Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Propuesta de Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a partir de esta notificación, para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes o, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretende valerse.
3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de 2012.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de publicación de propuesta de expediente sancionador y cargo que se cita.
Con fecha 8 de agosto de 2012 se dictó Resolución de iniciación del procedimiento sancionador número 326/11, notificada mediante acuse de recibo seguido contra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:
titular: Jesús Pérez Suárez.
Establecimiento: Apartamento "Villa Isis".
Dirección: calle Los Estancos, 104, Los Estancos, 35613-Puerto del Rosario.
Nº Expediente: 326/11.
N.I.E.: 43755964M.
Iniciado como consecuencia de las siguientes actuaciones de la Inspección de Turismo: 18487 de fecha 12 de mayo de 2011, formulándose los siguientes:
HECHOS:
Primero.- Explotar turísticamente la denominada "Villa Isis" careciendo del libro de inspección de Turismo.
Segundo.- Explotar turísticamente la denominada "Villa Isis" careciendo de las hojas de reclamaciones.
FECHA DE INFRACCIÓN:
Hecho primero: 3 de marzo de 2011.
Hecho segundo: 3 de marzo de 2011.
ALEGACIONES:
El expedientado en escrito de fecha 10 de septiembre de 2012 recibido en esta Consejería con fecha 11 de septiembre de 2012 y número de registro 917994, en síntesis alega lo siguiente:
primera.- Nulidad del Acta de Inspección nº 18487. El Acta levantada por los Inspectores D. Vicente Santana González y D. Manuel Barajas García Talavera es nula de pleno derecho, toda vez que, en su tramitación, no se han observado las formalidades de rigor; entre otras, y de manera principal, que no se realizó inspección alguna al establecimiento de que trae causa la mencionada Acta. De hecho la comparecencia del dicente ante los inspectores actuantes se produjo en la calle Fernández Castañeira, en el exterior de la misma fachada del edificio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, cuando es lo cierto que la vivienda o establecimiento que tenía que ser objeto de la inspección se encuentra en el Barrio de Los Estancos, n° 104, a casi 8 km de distancia del lugar de la citada comparecencia.
Dicho de otra manera, los inspectores actuantes no han realizado visita alguna de comprobación, no han podido constatar los hechos infractores que se imputan al dicente, ni tampoco han realizado verificación alguna de las instalaciones, pues no ha tenido lugar ni acceso ni examen de las mismas, de modo que el Acta no está debidamente diligenciada, como previene el artículo 83 de la Ley 7/1995, de Ordenación Turística de Canarias. La firma del dicente en la citada Acta acredita el conocimiento de la misma y su contenido, pero, en ningún caso, la aceptación de esta.
Segunda.- Ausencia de mala fe u ocultación. En otro orden, y siendo cierto que el dicente ha reconocido ante los inspectores actuantes la explotación turística de la citada finca -que constituía y constituye su residencia habitual-, no lo es menos que ambas incidencias denunciadas fueron hechas desaparecer al eliminar aquella de todo circuito promocional y comercial de manera inmediatamente siguiente a la actuación de los Inspectores y del Acta n° 18487, de 12 de mayo de 2011, de modo que los supuestos hechos infractores, a juicio de la Administración turística, vinieron derivados del desconocimiento e ignorancia del dicente, relativo a los trámites administrativos que debía cumplimentar en la administración pública competente. Nunca hubo, y en ningún caso, intención de ocultar datos ni de actuar extramuros de la legislación que le resulta aplicable por la clase de actividad desarrollada.
En efecto; a finales de febrero de 2011 se hizo circular por el dicente el conjunto de atractivos de la finca de su titularidad, y en la que residía, en páginas especializadas, a través de internet, en orden a su arrendamiento por temporadas, bien por días, semanas o meses, con la finalidad de ocio y disfrute de los posibles interesados, pero nunca como alojamiento turístico, de los regulados por la legislación sectorial que le es de aplicación. Y, conocida que fue la advertencia de la inspección de turismo y el Acta subsiguiente, en mayo de 2011, procedió a eliminar la publicidad relatada.
Tercera.- Desproporción sancionatoria. A este dicente no le constan perjuicios a terceros ni al interés público protegido por la legislación sectorial de aplicación, por lo que entiende que no debe ser merecedor de las sanciones que se proponen.
Así es, el artículo 79 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley 7/1995, de Ordenación Turística de Canarias, que dispone que, "para su graduación se atenderá a los perjuicios causados, la trascendencia social, la reincidencia, la intencionalidad especulativa, el lucro ilícito obtenido, la posición del infractor en el mercado y la repercusión sobre la imagen turística, la modalidad y categoría del establecimiento o característica de la actividad de que se trate y las repercusiones para el resto del sector, así como la inmediatez en el restablecimiento de la legalidad siempre que resulten afectados los derechos de los usuarios turísticos", se comprueba que, no resultando de aplicación ninguna de esas circunstancias en el dicente, se le imponen dos sanciones con cuantías desproporcionadamente elevadas respecto del mínimo contemplado para las infracciones consideradas graves, como así han sido calificadas las que vienen referidas a este expediente.
El principio de proporcionalidad, en cuanto criterio constitucional informador de aquella actividad de los poderes públicos, modula la actuación de la Administración al imponerle una frontera o límite en su actividad represiva, la cual únicamente podrá ser llevada a la práctica cuando resulte estrictamente necesaria, idónea y proporcionada para obtener los objetivos perseguidos por la misma.
Ciertamente, incumbe a la Administración sancionadora el deber de llevar a cabo una verdadera tarea individualizadora de la respuesta punitiva en función de la antijuridicidad del hecho, de las circunstancias del autor de la infracción y del interés del servicio público, tomando en consideración el conjunto de factores objetivos y subjetivos concurrentes en el caso, que conduzcan a la compensación de la ilicitud mediante el "quantum" de la reacción sancionatoria imponible cuando la sanción elegida sea graduable.
Para el cumplimiento del deber de individualización de la sanción (artº. 106 CE), ha de resaltarse el hecho de que para castigar las infracciones graves, la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, ha previsto la sanción de "multa de entre 1.501 y 30.000 euros" es decir, dispone de un amplio margen para la individualización de la sanción al dicente, optando el órgano instructor por la imposición de 18.000 euros por las dos infracciones, es decir, 9.000 euros por cada uno de los hechos descritos en el expositivo II, nueve veces más que el mínimo de la escala correspondiente a la sanción grave.
Estima el dicente que no se ha respetado el principio de proporcionalidad invocado, toda vez que las descritas sanciones no resultan ni las más adecuadas a la entidad de los hechos, ni a las circunstancias que concurren en el mismo, ni a las circunstancias que hayan podido afectar al interés jurídico protegido. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de julio de 1996, sostiene que: "En efecto, constituye una inveterada doctrina jurisprudencial de este Tribunal y, ya, postulado básico de la actividad sancionadora de la Administración del Estado social y democrático de Derecho, el que, con las lógicas adaptaciones y modulaciones", los principios esenciales reflejados en el artº. 24 CE en materia de procedimiento han de ser aplicables a la actividad sancionadora de la Administración en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en las bases del precepto y la seguridad jurídica que garantiza el artº. 9 CE" (STC 18/1981, F. 3. 2°; también, entre otras muchas, SSTC 77/1983; 74/1985; 29/1989; 212/1990; 145/1993; 120/1994, 197/1995)".
Por consiguiente, a efectos de la debida proporcionalidad de la sanción, incumbe a la autoridad a la que se dirige el dicente la elección de la que considere más adecuada de entre las previstas, la que más se ajuste al caso según las reglas para la necesaria compensación primero de la gravedad del hecho, es decir, la antijuridicidad material, luego a las circunstancias del dicente, esto es, su culpabilidad, y, finalmente, a la repercusión de la infracción sobre la imagen turística. De las alegaciones que se han dejado en este escrito, es fácil deducir que no ha existido culpabilidad, ni intencionalidad especulativa, ni se ha reincidido, ni se ha perturbado el mercado, ni ha habido lucro ilícito, toda vez que la finca jamás recibió cliente alguno, ni nadie se alojó en ella que fuera el dicente y, mucho menos, se ha deteriorado la imagen turística de Fuerteventura o de Canarias, ni hubo afección o repercusión negativa para el resto del sector, lo que lleva al dicente a solicitar el archivo del expediente o a moderar la sanción impuesta hacia su grado mínimo, o a calificar la conducta del dicente de infracción leve, y ese órgano instructor dispone de libertad de juicio para ello en el ejercicio de su insoslayable independencia.
En virtud de lo expuesto,
Solicita: que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en su virtud tenga por formuladas las anteriores alegaciones al expediente sancionador nº 326/11, al que deben quedar incorporadas y, en mérito de su contenido, se proceda finalmente a dictar Resolución anulando el Acta dejando sin efecto el expediente sancionador de referencia y/o, subsidiariamente, a moderar las sanciones impuestas hacia su grado mínimo, o a calificar la actuación del dicente de infracción leve.
FUNDAMENTACIÓN:
Examinadas las razones esgrimidas por el expedientada y los documentos aportados se expone lo siguiente:
Que se estima su responsabilidad administrativa, sin que las razones esgrimidas en las alegaciones realizadas por la expedientada tengan virtualidad alguna, sobre la base del contenido del acta de inspección nº 18487, de fecha 12 de mayo de 2011, y del documento del que se desprende la publicidad de oferta alojativa de la Villa Isi, realizada a través de la página web www.lasvillasonline.com.
Que se estima su responsabilidad administrativa, sin que las razones esgrimidas en las alegaciones realizadas por la expedientada tengan virtualidad alguna.
Que la iniciación del procedimiento es conforme al artículo 9 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Que habrá de tenerse en cuenta el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, que establece que "los hechos constatados por funcionario a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados".
Que respecto a la responsabilidad de los hechos infractores se considera responsable de los mismos a la titular de la propiedad de la villa que se indica, conforme a los argumentos que se exponen a continuación: que se ha constatado la existencia del anuncio que figura en la página Web www.lasvillasonline.com, que constituye una prueba manifiesta y directa de que dicha villa se oferta en alquiler mediante precio en euros por día para 7 personas, indicando su situación geográfica, actividades de ocio que pueden realizar sus ocupantes durante su estancia, figurando como persona de contacto el titular expedientado D. Jesús Pérez Suárez, datos todos ellos que revelan que el indicado alojamiento se explota turísticamente.
Que respecto de la responsabilidad del anuncio en las páginas Web el artículo 13.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (BOE nº 166, de 12.7.02), establece: "Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley". Estos prestadores de servicios están plenamente sujetos a responsabilidades civil, penal o administrativa establecidas en el ordenamiento jurídico con carácter general para quienes realizan actividades ilícitas y, por supuesto, la ilicitud comprende también los actos que lesionan derechos de terceros. La responsabilidad de los prestadores de servicios se extiende en sentido estricto, a quienes generan la información y los datos y realizan las actuaciones necesarias para su difusión en las redes informativas. Por tanto, y sobre la base de lo fundamentado en la referida normativa, el prestador del servicio que en este supuesto es el titular del establecimiento alojativo, al ofrecer sus servicios a quienes deseen adquirirlos a través de la página Web, actúa a modo de escaparate o de página publicitaria o de promoción de ventas del servicio, con la posibilidad de que quien acceda a ella a través de la red contrate su adquisición, formulando su pedido por los medios informáticos previstos en la propia página Web, siendo responsable de la actividad que realiza. Por consiguiente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, que establece que la citada ley será especialmente aplicable a las empresas que desarrollen actividades o que ofrezcan servicios de alojamiento turístico de cualquier tipo, así como los establecimientos donde los realicen. Que ese mismo texto legal el artículo 73, referido a las personas responsables, establece: "Son responsables de las infracciones turísticas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que realicen las acciones u omisiones tipificadas por esta Ley". Que como titular responsable de la explotación deberá cumplir con los preceptos legales que la normativa en materia turística requieren, lo que es de conformidad con las ya indicadas normas sustantivas infringidas que se refieren a la tenencia de libro de inspección y hoja de reclamaciones.
Que la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico en sus artículos 14 a 17 parte de un principio general tomado de la Directiva Comunitaria 2000/31 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, artículos 12 a 15, según el cual no puede haber responsabilidad del prestador de servicios de intermediación operativa que se limita a transmitir o almacenar datos o informaciones facilitados por el tercero que ha contratado con él, o a almacenar de forma automática, provisional o temporal la información con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios, o a facilitar enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda. No puede haber en tales casos responsabilidad del prestador de servicios de intermediación por la ilicitud de las informaciones, que él no ha generado, y que se ha limitado a trasmitir, a almacenar o a buscar. Es decir que los prestadores de servicios de intermediación operativa no tienen una obligación general de supervisar los datos o informaciones que transmitan, almacenen o enlacen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen la existencia de actividades ilícitas a cuya difusión estén contribuyendo.
Que por otra parte, se ha comprobado, mediante consulta efectuada en el programa de información turística TURIDATA, que la Villa Isi no figura registrada como establecimiento turístico por lo que carece de la documentación exigida para su explotación turística, que se requieren de conformidad con las ya indicadas normas sustantivas infringidas, y que se refieren a la tenencia de libro de inspección y hoja de reclamaciones, desprendiéndose de todo ello los hechos infractores concretos y determinados en los artículos 76.9 y 76.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre.
Que en razón de lo expuesto, queda demostrado que el titular expedientado es responsable administrativo de la comisión de las infracción.
En aplicación al principio de proporcionalidad que se regula en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y el artículo 79 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, los criterios aplicados para la imposición de las sanciones, en cuantías superiores a las mínimas establecidas para las infracciones graves son: en relación con la posición del infractor en el mercado, al tratarse de un establecimiento situado en una zona turística de la isla de Fuerteventura, que ejerce la actividad turística de alojamiento en la modalidad extrahotelera de villa. La naturaleza de las infracciones, que aún teniendo reconocidas unas tipificaciones calificadas como graves no se encuadra dentro de las que causan un grave riesgo para el usuario turístico, no obstante, sí repercute sobre los perjuicios que puede causar a los clientes. El desarrollar de una actividad con violación de normas relativas a la competencia desleal. El artículo 15 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, señala desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa. En este sentido la libre competencia en el mercado parte de la base según la cual todos los competidores deben cumplir las obligaciones legales que les corresponde. Por ello quien compite violando las normas legales que debería cumplir se sitúa en una posición ventajosa frente al resto de los participantes en el mercado que compiten con él. Ello justifica que el incumplimiento de norma, en especial las que rigen para la actividad económica competitiva en el mercado, constituya un supuesto concreto de competencia desleal. La deslealtad se integra cuando el infractor obtiene provecho efectivo del ahorro de costes que por razones legales ha de satisfacer y a efectos de diferenciarse y hacer frente de esta manera y con ventaja a la competencia, presentándose significativa cuando se produce desviación acreditada de la clientela de los competidores a su favor con tal práctica que la Ley sanciona.
La no existencia de antecedentes, verificada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes de esta Viceconsejería, donde no existe constancia de haberse instruido expediente sancionador por los mismos hechos que se le imputan, al mismo establecimiento y mismo titular. En conclusión, y tomadas en cuentas las razones expuestas, se propone la reducción de las sanciones en las siguientes cuantías: 6.900 euros por el primer hecho infractor y 6.900 euros por el segundo hecho infractor.
Los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica y están calificados como se recoge seguidamente:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS:
Hecho primero: artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Hecho segundo: artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (BOC nº 88, de 22 de julio).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN:
Hecho primero: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010).
Hecho segundo: artículo 76.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:
Hecho primero: grave.
Hecho segundo: grave.
Para las infracciones calificadas como graves es competente para la Resolución el Ilmo. Viceconsejero de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril) y el artº. 16.2.r) del Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 75, de 17 de abril).
Como consecuencia de todo lo anterior se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Imponer a Jesús Pérez Suárez, con N.I.E.: 43755964M, titular del establecimiento denominado Apartamento "Villa Isis", la sanción de trece mil ochocientos (13.800,00) euros. Correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: seis mil novecientos (6.900,00) euros.
Hecho segundo: seis mil novecientos (6.900,00) euros.
Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta, como Trámite de Audiencia según se establece en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto de 1996).
En el caso de que Vd. sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la Intervención Insular de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, con la presentación de esta Propuesta de Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto de 1996).- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de 2012.- La Instructora, Elena Galnares Modino.
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