BOC - 2013/27. Viernes 8 de Febrero de 2013 - 522

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Presidencia del Gobierno

522 - Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 22 de enero de 2013, sobre notificación de Resolución de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2013.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 80/12 instruido a Habitat Tenerife, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Apartamento Diamante".

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 16 de julio de 2012.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: Acta nº 19516, de fecha 27 de febrero de 2012 con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: Anupam Loomba y seguido contra la empresa expedientada Habitat Tenerife, S.L. titular del establecimiento Diamante.

2º) El 16 de julio de 2012 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 80/12, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:

No habiendo formulado alegaciones que desvirtúen los hechos infractores imputados, se estima la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada por los mismos.

En aplicación del principio de proporcionalidad regulado en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, a la hora de imponer las cuantías de las sanciones se han tenido en cuenta: para el primer hecho infractor los perjuicios causados al cliente, al desviarlo a otro establecimiento extrahotelero por causas ajenas a su voluntad, sin que el establecimiento al que se le desvía reúna las condiciones que motivaron su reserva en "Apartamentos Diamante". En relación con el segundo hecho infractor, igualmente se ocasiona un perjuicio al cliente al no entregarle las hojas de reclamaciones cuando las solicita, limitando su derecho a reclamar. Asimismo se valora para los tres hechos infractores la posición del infractor en el mercado, al tratarse de un establecimiento situado en una zona eminentemente turística del municipio de Santiago del Teide.

Se han analizado también los demás criterios recogidos en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, si bien se ha comprobado que no son de aplicación a los presentes hechos infractores por no tener constatación de los mismos.

No obstante lo expuesto, a la hora de considerar la cuantía de la sanción propuesta ha de tenerse en cuenta la carencia de antecedentes, no existiendo constancia de haberse instruido expedientes sancionadores por el mismo hecho infractor sobre el que haya recaído resolución firme, circunstancia que se tiene en cuenta a los efectos de aminorar la cuantía.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 10 de septiembre de 2012, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía de dos mil ochocientos sesenta y cinco (2.865,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: dos mil doscientos cincuenta (2.250,00) euros.

Hecho segundo: cuatrocientos ochenta (480,00) euros.

Hecho tercero: ciento treinta y cinco (135,00) euros.

4º) No consta en el expediente que se haya presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS:

Se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos

Primero.- Sobrecontratación de plazas alojativas habiendo desviado a D. Anupam Loomba a los Apartamentos "Poblado Marinero" ocasionándole los consiguientes perjuicios.

Segundo.- No haber facilitado al cliente D. Anupam Loomba las hojas de reclamaciones.

Tercero.- No exhibir en el exterior del mencionado establecimiento la placa-distintivo, en la que figure la modalidad y categoría del establecimiento.

Los hechos reseñados se han constatado en el acta de inspección nº 19616/12.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril de 1995), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010), que se indicarán.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada por los hechos infractores que se le imputan y no habiendo formulado alegaciones a la propuesta de resolución de 10 de septiembre de 2012, se reproducen los fundamentos recogidos por la instructora actuante en la misma.

En aplicación del principio de proporcionalidad regulado en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, a la hora de imponer las cuantías de las sanciones se han tenido en cuenta: para el primer hecho infractor los perjuicios causados al cliente, al desviarlo a otro establecimiento extrahotelero por causas ajenas a su voluntad, sin que el establecimiento al que se le desvía reúna las condiciones que motivaron su reserva en "Apartamentos Diamante". En relación con el segundo hecho infractor, igualmente se ocasiona un perjuicio al cliente al no entregarle las hojas de reclamaciones cuando las solicita, limitando su derecho a reclamar. Asimismo se valora para los tres hechos infractores la posición del infractor en el mercado, al tratarse de un establecimiento situado en una zona eminentemente turística del municipio de Santiago del Teide.

Se han analizado también los demás criterios recogidos en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, si bien se ha comprobado que no son de aplicación a los presentes hechos infractores por no tener constatación de los mismos.

No obstante lo expuesto, a la hora de considerar la cuantía de las sanciones se ha valorado la carencia de antecedentes, no existiendo constancia de haberse instruido expedientes sancionadores por los mismos hechos imputados sobre el que haya recaído resolución firme, circunstancia que se tiene en cuenta a los efectos de aminorar la cuantía de las sanciones.

Sexta.- Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:

Normas: hecho primero: artículo 37 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril). Hecho segundo: artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril) en relación con el artículo 9 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (BOC nº 88, de 22 de julio). Hecho tercero: artículo 11.1 del Decreto 142/2010, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos (BOC nº 204, de 15 de octubre de 2010).

Tipificación: hecho primero: artículo 76.13 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010). Hecho segundo: artículo 76.4, en relación con el artº. 77.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010). Hecho tercero: artículo 77.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 16.2.r) del Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 75, de 17 de abril),

R E S U E L V O:

Imponer a "Hábitat Tenerife, S.L.", con C.I.F. B38469375, titular del establecimiento denominado "Apartamento Diamante" sanción de multa por cuantía total de 2.865,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: dos mil doscientos cincuenta (2.250,00) euros.

Hecho segundo: cuatrocientos ochenta (480,00) euros.

Hecho tercero: ciento treinta y cinco (135,00) euros.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999).

Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.

Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquel, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de 2012.- El Viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente Armas.



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