Resolución de la Directora del Instituto Canario de la Vivienda relativa a la ejecución de la Sentencia de fecha 20 de enero de 2012, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el procedimiento 287/2007, interpuesto por Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Canarias, contra el Instituto Canario de la Vivienda,
ANTECEDENTES
I.- El 20 de enero de 2012, es dictada Sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, en el recurso 287/2007, interpuesto por Confederación Sindical Comisiones Obreras Canarias contra el Decreto 138/2007, de 24 de mayo, por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda.
II.- El fallo de la mencionada sentencia estipulaba:
"1º) Declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo en relación con los actos indeterminados posteriores al Decreto impugnado.
2º) Declarar nula la exigencia de una sentencia firme que declare a la mujer víctima de malos tratos contenida en el artículo 9.2, letra e).
3º) Declarar la nulidad de los artículos 18.2, 19 y 23.
4º) Declarar no haber lugar a los restantes pedimentos.
5º) No hacer especial pronunciamiento en materia de costas."
III.- El 30 de enero de 2013, tiene entrada en este Organismo Diligencia de Ordenación del Secretario Judicial de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la que se declara la firmeza de la sentencia y se ordena su ejecución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Sentencia de 20 de enero de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, declara no ser conforme a Derecho y anula parcialmente parte de la disposición recurrida, tal y como se señala en el antecedente II.
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 73 de la mencionada Ley, Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.
Segundo.- En virtud del artículo 104.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se regula la comunicación de firmeza de la sentencia, así como la ordenación de la ejecución de la misma al órgano responsable.
Tercero.- Desde la notificación del fallo a ejecutar, los artículos anulados no han sido aplicados por esta Administración siendo este proceder, junto con la publicación de la presente Resolución, la manera y firma de ejecutar y acatar el pronunciamiento de la sentencia.
En su virtud, visto el informe-propuesta de la Secretaría del Instituto Canario de la Vivienda y de acuerdo con el artículo 10.2 del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda,
R E S U E L V O:
1.- Tomar conocimiento de la Sentencia firme de 20 de enero de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, recaída en el recurso 287/2007, interpuesto por Confederación Sindical Comisiones Obreras Canarias contra el Decreto 138/2007, de 24 de mayo, por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda.
2.- Notificar la presente Resolución al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
3.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 15 de marzo de 2013.- La Directora, Sulbey González González.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de marzo de 2013.- La Secretaria, Pilar Herrera Rodríguez.
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