Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1. Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de 2012.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 69/12 instruido a Restauración Eliseo, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante "Florida Plaza".
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 27 de junio de 2012.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de turismo se realizaron las siguientes actuaciones: Acta número 18326 de fecha 17 de junio de 2011, Acta número 18325 de fecha 17 de junio de 2011, Acta número 18331 de fecha 24 de junio de 2011, Acta número 18330 de fecha 24 de junio de 2011, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: Carmelo Macías Déniz y seguido contra la empresa expedientada Restauración Eliseo, S.L. titular del establecimiento Florida Plaza.
2º) El 27 de junio de 2012 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 69/12, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
Se estima su responsabilidad administrativa por el hecho infractor que se le imputa, ya que no consta que la empresa expedientada haya formulado alegaciones ni aportado prueba que desvirtúe el hecho imputado en la Resolución de iniciación de fecha 27 de junio de 2012.
En aplicación del principio de proporcionalidad regulado en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, a la hora de imponer la cuantía de la sanción se han tenido en cuenta: los perjuicios causados al reclamante, al que se privó de la posibilidad de hacer llegar a la Administración sus quejas mediante el instrumento que la normativa turística canaria ha establecido para ello; asimismo se valora la posición del infractor en el mercado, al tratarse de un establecimiento situado en una zona eminentemente turística del municipio del Puerto de la Cruz.
Se han analizado también los demás criterios recogidos en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, si bien se ha comprobado que no son de aplicación a los presentes hechos infractores por no tener constatación de los mismos.
No obstante lo expuesto, a la hora de considerar la cuantía de la sanción propuesta ha de tenerse en cuenta la carencia de antecedentes, no existiendo constancia de haberse instruido expedientes sancionadores por el mismo hecho infractor sobre el que haya recaído resolución firme, circunstancia que se tiene en cuenta a los efectos de aminorar la cuantía.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 3 de octubre de 2012, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía ciento ochenta (180,00) euros.
4º) No consta en el expediente que se haya presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS
Se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente hecho: no haber facilitado a su cliente D. Carmelo Macías Déniz la hoja de reclamaciones, según consta en la comparecencia-denuncia nº 45/2011 de la Policía Local del Puerto de La Cruz.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril de 1995), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010), que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada por el hecho infractor que se le imputa.
No consta al formular la presente Resolución que el titular haya presentado alegaciones, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por tanto, se reproducen los argumentos esgrimidos por la instructora actuante en la Propuesta de Resolución de 3 de octubre de 2012.
En aplicación del principio de proporcionalidad regulado en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, a la hora de imponer la cuantía de la sanción se han tenido en cuenta: los perjuicios causados al reclamante, al que se privó de la posibilidad de hacer llegar a la Administración sus quejas mediante el instrumento que la normativa turística canaria ha establecido para ello; asimismo se valora la posición del infractor en el mercado, al tratarse de un establecimiento situado en una zona eminentemente turística del municipio del Puerto de la Cruz.
Se han analizado también los demás criterios recogidos en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, si bien se ha comprobado que no son de aplicación a los presentes hechos infractores por no tener constatación de los mismos.
No obstante lo expuesto, a la hora de considerar la cuantía de la sanción propuesta ha de tenerse en cuenta la carencia de antecedentes, no existiendo constancia de haberse instruido expedientes sancionadores por el mismo hecho infractor sobre el que haya recaído resolución firme, circunstancia que se tiene en cuenta a los efectos de aminorar la cuantía.
Sexta.- El hecho imputado infringe lo preceptuado en las siguientes normas, viene tipificado como se indica:
Normas: artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 9 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (BOC nº 88, de 22 de julio).
Tipificación: artículo 76.4, en relación con el artº. 77.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 18.2.C).f) del Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 75, de 17 de abril),
R E S U E L V O:
Imponer a "Restauración Eliseo, S.L.", con C.I.F. B38978029, titular del establecimiento denominado Restaurante "florida Plaza" sanción de multa por cuantía total de 180,00 euros.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999).
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquel, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de 2012.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
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