaciones sobre la propuesta de resolución de sanción que la Consejería ha formulado contra la empresa Room to Breathe, S.L.
Previo.-
Nos remitimos a las alegaciones que en su día fueron formuladas tras la incoación del procedimiento sancionador.
Primero.- El documento propuesta de sanción pretende considerar como ciertas el listado de empresas y propiedad que según el inspector hubo de entregarse por el antiguo administrador, si bien no consta que ninguna de dichas propiedades estén en algún establecimiento turístico de los que sea necesario la autorización a la que aluden, ya que no se ha practicado prueba suficiente en Derecho para considerar que las viviendas o propiedades sean turísticas, hecho que parece se manifiesta por la administración pero no se prueba en el expediente.
Una leve manifestación de considerar que se explotan "unos 50 apartamentos, villas o bungalows" no supone una prueba concreta y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia como principio que impone el derecho sancionador, máxime o ni siquiera consta firmada el listado de propiedades que dice se aportó por el antiguo administrador, que sorprendentemente no sabe el idioma español.
Tampoco consta que los propietarios sean identificados para que puedan acreditar lo sancionado.
Eso sí, añadir que ese listado no consta que provenga de esta empresa ni que ninguno de los bienes señalados tenga la consideración de establecimiento turístico como erróneamente señala la resolución, ya que es un mero listado indefinido del que carece de datos suficiente para su correcta identificación y localización.
Segundo.- Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, sí nos gustaría manifestar lo siguiente para poder cooperar con la complejidad del asunto que parece tiene entre manos la Consejería para estos casos y sin que lo que ahora alegamos tenga que ver con el hecho concreto denunciado.
Sorprende que en el siglo XXI se mantengan estas políticas de persecución a la libre prestación de servicios, máxime si en Canarias y en todo el mundo, la gente se desplaza y ordena sus vacaciones en forma radicalmente diferente a la que se hacía hace unos pocos años. Si por un lado el Gobierno de Canarias pretende e insiste hasta la saciedad en atraer a aerolíneas de todo tipo y condición (low cost, regulares, touroperadores ...) como forma de activar la principal economía de la isla, parece contradictorio pretender que todo el mundo venga en paquete turístico con todo incluido como pretende el lobby hotelero, puesto que la relación vuelos low cost y paquete turístico es inconcebible. La realidad social del tiempo (artº. 3 Código Civil) hace que la gente adquiera un billete barato por internet, busque casa por internet y se desentienda de los negocios hoteleros que imponen una forma dirigida de viajar y que choca con otra corriente real e igualmente beneficiosa. Seguro que ante esta Consejería han llegado informaciones sobre la forma de atajar las ofertas que perjudiquen la imagen del turismo, que pasan por un control de la oferta y su calidad, no por una prohibición total al hecho indubitado de que las personas puedan explotar sus viviendas dentro de unos parámetros de calidad y con su correspondiente contribución impositiva y los puestos de trabajo que se generan indirectamente (mantenedores, limpieza, jardineros ...). Los hoteleros, su lobby, con la permisibilidad del Gobierno Canario consideran que sólo generan empleo sus establecimientos, hecho incierto e irreal, toda vez que cualquier actividad económica genera empleo, algunas en forma indirecta y otras directa, junto con una contribución de impuestos que hay que fiscalizar de permitirse ciertas actividades y cuya cuantía desatiende el Gobierno.
HECHOS PROBADOS
Se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente hecho:
No haber comunicado a la administración turística competente, el inicio de la actividad de intermediación, al estar mediando en la contratación de diversos apartamentos turísticos, según se desprende del acta nº 18.288, de fecha 15 de marzo de 2011, de los documentos que se adjuntan a la misma y de la página web www.Roomtobreathesl.com.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril de 1995), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010), que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada por el hecho infractor imputado sin que sus alegaciones lo desvirtúen.
La contestación a la propuesta de resolución reitera en esencia el contenido de las alegaciones formuladas a la resolución de inicio del presente expediente por lo que se dan por reproducidos los fundamentos y consideraciones jurídicas de la propuesta de resolución de 11 de diciembre de 2012, si bien mención aparte merece la afirmación de la expedientada, referente a que "las propiedades en las que se realiza la intermediación no forman parte de establecimiento turístico". Sobre ello, debe puntualizarse que en el presente expediente constan todos los alojamientos de referencia y es el resultado de su búsqueda en la página Web www.roomtobreathesl.com, constando en ellos unos números de referencia que coinciden con los que figuran en el listado de anexo del acta nº 18288, de 15 de marzo de 2011 y que le fue enviado junto a la Resolución de inicio del presente expediente sancionador. También figura en la Web, la descripción de los apartamentos así como que los precios son semanales, prueba directa que determina que los apartamentos que se ofertan, son alquilados con fines turísticos, no constituyendo para sus usuarios un cambio de residencia.
En relación con lo anterior y según el artículo 31.2, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias que establece que, se entenderá prestado un servicio de alojamiento turístico cuando se oferte en libre concurrencia la estancia en el establecimiento de forma temporal, sin constituir cambio de residencia para la persona alojada.
Según el principio de proporcionalidad del artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y en relación con el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, los criterios aplicados en la imposición de la sanción, son: el criterio del número de alojamientos turísticos en los que en el momento de la fecha de la infracción intermediaba la entidad imputada, unos 50 apartamentos (villas, bungalows), su localización en zonas eminentemente turísticas en zonas de playas de la isla de Fuerteventura, el criterio de que ninguna de esas unidades se encuentran dadas de alta para la explotación turística, y la oferta turística de estos apartamentos, que se realiza por Internet implica que llega a un mayor número de usuarios.
Si bien, se han analizado los demás criterios recogidos en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, no son de aplicación por no tener constatación de los mismos.
Sexta.- El hecho imputado infringe lo preceptuado en las siguientes normas, viene tipificado como se indica:
Normas: artículos 13.2.a) y 47.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010), en relación con los artículos 4 8.1 del Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad de intermediación turística (BOC nº 149, de 30 de julio).
Tipificación: artículo 75.2, en relación con el artº. 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 16.2.r) del Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 75, de 17 de abril),
R E S U E L V O:
Imponer a "Roomtobreathe, S.L.", con C.I.F. B35905728, titular del establecimiento denominado "Intermediación Turística Roomtobreathesl" sanción de multa por cuantía total de 13.500,00 euros.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999).
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquel, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de febrero de 2013.- El Viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente Armas.
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