Providencia de 30 de octubre de 2012 del Jefe de Servicio Administrativo de Movilidad, relativa al Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 4 de septiembre de 2012, resolutorio de recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes número TF-44550-O-2011.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre notificación al interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 4 de septiembre de 2012, desestimatorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41550-O-2011.
Contra este Decreto, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por D. Juan Carlos Rivero Donote, en nombre y representación de la entidad mercantil: Transportes Rivero Donate, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Director Insular de Movilidad del Área de Economía, Competitividad, Movilidad y Turismo de fecha: 14 de marzo de 2012 recaída en el expediente de referencia TF-41550-O-2011, y, teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES
Primero.- Que con fecha y hora: 12 de julio de 2011, 9:10, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: -9795-CLP, del que es titular: Transportes Rivero Donate, S.L. por: circular transportando mercancías peligrosas en bultos, un 1791 clase 8, grupo III, un 3260, clase 8 grupo I.I y un 2468, clase 5.1 grupo I.I, entre dos puntos diferentes de la isla realizando servicio público en vehículo pesado incumpliendo la disposición 8.1.4.1 del A.D.R. lleva un extintor de 6 kg (a, b, c) y otro descargado de 3 kg (a, b, c) transporte no realizado al amparo de 1.1.3.6.
Segundo.- Que el día 13 de febrero de 2012 se publicó la resolución de inicio del expediente nº TF-41550-O-2011 en el Boletín Oficial de Canarias nº 2012/30.
Tercero.- Que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.
Cuarto.- Que por el Director Insular de Movilidad del Área de Economía, Competitividad, Movilidad y Turismo se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 14 de marzo de 2012 que venía a sancionar a: Transportes Rivero Donate, S.L. con multa que ascendía a: 1.001,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (L.O.T.T.) y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (R.O.T.T.), artículos: 141.24.7 LOTT; 8.1.4 ADR y en base al artículo 143.1.E LOTT.
Quinto.- Siendo notificada la citada Resolución sancionadora a la entidad mercantil interesada en fecha 26 de marzo de 2012.
Sexto.- Que con fecha 25 de abril de 2012, D. Juan Carlos Rivero Donote, en nombre y representación de: Transportes Rivero Donate, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que: según los datos e informes que obran en el citado expediente administrativo, con fecha 12 de julio de 2011, se levantó boletín de denuncia a su representado por la supuesta comisión de una infracción prevista en el artículo 141.24.7 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Que tales hechos se calificaron como graves, proponiéndose una sanción económica de 1.001 euros en un acuerdo de inicio de expediente sancionador de fecha 9 de diciembre de 2011, que igualmente obra en el citado expediente administrativo y del que esa parte nunca había tenido conocimiento hasta hoy. Que efectivamente, la realidad de los hechos es que la mercantil que representa nunca tuvo conocimiento de la existencia de dicho procedimiento sancionador, siendo la primera notificación que recibe al respecto, la de la resolución de imposición de la sanción propiamente dicha el pasado 27 de marzo de 2012, con la consiguiente indefensión causada a esa parte que al no haber sido notificado por el Servicio Administrativo en tiempo y forma del acuerdo de inicio del expediente sancionador, no ha podido presentar escrito de alegaciones y/o la proposición de pruebas impugnando la imputación realizada en el boletín de denuncia. Que recibida la resolución sancionadora recurrida, el pasado 27 de marzo de 2012, en el domicilio social de la entidad, a la vista de su contenido, esa parte solicitó una copia completa del expediente administrativo sancionador de referencia (con fecha 11.4.12) al Servicio competente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y, en especial, una copia de los intentos de notificación que supuestamente se habían efectuado hasta la fecha (acuses de recibo). Visto el citado expediente, resultó que la notificación no se llevó a cabo porque en el acuse de recibo se consignó la dirección de la empresa como "dirección incorrecta", sin que tampoco conste un segundo intento en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El error padecido al parecer obedece a un cambio reciente en la numeración por parte del Ayuntamiento de la calle donde se ubica el domicilio de esa empresa, antes identificado con el nº 88 de la Avenida de San Matías, en Taco y hoy identificado con el número 82 de la citada Avenida de San Matías. A pesar de lo expuesto, no se alcanza a comprender cómo sí se ha notificado correctamente en el domicilio social de la empresa la resolución imponiendo la sanción y sin embargo, nunca se les notificó en el mismo domicilio social citado "el inicio" del expediente sancionador, máxime cuando entonces y ahora el cambio en la numeración de la calle ya estaba hecho. Respecto al fondo, pese a lo manifestado por el agente en su boletín de denuncia, los extintores que llevaba el conductor estaban llenos, si bien, conscientes de la dificultad de probar este hecho y dado que no desconocen el principio de presunción de veracidad de los informes y denuncias de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esta parte plantea la retroacción de actuaciones al momento inicial del expediente sancionador, con el fin de acogerse a su derecho a que se le aplique la reducción legalmente prevista del 25% de la cuantía de la multa impuesta, por su abono dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del inicio del expediente sancionador (artículo 146.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres). Que en consecuencia, dada la falta de notificación del acuerdo de inicio del presente expediente sancionador, se han infringido las normas de procedimiento administrativo sancionador, con la consiguiente indefensión causada a Transportes Rivero Donate, S.L., que no sólo se ha visto privado de su derecho a formular alegaciones y proponer prueba pertinente, sino que ni tan siquiera ha podido optar por la reducción en la cuantía de la misma antes citada, prevista en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I) Que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
II) La Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife es competente para resolver el recurso de alzada de referencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.1.r) del Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, que aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 97, de 16 de junio de 2005, en concordancia con el Decreto 159/1994, de 21 de julio, en el que se describían entre otras de las funciones transferidas a los Cabildos Insulares: la incoación, tramitación y resolución de los expedientes sancionadores por infracción a la normativa de los transportes terrestres y por cable. Asimismo, mediante el Decreto 151/1997, de 11 de julio, se traspasaron los servicios, medios personales, materiales y recursos al Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio de las competencias transferidas en materia de transportes terrestres y por cable, competencias que fueron aceptadas por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en virtud del Acuerdo Corporativo de fecha 23 de diciembre de 1997, así como distribuyó las competencias transferidas y delegadas en las respectivas Áreas de Gobierno de esta Corporación; proceso de transferencia de competencias al Cabildo Insular de Tenerife en materia de transportes terrestres y por cable que se materializa a través de la suscripción del Acta de aceptación, entrega y recepción de los servicios, expedientes, bienes, personal y recursos, el día 29 de diciembre de 1997. Siendo asignadas al Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad las atribuciones de incoación y resolución de los expedientes sancionadores de transporte, previstas en el artículo 12.1.o) del Reglamento Orgánico de la Corporación, en régimen de desconcentración, prevista en el artículo 11 del citado Reglamento.
III) Tal como fundamenta la Sentencia 128/08, de 27 de octubre de 2008, de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (F.J.2º): "Sobre este particular, debe recordarse que este Tribunal ha reiterado que entre las garantías del artículo 24 C.E. que son de aplicación al procedimiento administrativo sancionador están los derechos de defensa y a ser informado de la acusación, cuyo ejercicio presupone que el implicado sea emplazado o le sea notificada debidamente la incoación del expediente, pues sólo así podrá disfrutar de una efectiva posibilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa previa a la toma de decisión y, por ende, que la Administración siga un procedimiento en el que el denunciado tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes y de alegar lo que a su derecho convenga (S.T.C. 226/2007, de 22 de octubre, F.J. 3). A estos efectos, siendo de aplicación directa lo afirmado en relación con los procedimientos judiciales, este Tribunal ha destacado la exigencia de procurar el emplazamiento o citación personal de los interesados, siempre que sea factible, por lo que el emplazamiento edictal constituye un remedio último de carácter supletorio y excepcional, que requiere el agotamiento previo de las modalidades aptas para asegurar en el mayor grado posible la recepción de la notificación por el destinatario de la misma, a cuyo fin deben de extremarse las gestiones de averiguación del paradero de los destinatarios por los medios normales, de manera que la decisión de notificación mediante edictos deben fundarse en criterios de razonabilidad que conduzca a la certeza, o, al menos a una convicción razonable de la inutilidad de los medios normales de la citación (por todas, S.T.C. 158/2007, de 2 de julio, F.J.2).
IV) En el presente supuesto, como ha quedado acreditado en las actuaciones, la entidad mercantil interesada fue objeto de procedimiento administrativo sancionador en materia de transporte, cuya incoación fue publicada el día 13 de febrero de 2012 en el Boletín Oficial de Canarias nº 2012/30, al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la carta de notificación dirigida al domicilio de la entidad mercantil interesada el 21 de diciembre de 2011, por "dirección incorrecta", por el contrario, la notificación de la resolución sancionadora dictada por el Director Insular de Movilidad del Área de Economía, Competitividad, Movilidad y Turismo en fecha 14 de marzo de 2012 se practicó con absoluta normalidad en el mismo domicilio en que fue intentado la notificación de la incoación del expediente y devuelto por "dirección incorrecta". En este sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional afirma que la indefensión se produce cuando la vulneración de las normas procedimentales lleva consigo la privación del derecho a la defensa, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado (Sentencias de 29.11.85, Aranzadi 161; de 24.11.86, Aranzadi 145; de 22.7.88, Aranzadi 155). De este modo, el carácter esencial de la audiencia no puede contemplarse al margen de su propia instrumentalidad, de manera que la nulidad del acto o del procedimiento derivada de la consecuente indefensión sólo está justificada cuando esta se produce realmente, es decir, cuando se pierde la oportunidad de hacer valer los propios argumentos o de utilizar los propios medios de prueba para la defensa de derechos e intereses legítimos.
V) Teniendo en cuenta que dicha vulneración ha motivado la ausencia de notificación efectiva de la resolución de incoación del expediente sancionador de referencia; transgrediendo, así, los principios del Derecho Administrativo sancionador (artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común); en consecuencia, en aras a subsanar la indefensión causada, y en evitación de toda posible inseguridad jurídica, en base a lo dispuesto en los artículos 63.2 y 113.2 de la referida norma procedimental, resulta procedente revocar la resolución recaída, previa estimación de las argumentaciones esgrimidas por el recurrente.
Habida cuenta que, dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos infractores, la retroacción del expediente sancionador al inicio, a los efectos de subsanar el error aludido, provocaría la prescripción de la infracción denunciada.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.r) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en estimar el recurso de alzada interpuesto por: D. Juan Carlos Rivero Donote, en nombre y representación de la entidad mercantil: Transportes Rivero Donate, S.L., dejando sin efecto la Resolución del Director Insular de Movilidad del Área de Economía, Competitividad, Movilidad y Turismo de fecha 14 de marzo de 2012.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de 2012.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.
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