BOC - 2012/229. Jueves 22 de Noviembre de 2012 - 5866

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5866 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8 de noviembre de 2012, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Antonio Barroso Almenara, de la Resolución por la que se acuerda la ratificación de la suspensión de obras recaída en el expediente nº IU 1137/12.

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No habiéndose podido practicar la notificación en el domicilio conocido a D. Antonio Barroso Almenara de la Resolución por la que se acuerda la ratificación de la suspensión de obras, de fecha 15 de octubre de 2012, procede la notificación por los medios previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, a continuación se transcribe y para que sirva de notificación, extracto de la citada Resolución.

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Antonio Barroso Almenara, la Resolución por la que se acuerda la ratificación de la suspensión de obras , de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 1645 de fecha 15 de octubre de 2012, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por infracción al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canaria, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, con referencia nº IU 1137/12 y cuya parte dispositiva dice textualmente:

"R E S U E L V O:

Primero.- Ratificar la orden de suspensión acordada por el Excmo. Ayuntamiento de Valle Gran Rey de las obras sitas en el lugar denominado El Mantillo-Charco del Conde, del término municipal de Valle Gran Rey, de las que resulta ser presunto responsable en calidad de promotor D. Antonio Barroso Almenara.

Segundo.- Proceder al precinto de las mismas, y en su caso de la maquinaria y materiales afectos a aquella.

Tercero.- Advertir al interesado que el incumplimiento de la presente orden dará lugar a la retirada de la maquinaria y materiales, siendo de su cuenta los gastos que se ocasionen; a la imposición mientras persista, de hasta diez multas coercitivas, impuestas por períodos de diez días y en cuantía, en cada ocasión, del 5% del coste de las obras y, en todo caso y como mínimo, de 601,01 euros; y a poner en conocimiento de la jurisdicción penal los hechos por ser presuntamente constitutivos de un delito tipificado en el artículo 556 del Código Penal.

Cuarto.- Advertir, igualmente al interesado, que, con independencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el incumplimiento de la orden de suspensión, o del posible precinto de las obras/instalaciones puede ser constitutivo de la circunstancia agravante prevista en el artículo 197.d).g), o de la infracción muy grave tipificada en el artículo 202.4, apartado b), sancionada en el artículo 203.1.c) con una multa de 150.253,03 euros a 601.012,10 euros, preceptos todos del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Quinto.- Requerir al afectado para que en el plazo de tres meses inste la legalización de las obras, mediante la solicitud de la correspondiente calificación territorial, previa a la licencia urbanística, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, advirtiéndole que de no proceder en consecuencia, al tiempo de formularse la propuesta de resolución del procedimiento sancionador que se inicie, se propondrá y en la resolución definitiva se acordará, la imposición, mientras no se formule efectivamente la requerida solicitud, de hasta doce multas coercitivas sucesivas, por plazo de importe de un mes e importe, en cada ocasión, del 5% del coste de la obra, en su caso, y como mínimo de 601,01 euros.

Una vez instada la legalización de las obras, debe presentar una copia de dicha solicitud en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, sita en calle Venegas, nº 65, en Las Palmas de Gran Canaria, para la provincia de Las Palmas; y en la Rambla de Santa Cruz, nº 149, Edificio Mónaco, entresuelo, en Santa Cruz de Tenerife, para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en horario de 9 a 14 horas.

Requerir a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable en orden a la no conexión de los servicios correspondientes, de conformidad con el artículo 176.2; cuyo incumplimiento constituye una infracción grave tipificada en el artículo 202.3.f), sancionada con multa de 6.016,13 euros a 150.253,03 euros en el artículo 203.1.b), ambos del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Notificar la presente Resolución al interesado al que se le hace constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto, o directamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviembre de 2012.- El Director Ejecutivo, Emiliano Coello Cabrera.



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